Opinión
Estafa peaje sombra, vacas sagradas y constituyente soberana
Por Narciso Isa Conde
No obvien lo que significan las APPS, el tipo de endeudamiento externo y el servilismo ante los designios de EEUU en la región.
Una estafa de 1000 millones de dólares y un buen paquete de corruptos preferidos, convertidos en vacas sagradas es como para recapitular algunos hechos ominosos y reflexionar sobre el quehacer para impedir que esto se siga produciendo, comicios tras comicios, gobiernos tras gobiernos sustentados en el presente marco constitucional y dentro de esta institucionalidad pervertida.
LA ESTAFA
La Autovía a Samaná fue licitada por el primer gobierno de Leonel Fernández y contratada originalmente por el presidente Hipólito Mejía con su ministro Miguel Vargas Maldonado. Es un contrato-estafa multimillonario. La empresa escogida fue la REMIX con sede en Islas Vírgenes.
La Concesión de Administración del Régimen de Peaje de la Autovía Nordeste sufrió cambios para reforzar esa estafa mediante actas- acuerdos con Gobiernos de Leonel Fernández y sus ministros DIAZ RUA y FREDDY PEREZ.
Usar como parámetro lo que habría que pagar en próximos 17 años por un régimen de peaje sombra («infame» e inaceptable» como lo califica el propio Abinader), para justificar darle a Consorcio REMIX 410 millones más de los otros 400 y tanto millones de dólares que ese consorcio y sus cómplices se robaron con el régimen amañado de peaje en el caso de la AUTOVÍA DEL NORDESTE (Samaná) y otra suma parecida en el caso del BOULEVARD DEL ATLÁNTICO, es proteger delito anterior y cometer otro.
Mantener el Contrato-estafa Autovía Samaná por 17 años más era imposible, por lo que la afirmación de que Abinader le está «ahorrando al Estado» 1,500 millones de dólares es un truco publicitario. La verdad es que aceptó pagar 1,300 millones de dólares por ambas obras que costó 154 y el Boulevard un poco más, y dejó impunes a ladrones, incluidos los casos de Hipólito y Leonel como jefes de Estado que aprobaron esos contrato-estafas.
El Contrato de Régimen Peaje AUTOVÍA SAMANA estableció una exagerada circulación de vehículos no menor de 4,500 al día y el consorcio privado lo bajó a 4 mil para obligar al Estado a pagar “déficits” mayores.
En realidad nunca ha pasado de los 1,000 vehículos al día, lo que representó pagos gubernamentales por 27 mil millones en 8 años en la ruta de la autopista del Este (más de 400 millones de dólares) y otro tanto en el caso del Boulevard Turístico del Atlantico (más de 800 en dólares en total).
La SOCIEDAD AUTOPISTA NORDESTE es una APP-estafa. La autovía costó 154 millones de dólares y como expresé mas arriba la empresa concesionaria REMIX, solo por la cláusula que obliga al Estado Dominicano pagar reducción circulación de vehículos (por debajo 4 mil), recibió más de 400 millones de dólares en 8 años.
En tanto, el BOULEVARD que llega a la Terrena, con un costo de 151 millones de dólares, fue supuestamente financiado por la REMIX, pero realmente el Estado le r le facilitó gratis el asfaltado y ahora ABINADER le regala otros 410 millones, más la impunidad de todos los culpables. ¡VAYA TRANSPARENCIA!
Los contratos-estafas SOCIEDAD AUTOPISTA DEL NORDESTE Y BOULEVARD DEL ATLÁNTICO están plagados de vicios y violaciones, son nulos y perfectamente anulables; y son demandables y procesables delincuentes responsables en ambas partes (estatal y privada).
Abinader -además de no tocar la impunidad de esas operaciones- prefirió negociar con el consorcio privado para ponerle fin a los contratos concediéndole otros 410 millones de dólares, después de robarse, junto a altos funcionarios del Estado, más de 800 millones de dólares sólo por concepto del leonino régimen de peaje.
El consorcio utilizó empresas ilegales y es una corporación OFFSHORE con sede en Islas Vírgenes, de dueños no identificados ni denunciados a la luz de la información oficial vertida. ¡Otro misterio de la transparencia gubernamental.
LAS VACAS SAGRADAS
A DANILO con sus familiares de FONPER hay que meterlos presos, dejarse de rodeos; sin olvidar que los Vicini de Abinader estafaron a FONPER con 16 mil millones de pesos y la AES le hizo otras diabluras parecidas. De las fechorías de San Leonel no se habla, ni tampoco del Fantasma de los Bonetti y su abogado Jorge Mera.
Está muy bien se denuncie y sancione nepotismo y robo de familiares de Danilo en FONPER, pero está mal que deje impune la gran estafa de EGE-Haina y EGE-Itabo a FONPER a cargo de Grupo Vicini y AES DOMINICANA, y se siga diciendo que no hay VACAS SAGRADAS.
La CÁMARA DE CUENTAS debería sacarle las CUENTAS a relaciones mafiosas Estado- Corporaciones Privadas en casos tan abusivos como los de COASTAL, PROPAGAS, COGENTRIX, BARRICK, VICINI-SAN SOUCI, MACARRULLA, FALCONDO, GRUPO ESTRELLA, BELFOND… ¿Hay o no intocables?
PEREYRA ROJAS, Administrador de BANRESERVA, tiene licencia para derrochar en fiestas y en publicidad dispendiosa, e impunidad para que no investiguen su complicidad en caso TUCANOS. El tipo fue jefe financiero CAMPAÑA presidencial de Abinader y conoce de los aportes ¡ES DE LOS INTOCABLES!
· CONSTITUYENTE SOBERANA O NUEVAS FRUSTRACIONES
Miren lo acontecido con el Código Penal y el especial destino de las tres causales.
Observen la entronización del racismo en el poder y, en consecuencia, en todas las instituciones del Estado.
Los Vinchos están de risitas
Tengan en cuenta como se manipula el tema corrupción e impunidad, y como se aplica una política en la que resaltan cada vez más los corruptos preferidos y los impunes protegidos
Vean como se han manejado los casos de narco-política y de corrupción empresarial y presidencial, incluidos lo casos del peaje sombra y de los intocables.
Fulcar parece tener licencia para delinquir a base del 4% y Macarrulla y Pereyra Rojas ni hablar, con no pocos dispuestos a emularlo.
No obvien lo que significan las APPS, el tipo de endeudamiento externo y el servilismo ante los designios de EEUU en la región.
Valoren lo nefasto que resulta un gobierno dirigido por los grupos empresariales más voraces del país y una policía dirigida por generales asesinos y ladrones.
Observen cómo crecen las desigualdades y se expanden los procesos de empobrecimiento de las bases de la pirámides social, a consecuencia de la carestía, el desempleo, el empleo precario, el trabajo informal y el achicamiento de los servicios públicos.
Miren el nivel de la crisis ambiental y los afanes por privatizar el agua.
Está claro, pues, que por la vía de esta institucionalidad, basada en la Constitución del 2010, no habrá salida superadora a las demandas fundamentales de los movimientos feministas, ambientalistas, anti-impunidad, anti-represión juveniles, estudiantiles, niños, niñas y adolescentes, campesinos, comunitarios, populares y clasistas, del sector salud, educación, deporte, justicia derechos de inmigrantes.
No habrá soberanía nacional ni derecho del pueblo a decidir.
Todas las reivindicaciones chocan con el poder establecido, con las instituciones controladas por los tutumpotes capitalistas, EEUU, la partidocracia y los agentes del patriarcado.
Vuelven a repetirse los escándalos de corrupción, los abusos y los crímenes.
Eso es lo que está pasando, lo que nos da la razón a quienes planteamos la necesidad de una CONSTITUYENTE SOBERANA, electa por el pueblo, para dar paso a una nueva Constitución y una nueva institucionalidad que posibiliten cambiar todo lo que impide que el pueblo decida todo lo que le atañe.
El Congreso Nacional o Asamblea Nacional Legislativa siempre ha rechazado esa posibilidad, dado que desde 1844 hasta la fecha las Constituciones aprobadas le han asignado exclusivamente a ese organismo la función de revisarla y reformarla a su antojo, siempre en función de los intereses que representan sus integrantes.
Así quedó establecido también en la Constitución del 2010, imponiendo nuevamente un sistema constitucional cerrado, anti-democrático, en el que se anula la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente por elección popular, independiente del poder legislativo; atribuyéndole por el contrario al Congreso tanto las funciones legislativas como la de reformar la Constitución.
La cuestión se agrava, cuando además -como ha pasado en las últimas décadas- el Congreso Nacional se convierte en un mecanismo controlado por una partidocracia corrupta y conservadora, en la que predominan “riferos”, personas sobornables, políticos clientelistas, narcotraficantes, empresarios sin escrúpulos y negociantes de la política, que pervierten gran parte de lo que tocan y se siente protegidos por un sistema constitucional y un conjunto de leyes que garantiza la continuidad de esa degradación impune.
Es a ese Congreso Nacional, convocado por ley especial como Asamblea Revisora, que el Presidente Abinader pretende someterle determinadas reformas constitucionales.
La situación actual exige crear progresivamente desde el pueblo y sus luchas un PODER CONSTITUYENTE que posibilite en lo inmediato derrotar esa pretensión, superar ese tranque y abrirle camino a las siguientes fases del PROCESO CONSTITUYENTE.
La premisa fundamental de esa trascendente creación es lograr que el pueblo comprenda esa necesidad, tome conciencia colectiva de ella y se apodere de la idea de que él es el SOBERANO, de que debe y puede decidir el éxito de esa nueva y promisoria ruta.
Que debe y puede unirse, organizarse, y movilizarse en todo el territorio nacional para protagonizar el PROCESO CONSTITUYENTE y el cambio imprescindible que ponga fin a la larga era de las Constituciones conservadoras, oligárquicas, anti-democráticas, negadoras de derechos, autodeterminación popular y de la dignidad del pueblo y la Nación.
Que tiene derecho a elaborar la Constitución que merece y a elegir a quienes deben participar en Asamblea Constituyente instalada al margen de ese Congreso usurpador de las funciones constituyente, controlado por la partidocracia corrupta.
El sistema tradicional de partidos, cuyos principales dirigentes son responsables, junto con otros sectores del poder actual, de la degradación de la política y las penurias padecidas por nuestro pueblo, está descalificado para facilitar el proceso constituyente.
El sistema electoral y el régimen de partidos han sido estructurados para impedir el desarrollo de una democracia participativa; para convertir la política en negocio, los electores en clientes y los comicios en votaciones manipulables por el poder del dinero.
Ese sistema sirve para atajar las rebeldías populares y crear la ilusión de que es posible cambiar el estado de cosas aceptando las reglas de juego del sistema y cambiando personas y partidos que defienden intereses similares.
Al pueblo lo convocan a votar, no a elegir ni a ejercer poder. Los candidatos/as en la mayoría de los casos los/as escogen los partidos y las decisiones las toman sus cúpulas y quienes más dinero poseen.
Esto está muy lejos de ser una democracia.
Esto es una partidocracia combinada con el poder del dinero y la conversión de la política en negocio ejercido en forma creciente por grandes empresarios, lo que se define como plutocracia.
Es la hora de sacudirnos.
Es tiempo para crear desde abajo el Poder Constituyente.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.