Nacionales
La JCE crea crisis de la democracia con resolución sobre boleta.
Santo Domingo.-La Junta Central Electoral (JCE) con su resolución 13-2020 plantea con otras de sus decisiones una crisis de la democracia, toda vez que la misma fue orquestada para dañar a su propuesta electoral, según lo expresado por ex- expresidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados.
En tal virtud, adelantó que la misma será denunciada y rechazada porque constituye una inequidad que viole las leyes, y la Constitución, porque atenta con el derecho de los ciudadanos a la libre elección.
Fernández dijo que se trata de un hecho grave, que amerita una investigación profunda sobre los motivos que la originaron, toda vez que fue más allá de lo decidido por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que en atención a una demanda de amparo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se limitaba a suspender la resolución 35-2019, que ratificaba el orden en la boleta electoral.
Esa decisión de la JCE pone en peligro la democracia. Es inaceptable, es escandalosa, y constituye un acto de prevaricación. Ese accionar de la Junta, agregó Fernández, forma parte de una trama, con intención maliciosa, que lo que busca es abortar el proceso.
Dijo que si se observa el comportamiento de la Junta, desde antes de la celebración de las primarias, se descubrirá que todos sus actos están orientados a favorecer al poder gobernante, lo que la descalifica como árbitro de unas elecciones que deben ser libres y transparentes.
Dijo que existe justificado temor de que se produzca lo ocurrido en las primarias del 6 de octubre, cuando se propició la “suplantación del elector a través de la lectura del código QR de cédulas de ciudadanos., se propiciaron incongruencias entre el candidato marcado y el voto impreso; hubo inconsistencias en la transmisión de resultados; votaciones fuera de hora, transmisión resultados durante el proceso de votación y cambio brusco en la tendencia de los resultados, compra masiva de cédulas y toda clase de anomalías como ocurrió en la región sur del país”.
Comentó que la JCE ha venido agregando incumplimientos de sus resoluciones, como la que disponía una auditoría técnica previa al voto automatizado a las primarias y otra auditoría forense posterior.
Señaló que después de autorizar la auditoría forense después de las primarias, procedió unilateralmente para seleccionar la firma auditora, lo que provocó el cuestionamiento de la oposición de la Deloitte & Touch, porque probó los vínculos entre la misma y el gobierno dominicano. Añadió que igual contrató a la firma Alhambra Eidos sin que mediara concurso alguno, y sin considerar la opinión de los partidos.
Dijo que la contratada la Alhambra Eidos también se violaron las normas, como la falta de acompañamiento en el proceso por parte de organismos internacionales y de los partidos, la ruptura de la Cadena custodia del kit electoral e irregularidades en la muestra de los equipos a ser revisados, todos escogido unilateralmente por los mismos técnicos de la JCE. Apenas 370 equipos de los más de 7,000 utilizados en el proceso.
Todo eso, añadió Fernández, hizo necesario que surgiera el reclama de “una auditoría técnico-forense previa y posterior a las elecciones por parte de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES)”.
En la rueda de prensa en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), participaron además Rafael Alburquerque, Franklin Alymeida Rancier; el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Marino Vinicio Castillo; Manuel Crespo, Pedro Corporán, presidente del Partido de la Unidad Nacional (PUN), Quique Antún, presidente del PRSC; Elías Wessin Chávez, presidente del PQDC; Luis Toral y otros dirigentes políticos.
Los dirigentes políticos advirtieron las consecuencias de la resolución que dispone el nuevo orden en la boleta electoral, según dijeron, totalmente favorable al oficialismo.
Antún sostuvo que se trata de una violación, de una típica acción de prevaricación, fraudulenta, que no solamente viola la ley y el sentido de equidad, sino las finanzas de los partidos de oposición.
Dijo que la misma impactará el proceso electoral y se levanta como la base para el montaje de todo un proceso fraudulento.
El doctor Castillo dijo que la JCE no “ha hecho ningún esfuerzo serio para garantizar la más mínima idoneidad” en estas elecciones.
“La JCE prevaricó. La resolución es un fraude” y advirtió que del comportamiento idóneo depende la paz social de la República Dominicana. «Es un fraude delictivo”.
Un planteamiento parecido hizo Corporán, quien dijo que todo se ha hecho para disminuir la participación de las fuerzas opositoras, y especialmente los partidos más pequeños. Dijo que la resolución despoja al PUN –por el orden en que aparece en la boleta- de importantes recursos económicos.
Chávez denunció que ya el gobierno está disponiendo de cuentas especiales para la compra del voto y con ese propósito está circulando dinero. Dijo que en ese propósito entra la impresión de miles de boletas, más allá del 10% que prevé la norma.
Pese a todas esas quejas y denuncias, Almeyda Rancier dijo que no impedirán la participación de la Fuerza del Pueblo y sus aliados en las próximas elecciones. Que junto a toda la oposición trabajarán para “derrotar” al oficialismo.
Estamos seguros de que los resultados electorales serán favorables a la oposición, y cuando digo oposición, me refiero a todas las fuerzas que tienen acuerdo con ese fin en la mayoría de los municipios del país, dijo Almeyda.
Nacionales
Mirna Ortiz recomienda a Gonzalo Castillo «no comer ansias» y asegura que el caso irá a juicio
Santo Domingo, R-D–La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.
Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram
La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.
Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.
Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.
El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.