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El conflicto hídrico entre Haití y República no para el regreso a su tierra de miles de ciudadanos.
Por Efe
El regreso de miles de haitianos no se detiene como consecuencia del diferendo entre República Dominicana y su país, lo cual ha provocado que cada día sea más los nativos de la hermana nación que abandonan el territorio nacional, tras el presidente Luis Abinader disponer el cierre de todas las fronteras entre ambas naciones.
Dado que las fronteras -marítimas, aéreas y terrestres- están cerradas, los pasos limítrofes solo se abren para que los ciudadanos haitianos que residen, legal o ilegalmente, en República Dominicana regresen a su país, quienes, por lo general, llegan a esos puntos en autobuses de transporte privado.
Las autoridades dominicanas no han proporcionado hasta el momento cifras oficiales del éxodo, pero fuentes oficiosas señalaron a EFE que Dajabón está siendo el principal punto de salida desde que se decretó el bloqueo fronterizo.
El sábado, un día después de que empezara a aplicarse la medida, llegaron a salir unas 5.000 personas solo por ese paso -los de Elías Piña, Jimaní y Pedernales no están teniendo tanta afluencia- según las fuentes y, a partir de entonces, salen alrededor de 1.000 o 1.500 personas por día.
En circunstancias normales, no sería una cifra inusual, ya que en Dajabón hay un trasiego importante de gente que cruza la frontera desde Haití y regresa en el mismo día, pero en la actual situación se trata de personas que residen hace tiempo en República Dominicana y que vuelven a su país con todas sus pertenencias.
RETORNO VOLUNTARIO, PERO FORZADO
Desde primeras horas de la mañana, según pudo comprobar EFE, en una esquina del portón fronterizo se congregan inmigrantes, cargados con bultos de todo tipo, esperando las ocasionales aperturas de la frontera que, inicialmente, solo se producían dos veces al día, a las 12.00 y a las 4.00.
Dadas las aglomeraciones de personas que esperaban bajo un sol abrasador, incluidos niños de corta edad, las autoridades fronterizas decidieron abrir unos minutos cada vez que se juntan varias decenas de personas, los ordenan en fila y les permiten cruzar el puente sobre el río Masacre.
Muchos vuelven después de años viviendo en República Dominicana, forzados por las medidas derivadas del conflicto hídrico, como Clotilde, que ha residido en el país treinta años y se ganaba la vida con la venta ambulante, explicó a EFE.
«Yo ahora no puedo vender nada, por eso ahora voy para mi casa» en Haití. «Si las cosas están bien vuelvo, pero si no hay vida, me quedo», afirmó la mujer, una de las pocas personas que accedió a hacer declaraciones.
También hay quien abandona el país denunciando el hostigamiento que sienten como haitianos. Un hombre conocido como «el blanco», según dijo a EFE, relató con indignación que ha vivido en territorio dominicano desde 2009 y tenía una vida hecha.
«Pero ya me cansé. Ellos entraron a robar todo lo que yo tenía. A las 4.00 de la mañana se metieron a la casa a robar» todo lo que tenía valor. Al preguntarle quién fue, respondió: «Di que un grupo ladrón, di que Migración».
«Ya uno se cansó de ese grupo ladrón, maltratado uno que estaba», así que «me voy y me quedo en mi país que puedo alquilar una casa por un año y no va a venir nadie a revisar mi casa y abrir la puerta», agregó.
SIN CIFRAS OFICIALES
Además de aquellos que se marchan voluntariamente, están todos los ciudadanos haitianos en situación irregular que son deportados por la Dirección General de Migración (DGM), institución que de forma periódica suele informar del número de retornados forzosos que llevan a los pasos fronterizos en autobuses o camiones.
Sin embargo, no ha atendido las solicitudes de EFE para que facilite el cómputo de personas que han salido por la frontera domínico-haitiana desde la entrada en vigor del cierre, siendo la entidad responsable de manejar esas cifras.
El cierre fronterizo es solo una de las medidas dispuestas por Abinader ante la construcción del canal de riego. También ordenó suspender la emisión de visados a ciudadanos haitianos o la prohibición definitiva de entrada de «todos los involucrados en el conflicto».
Esas medidas se mantendrán mientras sigan los trabajos de construcción de la toma de agua, que sigue avanzando al otro lado del río Masacre, mientras el Gobierno haitiano afirma que nada puede hacer por detener las obras, que son de carácter privado y con las que no tiene nada que ver.
Asimismo, mantiene su apuesta por el diálogo para resolver el conflicto y defiende su derecho a hacer uso de las aguas del río en virtud del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929, texto en el que el Gobierno dominicano basa la supuesta ilegitimidad de las obras. (María Montecelos, Dajabón, República Dominicana, EFE)
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.