Santo Domingo.-La Junta Central Electoral (JCE) con su resolución 13-2020 plantea con otras de sus decisiones una crisis de la democracia, toda vez que la misma fue orquestada para dañar a su propuesta electoral, según lo expresado por  ex- expresidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados.

En tal virtud, adelantó que la misma será denunciada y rechazada porque constituye una inequidad que viole las leyes,  y la Constitución, porque atenta con el derecho de los ciudadanos a la libre elección.  

Fernández dijo que se trata de un hecho grave, que amerita una investigación profunda sobre los motivos que la originaron, toda vez que fue más allá de lo decidido por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que en atención a una demanda de amparo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se limitaba a suspender la resolución 35-2019, que ratificaba el orden en la boleta electoral.

Esa decisión de la JCE pone en peligro la democracia. Es inaceptable, es escandalosa, y constituye un acto de prevaricación. Ese accionar de la Junta, agregó Fernández, forma parte de una trama, con intención maliciosa, que lo que busca es abortar el proceso.

Dijo que si se observa el comportamiento de la Junta, desde antes de la celebración de las primarias, se descubrirá que todos sus actos están orientados a favorecer al poder gobernante, lo que la descalifica como árbitro de unas elecciones que deben ser libres y transparentes.

Dijo que existe justificado temor de que se produzca lo ocurrido en las primarias del 6 de octubre, cuando se propició la “suplantación del elector a través de la lectura del código QR de cédulas de ciudadanos., se propiciaron incongruencias entre el candidato marcado y el voto impreso; hubo inconsistencias en la transmisión de resultados; votaciones fuera de hora, transmisión resultados durante el proceso de votación y cambio brusco en la tendencia de los resultados, compra masiva de cédulas y toda clase de anomalías como ocurrió en la región sur del país”. 

 Comentó que la JCE ha venido agregando incumplimientos de sus resoluciones, como la que disponía una auditoría técnica previa al voto automatizado a las primarias y otra auditoría forense posterior. 

Señaló que después de autorizar la auditoría forense después de las primarias, procedió unilateralmente para seleccionar la firma auditora, lo que provocó el cuestionamiento  de la oposición de la Deloitte & Touch, porque probó los vínculos entre la misma y el gobierno dominicano. Añadió que igual contrató a la firma Alhambra Eidos sin que mediara concurso alguno, y sin considerar la opinión de los partidos.

Dijo que la contratada la Alhambra Eidos también se violaron las normas, como la falta de acompañamiento en el proceso por parte de organismos internacionales y de los partidos, la ruptura de la Cadena custodia del kit electoral e irregularidades en la muestra de los equipos a ser revisados, todos escogido unilateralmente por los mismos técnicos de la JCE. Apenas 370 equipos de los más de 7,000 utilizados en el proceso.

Todo eso, añadió Fernández, hizo necesario que surgiera el reclama de “una auditoría técnico-forense previa y posterior a las elecciones por parte de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES)”.

En la rueda de prensa en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), participaron además Rafael Alburquerque, Franklin Alymeida Rancier; el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Marino Vinicio Castillo; Manuel Crespo, Pedro Corporán, presidente del Partido de la Unidad Nacional (PUN), Quique Antún, presidente del PRSC; Elías Wessin Chávez, presidente del PQDC; Luis Toral y otros dirigentes políticos.

Los dirigentes políticos advirtieron las consecuencias de la resolución que dispone el nuevo orden en la boleta electoral, según dijeron, totalmente favorable al oficialismo.

Antún sostuvo que se trata de una violación, de una típica acción de prevaricación, fraudulenta, que no solamente viola la ley y el sentido de equidad, sino las finanzas de los partidos de oposición.

Dijo que la misma impactará el proceso electoral y se levanta como la base para el montaje de todo un proceso fraudulento.

El doctor Castillo dijo que la JCE no “ha hecho ningún esfuerzo serio para garantizar la más mínima idoneidad” en estas elecciones.

“La JCE prevaricó. La resolución es un fraude” y advirtió que del comportamiento idóneo depende la paz social de la República Dominicana. «Es un fraude delictivo”.

Un planteamiento parecido hizo Corporán, quien dijo que todo se ha hecho para disminuir la participación de las fuerzas opositoras, y especialmente los partidos más pequeños. Dijo que la resolución despoja al PUN –por el orden en que aparece en la boleta- de importantes recursos económicos.

Chávez denunció que ya el gobierno está disponiendo de cuentas especiales para la compra del voto y con ese propósito está circulando dinero. Dijo que en ese propósito entra la impresión de miles de boletas, más allá del 10% que prevé la norma.

Pese a todas esas quejas y denuncias, Almeyda Rancier dijo que no impedirán la participación de la Fuerza del Pueblo y sus aliados en las próximas elecciones. Que junto a toda la oposición trabajarán para “derrotar” al oficialismo.

Estamos seguros de que los resultados electorales serán favorables a la oposición, y cuando digo oposición, me refiero a todas las fuerzas que tienen acuerdo con ese fin en la mayoría de los municipios del país, dijo Almeyda.