Nacionales
Destacan incorporación dispositivos telemáticos son fundamentales para erradicar el feminicidio en RD
Santo Domingo.– Franklin Romero, senador por la provincia Duarte, destacó este martes que la incorporación de dispositivos telemáticos en delitos de violencia de género, iniciativa de su autoría y que fue aprobada en la reciente modificación del Código Penal, con el objetivo de prevenir y sancionar, es fundamental para erradicar el feminicidio, y por ende la violencia contra las mujeres en el país.
Romero, hizo el señalamiento al presentarse ayer una reforma en el Congreso Nacional, la cual busca frenar los feminicidios y los filicidios en el país, el segundo de la región con mayor tasa de asesinatos contra las mujeres.
La reforma, bautizada como ´Déjala ir´, y que el Congreso Nacional considera «sin precedentes», busca reducir los feminicidios y filicidios para 2030 y erradicarlos completamente en 2035.
Igualmente, Romero, propuso durante la discusión de la importante pieza legislativa, agregar un párrafo al artículo 130 del Código Penal, los Tipos de Órdenes de Protección, para facultar a la autoridad judicial debidamente a disponer, cuando entienda pertinente y mediante resolución sustentada, el uso de dispositivos de vigilancia telemática en de violencia doméstica, intrafamiliar o de género.
Entre los tipos de órdenes de protección propuestos por el senador Franklin Romero, las cuales buscan proteger a la victima de sus eventuales agresores están:
1) Orden de abstenerse de molestar, intimidar o amenazar a la víctima, interferir en la guarda o custodia provisional o definitiva acordada en virtud de la ley o de una orden judicial;
3) Orden para impedir que el imputado establezca cualquier tipo de contacto con la víctima;
4) Orden de desalojo temporal del imputado del hogar para prevenir ocurrencia de actos de violencia similares a los que se le imputan;
5) Orden para impedir que el imputado traslade del lugar o residencia donde encuentran los hijos comunes que tenga con su pareja, conviviente ex conviviente, sin el consentimiento previo y formal de esta o este;
6) Orden que le otorga a la víctima la custodia temporal de los hijos procreado con el imputado;
7) Orden al imputado de reponer cualquier bien que le haya destruido ocultado a la víctima;
9) Orden de suministrar en provecho de la víctima los servicios de salud que esta requiera, así como los servicios de orientación para su familia, cargo del organismo público o privado apto para ello, que se estimen necesarios;
10) Orden al imputado de rendir cuentas sobre su administración de los bienes o negocios que tiene o ha tenido en común con la víctima;
11) Orden para impedir al imputado la enajenación, disposición, ocultación traslado de los bienes que tiene en común con la víctima o de aquellos que son de la propiedad exclusiva de esta.
Con la aplicación de estas medidas, Romero aseguró que las mujeres víctimas de violencia de género, tendrían una protección efectiva por parte del Estado Dominicano.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.