Opinión
Estado, nación, soberanía y traidores
Por Rosario Espinal
El Estado es un sistema jurídico-institucional en torno al cual se estructura el gobierno y su relación con la sociedad. La nación es un sentido de identidad forjado a través del tiempo en un conglomerado social. El territorio es un espacio geográfico sobre el cual un Estado reclama soberanía y donde se gesta la cultura que estructura la identidad nacional.
En el siglo 19, la nación dominicana tuvo dificultad para forjar un Estado con capacidad de reclamar soberanía. La independencia de 1821 fue efímera porque faltó convicción y fuerza para sostenerla. Haití encontró terreno abierto para extender su poder, pero no pudo en 22 años suplantar la tradición cultural dominicana.
La independencia de 1844 fue también temporal y sus principales protagonistas no pudieron imprimirle su sello político. Juan Pablo Duarte fue declarado traidor y vivió desterrado. Predominó la opresión y la ideología totalitaria que encarnó Pedro Santana para hundir los ideales trinitarios.
La anexión a España reflejó el endeble sentido de soberanía de los grupos dominantes dominicanos; y luego, a principios del siglo 20, con el país endeudado, se produjo la primera intervención norteamericana.
La dictadura de Trujillo fue clave en la gestación del Estado-Nación autoritario. Trujillo dividió la sociedad dominicana en patriotas y traidores, según se adhirieran o no a su proyecto político.
Instruidos por Trujillo y su cortesano Balaguer, la identidad dominicana se forjó en torno a las nociones de civilización y barbarie, y ambos gobernantes importaron haitianos para realizar los trabajos barbáricos en la industria azucarera.
Posteriormente, todos los gobiernos dominicanos han permitido la migración indocumentada haitiana para ganancia empresarial, bajo el supuesto de que nunca tendrían que integrarlos a la sociedad dominicana, porque quienes se atrevieran a sugerirlo o a hacerlo serían declarados traidores.
Cada Estado tiene soberanía para establecer los criterios de nacionalidad. Eso no es lo que se disputa con la Sentencia TC 168/13, sino la noción de nacionalidad arbitrariamente escogida por los jueces para aplicar a los descendientes de inmigrantes indocumentados, la mayoría de origen haitiano, nacidos en República Dominicana bajo constituciones que no negaban la nacionalidad dominicana a esas personas.
Los defensores de la Sentencia TC 168/13 utilizan dos argumentos distintos para justificarla: el legalista y el etnocéntrico.
El legalista sostiene que los descendientes de inmigrantes indocumentados no pueden recibir la nacionalidad porque sus padres vivían en condición de ilegalidad cuando nacieron. Es como decir que los hijos fuera de matrimonio no pueden ser declarados legalmente por el padre que los procreó en concubinato.
El etnocéntrico parte de que los hijos de inmigrantes indocumentados, en este caso de mayoría haitiana, no pueden recibir la nacionalidad dominicana porque no son culturalmente dominicanos, aunque hayan nacido y se hayan criado en República Dominicana. Esta noción puede alcanzar la categoría xenófoba cuando se argumenta que ellos constituyen un atentado a la nación dominicana.
Para coronar esos argumentos, los defensores de la Sentencia arguyen que las decisiones del Tribunal Constitucional son irrevocables y hay que acatarlas sin cuestionamientos.
Como la mayoría de la población dominicana no quiere la migración haitiana, muchos aceptan la Sentencia en base a esos argumentos, a pesar de ser injusta y retorcer constituciones anteriores; y además, sus principales defensores tildan de traidores a los críticos.
Pero ojo: si hay traidores, son los gobiernos dominicanos y los empresarios que han promovido por 100 años la migración indocumentada de haitianos para explotarlos bajo el supuesto de que siempre podrían negarles derechos como hace la Sentencia TC 168/13.
Crear guetos de inmigrantes indocumentados o ciudadanos de segunda clase constituye una traición a la patria y vulnera la soberanía.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.