Opinión
¡Europa arde!
Published
12 años agoon
Por Olga Capellán
UNIÓN EUROPEA.- Europa arde, ya sea por una razón u otra; dado los momentos de crisis económica por la que atraviesan numerosos países a nivel internacional, en el viejo continente la situación no es menos cardiada y muchos ciudadanos aseguran que la misma se debe a la mala administración política-económica aplicada por los diversos gobernantes.
Este fin de semana ha sido de ira inevitable en diversas capitales europeas, donde se están llevando a cabo numerosos actos de protestas en reclamación de una aplicación equitativa de medidas sin que estas afecten a la clase más empobrecida como se ha estado haciendo hasta los momentos actuales.
Este sábado fue de gran lucha y los agentes del orden público tuvieron que redoblar los esfuerzos para evitar que se produjeran hechos lamentables, ya que el pueblo al parecer está dispuesto a todo, menos a comer cuentos.
La protesta más ardorosa se escenificó en la ciudad de Madrid, capital española donde se reunieron varios cientos de miles de manifestantes y pidieron un referéndum popular ante que aplicar las medidas austera que pretende poner en práctica el gobierno de Mariano Rajoy, ante una posible intervención de las agencias financieras internacionales con sus exigencias, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo y otras instituciones.
Pero de algo importante se habla a nivel general sobre el suscitado tema, y es que muchos ciudadanos consideran que el gobierno del PP ha logrado algo positivo de todo esto y se trata de la unificación de los españoles, naturalmente en contra de su propio sistema de gobierno.
El gobierno del PP y mariano Rajoy ha impuesto medidas muy drásticas que lesionan y vulneran la tranquilidad social de los ciudadanos a través de los recortes en los servicios públicos y salariales y con la implementación de altos impuestos considerados dañinos a la estabilidad económica ciudadana.
También la capital portuguesa sirvió de escenario de grandes manifestaciones contra los recortes salariales, bienes y servicios que el gobierno conservativo se propone ejecutar, también como medida de salvación económica nacional.
En Bélgica, Francia y Gran Bretaña las manifestaciones han sido escenificadas en protesta también por religiosos musulmanes al considerar ofensivo la puesta en circulación de un filmes a través del internet titulado “LA INOCENCIA DE LOS ISLÁMICOS” que ha generado numerosas protestas en diversos países desde África hasta Asia y que ha provocado la muerte ya a varias personas, incluyendo al embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Libia, por considerar de que en dicho proyecto fílmico se ofende a la memoria de MAHOMA y por tanto a todos los musulmanes, provocando una gran “ENTIFADA” de estos religiosos en contra de los países y gobiernos del oeste.
En Berlín, grupo de extrema derecha han anunciado que presentarán la película a pesar de las consecuencias que la misma ya ha traído en diversos países, mientras las autoridades alemanas tratan de evitar dicha presentación por todos los medios.
El pasado día 11 del corriente mes también hubo grandes manifestaciones en la ciudad de Barcelona durante la celebración de la diada catalana, cuando el propio presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas i Gavarró, fue quien convocó a dichas manifestaciones con la finalidad de pedir públicamente la independencia para Cataluña de España.
Artur Más que preside la Junta del Gobierno Catalán desde el 2010 aprovecho la situación por la que actualmente atraviesa el país y además para junto a los nacionalistas catalanes pedir la separación de España, por considerar los momentos más apropiados.
Cataluña que por poseer grandes industrias siempre ha tenido una economía sólida, pero tiene que cargar con gran peso de las otras comunidades consideradas como muy pobres, ya que gran parte de los ingresos tienen que ser pasados a Madrid.
Sin embargo recientemente se difundió que económicamente no anda muy bien y que si se hace un rescate económico para España tendrán que tomar en cuenta y socorrer también a los catalanes por la merma en los negocios actuales, donde muchas de las pequeñas industrias han tenido que cerrar sus puertas en los últimos años.
Pedir por pedir pueden todos, ahora la última palabra la tiene Madrid y ni siquiera ha reaccionado ante tales peticiones.
Por último, Moscú también ha sido un punto central de manifestaciones, esta vez en contra del gobierno de Vladimir Putin, donde ayer se reunieron decenas de miles de manifestantes en contra de la política de mano dura del régimen y para pedir la excarcelación de todos los presos políticos, incluyendo a las tres integrantes del grupo musical “Pussy Riot” quienes se encuentran cumpliendo una condena de tres años por haber hecho una parodia contra el primer mandatario ruso en la catedral mocubista de la Iglesia Ortodoxa, entre otros.
Por Isaías Ramos
El país se encuentra nuevamente al borde de un abismo que amenaza no solo con oscurecer nuestras calles, sino con apagar la esperanza de un pueblo que lucha por un futuro mejor. Desde octubre de 2024, el sistema eléctrico nacional ha entrado en un estado de colapso programado, reviviendo los fantasmas de tragedias pasadas como las de 1984 y 2002. Apagones de hasta 16 horas diarias no solo paralizan nuestra vida cotidiana, sino que exponen la desgarradora realidad de un modelo energético corrupto, negligente y diseñado para el lucro de unos pocos a costa de la dignidad de muchos.
Mientras la paciencia de los ciudadanos se agota, el gobierno, incapaz de asumir su responsabilidad, recurre a la excusa de que 800 mil usuarios son «ilegales». Pero esta narrativa no solo es ofensiva, sino que oculta el verdadero problema: estamos atrapados en un sistema diseñado para el saqueo y la explotación, un sistema donde la energía, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un negocio para las élites.
Esta crisis no es casualidad ni un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones políticas equivocadas que comenzaron con la Ley de Capitalización 141-97. Bajo la promesa de «eficiencia» y «estabilidad», el Estado entregó el sistema eléctrico a manos privadas, prometiendo tarifas justas y un servicio estable. Sin embargo, lo que ocurrió fue el despojo del patrimonio nacional.
Desde entonces, más de 30 mil millones de dólares en “subsidios” han sido transferidos a estas empresas eléctricas, una cifra que hoy pesa como una carga insoportable sobre el endeudamiento nacional. Con esos recursos, podríamos haber instalado 20 mil megavatios de energía solar o 15 mil de energía eólica, garantizando nuestra soberanía energética y dejando atrás este modelo obsoleto. En cambio, seguimos pagando tarifas abusivas, soportando apagones interminables y viendo cómo las ganancias de unos pocos crecen mientras el pueblo vive en la penumbra.
La privatización no solo nos arrebató el control de nuestra energía; nos convirtió en rehenes de un sistema donde la dignidad del pueblo es la moneda más barata.
En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno ha optado por criminalizar al pueblo. Etiquetar a miles de familias como «ladrones» de energía no solo es una muestra de desprecio, sino también una estrategia que intenta desviar la atención de la verdadera raíz del problema.
El pueblo dominicano no es ladrón. Es víctima de un sistema roto y de un liderazgo incapaz de garantizar soluciones reales. Si existen usuarios irregulares, el Estado tiene la obligación de regularizarlos con dignidad y justicia. Ir casa por casa, instalar contadores y garantizar un servicio digno y accesible. Pero lo que vemos es lo contrario: un castigo colectivo que penaliza incluso a quienes cumplen con sus obligaciones.
No podemos ignorar los paralelismos con eventos pasados. En 1984, las decisiones erradas llevaron a un estallido social que dejó más de 100 muertos. En septiembre del 2002, el descontento popular derivó en protestas masivas con resultados de más de una docena de muertos y cientos de heridos que sacudieron al país.
Hoy, la situación es alarmantemente similar. La indignación popular crece, las protestas aumentan y la frustración se siente en cada rincón del país. Las voces de los ciudadanos se alzan en un grito colectivo, exigiendo justicia y soluciones reales. Estas no son señales que se deban ignorar. Hacerlo sería abrir la puerta a un nuevo estallido social que podría superar las tragedias del pasado.
En pleno siglo XXI, la energía no es un lujo ni un privilegio. Es un derecho humano fundamental. Así lo reconoce la ONU en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, que establece: «Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos».
Nuestra nación no puede seguir siendo esclava de un modelo que prioriza el lucro sobre las personas. Es momento de recuperar lo que nunca debimos perder: el control de nuestra energía y el compromiso con el bienestar colectivo.
Debemos construir un sistema energético basado en la sostenibilidad, accesible para todos y gestionado con justicia. Pero esta transición debe ir acompañada de un enfoque que respete la dignidad del pueblo.
El futuro de nuestro país está en juego. Cada día que pasa sin soluciones es un paso más hacia el colapso, pero también cada acción, por pequeña que sea, puede encender una luz. Una luz que nos guíe hacia un futuro donde la energía sea un derecho garantizado, no una mercancía para el lucro.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS), estamos convencidos de que el país necesita un liderazgo renovado, uno que priorice al pueblo sobre los intereses privados, que construya un sistema energético digno y que transforme la crisis en oportunidad.
La pregunta es clara: ¿Seguiremos siendo esclavos de las tinieblas o nos levantaremos para construir el país que merecemos?
¡Despierta, RD!
Opinión
Cumplimiento de las solicitudes de la Corte Penal Internacional
Published
1 día agoon
enero 29, 2025Por Rommel Santos Díaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Por Nelson Encarnación
Una de las medidas más saludables adoptadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader relativas a la alimentación escolar fue establecer que en la elaboración de las raciones servidas en los centros educativos se emplee leche de producción nacional, con lo cual se obtienen variados beneficios.
El principal es apoyar y fomentar la ganadería dominicana, cuya incidencia en varias regiones ha sido tradicionalmente muy importante, logrando mantenerse como proveedores que cuentan con una infraestructura confiable, sólida y segura.
El otro beneficio es el control eficaz de la calidad de la leche que se sirve en estos alimentos, así como a los consumidores en general.
Esto alcanza mayor importancia ante las informaciones relacionadas con la aparición de un brote de fiebre aftosa en Alemania, donde se da cuenta de que esa enfermedad, que afecta animales de granja, ha provocado el sacrificio de determinadas especies.
Las acciones adoptadas en ese país se ajustan a los protocolos sanitarios internacionales que exigen sacrificar a los animales expuestos al contagio para evitar la propagación, debido a su alta tasa de infección.
El brote ha generado alarma en Europa, pues es el primero que se registra en Alemania en los últimos 35 años y que aún no ha podido ser controlado de forma completa y radical, según las informaciones de prensa.Esto obliga a las autoridades nacionales a extremar la vigilancia preventiva para evitar su ingreso a la República Dominicana, ya sea a través de leche o de derivados lácteos que lleguen por canales de importación.
Es una alerta oportuna para llamar la atención a fin de que se fortalezcan los controles fitosanitarios para mantener al país libre de una amenaza cuyas repercusiones serian altamente dañinas para el sector.
Sobre todo cuando, según los especialistas, un factor de gravedad y complicación es que no existe tratamiento para los animales infectados, lo cual—como medida extrema—obliga al sacrificio para combatir los brotes.
Es importante resaltar que, afortunadamente, no afecta a los humanos, pero tiene un gran impacto en la ganadería y en toda la cadena de producción asociada a este rubro.
Suponemos que las autoridades del área están edificadas, pues debemos recordar el trabajo que le costó al país restaurar la confianza de nuestros compradores de productos de origen animal, luego de estar vedados precisamente por no extremar los controles.