Santo Domingo, RD.-Días después de que la Procuraduría informara la detención del general Adán Cáceres y a sus relacionados, a quienes se les imputa montar una la red de corrupción y lavado de activos en perjuicio del Estado que superaría los 3,000 millones de pesos, un amigo me pidió mi opinión sobre las consecuencias de ese expediente.Nacionales
Faltan actores clave en red de corrupción y lavado de activos
Santo Domingo, RD.-Días después de que la Procuraduría informara la detención del general Adán Cáceres y a sus relacionados, a quienes se les imputa montar una la red de corrupción y lavado de activos en perjuicio del Estado que superaría los 3,000 millones de pesos, un amigo me pidió mi opinión sobre las consecuencias de ese expediente.“Me extrañaría mucho que en ese caso se llegue al fondo”, respondí al amigo, para hoy dar más argumentos sobre mi desconfianza en la justicia dominicana y del pragmatismo de las autoridades norteamericanas que ayer, hoy y siempre se ofrecen para dar apoyo al “gobierno” en la “lucha contra la corrupción”.
Los norteamericanos saben de la A a la Z qué hizo la Odebrecht y con quiénes en República Dominicana, al igual que la compra de aviones Tucano, entre otros escándalos de corrupción, pero hasta ahora solo han usado esa información para ejercer presiones políticas y obtener respaldo a sus políticas hemisféricas, jamás para contribuir a erradicar el robo del patrimonio.
Son selectivos
Si el militar Cáceres y sus asociados son hallados culpables de robar fondos públicos y para justificarlos incurrieron en lavado de activos, sería la primera condena de esta magnitud en el país y tendría que golpear a quienes crearon la red y a los que prestaron el sistema financiero para el lavado.
El exfiscal y dirigente del partido Alianza País, doctor Guillermo Moreno, tiene meses publicando en su columna semanal en el periódico Diario Libre el rosario de denuncias y querellas sobre corrupción que ha sucumbido en su intento de hacer justicia por dos razones determinantes: los fiscales les restan méritos y obstruyen la investigación, o los jueces las desestiman. Hay casos de los recordados por Moreno que son emblemáticos y elocuentes porque resulta que representantes del ministerio público que se negaron a investigar querellas y a poner expedientes en manos de la justicia, hoy hablan con una seguridad como si vivieran en Francia.
Es el caso de la fiscal Yeni Berenice Reynoso, una de las investigadoras de los casos de corrupción del presente.
¿Ya hay tipificación?
Cuando Moreno le entregó a la entonces procuradora del Distrito Nacional (Yeni Berenice Reynoso)una querella en el año 2013 acusando de corrupción y lavado de activos a un expresidente de la República, ella misma lo desestimó el 25 de mayo de ese año y dispuso el archivo definitivo “por la deficiencia del sistema legislativo dominicano. En lo que respecta al tema en cuestión (corrupción), no es posible imputar determinadas conductas”, dijo entonces.
¡Ah caramba! Hace ocho años Reynoso se encontró con que “la falta de tipificación de las acciones impide que el ministerio público pueda actuar” cuando le llegó a su mano un expediente con acusaciones directas.
Uno se pregunta ahora… ¿ya hay tipificación de las acciones de corrupción y es posible investigar y acusar desde el mismo ministerio público?
Si es así, en el país hay una gran esperanza porque desde que la extinta expresidente de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte, en agosto de 2013 declarara que “con los recursos que se distraen a través de las distintas instancias del Estado, se podrían hacer dos República Dominicana”, ningún fiscal se dio por aludido ni ha hecho nada contra la corrupción.
Escándalos sin sanción
En plena vigencia de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del narcotráfico, la selectividad del ministerio público para investigar y acusar, y de los jueces para condenar, quedó en evidencia con dos casos que ocurrieron al mismo tiempo.
En el año 2009 las autoridades detuvieron a Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo) acusado de operar negocios de drogas y le incautaron más de 50 millones de pesos que estaría movilizando en casas de cambio y financieras.
Aparte del juicio al acusado de narcotráfico, por la aplicación de la Ley de Lavado de Activos, siete financieras o casas de cambio fueron multadas y cerradas por la Superintendencia de Bancos.
Pocos meses después, el 2 de marzo de 2010, el español Arturo del Tiempo Marqués fue detenido en Barcelona, España, por llevar desde aquí más de 1,000 kilos de cocaína en una carga de baldosas.
Resultó que Del Tiempo era un desconocido en España, pero se había radicado en el país cinco años antes y había echado tantas raíces que para su Torre Atiemar obtuvo un préstamo cercano a los 15 millones de dólares en el banco comercial más grande del país.
Del Tiempo fue condenado en España por narcotráfico, pero aquí el ministerio público no solo no hizo nada para investigar el grueso lavado de activos, sino que el principal socio del narcotraficante, el colombiano Germán Eduardo Duque García, fue apresado y poco tiempo después sacado de la cárcel con una fianza y salió del país cerrando un expediente cimero de la peor impunidad.
La Ley 72-02 sirvió para “hacer justicia” contra un narcotraficante dominicano que acumuló 50 millones de pesos en una financiera que terminó cerrada, pero nada hizo para investigar un préstamo de más de 500 millones de pesos que violó abiertamente el artículo 38 de esa ley que obligaba al banco a asegurarse de identificar tanto al negociante como la procedencia lícita de los fondos con que iba a pagar.
Ahora la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en su artículo 32, identifica claramente en su primer acápite a “las entidades de intermediación financiera” y a las inmobiliarias y los profesionales liberales, entre otros, como sujetos obligados del cumplimiento de la ley.
Si los fiscales no les encuentran al militar Cáceres y a su “red de corrupción y lavado de activos” los fondos debajo del colchón, se supone que junto a estos primeros apresados caerán los ejecutivos bancarios, inmobiliarios y profesionales liberales que facilitaron sus servicios para que se consumara el lavado de activos.
Ahí es que están mis dudas. ¿Se atreve este ministerio público a someter a la justicia a los lavadores de dinero robado al Estado dejando fuera a las lavanderías que según la ley están obligadas a identificar operaciones sospechosas y depósitos injustificados?
Si estos militares y civiles son condenados por lavado y los bancos e inmobiliarias donde invirtieron el dinero no son enjuiciados, el país vivirá otra entrega de la comedia de “lucha contra la corrupción” a la que nos tienen acostumbrados.
¡Y no haréis justicia!
Nacionales
Aprueban en el Senado resolución solicita inspección técnica anual a los vehículos de motor
Santo Domingo. -En única lectura fue aprobado en el Senado de la República la resolución que solicita al director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison Ramírez, disponer la inspección técnica anual de los vehículos de motor, según dispone la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
La iniciativa legislativa presentada por el senador Antonio Marte, en su considerando 5to solicita el retiro paulatino de las unidades de transporte terrestre, chatarras o vehículo en mal estado y la creación y el cumplimiento del cronograma de reemplazo de las unidades de transporte terrestre del servicio público de pasajeros, se debe ordenar con alta prioridad, la aplicación en todo el territorio nacional de la Inspección Técnica Vehicular, de manera inmediata y el cumplimiento de las normativas emitidas por el Intrant.
reglas técnicas
Además, establece que las reglas técnicas para comprobar el correcto funcionamiento de los vehículos de motor que transiten por las vías públicas en la República Dominicana, deben cumplir fielmente con las normas de seguridad vial y de protección ambiental.
Durante los trabajos de este martes, el Pleno sancionó en única lectura la resolución que otorga un reconocimiento póstumo a María Antonia Sosa (Nena), por sus valiosos aportes en su larga y fecunda trayectoria profesional y académica durante más de 40 años, en beneficio de la nación dominicana, iniciativa presentada por el senador Antonio Marte.
También se aprobo un informe favorable, presentado por el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Pedro Catrain, sobre el Acuerdo del instrumento de suscripción de 5,927 acciones de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del grupo del Banco Mundial, en los términos y condiciones establecidos en las resoluciones de la Junta de Gobernadores, iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.
Otros Renocimientos
Otra iniciativa aprobada fue la resolución que reconoce al educador Wellington Lewis Anderson, por su gran trayectoria y exitosa carrera profesional, académica, social y sus grandes aportes en beneficio de la educación, una propuesta del senador Alexis Victoria.
Los senadores aprobaron, además, la resolución que solicita al presidente Luis Abinader que instruya al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Jesús Feliz García, para la instalación de una extensión del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en la provincia de la Altagracia, esta pieza legislativa se presento por el senador de la Altagracia, Rafael Duluc Rijo.
Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, juramentó a los nuevos viceministros de esta institución. María del Pilar Cañas López asume como viceministra de Relaciones Institucionales; Alexis Isaac Jiménez González, como viceministro de Desarrollo Social; Edgar de Jesús Batista Carrasco, ocupará el Viceministerio de Agenda Digital y Roger Pujols, será viceministro de Proyectos Especiales, designados por el presidente Luis Abinader.
Con estas designaciones, mediante el Decreto 565-24 se dejan sin efecto los nombramientos anteriores. Asimismo, el citado decreto modifica el artículo 3 del Decreto 405-24 para nombrar a Luis Gregorio Madera Sued como viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental. De este modo se reajusta la visión y el propósito de este viceministerio para coordinar y dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas en las distintas áreas del Gobierno. Por su parte, Camel Curi permanece a cargo del Viceministerio de Proyectos de Inversión.
Las nuevas autoridades apoyarán al ministro Paliza en la ejecución de la agenda gubernamental. Esta agenda tiene como objetivo fortalecer las políticas de desarrollo, impulsar la modernización digital y mejorar la coordinación entre las distintas instancias del Estado. “Con estas designaciones, el Ministerio de la Presidencia refuerza su equipo de trabajo, consolidando su capacidad para enfrentar los desafíos actuales y futuros del país”, afirmó el ministro.
Perfiles de los viceministros
María del Pilar Cañas López, viceministra de Relaciones Institucionales, profesionalmente ejerce la abogacia con maestrías en Economía Aplicada y Finanzas Corporativas. Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito legal y en la gestión de políticas públicas, así como en la promoción de relaciones interinstitucionales efectivas.
Alexis Isaac Jiménez González, viceministro de Desarrollo Social, se graduó de abogado con maestría en Derecho Procesal Constitucional. Con más de una década como legislador en la Cámara de Diputados, se ha destacado por liderar iniciativas con enfoque en la inclusión y el desarrollo comunitario.
Edgar de Jesús Batista Carrasco, viceministro de Agenda Digital, tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia en la gestión de tecnologías de la información. Es ingeniero en Informática con una maestría en Relaciones Internacionales. Obtuvo el reconocimiento de Nortic de Oro 2022, otorgado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic). Este merito se obtuvo por su gestión en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Roger Pujols, viceministro de Proyectos Especiales, se desarrolla como licenciado en Derecho. Ademas, tiene maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y en Ciencias Políticas. Estas se llevaron a cabo en las distinguidas universidades de Derecho en New York University y Georgetown University. Es autor de varios libros y se desempeñó como director jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia.
Sobre el Minpre
El Ministerio de la Presidencia es la institución responsable de auxiliar al primer mandatario en la ejecución de la agenda gubernamental. Esto se hace para lograr la ejecucion del programa de Gobierno y la implementación de las políticas públicas priorizadas. Esto se lleva a cabo mediante el ejercicio de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros y la coordinación con los distintos estamentos del Estado. En virtud de esto, esta practica garantiza el ejercicio transparente, eficaz y eficiente de la Administración pública, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
SANTO DOMINGO.- Un bajo nivel de cumplimiento en la implementación de los componentes claves para la modernización y gestión de la red semafórica reveló una auditoría realizada al contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Transcore Latam S.R.L.
Los principales implicados en esta imputación enfrentan acusaciones de corrupción administrativa, desfalco, estafa al Estado, asociación de malhechores, y sabotaje a la red semafórica, entre otros delitos graves. Estos cargos están respaldados por diversas disposiciones legales, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, la Ley 53-07 de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
El contrato, que recientemente fue terminado por el INTRANT a través de la Resolución Núm. 12-2024, incluía una serie de especificaciones y requerimientos que, según el informe de la auditoría, no fueron completados o se realizaron con deficiencias significativas.
Principales Irregularidades Detectadas
Hardware de Hiperconvergencia: La auditoría señala que no se cuenta con el hardware adecuado en el Data Center del INTRANT para soportar el software de control de tráfico avanzado, lo cual representa un 0% de ejecución en esta área.
Fibra Óptica: Se alcanzó solo un 40% de cumplimiento en la instalación de fibra óptica. La mayoría de los reguladores no han sido reemplazados ni cuentan con el soporte adecuado para la integración con la fibra.
Reguladores Semafóricos: De los 335 reguladores contratados, solo se han instalado 80, y varios de ellos no cumplen con las especificaciones establecidas en el contrato.
Semáforos: De los 1,550 semáforos contratados, se han instalado solo 1,172. La auditoría también reporta que un 20% de los semáforos peatonales estaba apagado al momento de la inspección.
Software ATMS: La empresa no cuenta con un sistema de administración de tráfico avanzado certificado. En su lugar, Transcore emplea un software limitado que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
Cámaras de Recolección de Tráfico: Aunque se instalaron 1,245 de 1,340 cámaras, el 70% de estas no está adecuadamente conectada a la red, lo que limita su funcionalidad y efectividad.
UPS y Respaldo de Energía: De los sistemas de respaldo requeridos para soportar el funcionamiento continuo de los semáforos y cámaras, solo el 15% de los UPS cumplen con las especificaciones del contrato.
Recomendaciones de la Auditoría
Dada la falta de cumplimiento, la auditoría recomienda resolver el contrato y convocar una nueva licitación, priorizando la selección de consorcios que cumplan con altos estándares internacionales. Asimismo, se sugiere que la base de datos semafórica y de movilidad esté bajo el control exclusivo del INTRANT para garantizar la seguridad nacional.
Este informe de cumplimiento insuficiente y las numerosas irregularidades detectadas motivaron al INTRANT a terminar el contrato con Transcore Latam.