Opinión
Febrillet, Blas y el sistema justicial imperante
Por Narciso Isa Conde
El hecho criminal merece todos los repudios y todo parece indicar que los autores del volumen de de disparos que le quitó la vida al ex rector Mateo Febrillet e hirió a su secretaria, que además -y sobre todo- perseguía matar al dirigente político Eduardo Montás, van a ser procesados judicialmente con una intervención activa y radical del Ministerio Publico, de la cúpula del PLD y del gobierno.
No ha sido así en otros casos criminales de parecida envergadura, incluidos algunos recientes.
Pero en este se trata del asesinato de un exrector de la UASD y excandidato a Senador del PRM, y de un hecho que embarra otras candidaturas de ese partido opositor y a la propia dirección perremeista que negoció esas candidaturas a conciencia de con quienes lo hacía, lo que estimula por descontado la saña del poder peledeísta en tiempo de campaña electoral.
A eso se agrega el interés del cohollo empresarial de romper el monopolio de la poderosa FENATRADO para imponer su oligopolio.
Entre los poderes que pueden gravitar sobre el sistema judicial y el país no parece que el de la FENATRADO de Blas Peralta y compartes tenga las de ganar.
Las tienen fea y no precisamente porque el ministerio público y el sistema de tribunales sea confiable.
Otra cosa sería si los matadores fueran jerarcas peleideístas o del CONEP, sin negar que se trata de un poder manipulado por la cúpula del partido oficial que exhibe niveles desbordados de corrupción que le posibilitan a sectores con capacidad de soborno y terror comprar sentencias, aunque no sean del engranaje morado. En ese “nicho” está el chance de FENATRADO, como el de otros sectores parecidos.
La manipulación peledeísta opera así en cada uno de los dos componentes del sistema judicial, es bueno refrescarlo:
TRIBUNALES
AL interior del poder judicial la escalera de control tiene su peldaño más alto en el cogollo de la SUPREMA CORTE, ya que se ha evidenciado que Arias Valera, miembro del Consejo del Poder Judicial, no era más que uno de los principales operadores a nivel intermedio y que los jueces y juezas como Awilda Reyes actuaban como subordinados/as a instancias superiores.
Al “quemarse” esos peldaños intermedios, a consecuencia de denuncias formuladas por el Procurador General y la Procuradora del Distrito Nacional, están siendo sacrificados, no se sabe con cuales implicaciones, dada su condición de partícipes de la corrupción de un colectivo mayor.
Pero eso no es todo. En las cúpulas del Poder Judicial y del Ministerio Público, el ex -presidente Fernández ubicó siempre figuras de su confianza política y personal que pudieran garantizar impunidades de variados calibres.
Dentro de esa lógica, la asesoría en el caso de la Sund Lan y otros procesos delicados, catapultó a Mariano Germán al cargo que ocupa; mientras Radhamés Jiménez, luego de liderar el Ministerio Público por largo periodo, ejerce funciones de intermediación entre el ex–presidente Fernández y el sistema judicial por ellos conformado.
Así ha operado la escalera de mando en ese poder del Estado, cuyos jueces afines no han vacilado en proteger a políticos corruptos de diferentes jerarquías.
MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público, que tiene su propia jerarquía de mandos, en buena medida salió del control leonelista y pasó a ser manipulada por el danilismo.
En el presente, importantes enclaves para administrar impunidad en los tribunales los controla el ex-presidente morado; mientras que para fines parecidos, la otra facción controla desde el Palacio Nacional muchas áreas del Ministerio Público a través del nuevo Procurador. Ambas facciones condicionadas por el pacto electoral (re-postulación por impunidad) y por las oportunidades para joderse ente sí.
Por otra parte, no hay manera de obviar el proceder dual de jefes y tutores del Ministerio Público atados al pacto de impunidad y al afán reeleccionista del actual usuario de la atractiva “sillas de alfileres”.
Un sistema de miedo impuesto desde la cúpula alimenta actitudes generalizadas de subordinación en la membrecía de la judicatura, con pocas excepciones hasta la fecha.
LAS DOS FACCIONES SE JUNTAN EN DETERMINADOS CASOS
Esto se potencia cuando los intereses de las dos facciones oficialistas que controlan el poder judicial en su conjunto (Ministerio Público y tribunales), coinciden en un caso. Y ese es el caso de Blas Peralta y compartes; a lo que se le agrega que la acción de justicia contra ese crimen alevoso que evidencia una mayor descomposición del sistema político, motiva el clamor favorable de la UASD y de una gran parte del pueblo, al tiempo que arrincona el poder de FENATRADO y coloca en una situación difícil y en una actitud dual a las elites del PRM que patrocinaron esa “alianza” electoral.
Las tienen fea…
Momentáneamente este hecho favorece al reeleccionismo en la competencia electoral con el PRM, pero más allá de lo coyuntural gravita en detrimento de los dos bloques y del sistema político. Con éste son 7 los abatidos en esas pugnas rastreras, pertenecientes a ambos bandos y producto de sus luchas intestinas de corte mafioso. Y eso no es cualquier cosa.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.