Santo Domingo, R.D.-Por no presentar pruebas que sirvieran para abrir un juicio por corrupción, la jueza Altagracia Ramirez emitió un no ha lugar en favor de los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, Gonzalo Castillo y Jose Ramon Peralta.
Ambos exfuncionarios respiran libres tras defender a capa y espada que sus gestiones fueron transparentes y que el caso era puro “aire”.
Sin embargo, la suerte no fue la misma para Donald Guerrero, ex exministro de Hacienda durante el gobierno de Danilo Medina, al no pudo esquivar el juicio de fondo y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para responder a los duros señalamientos del Ministerio Público.
Ante esto, la barra de la defensa de Guerrero cuestionó la legalidad del proceso, argumentando que las pruebas de la Contraloría General poseen vicios de origen, y que la acción penal contra su cliente ya se encuentra prescrita.
Por otra parte, otros 28 imputados, entre estos el abogado Angel Lockward, del caso Calamar tendrán que ir también ante el tribuanl a responder en un juicio de fondo por los actos que les son imputados.
Con esta decisión judicial, se ordenó el cese definitivo de las medidas de coerción que pesaban sobre los encartados, así como el levantamiento de diversas oposiciones de carácter financiero e inmobiliario.
El tribunal dictaminó el no ha lugar y la consecuente exoneración de responsabilidad penal a los ciudadanos José Ramón Francisco de Jesús Peralta,
Gonzalo Castillo Terrero, Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.
De acuerdo con la resolución del tribunal, las pruebas aportadas por la parte acusadora resultaron insuficientes para dictar un auto de apertura a juicio en contra de los imputados mencionados.
En consecuencia, la magistrada ordenó el cese inmediato de todas las medidas de coerción de carácter personal que les habían sido impuestas, aclarando que en el caso del ciudadano Daniel Rosa Arias no le fueron impuestas medidas restrictivas en este dictamen.
En el aspecto civil, la decisión judicial dispone la exclusión total del proceso en calidad de terceros civilmente demandados de los siguientes ciudadanos y entidades jurídicas. César Emilio Rivas Martínez, José Martínez Quirico (y/o de Martínez),
Emilio Manuel, la razón social Alexis Rodríguez y Asociados (Firma de Abogados Asociados).
Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de imposición de medidas de coerción reales (embargos y congelamiento de fondos) que había sido interpuesta.
Desde la tarde de este viernes se vivió un ambiente de intensa expectativa e incertidumbre en el salón de audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde los imputados del Caso Calamar, sus abogados y decenas de periodistas esperan el fallo, sus abogados y decenas de periodistas esperan la decisión que ya acumulaba horas de retraso.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, había convocado a las partes de manera formal para las 3:00 de la tarde para dar a conocer su decisión.
Sin embargo, pasadas las 6:00 de la tarde, la magistrada todavía se encuentra encerrada en su despacho de la segunda planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ponderando la decisión de si enviaba a juicio de fondo a los acusados del sonado caso.
Ante la larga espera, el escenario en el tribunal reflejaba el agotamiento y los nervios de los presentes. Mientras algunos implicados permanecian dentro de la sala de audiencias, otros, junto a sus consejos de defensa, caminan de un lado a otro por los pasillos del Palacio de Justicia, atentos a cualquier movimiento del personal del tribunal que anticipe la llegada de la jueza.
A medida que pasaban las horas de la noche, la expectativa crecía en el tribunal.
La magistrada Ramírez debía decidir si envíaba a juicio de fondo a los exministros Donald Guerrero (Hacienda), José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas), quienes encabezan la lista de los acusados en este presunto entramado de corrupción.
Junto a ellos, también esperan la resolución el excontralor general de la República, Daniel OmarCaamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
El Ministerio Público acusa al grupo de delitos graves que incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña. Tanto el órgano acusador como los abogados del Estado dominicano han solicitado de manera formal un auto de apertura a juicio.
Por el contrario, los equipos de defensa han pedido al tribunal rechazar el pedimento del Ministerio Público y dictar, en su lugar, un auto de “no ha lugar”, alegando la inocencia de sus representados.
Cabe destacar que, más temprano, a las 9:00 de la mañana, estaba prevista la lectura de la decisión respecto al exsenador Rafael Porfirio Calderón, cuyo proceso había sido separado provisionalmente por motivos de salud. La lectura del fallo fue fijada para el 19 de junio.
Esta esperada resolución se produce tras más de cinco años desde que se iniciaron los primeros interrogatorios en febrero de 2021. A lo largo del proceso, las defensas han criticado duramente el caso, señalando que el expediente ha excedido de manera irrazonable los plazos de la ley y cuestionando la validez de los informes de la Unidad Antifraude de la Contraloría.
Santo Domingo.- Una cierta preocupacion en la sociedad civil ha creado la renuncia de la jueza María Garabito a postularse para mantener su cargo en la Suprema Corte de Justicia, lo que a pesar de que abre una tercera plaza para un nuevo aspirante, pero que causa mucha atencion el poco interes de someterse a la evaluación en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Que ya sumen tres los jueces que decidieron salir del Poder Judicial genera preocupación entre representantes de la sociedad civil.
Desde Participación Ciudadana se cuestionan las razones de las decisiones del presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, y las juezas Nancy Salcedo y María Garabito, aunque otras organizaciones consideran que solo es el cierre de una larga carrera judicial.
Asimismo, el presidente del Senado, como miembro del Consejo, aseguró que las decisiones de los magistrados de la alta corte son únicamente por motivos personales.
Con el retiro voluntario de Garabito, la magistrada marca el cierre de una destacada trayectoria de más de 38 años dedicada a la administración de justicia.
Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura deberá cubrir tres vacantes, además de desarrollar el proceso de evaluación de los demás jueces.
Fue revocado este jueves por la Segunda Sala de la Corte Penal el auto de no ha lugar que favoreció a Jean André Pumarol Fernández, por lo que enfrentará un juicio de fondo por el ataque con arma blanca a sus vecinos y en cuya agresión falleció una mujer de 70 años.
Los jueces del tribunal de segundo grado, presidido por Ysis Muñiz Almonte e integrado por Teófilo Andújar y Luis Jiménez, también dictaron prisión preventiva de tres meses a Pumarol Fernández, a ser cumplida en el centro de Anamuya, en Higüey.
El magistrado Andújar emitió un fallo observado, que quiere decir que está de acuerdo con la decisión, pero no con la motivación.
El procesado no se encontraba en audiencia, como el pasado 23 de julio, cuando se aplazó la decisión de la corte.
El fallo deja sin efecto el emitido por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien rechazó enviar a juicio de fondo al acusado, al argumentar el magistrado que al momento de herir de gravedad a las víctimas este estaba bajo un cuadro sicótico.
Pumarol atacó a las víctimas el miércoles 23 de julio de 2025, alrededor de las 4:00 de la tarde, en el Condominio Naco Dorado IV, agresión que dejó como resultado la muerte de Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, dentro de su apartamento, al cual el victimario tocó y se le abrió la puerta.
También causó lesiones al menos cinco personas, entre ellas a su padre, y a la doméstica de la víctima.
Santo Dpmingo, R.D.-El primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, el juez Manuel Herrera Carbuccia, presentó su renuncia como magistrado de esa alta corte.
La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al mandatarioLuis Abinader, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Con esta dimisión, ya suman cuatro los jueces que han declinado participar en el proceso de evaluación establecida por la ley para determinar su continuación o remoción de la alta corte.
Herrera Carbuccia, quien finaliza un ciclo de 14 años en el Poder Judicial, expresa en su misiva recibida este miércoles por la Secretaría del CNM.
Entre el lunes y ayer comunicaron también su decisión a no continuar en la alta corte el actual presidente Luis Henry Molina, Nancy Salcedo y María Garabito Ramírez.