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Sucumbe otra vez el Ministerio Público con fallo a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
Santo Domingo, R.D.-Por no presentar pruebas que sirvieran para abrir un juicio por corrupción, la jueza Altagracia Ramirez emitió un no ha lugar en favor de los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, Gonzalo Castillo y Jose Ramon Peralta.
Sin embargo, la suerte no fue la misma para Donald Guerrero, ex exministro de Hacienda durante el gobierno de Danilo Medina, al no pudo esquivar el juicio de fondo y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para responder a los duros señalamientos del Ministerio Público.
Por otra parte, otros 28 imputados, entre estos el abogado Angel Lockward, del caso Calamar tendrán que ir también ante el tribuanl a responder en un juicio de fondo por los actos que les son imputados.
Con esta decisión judicial, se ordenó el cese definitivo de las medidas de coerción que pesaban sobre los encartados, así como el levantamiento de diversas oposiciones de carácter financiero e inmobiliario.
El tribunal dictaminó el no ha lugar y la consecuente exoneración de responsabilidad penal a los ciudadanos José Ramón Francisco de Jesús Peralta,
Gonzalo Castillo Terrero, Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.
En consecuencia, la magistrada ordenó el cese inmediato de todas las medidas de coerción de carácter personal que les habían sido impuestas, aclarando que en el caso del ciudadano Daniel Rosa Arias no le fueron impuestas medidas restrictivas en este dictamen.
En el aspecto civil, la decisión judicial dispone la exclusión total del proceso en calidad de terceros civilmente demandados de los siguientes ciudadanos y entidades jurídicas. César Emilio Rivas Martínez, José Martínez Quirico (y/o de Martínez),
Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de imposición de medidas de coerción reales (embargos y congelamiento de fondos) que había sido interpuesta.
Desde la tarde de este viernes se vivió un ambiente de intensa expectativa e incertidumbre en el salón de audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde los imputados del Caso Calamar, sus abogados y decenas de periodistas esperan el fallo, sus abogados y decenas de periodistas esperan la decisión que ya acumulaba horas de retraso.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, había convocado a las partes de manera formal para las 3:00 de la tarde para dar a conocer su decisión.
Sin embargo, pasadas las 6:00 de la tarde, la magistrada todavía se encuentra encerrada en su despacho de la segunda planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ponderando la decisión de si enviaba a juicio de fondo a los acusados del sonado caso.
Ante la larga espera, el escenario en el tribunal reflejaba el agotamiento y los nervios de los presentes. Mientras algunos implicados permanecian dentro de la sala de audiencias, otros, junto a sus consejos de defensa, caminan de un lado a otro por los pasillos del Palacio de Justicia, atentos a cualquier movimiento del personal del tribunal que anticipe la llegada de la jueza.
A medida que pasaban las horas de la noche, la expectativa crecía en el tribunal.
La magistrada Ramírez debía decidir si envíaba a juicio de fondo a los exministros Donald Guerrero (Hacienda), José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas), quienes encabezan la lista de los acusados en este presunto entramado de corrupción.
Junto a ellos, también esperan la resolución el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
El Ministerio Público acusa al grupo de delitos graves que incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña. Tanto el órgano acusador como los abogados del Estado dominicano han solicitado de manera formal un auto de apertura a juicio.
Por el contrario, los equipos de defensa han pedido al tribunal rechazar el pedimento del Ministerio Público y dictar, en su lugar, un auto de “no ha lugar”, alegando la inocencia de sus representados.
Cabe destacar que, más temprano, a las 9:00 de la mañana, estaba prevista la lectura de la decisión respecto al exsenador Rafael Porfirio Calderón, cuyo proceso había sido separado provisionalmente por motivos de salud. La lectura del fallo fue fijada para el 19 de junio.
Esta esperada resolución se produce tras más de cinco años desde que se iniciaron los primeros interrogatorios en febrero de 2021. A lo largo del proceso, las defensas han criticado duramente el caso, señalando que el expediente ha excedido de manera irrazonable los plazos de la ley y cuestionando la validez de los informes de la Unidad Antifraude de la Contraloría.
Santo Domingo.– Fue enviado hacia Venezuela por decision del presidente Luis Abinader un equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas para apoyar las labores humanitarias tras el devastador terremoto que afectó el hermano pais, el cual está coordinado por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa.
Esto como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, iniciativa humanitaria creada para brindar apoyo al pueblo venezolano tras el devastador terremoto que afectó esa nación.
La Operación Quisqueya Solidaria 2026 constituye la respuesta oficial del Estado dominicano para contribuir con las labores de búsqueda, rescate y atención de emergencias en territorio venezolano, reafirmando el compromiso histórico de la República Dominicana con la cooperación internacional, la solidaridad entre los pueblos y la asistencia humanitaria ante desastres naturales.
El equipo que partirá este jueves está integrado por especialistas altamente entrenados y certificados en operaciones de búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como en atención inicial de emergencias. El personal cuenta con modernos equipos técnicos y logísticos que le permitirán integrarse de inmediato a las operaciones coordinadas por las autoridades venezolanas.
La misión será ejecutada por el Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED), organismo creado mediante la Ley No. 28-24 como dependencia del Ministerio de Defensa, con la misión de desarrollar operaciones militares no bélicas orientadas a la mitigación de emergencias, la gestión del riesgo y la asistencia humanitaria tanto en el territorio nacional como en escenarios internacionales.
El ministro de Defensa destacó que la Operación Quisqueya Solidaria 2026 representa la vocación humanitaria de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y evidencia las capacidades desarrolladas por el país para responder de manera rápida y efectiva ante situaciones de emergencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
La República Dominicana mantiene estrecha coordinación con las autoridades venezolanas para garantizar el desarrollo seguro y oportuno de esta misión, reafirmando su compromiso con los principios de solidaridad, cooperación internacional y ayuda humanitaria que caracterizan la política exterior del Estado dominicano.
Santo Domingo, R.D.-Fue declarado de urgencia en la Cámara de Diputados en dos sesiones consecutivas un proyecto de ley que tiene el objetivo de designar con el nombre del expresidente Salvador Jorge Blanco una infraestructura vial en Santiago.
Se trata de la pieza conocida el pasado 17 de junio que tiene relación con la avenida Circunvalación Norte de Santiago de los Caballeros, situada en el municipio cabecera de la provincia Santiago.
Sin embargo, el contenido de la iniciativa, que deberá ser votada por el Senado de la República, desconoce que esa vía dispone de un nombre desde el año 2015, luego de que fuese promulgada la Ley 12-15 para decretar al empresario Luis Crouch Bogaert como referencia para esa estructura.
De ser votada por el Senado de la República y acogida por el presidente Luis Abinader, el Congreso Nacional entraría en la duplicación de una ley, ya que el texto del proyecto no deroga el marco legal antes mencionado, que identifica una parte de la Circunvalación Norte con el nombre de Luis Crouch Bogaert.
El tramo que sería designado con el nombre del exmandatario Salvador Jorge Blanco inicia en la autopista Juan Pablo Duarte, desde el cruce de Canabacoa, hasta la autopista Joaquín Balaguer, próximo al municipio de Villa González.
El mismo que en la actualidad es identificado, según la Ley 12-15, como Luis Crouch Bogaert.
De acuerdo con el Manual de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, los congresistas deben consultar el Sistema de Información Legislativa (SIL), la Gaceta Oficial del Poder Ejecutivo, donde está el banco de leyes promulgadas, entre otras fuentes, antes de elaborar un proyecto de ley.
Precisamente, los marcos jurídicos señalados en la sección de vistas son las referencias legales que el legislador debe colocar como resultado de ese proceso de investigación previa, en el cual debe confirmar también si existe alguna regulación vinculada con su objetivo.
“Los antecedentes que deben investigarse son: Normas vigentes, instrumentos internacionales ratificados, leyes… Es preciso analizar estos antecedentes a fin de evitar crear disposiciones innecesarias que duplican otras o que interfieren con ellas, lo que finalmente afecta la seguridad jurídica”, versa uno de los mandatos del libro de orientación utilizado por los órganos legislativos.
“En República Dominicana se emplea el término duplicidad para aludir a este fenómeno que, al igual que la contaminación legislativa, afecta la seguridad jurídica”, indica el Manual.
Es por esta razón que el marco regulatorio interno de los diputados impone que deben realizarse “derogaciones expresas, para contribuir a determinar con precisión el estado en el que queda la legislación existente a partir de la nueva norma”.
“No basta con la máxima de que la ley posterior deroga la ley anterior, las derogaciones o modificaciones deben indicarse”, precisa el Manual.
Santo Domingo, R.D.-Hasta el momento cinco dominicanos residentes en Venezuela han sido afectados por los terremotos que han afectado esa nacion, según lo informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).
informó que hasta el momento tienen un registro de cinco dominicanos residentes en Venezuela que han sido afectados por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 la tarde del miércoles.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Cancillería expresó del grupo de cinco, “tres han logrado establecer comunicación y se encuentran con vida, mientras se continúa dando seguimiento a los demás casos reportados”.
De acuerdo al “Informe del Registro Sociodemográfico” del año 2024, en Venezuela residen 11,399 dominicanos.
La Cancillería dominicana también recordó que desde el 30 de julio de 2024, el Reino de España representa los intereses de República Dominicana en Venezuela, por lo que en caso de emergencia los dominicanos pueden llamar las 24 horas al número +58 424 209 0264.
Asimismo, el MIREX mantiene habilitados sus canales de asistencia desde Santo Domingo, a través del teléfono (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100, así como del correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do.
Por razones de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda a los ciudadanos dominicanos abstenerse de viajar a Venezuela hasta tanto las condiciones lo permitan y las autoridades competentes indiquen que es seguro hacerlo.