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MP pide prórroga para presentar acusacion contra imputados en caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Una prórroga de cuatro meses solicitó el Ministerio Público cuanto está a punto de que se venza el plazo de oche meses otorgado por el tribunal para que presente sus conclusiones en la investigacion del fraude de casi 16 mil millones de pesos que afectó al Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Actualmente, por este proceso se encuentran privados de libertad su exdirector, Santiago Hazim, otros cuatro exfuncionarios del ARS estatal y varios proveedores.
El pedido de más tiempo por parte del Departamento de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) está depositado ya en la Oficina de la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, se informó desde esa sección del Poder Judicial.
Al dictar las medidas de coerción a los primeros diez imputados, el 14 de diciembre del 2025, el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras, otorgó ocho meses al Ministerio Público para que presentara sus conclusiones de la investigación a los señalados hasta ese momento.
Sena Ferreras dictó 18 meses de prisión preventiva para Hazim Albainy, para el exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones; para el exgerente financiero Gustavo Enrique Messina Cruz, y para el de Servicios Iván Minaya Pérez.
También se dictó la misma coerción para Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. Los seis permanecen en la cárcel Las Parras, ubicada en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
Para la suplidora Ada Ledesma Ubiera se impuso, igualmente la prisión en la cárcel Najayo Mujeres, pero se le varió por arresto domiciliario el pasado mes de julio.
Por este caso también permanece recluido en Las Parras Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien fue arrestado cinco meses después del grupo encabezado por el exdirector del Senasa.
A Guzmán Vásquez, a quien se le señala de encabezar una de las red que defraudó al Senasa, fue detenido cuando intentaba viajar a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Es exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de la ARS y se le vincula a una supuesta estructura criminal que habría ejecutado fraudes mediante autorizaciones médicas irregulares.
El pasado lunes, el Ministerio Público informó que presentó la acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien está detenido desde marzo por presuntamente sobornar al exgerente de atención al usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, investigado en el fraude a la ARS.
Según los fiscales, en el marco de ese proceso judicial, Canaán Acta fue interrogado por Valdez Alcántara en diciembre del pasado año.
Señala que, tras una serie de acciones intimidatorias relacionadas con el proceso judicial, el acusado le manifestó al investigado que podía ayudarlo y, para esos fines, le propuso conseguirle 200,000 dólares, suma que posteriormente redujo a 150,000 dólares durante una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
Ambos acordaron finalmente 10,000 dólares y se ejecutó a través de una entrega controlada por el Ministerio Público para detener al Valdez Alcántara. El miembro del Ministerio Público guarda prisión en Najayo-Hombres.
Santo Domingo.– El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional comenzó este martes el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán, alias “Jochi Gómez” y los demás imputados en el denominado caso Camaleón.
El proceso llega a la etapa de juicio de fondo luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogiera la acusación presentada por el Ministerio Público y dictara apertura a juicio contra los encartados.
De acuerdo con la acusación, durante la gestión de Beras al frente del Intrant se habría estructurado una red destinada a defraudar al Estado, lavar activos y propiciar la colusión de funcionarios públicos, mediante el uso de supuestas empresas de fachada para desviar recursos estatales.
Al emitir el auto de apertura a juicio, el tribunal de la fase preliminar realizó modificaciones a la acusación presentada originalmente y mantuvo los cargos de asociación de malhechores, estafa, desfalco y lavado de activos.
Sin embargo, fueron excluidas las imputaciones de terrorismo y contrabando que habían sido formuladas inicialmente contra dos de los principales encartados, al determinarse la existencia de inconsistencias técnicas en su planteamiento.
El juicio permitirá al tribunal conocer las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las partes, así como los argumentos de las defensas, para determinar la responsabilidad penal o no de los acusados en los hechos que les atribuye la acusación.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá este martes el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán alias «Jochi Gómez» y demás imputados en el denominado caso Camaleón.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana.
El proceso inicia luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenará la apertura a juicio contra los encartados.
Al emitir el auto de apertura a juicio, el tribunal de la fase preliminar introdujo ajustes a la acusación original, y mantuvo de manera definitiva los cargos por asociación de malhechores, estafa, desfalco y lavado de activos.
Mientras que fueron descartadas las imputaciones de terrorismo y contrabando formuladas inicialmente contra dos de los principales encartados, al considerarse que existían inconsistencias técnicas en su formulación.
El juicio de fondo sentará en el banquillo de los acusados a los implicados, quienes cuentan con un amplio equipo de abogados para sus medios de defensa.
Gómez Canaán , Aurix S.A.S. y OML Inversiones S.R.L, serán defendidos por Carlos Balcácer, Juan Hirohito Reyes Cruz y Johanny Elizabeth Castillo Sabari.
Mientras que Hugo Beras, será asistido por Laura Acosta Lora, Nassef Roberto Perdomo Cordero, Luis Rivas, Olianna García Mateo, Jennifer Gómez Caraballo e Ivan Chevaleár.
Frank Rafael Atilano Díaz Warden (Excoordinador de Despacho del Intrant), asistido por Nolasco Rivas Fermín y Michelle Pérez.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (Exdirector de Tecnología del Intrant), defendido por Ingrid Melania Hidalgo Martínez y Joaquín Jáquez.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia (Exdirector Administrativo del Intrant), asistid por Juan Francisco Álvarez Guzmán, Jhon Manuel Frías Frías y Jossy Mariel Pimentel Rodríguez.
Pedro Vinicio Padovani Báez y Transcore Latam S.R.L, defendidos por Cristian Jesús Cabrera Heredia y Jorge Abraham Morilla Holguín.
Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y PagoRD Xchange S.R.L, asistidos por Eduardo Núñez, Mario Guilera y Nicole Espinal.
Carlos José Peguero Vargas e Inprosol S.R.L.: representados por Ricardo Alcántara Méndez y Milagros Reyes Rocha.
Henry Darío Féliz Casso, asistido por Emmanuel Martínez Acevedo y Carlos Olivares.
Empresa Dekolor S.R.L, defendida por Vicmary García y Marino Féliz Rodríguez.
Santo Domingo.- La acusacion formal y solicitud de apertura a juicio presentó el Ministerio Público en contra de Aurelio Valdez Alcántara, el fiscal procesado por pedir un soborno a una persona bajo investigación y que recibió US$10,000 en una entrega controlada.
El Ministerio Público, representado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez; el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, depositó la acusación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El órgano acusador solicitó fijar la audiencia preliminar a los fines de conocer el acto conclusivo consistente en acusación y solicitud de auto de apertura a juicio en contra del acusado Valdez Alcántara por su participación en el hecho punible al que se contrae la acusación.
También, que se mantenga la medida de coerción impuesta al acusado Aurelio Valdez Alcántara, a través de la Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001 y que se mantengan además todas las medidas cautelares impuestas sobre los bienes.
Aurelio Valdez Alcántara al momento en que ocurrieron los hechos formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Señala que en el marco del proceso judicial la persona que hizo la entrega controlada fue interrogada por el ahora acusado Aurelio Valdez en el mes de diciembre del pasado año. Después de concluido el interrogatorio el ahora acusado le solicitó el número de teléfono al investigado, procediendo después a escribirle un mensaje vía la aplicación WhatsApp.
Establece que, luego de una serie de acciones intimidatorias relacionadas al proceso judicial, el acusado le dijo al investigado que podía ayudarlo y a estos fines le propuso de manera explícita que le buscara 200 mil dólares, suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un auto marca Mercedes Benz. Posteriormente, acordaron la entrega de los 10 mil dólares el pasado mes de marzo, tras lo cual se le ejecutó una orden de arresto.
Posteriormente, se procedió con su sometimiento a la justicia y le fue impuesta el pasado mes de mayo prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
La prisión le fue ratificada el pasado mes de julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual fijó la revisión obligatoria para el próximo 3 de septiembre.
El Ministerio Público establece en la acusación que Valdez Alcántara incurrió en conducta típica a las disposiciones de los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano y los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9 numerales 1, 15 y 16 de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.