Santo Domingo, RD.-Días después de que la Procuraduría informara la detención del general Adán Cáceres y a sus relacionados, a quienes se les imputa montar una la red de corrupción y lavado de activos en perjuicio del Estado que superaría los 3,000 millones de pesos, un amigo me pidió mi opinión sobre las consecuencias de ese expediente.Nacionales
Faltan actores clave en red de corrupción y lavado de activos
Santo Domingo, RD.-Días después de que la Procuraduría informara la detención del general Adán Cáceres y a sus relacionados, a quienes se les imputa montar una la red de corrupción y lavado de activos en perjuicio del Estado que superaría los 3,000 millones de pesos, un amigo me pidió mi opinión sobre las consecuencias de ese expediente.“Me extrañaría mucho que en ese caso se llegue al fondo”, respondí al amigo, para hoy dar más argumentos sobre mi desconfianza en la justicia dominicana y del pragmatismo de las autoridades norteamericanas que ayer, hoy y siempre se ofrecen para dar apoyo al “gobierno” en la “lucha contra la corrupción”.
Los norteamericanos saben de la A a la Z qué hizo la Odebrecht y con quiénes en República Dominicana, al igual que la compra de aviones Tucano, entre otros escándalos de corrupción, pero hasta ahora solo han usado esa información para ejercer presiones políticas y obtener respaldo a sus políticas hemisféricas, jamás para contribuir a erradicar el robo del patrimonio.
Son selectivos
Si el militar Cáceres y sus asociados son hallados culpables de robar fondos públicos y para justificarlos incurrieron en lavado de activos, sería la primera condena de esta magnitud en el país y tendría que golpear a quienes crearon la red y a los que prestaron el sistema financiero para el lavado.
El exfiscal y dirigente del partido Alianza País, doctor Guillermo Moreno, tiene meses publicando en su columna semanal en el periódico Diario Libre el rosario de denuncias y querellas sobre corrupción que ha sucumbido en su intento de hacer justicia por dos razones determinantes: los fiscales les restan méritos y obstruyen la investigación, o los jueces las desestiman. Hay casos de los recordados por Moreno que son emblemáticos y elocuentes porque resulta que representantes del ministerio público que se negaron a investigar querellas y a poner expedientes en manos de la justicia, hoy hablan con una seguridad como si vivieran en Francia.
Es el caso de la fiscal Yeni Berenice Reynoso, una de las investigadoras de los casos de corrupción del presente.
¿Ya hay tipificación?
Cuando Moreno le entregó a la entonces procuradora del Distrito Nacional (Yeni Berenice Reynoso)una querella en el año 2013 acusando de corrupción y lavado de activos a un expresidente de la República, ella misma lo desestimó el 25 de mayo de ese año y dispuso el archivo definitivo “por la deficiencia del sistema legislativo dominicano. En lo que respecta al tema en cuestión (corrupción), no es posible imputar determinadas conductas”, dijo entonces.
¡Ah caramba! Hace ocho años Reynoso se encontró con que “la falta de tipificación de las acciones impide que el ministerio público pueda actuar” cuando le llegó a su mano un expediente con acusaciones directas.
Uno se pregunta ahora… ¿ya hay tipificación de las acciones de corrupción y es posible investigar y acusar desde el mismo ministerio público?
Si es así, en el país hay una gran esperanza porque desde que la extinta expresidente de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte, en agosto de 2013 declarara que “con los recursos que se distraen a través de las distintas instancias del Estado, se podrían hacer dos República Dominicana”, ningún fiscal se dio por aludido ni ha hecho nada contra la corrupción.
Escándalos sin sanción
En plena vigencia de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del narcotráfico, la selectividad del ministerio público para investigar y acusar, y de los jueces para condenar, quedó en evidencia con dos casos que ocurrieron al mismo tiempo.
En el año 2009 las autoridades detuvieron a Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo) acusado de operar negocios de drogas y le incautaron más de 50 millones de pesos que estaría movilizando en casas de cambio y financieras.
Aparte del juicio al acusado de narcotráfico, por la aplicación de la Ley de Lavado de Activos, siete financieras o casas de cambio fueron multadas y cerradas por la Superintendencia de Bancos.
Pocos meses después, el 2 de marzo de 2010, el español Arturo del Tiempo Marqués fue detenido en Barcelona, España, por llevar desde aquí más de 1,000 kilos de cocaína en una carga de baldosas.
Resultó que Del Tiempo era un desconocido en España, pero se había radicado en el país cinco años antes y había echado tantas raíces que para su Torre Atiemar obtuvo un préstamo cercano a los 15 millones de dólares en el banco comercial más grande del país.
Del Tiempo fue condenado en España por narcotráfico, pero aquí el ministerio público no solo no hizo nada para investigar el grueso lavado de activos, sino que el principal socio del narcotraficante, el colombiano Germán Eduardo Duque García, fue apresado y poco tiempo después sacado de la cárcel con una fianza y salió del país cerrando un expediente cimero de la peor impunidad.
La Ley 72-02 sirvió para “hacer justicia” contra un narcotraficante dominicano que acumuló 50 millones de pesos en una financiera que terminó cerrada, pero nada hizo para investigar un préstamo de más de 500 millones de pesos que violó abiertamente el artículo 38 de esa ley que obligaba al banco a asegurarse de identificar tanto al negociante como la procedencia lícita de los fondos con que iba a pagar.
Ahora la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en su artículo 32, identifica claramente en su primer acápite a “las entidades de intermediación financiera” y a las inmobiliarias y los profesionales liberales, entre otros, como sujetos obligados del cumplimiento de la ley.
Si los fiscales no les encuentran al militar Cáceres y a su “red de corrupción y lavado de activos” los fondos debajo del colchón, se supone que junto a estos primeros apresados caerán los ejecutivos bancarios, inmobiliarios y profesionales liberales que facilitaron sus servicios para que se consumara el lavado de activos.
Ahí es que están mis dudas. ¿Se atreve este ministerio público a someter a la justicia a los lavadores de dinero robado al Estado dejando fuera a las lavanderías que según la ley están obligadas a identificar operaciones sospechosas y depósitos injustificados?
Si estos militares y civiles son condenados por lavado y los bancos e inmobiliarias donde invirtieron el dinero no son enjuiciados, el país vivirá otra entrega de la comedia de “lucha contra la corrupción” a la que nos tienen acostumbrados.
¡Y no haréis justicia!
Nacionales
Rodríguez García pone la persecución de prófugos entre las prioridades de la Policía Nacional
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Una lista de prófugos bajo seguimiento
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Actuación policial y derechos humanos
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
Seguridad sin apartarse de la legalidad
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.
El movimiento ocurrió a las 5:49 de la tarde y fue sentido en Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras localidades; hasta el momento no se reportan daños
Santo Domingo, República Dominicana.– Un fuerte temblor de tierra volvió a sentirse este domingo en distintos puntos de República Dominicana, provocando alarma entre residentes y la evacuación preventiva de algunos edificios y actividades públicas.
El movimiento ocurrió aproximadamente a las 5:49 de la tarde y fue percibido en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras zonas del país.
Los primeros reportes situaron la magnitud en 5.5, aunque las mediciones fueron ajustadas posteriormente por diferentes organismos especializados.
El Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó más tarde una magnitud de 5.6, con una profundidad estimada de 113 kilómetros y localización a unos 8.5 kilómetros al este-noreste de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís.
Otros registros internacionales actualizaron el evento con valores distintos, algo habitual mientras se revisan los parámetros de un sismo.
Movimiento fue sentido a gran distancia
La profundidad del temblor contribuyó a que fuera percibido en una amplia parte del territorio nacional.
En Santo Domingo, algunas personas abandonaron temporalmente edificios y establecimientos comerciales como medida de precaución.
También fueron evacuados momentáneamente visitantes y participantes de la Feria del Libro, en la Plaza de la Cultura.
Hasta las últimas informaciones disponibles, no se habían reportado personas heridas ni daños estructurales de consideración.
Fue el segundo sismo sentido este domingo
Horas antes, alrededor de las 6:06 de la mañana, otro movimiento telúrico había sido registrado en territorio dominicano.
Ese primer evento fue reportado con magnitud aproximada de 4.1 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros.
El director del Instituto Sismológico de la UASD explicó que durante la jornada se habían registrado varios eventos y relacionó esa actividad con la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.
Autoridades mantienen vigilancia
Los organismos especializados continúan revisando los parámetros del movimiento y monitoreando cualquier actividad sísmica posterior.
Las diferencias entre las magnitudes divulgadas inicialmente responden a los ajustes que realizan las redes sismológicas a medida que reciben y procesan información procedente de más estaciones.
Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, revisar las condiciones de sus viviendas y seguir únicamente las informaciones emitidas por organismos oficiales ante cualquier nuevo movimiento.
Nacionales
Ministerio Público sostiene que asalto contra Julián Oro Duro fue preparado con un mes de anticipación
La acusación asegura que hubo reuniones previas, información interna sobre la vivienda y posterior distribución del dinero y las prendas sustraídas
Por Carlos Baret
Santo Domingo, República Dominicana.– El asalto ocurrido en la residencia del artista Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, no habría sido improvisado. Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los cuatro imputados habrían organizado el hecho aproximadamente un mes antes de ejecutarlo.
El expediente atribuye participación en la planificación y ejecución a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Yandel; Lawrence Mark Liranzo Marcos, conocido como Chiquito; Juan Carlos Hernández García, alias Juan Carlos Peña, y Phillips Michael Tejada Vásquez.
El caso está relacionado con la muerte de Zeneida Socorro Castillo, las lesiones sufridas por Julián Oro Duro y la sustracción de dinero, joyas y otras pertenencias de la residencia.
Para sustentar su teoría, el órgano acusador señala que cuenta con grabaciones de cámaras de vigilancia, recuperación de bienes sustraídos, evidencias materiales, movimientos posteriores del dinero y registros de reuniones que presuntamente se produjeron antes del asalto.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la supuesta participación de Phillips Michael Tejada Vásquez, a quien el Ministerio Público atribuye haber proporcionado información sobre la vivienda y sus ocupantes.
Las autoridades consideran que esos elementos permiten sostener, en esta fase inicial del proceso, que existió una planificación previa entre los involucrados.
Declaración de “Yandel” forma parte del expediente
La solicitud de coerción también recoge declaraciones atribuidas a Kevin Dariel Germán Troncoso luego de entregarse a las autoridades.
Según el Ministerio Público, Yandel identificó a Lawrence Mark Liranzo Marcos como la persona que lo acompañó y habría señalado que el hecho había sido coordinado previamente con Tejada Vásquez y Juan Carlos Hernández García.
Esa declaración forma parte de los elementos utilizados por la acusación para vincular a los cuatro hombres, aunque deberá ser debatida junto a las demás pruebas durante el proceso judicial.
Madre de la víctima habría sido llevada a una habitación
El expediente reconstruye además parte de lo que, según los investigadores, ocurrió dentro de la vivienda.
La acusación sostiene que Yandel condujo a Sara Castillo Martínez, de 97 años y madre de Zeneida Socorro Castillo, hacia una de las habitaciones, mientras Chiquito habría recorrido diferentes áreas de la residencia buscando dinero, joyas y otros objetos de valor.
El Ministerio Público atribuye a los asaltantes la sustracción de US$50,000 en efectivo, además de prendas de oro y otros bienes.
Según la investigación, Julián Oro Duro llegó a la vivienda aproximadamente a las 11:50 de la noche.
La acusación sostiene que, al entrar, fue atacado con una escultura de madera y un jarrón, recibiendo varios golpes en la cabeza y el rostro.
Luego habría sido despojado de una cadena de oro con una medalla de Jesucristo, además de dinero y otras pertenencias.
Dinero y prendas aparecen entre evidencias ocupadas
Parte importante del expediente está sustentada en dinero y objetos que las autoridades dicen haber recuperado durante arrestos y allanamientos.
A Phillips Michael Tejada Vásquez le fueron ocupados, según el Ministerio Público, 98 billetes de US$100, equivalentes a US$9,800, así como una cadena amarilla con una medalla de Cristo que la acusación identifica como propiedad de Julián Oro Duro.
También fueron ocupadas prendas de vestir que, de acuerdo con los investigadores, coincidirían con las utilizadas durante reuniones previas captadas por cámaras de seguridad.
En el caso de Kevin Dariel Germán Troncoso, el expediente refiere la ocupación de RD$30,000 y, en otra mochila localizada en una habitación de la vivienda de su suegra, US$3,750 y RD$88,000.
Respecto a Juan Carlos Hernández García, el documento presentado por el Ministerio Público señala la ocupación de US$240 y RD$500, aunque una información anterior de la Policía Nacional había situado la cantidad en US$240 y RD$32,000.
La diferencia entre ambos reportes deberá ser aclarada dentro de la investigación.
Allanamiento relacionado con “Chiquito”
Las autoridades también informaron sobre la recuperación de dinero y prendas durante una intervención vinculada a Lawrence Mark Liranzo Marcos.
Según el expediente, en poder de su madre fueron encontrados US$19,900 y RD$78,000, además de dos relojes, una cadena, una medalla, un guillo y un broche de mujer que el Ministerio Público relaciona con los bienes sustraídos durante el asalto.
La procedencia de estos objetos y su conexión con cada uno de los imputados deberán ser establecidas judicialmente.
Acusación deberá ser probada ante el tribunal
El Ministerio Público utiliza estos elementos para sostener que existió una actuación coordinada antes, durante y después del hecho.
Sin embargo, la descripción contenida en la solicitud de coerción representa la teoría inicial de la acusación y no una declaración definitiva de culpabilidad.
Corresponderá al tribunal valorar las evidencias, las declaraciones de los imputados y los argumentos de sus defensas para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados en el proceso.