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Fiscal procesado por soborno en caso Senasa dice «Estoy presto a enfrentar mi proceso».
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue mantenido en prision por decision de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, quien está acusado formalmente de recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de un testigo clave en el entramado de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El tribunal, presidido por el magistrado Francisco Jerez Mena e integrado por las juezas Nancy Salcedo y Yorlin Vásquez Castro, tomó la determinación de manera unánime al desestimar el recurso de apelación presentado por la barra de la defensa del imputado.
Los abogados Alberto Thomas Delgado Lora, Valentín Medrano Peña, Oscar Medina Mateo y Freddy Mateo Cabrera interpusieron el recurso técnico en procura de revocar la decisión de la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, quien originalmente dictó tres meses de prisión preventiva como medida cautelar contra Valdez Alcántara.
Durante el desarrollo de la audiencia de apelación, Valdez Alcántara intervino de manera directa, mostrándose firme y confiado en su inocencia.
El encartado aseguró ante el tribunal que posee elementos audiovisuales que demostrarán de forma inequívoca que las imputaciones formuladas en su contra carecen de veracidad real y que los hechos no acontecieron de la manera descrita por el órgano persecutor.
«El Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar tanto a favor como en contra del procesado, y en este caso no lo ha hecho. Han violentado el principio de objetividad en su máxima extensión dentro del proceso», manifestó el fiscal imputado.
Asimismo, denunció que el Ministerio Público incurrió en la violación del debido proceso al intentar ocultar evidencias de carácter audiovisual que supuestamente desmontarían la tesis de la acusación.
Valdez Alcántara fue más allá al sugerir ante los jueces de la Suprema Corte que el proceso penal se encuentra contaminado por motivaciones ajenas al imperio de la ley, insinuando la existencia de fricciones y resentimientos particulares entre los investigadores asignados al caso y su persona.
Al respecto, sentenció que «los problemas personales que un investigador o persona tenga con algún investigado no deben incidir en la marcha del proceso».
Por otro lado, Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, respaldó la decisión de la Suprema Corte.
Camacho puntualizó que tanto el tribunal de primera instancia como el máximo órgano jurisdiccional del país han unificado criterios al determinar que la prisión preventiva es la medida de coerción más idónea, razonable y proporcional ante la extrema gravedad de los delitos atribuidos al funcionario judicial.
Cabe destacar que Valdez Alcántara está adscrito a la propia Pepca y es señalado de recibir dinero en efectivo de manos del testigo Roberto Canaán, catalogado como una de las figuras centrales del presunto entramado de corrupción detectado en SeNaSa.
La captura del fiscal se ejecutó bajo la modalidad de flagrante delito mediante una «entrega controlada» de fondos públicos debidamente fiscalizados.
El magistrado Camacho detalló meticulosamente la rigurosidad técnica con la que se llevó a cabo el arresto, argumentando que este tipo de operaciones deja sin ningún tipo de sustento jurídico o factual las objeciones presentadas por la defensa.
«Yo no entiendo cómo una persona puede negar una entrega controlada. El dinero salió del Ministerio Público, se le entregó a la persona afectada, se fotografió antes de la entrega y esas fotos se depositaron en el tribunal de manera previa. Luego, al imputado se le encontró ese mismo dinero que ya estaba marcado. En términos objetivos, salvo el derecho de defensa, no hay forma de negar unos hechos tan evidentes», sentenció firmemente Camacho.
Política de cero tolerancia institucional
Al ser pregunto respecto a las justificaciones y tácticas de negación ejercidas por el imputado, Camacho declinó especular sobre la estrategia defensiva y prefirió remitirse de forma pragmática a las contundentes pruebas materiales y periciales recolectadas en el curso de la fase indagatoria.
De igual forma, Camacho ponderó el profundo impacto institucional que representa este proceso para la credibilidad de la justicia dominicana, subrayando que la investidura o la condición de fiscal no constituye un manto de impunidad ni exime a ningún ciudadano del cumplimiento estricto de la ley.
Por el contrario, aseveró que obliga al órgano persecutor a obrar con el doble de firmeza e integridad, con absoluta independencia de la identidad del procesado.
«Ser fiscal significa perseguir a cualquiera que haya cometido un hecho ilícito del que nosotros tengamos evidencia. Es lo que hemos hecho hasta ahora y es lo que vamos a seguir haciendo», concluyó categóricamente el magistrado.
Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, fue apoderado para el conocimiento del juicio preliminar en contra de 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El apoderamiento fue realizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado, en cumplimiento con el procedimiento establecido para la asignación de expedientes.
Con el caso ya en manos del magistrado, ahora corresponde que el juez Timoteo Peguero fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados.
También fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.
Santo Domingo, R.D.-El proceso para la modificación del Código Penal se detuvo y no siguio el curso esperado por el amontonamiento que han provocado los más de 80 observaciones en la Cámara de Diputados para cambiar algunos articulos de la ley, aunque el Congreso lleva a la carrera los cambios del mismo.
El plan de la Cámara de Diputados era aprobar ayer los cambios al Código Penal, pero la comisión que estudia el tema se ahogó en propuestas y discusiones, y no logró completar el proceso, por lo que los legisladores decidieron aplazar la votación del nuevo Código Penal para este viernes, durante una sesión extraordinaria.
«Estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho», admitió el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al anunciar que la sesión convocada para ayer a las 3:00 de la tarde fue pospuesta para hoy.
«Vimos que el tiempo material que teníamos era prácticamente muy difícil«, sostuvo el legislador.
Cuestionado por las críticas de quienes atacan al Congreso por llevar rápido el estudio de las modificaciones, Pacheco replicó que el final de todas las legislaturas siempre viene cargado con proyectos delicados que se aprueban en la recta final del periodo para evitar que periman.
El Congreso aprobó el nuevo Código Penal hace un año y el presidente Luis Abinader lo promulgó en agosto. El artículo final de la Ley 74-25 daba un plazo de un año para que la normativa entre en vigencia con el objetivo de que todos los sectores conozcan el texto y que, además, la pieza se mejore con proyectos de modificación.
Sin embargo, las modificaciones nunca se ejecutaron durante todo un año y, casi a la entrada en vigencia de la ley, prevista para inicios de agosto, el Código Penal fue atacado por contener artículos que vulneran la libertad de expresión, como la difamación, el ultraje o la responsabilidad penal de los medios de comunicación.
Ese texto del Gobierno es el que ha imperado para modificar el nuevo Código Penal, pero el Congreso cuenta con alrededor de 84 propuestas de legisladores, juristas, universidades, partidos políticos y entidades que proponen cambios a la pieza.
Con el tiempo encima y apurados por el cierre de la legislatura, prevista para concluir el 26 de julio, los legisladores impulsan cambios al nuevo Código Penal e insisten en que aún hay tiempo para modificar la ley.
Pacheco aseguró que todas las propuestas depositadas por los diferentes sectores serán escuchadas y evaluadas, y añadió que, en los casos en que alguna observación no sea acogida, el Congreso establecerá un mecanismo para informar a sus proponentes si la iniciativa fue descartada o si quedará pendiente para una discusión posterior.
Antes de que concluyera el plazo para presentar observaciones, diversos sectores acudieron al Congreso con planteamientos para modificar artículos específicos del Código Penal.
El presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, entregó diez propuestas que incluyen eliminar la exclusión de responsabilidad penal para partidos políticos e iglesias, declarar imprescriptibles los delitos graves de corrupción, endurecer las penas por delitos contra el patrimonio público, incorporar el uso de inteligencia artificial y deepfakes en delitos contra el honor, eliminar el delito de ultraje y presentar un texto alternativo sobre las tres causales para proteger la vida de la mujer si estas no son aprobadas.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por Trajano Potentini, propuso mantener el límite máximo de 30 años de prisión, revisar el aumento de las penas contempladas en el proyecto, eliminar figuras penales abiertas y disposiciones que, a su juicio, criminalizan la opinión y otorgan un trato privilegiado a funcionarios públicos.
De igual manera, un grupo de más de 70 juristas solicitó modificar los artículos 110 y 111 para incorporar las tres causales para la interrupción del embarazo y reformar la disposición sobre aborto forzado, mientras que una coalición integrada por Juventud con una Misión (Jucum), Acción Cristiana, Orozco & Asociados y otras organizaciones objetó varios artículos por entender que afectan la libertad de expresión y rechazó la inclusión de las tres causales.
Santo Domingo, R.D.-La atencion publica sigue en la reforma del Código Penal, mientras la comisión bicameral del Congreso que estudia las 84 propuestas de modificación se retrazó en el plazo de menos de 24 horas previsto para someterlo a votación.
Ayer precisamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) presentó ante la Cámara de Diputados su posición institucional sobre las propuestas de modificación a la Ley número 74-25, que instituye el Código Penal, donde planteó extender el plazo de entrada en vigencia de la normativa.
En un documento enviado al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, la entidad sostiene que el texto es fruto de un amplio proceso de consulta con organizaciones empresariales, empresas de distintos sectores, abogados y especialistas.
El CONEP afirma que, como parte de este proceso, entregó al Congreso Nacional una matriz técnica con propuestas de redacción y recomendaciones artículo por artículo.
Entre los temas abordados figuran la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del personal médico, libertad de expresión, y la incorporación de nuevos tipos penales vinculados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las estafas piramidales, entre otros aspectos considerados relevantes por el sector.
También valoró la apertura mostrada por el Congreso, y reiteró su disposición a continuar colaborando con la Comisión que lo estudia.
Según el constitucionalista, de aprobarse la iniciativa sin los ajustes necesarios, los funcionarios públicos, empresas contratistas del Estado y miembros honoríficos de consejos estatales podrían quedar desprotegidos frente a acusaciones falsas que destruyan injustamente su reputación.
Valerio enfatizó que, si bien la Constitución consagra la libertad de expresión y el derecho ciudadano a fiscalizar los asuntos públicos, estos derechos no deben confundirse con la atribución de hechos falsos. “Una cosa es informar y otra muy distinta es difamar”, señaló, recordando que la Carta Magna también exige el respeto al honor, la intimidad y la dignidad de las personas.
Para Valerio, aunque esta medida podría ser razonable en ciertos casos de injuria, resulta peligrosa e insuficiente cuando se trata de difamación, definida como la imputación falsa de un hecho concreto, como acusar a alguien de desviar fondos públicos sin pruebas.
Retraso de la Comisión
Sobre el plan de los legisladores de terminar al mediodía de ayer la evaluación de todas las observaciones presentadas por la sociedad, tras haber comenzado el proceso de revisión el miércoles aproximadamente a las 6:00 de la tarde.
No obstante, Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, expresó que el tiempo no sería suficiente, para presentarlo en la sesión extraordinaria convocada para las 3:00 de la tarde, por lo que los congresistas decidieron posponer la sesión para este viernes.
“Esto se debe a que estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho. Hemos visto que el tiempo que teníamos va a ser prácticamente muy difícil y atropellado”, dijo Pacheco al ser entrevistado en el Congreso. No obstante, aclaró que el tiempo restante antes de desarrollarse la sesión de hoy será utilizado para agilizar el proyecto de variación a la nueva Ley penal 74-25 y otras iniciativas.
Las críticas al procedimiento
Una de las principales críticas señaladas en contra del procedimiento que aplica la Comisión Bicameral, presidida por el diputado Wandy Batista, es el corto plazo que ha destinado para la evaluación de las observaciones presentadas por la población.
Ante estos cuestionamientos, Pacheco aseguró que “todas las propuestas serán atendidas”. Lo mismo resaltó el presidente de la Subcomisión, senador Pedro Catrain, quien está encargado de presentarle una matriz a la Comisión Bicameral que detalle el contenido de las diversas sugerencias de modificación.
“Lo que queremos enfatizar es que hemos revisado y vamos a revisar todas las propuestas de las instituciones y ciudadanos que han formulado al Congreso sus inquietudes”, dijo Catrain al conversar con reporteros.