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“Estamos en medio de una verdadera guerra por pandemia Covid-19”
En el almuerzo ofrecido a los miembros del Gabinete de Salud estuvieron presentes los principales ejecutivos del Grupo Corripio. JOSÉ DE LEÓN
SANTO DOMINGO.-La vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, pidió a las clínicas privadas destinar más camas para atender los pacientes con Covid-19, debido a la alta incidencia del virus, específica en el Gran Santo Domingo.
Ante el argumento de las clínicas de no aumentar las camas Covid por factores económicos, la vicepresidenta advirtió que “hablar de rentabilidad en estos momentos, es hablar de un tema criminal”.
Peña criticó que la no respuesta al aumento de camas de las Unidades de Cuidados Intensivos en las clínicas privadas ha sido solamente en el Gran Santo Domingo, ya que en las provincias, específicamente en Santiago, el Estado ha recibido amplio respaldo.
“Hay una serie de cirugías que pudieran ahora mismo ser pospuestas, siempre y cuando sean cirugías selectivas. Estamos en emergencia y si ellos no entienden eso, que son los administradores de esos centros, entonces la ciudadanía que les saque cuenta mañana”, indicó.
Agregó que la respuesta hospitalaria en los picos del contagio del Covid-19 en la República Dominica, y en Santiago específicamente, la cubrió el sector privado. No obstante, no ha sido así en el Gran Santo Domingo.
“Se lo hemos solicitado a todos. Algunas han podido actuar de manera positiva, tengo que ser justa, pero así nosotros también estamos solicitando a las demás clínicas privadas, no nos pueden dejar solos al Gobierno”, señaló Peña al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.
La vicepresidenta estuvo acompañada de los demás integrantes del Gabinete de Salud, Daniel Rivera, ministro de Salud Pública; Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS); Santiago Hazim, director de Seguro Nacional de Salud (SeNaSa); Adolfo Pérez de León, director del Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), y José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.
Disponibilidad
El doctor Puello explicó que la Ciudad Sanitaria cuenta en la actualidad con 186 camas para dar respuesta a la demanda de internamiento.
Y reveló, además, que el 97 % de las personas que se encuentran hospitalizadas en Cuidados Intensivos no ha recibido la vacuna contra el coronavirus.
“De cada 100 pacientes internados en Cuidados Intensivos el 97 % no se ha vacunado”, indicó el galeno.
Agregó que la Ciudad Sanitaria cuenta con 186 camas para Cuidados Intensivos de Covid-19 disponibles: 150 en el Luis Eduardo Aybar y 36 en el Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (Cecanot).
El director de la Ciudad Sanitaria precisó que del total de camas, 76 corresponden a UCI, de las cuales 46 se encuentran ocupadas, mientras que en Cecanot cuenta con 36, de las cuales 30 están ocupadas.
Puello explicó que una sala de cuidados intensivos no se monta de la noche a la mañana, ya que requiere de un protocolo, personal médico, de limpieza, asistencia alimenticia, lavandería y laboratorios.
Mientras, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, reveló que la mayor tasa de mortalidad durante el rebrote ha afectado a las personas con obesidad y a los usuarios de hookah.
Acumulado
El director del SNS, Mario Lama, admitió que existe acumulación de pacientes en los diferentes centros del Gran Santo Domingo porque los recursos son limitados.
“Los hospitales no fueron diseñados, ningunos, para manejar la pandemia que estamos viviendo. Eso que aquí estamos viendo se repite en muchos países del mundo. Sin embargo, la capacidad de respuesta del Servicio Nacional de Salud es amplia”, indicó.
Lama añadió que el punto en el que todos debemos colaborar y el cual ayudará a reincorporarnos a la cotidianidad, es que los dominicanos acudan a los centros de vacunación disponibles.
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Organización de la sociedad civil dice que no se escucharon demandas sociales en Código Penal.
Santo Domingo, (EFE).- El movimiento Participación Ciudadana denunció este jueves que los legisladores no han escuchado las demandas sociales en la propuesta de modificación al Código Penal, el cual contiene disposiciones que considera «graves retrocesos en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y acceso a la justicia».
El capítulo dominicano de Transparencia Internacional, que manifiesta su «profunda preocupación» ante la aprobación en primera lectura del texto por el Senado, llama al Congreso Nacional, en particular a la Cámara de Diputados, a actuar con «responsabilidad democrática» y abrir «un espacio real de diálogo», a fin de que el Código Penal fortalezca la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, en línea con los principios constitucionales y los estándares internacionales.
Exhorta al presidente Luis Abinader a que, en caso de ser aprobado el Código Penal con «todas estas fallas», utilice su derecho constitucional a observarlo y solicitar modificaciones al Congreso.
Participación Ciudadana detalla las preocupaciones principales que le plantea este proyecto de reforma y, entre ellas, destaca que la exención de responsabilidad penal a instituciones públicas y privadas como el Estado, los ayuntamientos, juntas municipales, iglesias y partidos políticos constituye una violación al principio constitucional de igualdad ante la ley, «creando privilegios, propiciando la impunidad y la falta de rendición de cuentas».
Además, se penaliza el aborto y no se contemplan las tres causales (vida o salud de la mujer en riesgo, embarazo producto de una violación o incesto y feto inviable fuera del útero).
En su opinión, hay un retroceso en la lucha contra la corrupción, pues «se ignora la solicitud de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, por tratarse de casos de lesa humanidad que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto y son responsables de la carencia de recursos públicos» para salud u otras prioridades.
an/am
Santo Domingo, R.D.-Los menores de edad desde los doce años a partir del último trimestre de 2025 podrán obtener su cédula de identidad, anunció La Junta Central Electoral (JCE), cuya medida responde a los cambios incorporados por la nueva Ley del Registro Civil y forma parte de un ambicioso proyecto para emitir una nueva cédula con tecnología avanzada, pese a que la misma en su versión inicial no habilitará para votar, aunque sí funcionará como un documento oficial de identificación, lo que integrará a más de un millón de adolescentes al sistema nacional de identidad.
Anibelca Rosario, miembro suplente de la JCE, detalló estos avances durante una entrevista, explicando que el proyecto busca modernizar el sistema de identificación del país. Esta iniciativa prepara el terreno para los futuros procesos electorales de 2028, asegurando una identidad ciudadana más accesible e inclusiva para toda la población.
La futura cédula contará con un formato físico obligatorio y una versión digital opcional. Los usuarios tendrán la flexibilidad de decidir qué información mostrar en la versión digital. Esta permitiendo ocultar datos como la dirección o el tipo de sangre si así lo desean.
Para facilitar el acceso, la JCE habilitará centros de entrega con horario de 24 horas y operativos móviles, pensados para personas con condiciones de salud especiales o residentes en zonas remotas, tanto dentro como fuera del país. Además, el nuevo documento será obligatorio para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y extranjeros con residencia permanente en el país.
El proceso de entrega de las cédulas se organizará según el mes de nacimiento del solicitante. La JCE prevé completar este proceso en un año, con la posibilidad de una extensión hasta principios de 2027 ante eventuales retrasos.
Aunque la empresa o consorcio encargado de la producción de las nuevas cédulas aún no ha sido seleccionado, Rosario aseguró que el proyecto avanza a buen ritmo y con una sólida planificación. La población objetivo supera los nueve millones de dominicanos, y la entrega se realizará de manera escalonada, organizada y apoyada por una campaña informativa. Esta transformación, según Rosario, representa no solo un salto tecnológico, sino también un paso decisivo hacia una identidad ciudadana más moderna.
Santo Domingo.- Luis Abinader en su condición de presidente de la República convocó para el próximo viernes 25 de julio, a las 8:00 de la noche en el Palacio Nacional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El objetivo de esta primera cita incluye evaluaciones de desempeño de jueces de la Suprema Corte de Justicia.
También la designación de nuevos magistrados, tanto en esa instancia como en el Tribunal Superior Electoral.
Abinader preside el Consejo Nacional de la Magistratura en su condición de máxima autoridad de la República.
Según las comunicaciones dirigidas a cada consejero, esa primera reunión conocerá y decidirá sobre la propuesta del cronograma que iniciará distintos procesos, según dispone el articulado de la Constitución Nacional.
a) Evaluación de desempeño de cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia con siete años en esa instancia desde sus designaciones (artículo 181).
b) Convocatoria de postulantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia, para ocupar la vacante resultante de la reciente salida del magistrado Napoleón Estevez Lavandier.
También cualquier otra vacante que surja tras la finalización del proceso de evaluación de desempeño (artículo 180).
c) Convocatoria de postulantes a jueces y suplentes del Tribunal Superior Electoral, para ocupar las vacantes del colegiado, cuyo mandato concluye este mes de julio de 2025 (artículo 183).
ÚLTIMA SESIÓN
La última sesión del CNM ocurrió a principios de este año, cuando fue designada la actual procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y siete de sus adjuntos.
Además de Abinader, integran el Consejo los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, dos legisladores y una magistrada.
agl/of-am