Opinión
España, el tranque
Por Rosario Espinal
Las encuestas recientes muestran algunos cambios con relación a los resultados de diciembre, pero no auguran el triunfo de un partido con clara mayoría para formar gobierno por sí solo
España se prepara para celebrar nuevas elecciones este domingo 26 de junio. En las elecciones del pasado 20 de diciembre, el electorado se fragmentó y no hubo posibilidad de formar gobierno. Los dos partidos tradicionales: el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) perdieron apoyo, y parte de su base electoral pasó a apoyar a Podemos y Ciudadanos. Ninguno de los cuatro partidos obtuvo los escaños necesarios para formar gobierno, y en los meses subsiguientes, todos los intentos de coalición fracasaron.
Mariano Rajoy del PP propuso a Pedro Sánchez del PSOE la formación de una “gran coalición”, como ha sucedido en varios países europeos cuando ninguno de los dos partidos principales logra la mayoría necesaria para formar gobierno. El PSOE rechazó la oferta temiendo hundirse junto al PP. Por otro lado, la lucha entre el PSOE y Podemos por el control del electorado socialista impidió la posibilidad de formar un gobierno de centro-izquierda junto a Ciudadanos.
Después de varias rondas de negociaciones fracasadas, hubo que organizar nuevas elecciones para este domingo. Las encuestas recientes muestran algunos cambios con relación a los resultados de diciembre, pero no auguran el triunfo de un partido con clara mayoría para formar gobierno por sí solo. El electorado español volverá a fragmentarse entre el PP, el PSOE, Podemos (ahora Unidos Podemos) y Ciudadanos.
La principal novedad que se proyecta para esta ronda es que Unidos Podemos (la alianza entre Izquierda Unida y Podemos) desplazará al PSOE como segunda opción, y quizás entre todas las organizaciones de centro-izquierda se acumulen los escaños suficientes para formar gobierno.
Si ese fuera el escenario electoral, el PSOE tendría en sus manos el destranque, aún en el tercer lugar, pero sería una situación difícil para ese partido. Mariano Rajoy insistirá en formar una gran coalición entre el PP y PSOE. Pero si el PSOE se decanta por esta opción, estaría validando el liderazgo desgastado de Rajoy, y dejando el espacio de la izquierda a Podemos que quedaría como rey de la oposición. Así, el PSOE estaría cavando su propia tumba.
Una alianza entre el PSOE y Podemos para formar gobierno es también difícil porque estos dos partidos se disputan el mismo segmento del electorado. Si Unidos Podemos logra el segundo lugar, difícilmente ceda la presidencia del gobierno al PSOE; a su vez, el PSOE difícilmente entre en una coalición en subordinación con Podemos. Hay que tomar en cuenta que la estrategia de Podemos después de las elecciones de diciembre fue no colaborar con el PSOE, y se derrumbó la posibilidad de formar un gobierno de centro-izquierda bajo la presidencia de Pedro Sánchez del PSOE con el apoyo de Pablo Iglesias.
Podemos se concibe como una fuerza de izquierda sin contaminación con el desgaste del PSOE, pero la mayoría del electorado español no se decanta por apoyar a Podemos para darle una victoria contundente.
El tranque en España proviene de que aunque se rompió el bipartidismo por el desgaste del PP y el PSOE en la crisis económica, 51% del electorado votó por uno de esos dos partidos tradicionales en diciembre. Es decir, el bipartidismo se fracturó pero no colapsó. Un segmento del electorado de izquierda apoyó a Podemos a expensas del PSOE, y un segmento del electorado de derecha apoyó a Ciudadanos a expensas del PP.
Estas nuevas elecciones no auguran un cambio significativo en las preferencias electorales para el destranque político-electoral en España, y después del domingo volverán las difíciles rondas de negociaciones.
Estoy en España en este momento y encuentro descontento e incertidumbre entre los españoles.
Artículo publicado en el periódico HOY
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.