Economía
La deuda con acreedores de concesionarias de carretera de Samaná fue asumida por el Estado dominicano.
Lo acordado por las partes para saldar deudas de concesionarias con sus acreedores internacionales, que alcanza a la suma de US$410 millones, que el presidente Abinader anunció que pagará el Estado para terminar de forma anticipada con la concesión de la carretera a Samaná, incluye todo lo que está pendiente bajo la responsabilidad de la empresa beneficiaria.
Además, a raíz del acuerdo, 153 empleados serán desahuciados -aunque puede haber algunas excepciones- un proceso laboral por el que las concesionarias deberán destinar casi RD$70 millones.
Ayer, el Ministerio de Hacienda hizo público el acuerdo y sus anexos, por el que a partir de enero se reducirá 20 % al precio de los peajes, y con el que el Estado pone fin al pago del peaje sombra, un subsidio millonario con el que cubre el déficit de vehículos que transitan por la Autopista del Nordeste y el Boulevard Turístico del Atlántico. Solo para 2022, se habían previsto RD$4,652.5 millones para este concepto.
Si se continuase con la concesión, las partes estimaron que el Gobierno debería cubrir US$2,428.3 millones de peaje sombra para los próximos 17 años.
El acuerdo fue firmado por el ministrio de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente Dubocq, en representación del Estado dominicano; y por Luis Valdez Veras, titular de la Dirección General de Impuestos Internos. Además, por el panameño Enrique Tomás Olarte Roche, presidente ejecutivo de las concesionarias Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico, empresas con accionistas similares.
La segunda compañía desarrolló la fase dos del circuito vial.Así serán los pagos
El Estado se comprometió a un pago único de US$410,214,841 a las concesionarias como contrapartida a la terminación anticipada del contrato de concesión, firmado en 2001 y con vencimiento al 2038. El contrato ahora se terminará el 22 de diciembre del presente año.
Del citado monto, US$286,123,061 corresponden a Autopistas del Nordeste y US$124,091,780 al Boulevard Turístico del Atlántico.
El Gobierno se comprometió a pagar, a la fecha de la firma del acuerdo, que fue el 9 de diciembre pasado, US$123,124,841, a través de una transferencia bancaria a la cuenta unificada de las concesionarias, destinada al pago de todos los montos financiados por los prestamistas principales y los bonistas.
La suma restante, ascendente a US$287,090,000 se efectuará mediante una emisión de bonos de Hacienda en dólares. Estos provendrán de una reapertura de la emisión con vencimiento en 2026, a ser efectuada a más tardar el 22 de diciembre de 2021.
La lista de acreedores, prestamistas principales, bonistas y agentes de Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico la componen Bank of New York Mellon, Banco Popular Dominicano, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Corporación Andina de Fomento (CAF) y Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (Proparco).
Ambas partes además convinieron el traspaso y administración de los activos a la estructura vial del Estado. Estos incluyen equipos de peaje y de computación, mobiliario de oficina, maquinarias y edificaciones.
A más tardar el 5 de enero de 2022, las concesionarias se obligan a realizar un pago de RD$394.8 millones ante la DGII como monto único y total convenido por las deudas tributarias.
Ambas partes acordaron renunciar “para siempre” a cualquier acción o reclamación que tenga su origen en el acuerdo o relacionadas con el contrato de concesión.
Las divergencias que se deriven del acuerdo serán resueltas mediante un arbitraje administrativo por la Asociación Americana de Arbitraje, en Nueva York.
Cancelación de empleados
Con el acuerdo, las concesionarias se comprometieron, a más tardar el 22 de diciembre, a desahuciar a todos los empleados de forma inmediata a su suscripción, exeptuando los administrativos y ejecutivos necesarios para el proceso de traspaso. Ambas partes podrán acordar de manera exepcional la no terminación de la relación laboral de algunos trabajadores. En Autopistas del Nordeste el cálculo de las liquidaciones asciende a RD$46.1 millones, para 108 empleados. En Boulevard Turístico del Atlántico, para 45 empleados, son RD$22 millones. Por bonificación para 27 empleados inactivos en ambas concesionarias, son RD$674,577.78, y las prestaciones para nueve empleadas que estuvieron embarazadas, RD$906,798.41.
Accionistas de concesionarias
De acuerdo a las actas de asambleas publicadas por el Ministerio de Hacienda, Autopistas del Nordeste, S.A., tiene como accionista mayoritario (19,994 de las 20,000 acciones) a Autopistas del Nordeste (Cayman), organizada bajo las leyes de Islas Cayman. Los minoritarios son Consorcio Remix y Odinsa, ambas constituidas en República Dominicana; Odinsa Holding Inc., organizada en Islas Vírgenes Británicas; y Caribbean Basin Construction Corporation, constituida bajo las leyes de las islas Turcas y Caicos. Boulevard Turístico del Atlántico, S.A., tiene también como accionista a Consorcio Remix, Odinsa, Odinsa Holding Inc. y Caribbean Basin Construccion Corporation. Estas dos últimas tienen la mayoría de las 5,000 acciones.
Tres plantas procesadoras de Canadá fueron autorizadas para exportar carne de res y productos derivados al mercado dominicano, luego de una evaluación de los controles sanitarios y de inocuidad del país norteamericano.
SANTO DOMINGO.– República Dominicana autorizó nuevamente la entrada al país de carne de res procedente de Canadá, poniendo fin a las restricciones que durante más de dos décadas limitaron el acceso de estos productos al mercado nacional.
La decisión permite la importación de carne bovina y productos cárnicos canadienses, incluidas vísceras provenientes de ganado de diferentes edades, de acuerdo con informaciones divulgadas por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA).
Las restricciones dominicanas habían sido establecidas en 2003, luego de que Canadá reportara su primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), enfermedad conocida popularmente como “mal de las vacas locas”.
Evaluación sanitaria abrió paso a la autorización
La reapertura del mercado se produce después de una auditoría al sistema canadiense de inspección de carne bovina, en la que participaron autoridades dominicanas de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).
Según la información ofrecida por la parte canadiense, la evaluación permitió verificar los mecanismos implementados por Canadá en materia de seguridad alimentaria, inspección de productos y sanidad animal.
Tras el proceso, las autoridades dominicanas procedieron a levantar las restricciones que permanecían vigentes para las importaciones de carne bovina de ese país.
La CFIA informó, además, que tres plantas procesadoras canadienses ya cuentan con autorización para realizar exportaciones hacia República Dominicana.
Mercado dominicano atrae a productores canadienses
La apertura representa una nueva oportunidad comercial para la industria cárnica canadiense, debido al volumen de productos que República Dominicana adquiere en los mercados internacionales.
De acuerdo con los datos divulgados, durante 2025 el país importó aproximadamente US$215 millones en carne de res y productos cárnicos procedentes de diferentes mercados.
Kyle Larkin, presidente y director ejecutivo del Consejo Canadiense de la Carne, destacó la importancia que representa el mercado dominicano para los productores de su país y señaló que la autorización permitirá a las empresas canadienses competir para abastecer a los consumidores locales.
Más competencia en el mercado nacional
La incorporación de Canadá como proveedor podría ampliar las alternativas disponibles para importadores y distribuidores dominicanos, al tiempo que introduce un nuevo competidor dentro de un mercado que depende parcialmente de las compras internacionales para cubrir su demanda.
La medida también marca la normalización de las relaciones comerciales en este segmento después de más de 20 años de restricciones sanitarias.
A partir de la autorización, las empresas canadienses habilitadas deberán cumplir con los requisitos sanitarios, de inspección y certificación establecidos por las autoridades dominicanas para que sus productos puedan ingresar y comercializarse en el territorio nacional.
Economía
Contrataciones Públicas paraliza licitación por RD$240 millones del Ayuntamiento de San Cristóbal
La DGCP detectó falta de estudios previos, contradicciones en las especificaciones técnicas y requisitos que podrían afectar la libre competencia en el proceso para la recolección y transporte de residuos sólidos.
SANTO DOMINGO, RD.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la suspensión de oficio de un procedimiento de licitación pública nacional convocado por el Ayuntamiento de San Cristóbal, por un monto de RD$240 millones, destinado a contratar los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos durante el período 2026-2028.
La decisión afecta el procedimiento ASC-CCC-LPN-2026-0003 y fue adoptada luego de que el órgano rector realizara un monitoreo preventivo en el que identificó una serie de situaciones que, según informó, contravienen disposiciones de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
Entre los principales hallazgos, la institución señaló la ausencia de estudios previos obligatorios y la existencia de inconsistencias importantes en la elaboración de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones.
De acuerdo con la DGCP, esas condiciones podrían vulnerar principios fundamentales que deben regir las contrataciones públicas, entre ellos la libre competencia, participación, razonabilidad y proporcionalidad.
Requisitos bajo cuestionamiento
El análisis realizado por Contrataciones Públicas identificó, además, exigencias que consideró contradictorias o desproporcionadas.
Entre ellas figura el requerimiento de disponer de instalaciones operativas antes de la presentación de cartas compromiso con un plazo de 30 días.
También fue cuestionada la combinación de dos requisitos: acreditar experiencia previa en municipios de alta densidad poblacional y, al mismo tiempo, cumplir con una exigencia estricta de domicilio local.
La institución encontró igualmente ambigüedades en el pliego respecto de la diferencia entre el domicilio legal de los participantes y sus centros de operaciones.
Debida diligencia sobre oferente habilitado
Como parte del monitoreo y de las labores de debida diligencia, la DGCP examinó documentación correspondiente al oferente habilitado Producciones D&P San Cristóbal.
Según las informaciones divulgadas por el órgano rector, dentro de la oferta técnica fueron verificados contratos de arrendamiento relacionados con las operaciones comerciales en los que aparecen Alicia Aurora Uribe Domínguez y Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa como titulares del inmueble.
La DGCP indicó que Ruiz de la Rosa formó parte, hasta 2023, del órgano de administración de la misma empresa participante en el procedimiento, conforme a documentación societaria disponible en el Registro de Proveedores del Estado.
Asimismo, el organismo señaló que Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa mantiene un vínculo familiar con el alcalde de San Cristóbal, Dionisio de la Rosa Rodríguez.
La referencia a estos vínculos forma parte de los hallazgos comunicados por la DGCP y no implica, por sí sola, una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
Suspensión fue ejecutada inmediatamente
Tras los resultados del monitoreo, Contrataciones Públicas ordenó la suspensión cautelar del procedimiento.
La medida fue ejecutada de manera inmediata a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, mientras el Ayuntamiento de San Cristóbal fue formalmente notificado de la decisión para los fines correspondientes.
La intervención del órgano rector coloca ahora bajo revisión un contrato de considerable impacto económico y operativo para el municipio, debido a que involucra RD$240 millones en recursos públicos y un servicio esencial como la recolección y transporte de los residuos sólidos.
El WTI llegó a US$102.95 y el Brent se acercó a US$109, mientras el encarecimiento del crudo eleva los riesgos para una economía dominicana altamente dependiente de las importaciones energéticas
SANTO DOMINGO.– La escalada de los precios internacionales del petróleo vuelve a colocar presión sobre la economía dominicana, luego de que el crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanzara este miércoles los US$102.95 por barril en Nueva York, mientras el Brent se aproximó a los US$109 en los mercados internacionales.
El WTI llegó a registrar un incremento de US$6.90 por barril, equivalente a 7.18 %, en las operaciones correspondientes a los contratos del mes.
Horas después moderó ligeramente su avance y se situó alrededor de US$102.48.
Mientras tanto, el crudo Brent mostró un comportamiento similar. Los contratos futuros llegaron a cotizarse en US$108.24, con un aumento de US$7.03, equivalente a 6.95 %, y posteriormente se ubicaron alrededor de US$108.93 por barril.
Conflictos internacionales presionan el mercado
La escalada ocurre en un escenario marcado por tensiones geopolíticas y preocupación sobre la seguridad de las principales rutas utilizadas para transportar petróleo.
Uno de los focos de mayor atención continúa siendo el estrecho de Ormuz, considerado un punto estratégico para el comercio energético mundial.
La intensificación de los conflictos en esa zona ha elevado la incertidumbre sobre el suministro y contribuido a mantener la volatilidad de los precios internacionales.
El Brent se mantiene por encima de la barrera de los US$100 en medio de ese escenario de inestabilidad.
RD enfrenta mayor presión por su dependencia energética
Para República Dominicana, el incremento representa un desafío adicional debido a que el país depende de las importaciones de petróleo y, en una proporción significativa, de sus derivados.
El impacto no se limita al precio de las gasolinas.
El encarecimiento del gasoil o diésel tiene efectos directos sobre el transporte de pasajeros y mercancías, la producción, la agricultura y otros sectores económicos.
El economista Henri Hebrard ha advertido que, por cada dólar adicional en el precio internacional del barril, el costo de las gasolinas y el gasoil en República Dominicana podría experimentar una presión equivalente a aproximadamente RD$1.60 a RD$1.80 por galón.
Ese aumento puede posteriormente trasladarse al costo del transporte y de numerosos productos adquiridos por los consumidores, generando nuevas presiones inflacionarias.
Subsidios superan los RD$30,000 millones
El incremento internacional encuentra al Gobierno dominicano aplicando un programa de subsidios destinado a evitar que la totalidad de las alzas externas sea transferida inmediatamente a los consumidores.
Según informaciones oficiales, los recursos destinados a subsidiar los combustibles durante 2026 ya superan los RD$30,000 millones.
El esquema extraordinario adoptado por el Gobierno dentro del denominado Plan Anticrisis fue establecido inicialmente por un período de 90 días, con el propósito de preservar la estabilidad económica y reducir el impacto de los aumentos sobre los hogares.
El vencimiento de ese período coincide ahora con una nueva escalada internacional del petróleo, aumentando la expectativa sobre la política que adoptará el Gobierno respecto a los precios internos de los combustibles.
Dilema entre precios y finanzas públicas
Mantener congelados determinados precios representa una protección inmediata para consumidores y sectores productivos, pero también incrementa el costo fiscal asumido por el Estado.
Permitir que una mayor proporción de las alzas internacionales llegue a los precios locales, en cambio, podría ejercer presión sobre la inflación y el presupuesto de los hogares.
El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, ha advertido que el aumento del diésel puede afectar la producción, el transporte interno, las mercancías importadas y la actividad agrícola.
Collado también llamó la atención sobre la necesidad de proteger las finanzas públicas ante un escenario internacional adverso.
De prolongarse los elevados precios energéticos, los gastos destinados a subsidios y otras transferencias podrían incrementar las necesidades de financiamiento del Gobierno, particularmente de cara a 2027.
El petróleo vuelve a convertirse en un riesgo para la economía
La evolución del mercado durante las próximas semanas será determinante para República Dominicana.
Una permanencia prolongada del petróleo por encima de los US$100 por barril podría obligar al Gobierno a decidir entre continuar destinando miles de millones de pesos para amortiguar las alzas o permitir ajustes graduales en los precios internos.
En cualquiera de los escenarios, el comportamiento del crudo vuelve a convertirse en una variable clave para la inflación, el transporte, la producción, el costo de los alimentos y las finanzas públicas dominicanas.