Opinión
¡Europa arde!
Por Olga Capellán
UNIÓN EUROPEA.- Europa arde, ya sea por una razón u otra; dado los momentos de crisis económica por la que atraviesan numerosos países a nivel internacional, en el viejo continente la situación no es menos cardiada y muchos ciudadanos aseguran que la misma se debe a la mala administración política-económica aplicada por los diversos gobernantes.
Este fin de semana ha sido de ira inevitable en diversas capitales europeas, donde se están llevando a cabo numerosos actos de protestas en reclamación de una aplicación equitativa de medidas sin que estas afecten a la clase más empobrecida como se ha estado haciendo hasta los momentos actuales.
Este sábado fue de gran lucha y los agentes del orden público tuvieron que redoblar los esfuerzos para evitar que se produjeran hechos lamentables, ya que el pueblo al parecer está dispuesto a todo, menos a comer cuentos.
La protesta más ardorosa se escenificó en la ciudad de Madrid, capital española donde se reunieron varios cientos de miles de manifestantes y pidieron un referéndum popular ante que aplicar las medidas austera que pretende poner en práctica el gobierno de Mariano Rajoy, ante una posible intervención de las agencias financieras internacionales con sus exigencias, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo y otras instituciones.
Pero de algo importante se habla a nivel general sobre el suscitado tema, y es que muchos ciudadanos consideran que el gobierno del PP ha logrado algo positivo de todo esto y se trata de la unificación de los españoles, naturalmente en contra de su propio sistema de gobierno.
El gobierno del PP y mariano Rajoy ha impuesto medidas muy drásticas que lesionan y vulneran la tranquilidad social de los ciudadanos a través de los recortes en los servicios públicos y salariales y con la implementación de altos impuestos considerados dañinos a la estabilidad económica ciudadana.
También la capital portuguesa sirvió de escenario de grandes manifestaciones contra los recortes salariales, bienes y servicios que el gobierno conservativo se propone ejecutar, también como medida de salvación económica nacional.
En Bélgica, Francia y Gran Bretaña las manifestaciones han sido escenificadas en protesta también por religiosos musulmanes al considerar ofensivo la puesta en circulación de un filmes a través del internet titulado “LA INOCENCIA DE LOS ISLÁMICOS” que ha generado numerosas protestas en diversos países desde África hasta Asia y que ha provocado la muerte ya a varias personas, incluyendo al embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Libia, por considerar de que en dicho proyecto fílmico se ofende a la memoria de MAHOMA y por tanto a todos los musulmanes, provocando una gran “ENTIFADA” de estos religiosos en contra de los países y gobiernos del oeste.
En Berlín, grupo de extrema derecha han anunciado que presentarán la película a pesar de las consecuencias que la misma ya ha traído en diversos países, mientras las autoridades alemanas tratan de evitar dicha presentación por todos los medios.
El pasado día 11 del corriente mes también hubo grandes manifestaciones en la ciudad de Barcelona durante la celebración de la diada catalana, cuando el propio presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas i Gavarró, fue quien convocó a dichas manifestaciones con la finalidad de pedir públicamente la independencia para Cataluña de España.
Artur Más que preside la Junta del Gobierno Catalán desde el 2010 aprovecho la situación por la que actualmente atraviesa el país y además para junto a los nacionalistas catalanes pedir la separación de España, por considerar los momentos más apropiados.
Cataluña que por poseer grandes industrias siempre ha tenido una economía sólida, pero tiene que cargar con gran peso de las otras comunidades consideradas como muy pobres, ya que gran parte de los ingresos tienen que ser pasados a Madrid.
Sin embargo recientemente se difundió que económicamente no anda muy bien y que si se hace un rescate económico para España tendrán que tomar en cuenta y socorrer también a los catalanes por la merma en los negocios actuales, donde muchas de las pequeñas industrias han tenido que cerrar sus puertas en los últimos años.
Pedir por pedir pueden todos, ahora la última palabra la tiene Madrid y ni siquiera ha reaccionado ante tales peticiones.
Por último, Moscú también ha sido un punto central de manifestaciones, esta vez en contra del gobierno de Vladimir Putin, donde ayer se reunieron decenas de miles de manifestantes en contra de la política de mano dura del régimen y para pedir la excarcelación de todos los presos políticos, incluyendo a las tres integrantes del grupo musical “Pussy Riot” quienes se encuentran cumpliendo una condena de tres años por haber hecho una parodia contra el primer mandatario ruso en la catedral mocubista de la Iglesia Ortodoxa, entre otros.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!