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Otro exfuncionario de la PGR admite culpabilidad y asegura hacía todo por orden de Jean Alain.
Santo Domingo, R.D.-Quien fuera director administrativo de la Procuraduría General de la República, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, admitió su culpa en el caso Medusa y dijo que todo lo que hizo fue por instrucciones del ex-incumbente del cargo Jean Alain Rodríguez y de Rafael Canó Sacco, exjefe de Gabinete, quien está fuera del país y no está implicado en el caso.
Al admitir los hechos ante el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, indicó que se ampliará los detalles en el juicio de fondo.
“De la misma forma, ellos (Canó y Jean Alain Rodríguez), me instruían juntarme con los contratistas y empresas de alimentos y recoger el porciento acordado de las obras y alimentos para luego entregárselos en sus oficinas o casas. En tanto que otros se lo entregaban directamente a ellos. Se decían que estos fondos eran para formación y gastos del movimiento político Renovación”, dijo.
Jonathan Joel Rodríguez Imbert, expresó además que Rafael Canó y Jean Alain Rodríguez le dieron instrucciones de abrir y recolectar las informaciones de los “sobres de licitaciones” y dárselo a las personas que ellos indicaban para que estos fueran beneficiados en licitaciones en procesos, “se hacía uso de empresas, como Global Tours & Travel SRL y demás que eran del señor Alex Rojas, esta persona es de suma confianza de ellos”.
También indicó que cuando se necesitaban hacer compra de equipos, servicios y demás actividades, se iba a donde “él porque se necesitaba hacer eso de forma rápida y se evitaba hacer el proceso de compra, ejemplo de esto son los equipos de ADN, fiesta de Navidad, boletos aéreos, inauguraciones, entre otros”.
“Aunque se me había entregado un poder para firma por Jean Alain para contratos, asignaciones y demás dentro de la Procuraduría General de la República, todo tenía que venir por instrucciones de Rafael Canó y Jean Alain Rodríguez. Ejemplo de esto es los pagos a Fire Control Sistem, el cual en el documento está la firma del exprocurador, como también el pago a un local que se compró en la zona colonial, el cual yo estaba opuesto y buscaron, incluso un poder del consejo del Ministerio Público el cual me ordenaba hacer el pago del mismo”, dijo el exadministrador.
En tanto que su defensa, la abogada Ingrid Hidalgo, dijo que realizaba una “defensa positiva”, ya que no han llegado a acuerdo con el Ministerio Público, aunque no descarta que en el juicio de fondo puedan llegar a algún acuerdo con el órgano acusador.
Asimismo, solicitó un auto de apertura a juicio para que en ese proceso su cliente se someta a un contrainterrogatorio, careo con Jean Alain Rodríguez y Canó o “cualquier parte que quiera hacer”.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.