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Fiscal procesado por soborno en caso Senasa dice «Estoy presto a enfrentar mi proceso».
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue mantenido en prision por decision de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, quien está acusado formalmente de recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de un testigo clave en el entramado de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El tribunal, presidido por el magistrado Francisco Jerez Mena e integrado por las juezas Nancy Salcedo y Yorlin Vásquez Castro, tomó la determinación de manera unánime al desestimar el recurso de apelación presentado por la barra de la defensa del imputado.
Los abogados Alberto Thomas Delgado Lora, Valentín Medrano Peña, Oscar Medina Mateo y Freddy Mateo Cabrera interpusieron el recurso técnico en procura de revocar la decisión de la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, quien originalmente dictó tres meses de prisión preventiva como medida cautelar contra Valdez Alcántara.
Durante el desarrollo de la audiencia de apelación, Valdez Alcántara intervino de manera directa, mostrándose firme y confiado en su inocencia.
El encartado aseguró ante el tribunal que posee elementos audiovisuales que demostrarán de forma inequívoca que las imputaciones formuladas en su contra carecen de veracidad real y que los hechos no acontecieron de la manera descrita por el órgano persecutor.
«El Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar tanto a favor como en contra del procesado, y en este caso no lo ha hecho. Han violentado el principio de objetividad en su máxima extensión dentro del proceso», manifestó el fiscal imputado.
Asimismo, denunció que el Ministerio Público incurrió en la violación del debido proceso al intentar ocultar evidencias de carácter audiovisual que supuestamente desmontarían la tesis de la acusación.
Valdez Alcántara fue más allá al sugerir ante los jueces de la Suprema Corte que el proceso penal se encuentra contaminado por motivaciones ajenas al imperio de la ley, insinuando la existencia de fricciones y resentimientos particulares entre los investigadores asignados al caso y su persona.
Al respecto, sentenció que «los problemas personales que un investigador o persona tenga con algún investigado no deben incidir en la marcha del proceso».
Por otro lado, Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, respaldó la decisión de la Suprema Corte.
Camacho puntualizó que tanto el tribunal de primera instancia como el máximo órgano jurisdiccional del país han unificado criterios al determinar que la prisión preventiva es la medida de coerción más idónea, razonable y proporcional ante la extrema gravedad de los delitos atribuidos al funcionario judicial.
Cabe destacar que Valdez Alcántara está adscrito a la propia Pepca y es señalado de recibir dinero en efectivo de manos del testigo Roberto Canaán, catalogado como una de las figuras centrales del presunto entramado de corrupción detectado en SeNaSa.
La captura del fiscal se ejecutó bajo la modalidad de flagrante delito mediante una «entrega controlada» de fondos públicos debidamente fiscalizados.
El magistrado Camacho detalló meticulosamente la rigurosidad técnica con la que se llevó a cabo el arresto, argumentando que este tipo de operaciones deja sin ningún tipo de sustento jurídico o factual las objeciones presentadas por la defensa.
«Yo no entiendo cómo una persona puede negar una entrega controlada. El dinero salió del Ministerio Público, se le entregó a la persona afectada, se fotografió antes de la entrega y esas fotos se depositaron en el tribunal de manera previa. Luego, al imputado se le encontró ese mismo dinero que ya estaba marcado. En términos objetivos, salvo el derecho de defensa, no hay forma de negar unos hechos tan evidentes», sentenció firmemente Camacho.
Política de cero tolerancia institucional
Al ser pregunto respecto a las justificaciones y tácticas de negación ejercidas por el imputado, Camacho declinó especular sobre la estrategia defensiva y prefirió remitirse de forma pragmática a las contundentes pruebas materiales y periciales recolectadas en el curso de la fase indagatoria.
De igual forma, Camacho ponderó el profundo impacto institucional que representa este proceso para la credibilidad de la justicia dominicana, subrayando que la investidura o la condición de fiscal no constituye un manto de impunidad ni exime a ningún ciudadano del cumplimiento estricto de la ley.
Por el contrario, aseveró que obliga al órgano persecutor a obrar con el doble de firmeza e integridad, con absoluta independencia de la identidad del procesado.
«Ser fiscal significa perseguir a cualquiera que haya cometido un hecho ilícito del que nosotros tengamos evidencia. Es lo que hemos hecho hasta ahora y es lo que vamos a seguir haciendo», concluyó categóricamente el magistrado.
República Dominicana-. Los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 (Open Budget Survery, OBS) fueron recibidos por La Dirección General de Presupuesto (Digepres), en la cual la República Dominicana alcanzó 82 puntos sobre 100 en transparencia presupuestaria, ubicándose en el segundo lugar global, detrás de Brasil, y en el primer lugar de toda Hispanoamérica, incluyendo Centroamérica y el Caribe.
Los resultados país del informe de OBS 2025 fueron entregados por el director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, Juan Castillo, al director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, junto al ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García; Iván Ramírez, subdirector de Presupuesto, y Rafael Jovine, director de Estudios Económicos.
La entrega se realizó en presencia de autoridades del Poder Ejecutivo, representantes del Congreso Nacional, órganos de control, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y equipos técnicos vinculados al ciclo presupuestario.
La OBS es el único instrumento internacional de investigación independiente, comparativo y basado en evidencia que evalúa el acceso público a información presupuestaria del Gobierno Central, las oportunidades formales de participación ciudadana y la supervisión ejercida por Congreso Nacional y Cámara de Cuentas.
Su décima edición abarcó 82 países y consideró documentos, actividades y evidencias disponibles hasta el 31 de diciembre de 2024.
El informe global de la International Budget Partnership (IBP) reconoce a la República Dominicana como el caso más claro de progreso sostenido a nivel global en transparencia presupuestaria.
Entre 2008 y 2025, el país pasó de aproximadamente 12 a 82 puntos en transparencia, para una mejora acumulada de 70 puntos; el mayor incremento registrado entre los países comparables durante ese período.
Este avance se relaciona con la publicación continua de los ocho documentos presupuestarios fundamentales, el fortalecimiento de las capacidades técnicas dentro de Digepres, la institucionalización de mecanismos de participación y la colaboración sostenida con organizaciones de la sociedad civil.
Estos resultados representan un reconocimiento al trabajo realizado por el país, pero también una responsabilidad. La transparencia presupuestaria no consiste únicamente en publicar información, sino en ponerla al servicio de la ciudadanía, fortalecer la confianza pública y mejorar la calidad del debate sobre el uso de los recursos del Estado”, expresó Rijo Presbot.
El director de Presupuesto agregó que este esfuerzo responde a la visión del Programa de Gobierno del presidente Luis Abinader de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ampliar la participación ciudadana y asegurar que el gasto público genere resultados y valor para la gente.
Rijo destacó que el presupuesto abierto constituye una agenda país que requiere la participación del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, los órganos rectores, la sociedad civil y la ciudadanía.
Los resultados país de la OBS 2025 fueron presentados por Juan Castillo, director ejecutivo de Fundación Solidaridad, organización responsable de la investigación nacional, quien entregó formalmente el informe al director general de Presupuesto.
Por esta razón, IBP identifica a la República Dominicana como el caso más claro de progreso sostenido a escala global en transparencia presupuestaria”, dijo Juan Castillo durante su intervención.
De su lado, Rafael Jovine, director de Estudios Económicos, indicó que iniciativas como el Presupuesto Ciudadano, Presupuesto en las Aulas, los Encuentros Ciudadanos y las plataformas digitales son una apuesta clave para que los ciudadanos accedan a información y supervisen los fondos públicos.
Durante el acto se proyectó, además, un mensaje institucional de Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de IBP.
Por Digepres participaron Iván Ramírez, subdirector de Presupuesto; Odilys Hidalgo, directora de Servicios Presupuestarios; Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero, a cargo de las palabras iniciales; y Paola Chaljub, encargada del Departamento de Comunicaciones y maestra de ceremonia.
La actividad fue realizada en el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) y reunió a representantes de instituciones públicas, órganos de control, Congreso Nacional, organismos internacionales, sociedad civil y equipos técnicos del sistema presupuestario nacional.
Santiago.Presion preventiva por 18 meses solicito el Ministerio Público este martes contra tres personas vinculadas a la presunta estructura fraudulenta desmantelada mediante la Operación Onco14, acusada de sustraer millonarios recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) a través de diversas maniobras que habrían afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
La solicitud fue presentada contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó cargos administrativos y de auditoría dentro de la entidad.
Durante la audiencia, el órgano acusador también solicitó que el caso sea declarado de tramitación compleja, alegando la gravedad de los hechos investigados y la posible pena que enfrentarían los imputados en caso de ser hallados culpables.
La audiencia fue conocida por la jueza Estefani Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. Tras varias horas de exposición de las partes, la magistrada suspendió el conocimiento de la medida hasta el jueves 25 de junio a las 4:30 de la tarde, cuando continuará con la etapa de réplica y contrarréplica.
Según la investigación del Ministerio Público, los imputados habrían utilizado distintos mecanismos para desviar recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer. Entre las presuntas irregularidades figuran fraude clínico y farmacéutico, doble facturación al SeNaSa, uso de sellos médicos falsificados, venta de medicamentos donados, contrabando mediante exoneraciones fiscales, así como reembolsos fraudulentos y lavado de activos.
Las autoridades sostienen que parte de los fondos presuntamente sustraídos habrían sido canalizados a través de las razones sociales Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
De acuerdo con el expediente, los investigados también habrían cobrado al SeNaSa por medicamentos y servicios que presuntamente no fueron suministrados a pacientes del centro de salud, además de autoasignarse salarios, viáticos y otros beneficios económicos.
La Operación Onco14 fue ejecutada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, documentos, equipos electrónicos, vehículos, un arma de fuego y otros elementos que forman parte de la investigación.
Santo Domingo, R.D.-En dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó este miércoles el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos.
Durante la sesión, el senador Antonio Marte presentó al pleno del Senado una moción solicitando que el proyecto fuera incluido en la orden del día y liberado de todo trámite, declarándolo de urgencia.
Entre las modificaciones realizadas a la pieza, se encuentra el pago de una contribución especial obligatoria a toda persona jurídica, entidades, entidades gubernamentales y otros patrimonios autónomos o cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Estas empresas o entidades darán un aporte obligatorio con el objetivo crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.
Los aportes deberán realizarse de acuerdo a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, por ejemplo:
La persona jurídica o entidad con ingresos de hasta cinco millones de pesos dominicanos aportarán RD$3,500.00.
Las empresas o entidades con ingresos de cinco millones un peso dominicano hasta RD$10,000, 000 aportarán RD$6,000.
Mientras que las que tengan ingresos de 10 millones hasta 25 millones RD$$20,000.00.
Las empresas o instituciones con ingresos de 100 millones un peso dominicano RD$300,000.000.00 aportarán RD$400,000.
Las empresas con ingresos de 300 millones un peso dominicano a 500 millones de pesos dominicanos aportarán RD$500, 000.
En tanto que, las que tengan ingresos de 500 millones un peso dominicano a 700 millones de pesos aportarán RD$675,000.
De acuerdo al proyecto, el monto la contribución especial de las instituciones públicas por parte del Estado estará destinados para la contribución que se otorgará a las alcaldías y distritos municipales, para el pago de sus gastos relacionados con la gestión de los residuos sólidos urbanos.
Estos montos serán liquidada anualmente por las empresas privadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGIl). No obstante, establece que podrá optarse por realizar la liquidación de manera semestral, con un 50% en junio y un 50% en la fecha límite de cada año.
En tanto que, la DGIl deberá traspasar los montos recaudados dentro de los 30 días siguientes a su recepción, a la Tesorería Nacional de la República Dominicana, quien a su vez deberá transferirlo inmediatamente a la cuenta de fideicomiso creada mediante la presente ley.
¿Qué establece la ley?
Esta nueva ley establece que solo se permitirá un vertedero por provincia y, en cuanto a las procesadoras, solo habrá una por cada 10 regiones que estén ubicadas en un radio de 70 kilómetros, a excepción de la región Ozama ya que es la más poblada.
Establece que el foam deberá ser biodegraden en un 20 % del primer año y el 90% en cinco años.
La pieza legislativa prohíbe, la importación de sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas fabricados en plástico, así como vasos y cualquier otro producto fabricado en poliestireno (foam), que no tenga certificación de biodegradabilidad en los términos de la presente ley.
Previo a la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco dio a conocer que la pieza se aprobaría antes del 26 de julio, cuando culmina la presente legislatura.
«La ley de residuos se va a reformar, antes de que termine la legislatura, para hacer algunos ajustes que ahora se requieren», dijo Pacheco al ser entrevistado este miércoles en la emisora radial La Z101.