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¿Está en capacidad el PRM de restablecer la moral y la ética en la República Dominicana?.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luís Abinader, ha anunciado que trabaja en la elaboración de un código moral y de ética en el marco de la administración pública.
Ese planteamiento de Abinader no deja de ser muy interesante porque se trata del principal problema que adolece la sociedad dominicana, pero habría que preguntarse si ese partido tiene la autoridad para hablar de ética y de moral en la República Dominicana cuando en sus actuaciones privadas una buena parte de sus dirigentes no respetan la palabra empeñada.
Si por una cosa se conocen los perredemistas es por ser poco confiables con las cosas a las que se comprometen, por lo que es procedente preguntarse hasta dánde Abinader podrá cumplir con esa promesa, sobre todo cuando la tendencia es a empeorar cuando se asume un cargo público en un país donde todo el mundo es un pequeño trujillito.
El anuncio de Abinader parece ser algo que busca crear un impacto político, porque es muy difícil que un partido pueda dar lo que no tiene y exactamente eso pasa con el PRM.
Naturalmente, en la República Dominicana los políticos dicen cualquier cosa, aunque nunca cumplan con ello, porque en el país se puede hacer creer lo que sea, pero un PRM que tiene como regla de comportamiento el no cumplir con su propia palabra no se pueden esperar grandes cambios desde la administración pública.
De ser como lo ha planteado el candidato presidencial del PRM, el código de que se habla debía comenzarse a aplicarse en figuras claves de este partido, como por ejemplo Orlando Jorge Mera, algunos de sus diputados y otros funcionarios electos que son una representación fiel de la falta de ética y de moral de la sociedad dominicana.
Son muchos los ejemplos que se podrían tomar frente al anuncio del PRM, cuyo partido tiene una conducta que aunque no sabresale la actitud divisionista que caracteriza su procedencia, pero si la falta de cumplir con la palabra empeñada y todavía no está en el poder.
La propuesta de Abinader, aunque muy realista, porque el principal problema de la sociedad dominicana es ético-moral, pero falta ver quién propone restablecer esos valores en la sociedad dominicana, porque podría ser que la iglesia caiga en mano de Lutero.
El PRM es un partido desordenado, indisciplinado, irresponsable y carente de los principios morales que se necesitan en la sociedad dominicana para imponer el código ético-moral propuesto por Abinader.
La propia crisis que ha provocado el Partido de la Liberación Dominicana, que lo ha dañado y corrompido todo, permite que cualquiera se salga con la suya, sobre todo con propuestas que nunca podrá cumplir.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) es una especie de la peor representación de la sociedad dominicana, pero que aparece legitimado en virtud precisamente de la grave crisis ético-moral que afecta a todo el tejido social, sin excluir a aquellos que tienen el control en la actualidad de la cosa pública.
Por ahora no queda más remedio que creerle lo que todo el mundo sabe que no es posible que es que un partido dañado desde los pies hasta la cabeza pueda hablar de arreglar lo que no esta en capacidad de hacer en el marco de su dirección interna, porque para que sea así esa organización tendría que mandar para su casa a una buena parte de sus dirigentes y activistas, los cuales exhiben una conducta igual o peor que los que están hoy en el control del Estado.
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Pretensiones imperiales toman tanto impulso con la era trompista que prácticamente borra del mapa el derecho internacional
El mundo atraviesa por grandes tensiones como resultado de las no disimuladas acciones de la administración Trump de retornar el planeta a una selva en la que no se respetan derechos, no sólo de las personas físicas, sino también de los Estados.
Hablar después de lo ocurrido en Venezuela con la incursión militar de EE.UU. para la aparente aprehensión de Maduro, cuyo real trasfondo es apropiarse de sus riquezas naturales, principalmente del petróleo, lo que ha tomado un curso que implica una conducta al margen de la ley sirve para justificar otras que tienen la misma característica.
Es decir que un Estado ocupar el territorio de otro es una medida al margen del derecho internacional contenido en tratados y convenciones y muy concretamente en la Carta de la ONU.
Y ello crea una situación que pone en peligro los territorios soberanos que conforman el mundo y que justificarlo o tolerarlo mínimamente conlleva que las diferentes sociedades se rijan por la Edad de Piedra en la que el más grande se traga al más chiquito, cuya opción parece predominar en los Estados Unidos, donde se impone la irracionalidad y la falta de razonabilidad.
La vulneración de las fronteras toma tanta fuerza que ahora la administración Trump habla de que por razones de seguridad debe tomar por la fuerza a Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, sino que igual manera amenaza el imperio en contra de Colombia y México mediante la excusa de combatir el narcotráfico.
Lo preocupante del fenómeno es que los medios de comunicación y una serie de gobiernos justifiquen el apresamiento de Maduro y en consecuencia den luz verde de intervención de un Estado en contra de otro que se supone que debe tener sus propios mecanismos de solución de cualquier distorsión del Estado Social Democrático y de Derecho.
Las acciones ilegales del imperio del norte toman tanta fuerza que ya el tema se aborda como si se hablara de una acción legal y legítima, lo cual a Trump a decir que sus funcionarios tendrán el control de Venezuela.
Este peligro no sólo se observa en los actuales momentos en que Maduro, un presidente seriamente cuestionado por la comunidad internacional, pero cuyo apresamiento es ilegal desde cualquier perspectiva que se vea.
De manera que una o varias acciones ilegales, no puede generar otras que se apoyen en derechos, porque entonces se entra en una contradicción con el derecho internacional.
Hay una famosa expresión muy popular que dice que se camufla cuchillo para su propia garganta, lo que pone en una situación muy difícil a los gobiernos que se prestan a ese juego como la República Dominicana y otras naciones de los hemisferios occidental y orientar, cuyas soberanías están muy mancilladas.
Son de tanto peso los controles imperiales, que la sola amenaza de violar su soberanía y su territorio surten unos efectos que no se habían logrado mediante la presión mediática y a través de organismos de concertación pública de carácter internacional.
Inexplicablemente este comportamiento hegemónico se empodera, mientras el derecho internacional muere sin que los países víctimas den una respuesta en bloque como una forma de sustentarse en la herramienta que lo salvaría de la barbarie como lo constituye el derecho internacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.