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Fiscal procesado por soborno en caso Senasa dice «Estoy presto a enfrentar mi proceso».
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue mantenido en prision por decision de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, quien está acusado formalmente de recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de un testigo clave en el entramado de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El tribunal, presidido por el magistrado Francisco Jerez Mena e integrado por las juezas Nancy Salcedo y Yorlin Vásquez Castro, tomó la determinación de manera unánime al desestimar el recurso de apelación presentado por la barra de la defensa del imputado.
Los abogados Alberto Thomas Delgado Lora, Valentín Medrano Peña, Oscar Medina Mateo y Freddy Mateo Cabrera interpusieron el recurso técnico en procura de revocar la decisión de la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, quien originalmente dictó tres meses de prisión preventiva como medida cautelar contra Valdez Alcántara.
Durante el desarrollo de la audiencia de apelación, Valdez Alcántara intervino de manera directa, mostrándose firme y confiado en su inocencia.
El encartado aseguró ante el tribunal que posee elementos audiovisuales que demostrarán de forma inequívoca que las imputaciones formuladas en su contra carecen de veracidad real y que los hechos no acontecieron de la manera descrita por el órgano persecutor.
«El Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar tanto a favor como en contra del procesado, y en este caso no lo ha hecho. Han violentado el principio de objetividad en su máxima extensión dentro del proceso», manifestó el fiscal imputado.
Asimismo, denunció que el Ministerio Público incurrió en la violación del debido proceso al intentar ocultar evidencias de carácter audiovisual que supuestamente desmontarían la tesis de la acusación.
Valdez Alcántara fue más allá al sugerir ante los jueces de la Suprema Corte que el proceso penal se encuentra contaminado por motivaciones ajenas al imperio de la ley, insinuando la existencia de fricciones y resentimientos particulares entre los investigadores asignados al caso y su persona.
Al respecto, sentenció que «los problemas personales que un investigador o persona tenga con algún investigado no deben incidir en la marcha del proceso».
Por otro lado, Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, respaldó la decisión de la Suprema Corte.
Camacho puntualizó que tanto el tribunal de primera instancia como el máximo órgano jurisdiccional del país han unificado criterios al determinar que la prisión preventiva es la medida de coerción más idónea, razonable y proporcional ante la extrema gravedad de los delitos atribuidos al funcionario judicial.
Cabe destacar que Valdez Alcántara está adscrito a la propia Pepca y es señalado de recibir dinero en efectivo de manos del testigo Roberto Canaán, catalogado como una de las figuras centrales del presunto entramado de corrupción detectado en SeNaSa.
La captura del fiscal se ejecutó bajo la modalidad de flagrante delito mediante una «entrega controlada» de fondos públicos debidamente fiscalizados.
El magistrado Camacho detalló meticulosamente la rigurosidad técnica con la que se llevó a cabo el arresto, argumentando que este tipo de operaciones deja sin ningún tipo de sustento jurídico o factual las objeciones presentadas por la defensa.
«Yo no entiendo cómo una persona puede negar una entrega controlada. El dinero salió del Ministerio Público, se le entregó a la persona afectada, se fotografió antes de la entrega y esas fotos se depositaron en el tribunal de manera previa. Luego, al imputado se le encontró ese mismo dinero que ya estaba marcado. En términos objetivos, salvo el derecho de defensa, no hay forma de negar unos hechos tan evidentes», sentenció firmemente Camacho.
Política de cero tolerancia institucional
Al ser pregunto respecto a las justificaciones y tácticas de negación ejercidas por el imputado, Camacho declinó especular sobre la estrategia defensiva y prefirió remitirse de forma pragmática a las contundentes pruebas materiales y periciales recolectadas en el curso de la fase indagatoria.
De igual forma, Camacho ponderó el profundo impacto institucional que representa este proceso para la credibilidad de la justicia dominicana, subrayando que la investidura o la condición de fiscal no constituye un manto de impunidad ni exime a ningún ciudadano del cumplimiento estricto de la ley.
Por el contrario, aseveró que obliga al órgano persecutor a obrar con el doble de firmeza e integridad, con absoluta independencia de la identidad del procesado.
«Ser fiscal significa perseguir a cualquiera que haya cometido un hecho ilícito del que nosotros tengamos evidencia. Es lo que hemos hecho hasta ahora y es lo que vamos a seguir haciendo», concluyó categóricamente el magistrado.
Nacionales
Falta de interés de jueces de la Suprema por evaluación crea preocupación en algunos sectores de la sociedad.
Santo Domingo.- Una cierta preocupacion en la sociedad civil ha creado la renuncia de la jueza María Garabito a postularse para mantener su cargo en la Suprema Corte de Justicia, lo que a pesar de que abre una tercera plaza para un nuevo aspirante, pero que causa mucha atencion el poco interes de someterse a la evaluación en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Que ya sumen tres los jueces que decidieron salir del Poder Judicial genera preocupación entre representantes de la sociedad civil.
Desde Participación Ciudadana se cuestionan las razones de las decisiones del presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, y las juezas Nancy Salcedo y María Garabito, aunque otras organizaciones consideran que solo es el cierre de una larga carrera judicial.
Con el retiro voluntario de Garabito, la magistrada marca el cierre de una destacada trayectoria de más de 38 años dedicada a la administración de justicia.
Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura deberá cubrir tres vacantes, además de desarrollar el proceso de evaluación de los demás jueces.
Fue revocado este jueves por la Segunda Sala de la Corte Penal el auto de no ha lugar que favoreció a Jean André Pumarol Fernández, por lo que enfrentará un juicio de fondo por el ataque con arma blanca a sus vecinos y en cuya agresión falleció una mujer de 70 años.
Los jueces del tribunal de segundo grado, presidido por Ysis Muñiz Almonte e integrado por Teófilo Andújar y Luis Jiménez, también dictaron prisión preventiva de tres meses a Pumarol Fernández, a ser cumplida en el centro de Anamuya, en Higüey.
El magistrado Andújar emitió un fallo observado, que quiere decir que está de acuerdo con la decisión, pero no con la motivación.
- El procesado no se encontraba en audiencia, como el pasado 23 de julio, cuando se aplazó la decisión de la corte.
El fallo deja sin efecto el emitido por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien rechazó enviar a juicio de fondo al acusado, al argumentar el magistrado que al momento de herir de gravedad a las víctimas este estaba bajo un cuadro sicótico.
Pumarol atacó a las víctimas el miércoles 23 de julio de 2025, alrededor de las 4:00 de la tarde, en el Condominio Naco Dorado IV, agresión que dejó como resultado la muerte de Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, dentro de su apartamento, al cual el victimario tocó y se le abrió la puerta.
También causó lesiones al menos cinco personas, entre ellas a su padre, y a la doméstica de la víctima.
Santo Dpmingo, R.D.-El primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, el juez Manuel Herrera Carbuccia, presentó su renuncia como magistrado de esa alta corte.
La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al mandatario Luis Abinader, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Con esta dimisión, ya suman cuatro los jueces que han declinado participar en el proceso de evaluación establecida por la ley para determinar su continuación o remoción de la alta corte.
Herrera Carbuccia, quien finaliza un ciclo de 14 años en el Poder Judicial, expresa en su misiva recibida este miércoles por la Secretaría del CNM.
Entre el lunes y ayer comunicaron también su decisión a no continuar en la alta corte el actual presidente Luis Henry Molina, Nancy Salcedo y María Garabito Ramírez.