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El argumento que busca mantener fondos a partidos es la»Estabilidad democrática».
Santo Domingo. – La lucha de los partidos politicos para que se mantengan los fondos que entrega la Junta Central Electoral no es porque se entienda que los mismos ayudan a la estabilidad democratica, sino que la oposicion a la medida persigue seguir con el mal uso del dinero del patrimonio público sin render cuentas y sin ninguna transparencia.
“Entiendo que es dinero tiene que dársele a los partidos políticos ya que son los responsables en gran medida de la tranquilidad de la sociedad dominicana”, dijo este lunes el diputado Ramón Bueno y ese, ese es el principal argumento.
A saber, que la estabilidad política que disfruta el país desde la última trifulca de interés (elecciones presidenciales de 1994), se debe en gran parte a la madurez de la clase política. Algo que quedó evidenciado tras la suspensión de las elecciones municipales del año 2020.
El último corte de la Junta Central Electoral (JCE) presentado el primero de mayo de este año, computaba 34 partidos políticos de 41 posiciones. El resto, correspondían a movimientos políticos cuyo campo de acción es municipal conforme a lo estipulado en la Ley 33-18 de Partidos.
Si bien esta cantidad es considerable, para el año 2023 la JCE empaquetó en una matriz un listado de 104 solicitudes de nuevos partidos, agrupaciones y movimientos.
Este año, los partidos mayoritarios reciben RD$1,296 millones mientras que el resto, recibe RD$194 millones, 400 mil pesos y RD$129 millones, 600 mil pesos respectivamente, en función de su porcentaje de votación en el pasado proceso electoral conforme a las directrices de Ley.
Y aunque el monto parece exorbitante, la JCE indicó en un comunicado que ya se contempló una reducción presupuestaria para los partidos que tienen asignado por Ley, un porcentaje del 0.25% del Presupuesto General del Estado en los años no electorales.
La idea que tienen en el Congreso Nacional es de modificar lo que sea que envíen del Poder Ejecutivo.
“No es Ramón, somos parte de un bloque de diputados. Pueden mandarlo de una manera y nosotros consensuarlo y modificando algunos temas podríamos votar por la iniciativa. Tenemos que esperar que envíen porque somos 190 cerebros que pensamos y vemos diferente. El presidente Abinader ha sabido echar para atrás y nosotros también estamos en la disposición de corregir cualquier error que se cometa”, declaró Bueno.
Del lado opositor, el discurso es más agresivo. Danilo Díaz delegado del Partido de la Liberación Dominicana ante la JCE y quien es también legislador, consideró que se busca hacer desaparecer a la oposición política.
Y aunque esta posición parece exagerada, la JCE argumentó que las organizaciones políticas ya suscribieron compromisos con los fondos contemplados en Ley para su subsistencia que incluyen pagos de préstamos, nóminas, locales, etc.
“La JCE no busca más que jugar su rol y ser el ente regulador del sistema. Y ahora el Poder Ejecutivo que va a los partidos para pedir opinión para manejar la crisis busca ahora cargar la crisis a los partidos, procurando darle esta estocada para las elecciones que se avecinan”, declaró Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo.
No es la primera vez que se intenta en acciones similares reducir los fondos a los partidos políticos, la vez anterior, en 2021, la intención fue puesta de lado.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.