Opinión
Febrillet, Blas y el sistema justicial imperante
Por Narciso Isa Conde
El hecho criminal merece todos los repudios y todo parece indicar que los autores del volumen de de disparos que le quitó la vida al ex rector Mateo Febrillet e hirió a su secretaria, que además -y sobre todo- perseguía matar al dirigente político Eduardo Montás, van a ser procesados judicialmente con una intervención activa y radical del Ministerio Publico, de la cúpula del PLD y del gobierno.
No ha sido así en otros casos criminales de parecida envergadura, incluidos algunos recientes.
Pero en este se trata del asesinato de un exrector de la UASD y excandidato a Senador del PRM, y de un hecho que embarra otras candidaturas de ese partido opositor y a la propia dirección perremeista que negoció esas candidaturas a conciencia de con quienes lo hacía, lo que estimula por descontado la saña del poder peledeísta en tiempo de campaña electoral.
A eso se agrega el interés del cohollo empresarial de romper el monopolio de la poderosa FENATRADO para imponer su oligopolio.
Entre los poderes que pueden gravitar sobre el sistema judicial y el país no parece que el de la FENATRADO de Blas Peralta y compartes tenga las de ganar.
Las tienen fea y no precisamente porque el ministerio público y el sistema de tribunales sea confiable.
Otra cosa sería si los matadores fueran jerarcas peleideístas o del CONEP, sin negar que se trata de un poder manipulado por la cúpula del partido oficial que exhibe niveles desbordados de corrupción que le posibilitan a sectores con capacidad de soborno y terror comprar sentencias, aunque no sean del engranaje morado. En ese “nicho” está el chance de FENATRADO, como el de otros sectores parecidos.
La manipulación peledeísta opera así en cada uno de los dos componentes del sistema judicial, es bueno refrescarlo:
TRIBUNALES
AL interior del poder judicial la escalera de control tiene su peldaño más alto en el cogollo de la SUPREMA CORTE, ya que se ha evidenciado que Arias Valera, miembro del Consejo del Poder Judicial, no era más que uno de los principales operadores a nivel intermedio y que los jueces y juezas como Awilda Reyes actuaban como subordinados/as a instancias superiores.
Al “quemarse” esos peldaños intermedios, a consecuencia de denuncias formuladas por el Procurador General y la Procuradora del Distrito Nacional, están siendo sacrificados, no se sabe con cuales implicaciones, dada su condición de partícipes de la corrupción de un colectivo mayor.
Pero eso no es todo. En las cúpulas del Poder Judicial y del Ministerio Público, el ex -presidente Fernández ubicó siempre figuras de su confianza política y personal que pudieran garantizar impunidades de variados calibres.
Dentro de esa lógica, la asesoría en el caso de la Sund Lan y otros procesos delicados, catapultó a Mariano Germán al cargo que ocupa; mientras Radhamés Jiménez, luego de liderar el Ministerio Público por largo periodo, ejerce funciones de intermediación entre el ex–presidente Fernández y el sistema judicial por ellos conformado.
Así ha operado la escalera de mando en ese poder del Estado, cuyos jueces afines no han vacilado en proteger a políticos corruptos de diferentes jerarquías.
MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público, que tiene su propia jerarquía de mandos, en buena medida salió del control leonelista y pasó a ser manipulada por el danilismo.
En el presente, importantes enclaves para administrar impunidad en los tribunales los controla el ex-presidente morado; mientras que para fines parecidos, la otra facción controla desde el Palacio Nacional muchas áreas del Ministerio Público a través del nuevo Procurador. Ambas facciones condicionadas por el pacto electoral (re-postulación por impunidad) y por las oportunidades para joderse ente sí.
Por otra parte, no hay manera de obviar el proceder dual de jefes y tutores del Ministerio Público atados al pacto de impunidad y al afán reeleccionista del actual usuario de la atractiva “sillas de alfileres”.
Un sistema de miedo impuesto desde la cúpula alimenta actitudes generalizadas de subordinación en la membrecía de la judicatura, con pocas excepciones hasta la fecha.
LAS DOS FACCIONES SE JUNTAN EN DETERMINADOS CASOS
Esto se potencia cuando los intereses de las dos facciones oficialistas que controlan el poder judicial en su conjunto (Ministerio Público y tribunales), coinciden en un caso. Y ese es el caso de Blas Peralta y compartes; a lo que se le agrega que la acción de justicia contra ese crimen alevoso que evidencia una mayor descomposición del sistema político, motiva el clamor favorable de la UASD y de una gran parte del pueblo, al tiempo que arrincona el poder de FENATRADO y coloca en una situación difícil y en una actitud dual a las elites del PRM que patrocinaron esa “alianza” electoral.
Las tienen fea…
Momentáneamente este hecho favorece al reeleccionismo en la competencia electoral con el PRM, pero más allá de lo coyuntural gravita en detrimento de los dos bloques y del sistema político. Con éste son 7 los abatidos en esas pugnas rastreras, pertenecientes a ambos bandos y producto de sus luchas intestinas de corte mafioso. Y eso no es cualquier cosa.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.