Nacionales
Finjus: Estado debe comprometerse con víctimas y testigos
En los tribunales del país muchos casos quedan impunes porque las víctimas tienen miedo a mantener las acusaciones.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer que tiene que existir compromiso de Estado y políticas públicas en materia de protección a víctimas y testigos de procesos judiciales.“Todavía sigue siendo una institución en proceso de construcción en donde las autoridades, no solo la Procuraduría sino al Estado como tal, debiera ver de qué forma se le presta mayor atención, porque hay casos que muchas veces no se procesan por el tenor que tienen las víctimas y testigos de recibir represalias”, dijo Servio Tulio Castaños Guzmán.
Explicó que un testigo y la víctima en todo proceso judicial no son más que una parte de las evidencias, instrumentos esenciales para la solución de los casos, y “hasta que no lo veamos así vamos a estar tropezando, el Estado tiene que tener una política clara. No es un problema exclusivo de una legislación, probablemente lo que está haciendo falta es el compromiso del Estado en esta dirección”.
En ese sentido, Castaños Guzmán advirtió que antes de aprobar una ley sobre la materia, hay que tener bien claro el diseño de cuáles son las políticas de Estado que se van a implementar para luego someter un proyecto de ley.
“No se puede ir al Congreso sin una política de Estado definida”, sostuvo.
También abogó porque se creen las condiciones para que las víctimas se recuperen de sus procesos.
“Para eso tú tienes que diseñar políticas públicas en donde se comprometan las instituciones que deben darle respuestas a la solución de lo que sería eventualmente un trauma, ahí tendría que intervenir Salud Pública”, consideró.
En ese orden, saludó que desde la Procuraduría se creen direcciones de protección, sin embargo, entiende que quizás falte difundir estos programas e invertir recursos en esas unidades.
Castaños Guzmán puntualizó que hay que crear una cultura para que, frente a las agresiones de la delincuencia quienes tengan el valor de denunciar y ser parte del proceso se les ofrezcan las condiciones para que se sientan seguros.
Hoy hay efectividad
Por otro lado, los abogados Carlos Olivares y Félix Damián Olivares dijeron que el Ministerio Público no ha tenido efectividad en la protección de las víctimas y testigos.
“Entiendo que en realidad la protección no existe, eso es totalmente infuncional. Este sistema deviene en inservible. En países tan pequeños como el nuestro, mantener una persona sustraída bajo la protección después de declarar es muy difícil”, expresó Carlos Olivares.
De su lado, Félix Damián criticó que no exista una práctica de reguardar la identidad de los testigos.
Pese a que existe un proyecto de ley que busca crear una legislación para asegurar la protección de víctimas y testigos, está estancado en el Congreso.
Sobre el tema
El 29 de noviembre de 1985, la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución 40-34 adoptó la declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder. En 1990, movimientos sociales de la provincia Hermanas Mirabal crearon la Unidad de Atención a la Víctima de Violencia Intrafamiliar, Sexual y de Género.
La ley sobre violencia intrafamiliar (24-97), el Código Procesal Penal y la norma sobre Las Casas de Acogidas también hablan de esta protección y derechos de la víctima.
Además, existe la Dirección Nacional de Atención a las Víctimas de Violencia de la Procuraduría, y una Organización no Gubernamental llamada “Centro de Protección a las Víctimas del Delitos (Ceprovide), esta última, rinde asistencia legal gratuita a las víctimas”.
En 2009, el exprocurador Radhamés Jiménez dictó la Resolución 42 que crea la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos Bajo el Amparo de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja, aplicando el programa principalmente en este tipo de casos. Esa unidad, según el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, tiene más de 20 personas bajo protección.
La Constitución dominicana en su artículo 169, párrafo primero, establece que el Ministerio Público “dispondrá la protección de víctimas y testigos”, también en el artículo 177 indica que el Estado tiene que crear programas de asistencia legal gratuita para las víctimas de escasos recursos. En adición, la ley Orgánica del Ministerio Público, (133-11), en su artículo 52 numeral 2, también habla de la protección a víctimas y testigos. “Corresponde al director General de Persecución del Ministerio Público: coordinar el sistema de protección de víctimas, testigos u otros sujetos en riesgo en los procesos penales”, indica la norma.
Sobre el proyecto de ley de protección
Algunos elementos del proyecto de ley para la “atención y protección a víctimas, testigos y otros sujetos en riesgos” presentado por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, son la posibilidad de instalar cámara de circuito cerrado, que testigos y víctimas puedan tener nueva identidad, protección policial, asistencia legal gratuita, así como indemnización para la víctima cuando el Estado no identifique al agresor.
Iniciativa
Existe un proyecto de ley sobre la protección de víctimas y testigos depositada en la Cámara de Diputados.
EL CARIBE.
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.