Opinión
Fuera la Corte de Derechos Humanos
Published
12 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
Informes confidenciales aseguran que el pasado jueves el Tribunal Constitucional (TC) decidió declarar inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando evadir la vinculación con la última sentencia de esta que condenó deportaciones masivas y proclamó la ilegitimidad de la política de desnacionalización puesta en marcha desde el 2007 por la Junta Central Electoral y ratificada por la sentencia 168/13 que en septiembre del 2013 dejó apátridas a decenas de miles de hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país.
Se trata de una chapucería jurídica, inspirada en el soberanismo nacionalista que ha rebasado el límite de pequeños grupos y se acunó en el Partido de la Liberación Dominicana, cuyo primer gobierno, del doctor Leonel Fernández, fue que vinculó el país a la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1999, al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por el Congreso Nacional en 1977.
La mayoría de los jueces del Constitucional acogieron un recurso elevado hace ocho años por un grupo nacionalista, con tres votos disidentes. A las magistradas Katia Miguelina Jiménez y Ana Isabel Bonilla, que ya se habían opuesto a la sentencia 168-13, se unió ahora el doctor Hermógenes Acosta.
El 31 de agosto pasado habíamos denunciado el propósito que alentaba una mayoría del TC, contenidos por opiniones que provenían hasta del Gobierno y la Procuraduría General. También se dijo que esos jueces declararían inconstitucional la suspensión del leonino contrato para instalar equipos de rayos equis en los puertos, promovido por abogados nacionalistas, por lo que organismos de seguridad del Estado, como las Fueras Armadas y la dirección de Control del Drogas, así como la Cámara Americana de Comercio y otras entidades empresariales. ratificaron sus objeciones.
El desconocimiento de la jurisdicción de la CIDH es ridículo 15 años después del protocolo de adscripción que ha pasado por el reconocimiento de tres gobiernos, donde el Estado ha tenido que defenderse en unos cinco procesos judiciales acumulando cuatro condenas. Incluso el Gobierno propuso como jueza de esa corte a la doctora Radhys Abreu de Polanco, quien fue electa y ejerció en el período 2006-12.
La ratificación de la competencia de la CIDH fue acorde con el artículo 62.1 de la Convención que la creó, la cual especifica que ello no requiere convención especial. Fue objeto de ratificación adicional cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica del TC 137-11, cuyo décimo tercer considerando indica que “dentro de los procedimientos constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados internacionales y la regulación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Ahí están sentencias del propio TC, como las 0084-13 y la 136-13 que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”. Y el 28 de noviembre del 2012, el doctor Milton Ray Guevara, presidente del TC firmó un “Acuerdo Marco de Cooperación” con la Corte Interamericana al visitar su sede en Costa Rica.
Según el protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni la denuncia de la misma o de sus organismos, elimina una sentencia ya emitida. Y si la objeción es la falta de una expresa ratificación congresual, se subsanaría con su envío al Congreso Nacional. Pero en la actual algarabía que aduce una soberanía que ya no existe en materia de tratados internacionales, especialmente de derechos humanos, se duda que el presidente Medina asuma esa responsabilidad, aunque cargará el costo.
El país está de espaldas al derecho internacional, marchitando aún más su imagen y exponiéndose a otras sanciones y a perder ayudas, condicionadas en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Guillermo Cifuentes recordó esta semana una cláusula que esta última incluye en sus tratados de cooperación: “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente acuerdo”.
Se olvidó el principio de que las sentencias de los tribunales son de cumplimiento obligatorio, que tanto se aducía frente a la iniquidad de la 168/13, que tenía como última instancia la CIDH. Esta es el techo, como parte del bloque de constitucionalidad dominicano al amparo del artículo 74.3 de la Constitución de la República.
Por Isaias Ramos
Nos dicen que quienes cuestionamos la capitalización individual tenemos las neuronas quemadas.
La frase pretende cerrar con una descalificación un debate que la evidencia internacional mantiene abierto. De los 30 países que privatizaron total o parcialmente sus sistemas obligatorios de pensiones entre 1981 y 2014, 18 habían revertido total o parcialmente esas reformas para 2018, según documentó la Organización Internacional del Trabajo.
Entonces el problema no son nuestras neuronas. Ha llegado el momento de revisar el modelo.
Todo profesional puede defender el esquema económico en el que cree, asesorar empresas o representar intereses legítimos. Pero el conocimiento, por vasto que sea, no garantiza ni ética ni sabiduría. A veces recorren caminos muy distintos. Y ningún prestigio académico o profesional otorga derecho a descalificar a quienes pensamos diferente.
Nosotros responderemos con la pregunta que ningún balance financiero puede ocultar: ¿qué pensión digna garantiza realmente este modelo al trabajador dominicano?
Durante años se nos ha mostrado el crecimiento de los fondos como prueba del éxito del sistema: más de un billón de pesos acumulados, rentabilidades, financiamiento al Estado y a empresas, y un mercado de capitales fortalecido con el ahorro obligatorio de los trabajadores.
Todo eso importa. Pero una cosa es que prospere el fondo y otra que prospere el afiliado.
El jubilado no vive del tamaño del fondo. Vive de la pensión que recibe cada mes.
Si las proyecciones siguen anticipando prestaciones insuficientes para muchos afiliados, no necesitamos esperar a que esa insuficiencia se convierta en pobreza para reconocer la falla.
Puede crecer el instrumento y fracasar su propósito.
El problema previsional dominicano comienza mucho antes de la jubilación. Comienza con salarios bajos, informalidad, desempleo e interrupciones laborales.
La cuenta individual registra esas precariedades, pero no las corrige. Un salario bajo genera una contribución baja; menos meses cotizados significan menor acumulación; y aportes insuficientes producen pensiones insuficientes, aun con una administración eficiente.
No existe acción de Apple, Amazon o Nvidia capaz de derogar esa aritmética.
Por eso no puede construirse una pensión digna sobre una vida entera de salarios indignos.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos que la reforma previsional debe caminar junto con una política que dignifique el salario, eleve productividad, formalización y capacidad contributiva. Que quien trabaja pueda vivir dignamente y que quien trabajó pueda retirarse dignamente.
También se repite que el reparto está “quebrado” en todo el mundo.
Los sistemas de reparto enfrentan tensiones cuando envejece la población, disminuye la relación entre cotizantes y pensionados o se prometen beneficios superiores a la capacidad contributiva. Por eso se reforman: ajustan edades, aportes, fórmulas y reglas actuariales.
Mientras tanto, de los treinta países que privatizaron total o parcialmente sus sistemas obligatorios, dieciocho habían revertido esas reformas para 2018.
¿Dónde está entonces la evidencia para afirmar que el reparto fracasó en todo el mundo y que la privatización es inevitablemente superior?
No defendemos un reparto irresponsable. Defendemos un reparto del siglo XXI, basado en cuentas nocionales.
Cada trabajador tendría registrada su historia contributiva en una cuenta individual contable. Sus aportes generarían derechos previsionales transparentes y, al jubilarse, ese saldo nocional se convertiría actuarialmente en una pensión vitalicia.
Eso mantiene la relación entre lo aportado y lo recibido, pero evita convertir la vejez en una apuesta individual contra el mercado, la longevidad y las desigualdades acumuladas durante décadas.
A ese sistema debe sumarse una pensión básica que impida la indigencia y un Fondo Nacional de Reserva Previsional, capitalizado colectivamente y administrado por una corporación pública autónoma, profesional e independiente del Gobierno de turno.
Ese fondo puede invertir dentro y fuera del país. En República Dominicana podría participar en energía, minería, transporte, agua, logística, infraestructura, tecnología y otros proyectos capaces de elevar productividad y desarrollo humano.
Pero con una regla inviolable: primero debe ser una buena inversión para el fondo; después puede ser también una buena inversión para el país.
Cada proyecto debe demostrar rentabilidad ajustada por riesgo, transparencia y gobernanza. El beneficio social puede ser un criterio adicional, nunca una excusa para sacrificar el patrimonio previsional del trabajador.
El fondo también debe poder diversificarse internacionalmente. La diversificación no pertenece a las AFP. Pertenece a una buena administración financiera.
Tampoco es cierto que la capitalización haya eliminado la dependencia del futuro.
Toda pensión depende de la economía futura.
El dinero acumulado durante treinta años no guarda alimentos, medicamentos ni servicios dentro de una bóveda. Representa derechos financieros sobre la producción futura.
En reparto, esos derechos se financian mediante contribuciones e impuestos. En capitalización, mediante intereses, dividendos y venta de activos.
Y cuando parte del ahorro previsional está invertida en deuda del propio Estado, resulta todavía más evidente: esos intereses deberán ser pagados mañana por la economía y los contribuyentes de mañana.
La capitalización no eliminó la restricción intergeneracional. La cambió de forma.
Nuestra Constitución tampoco ordena capitalización ni reparto. Ordena algo superior.
La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, y reconoce la seguridad social como un derecho.
Queremos crecimiento, inversión, empresas fuertes y mercados de capitales modernos. Pero son medios.
La persona es el fin.
Por eso la pregunta que los defensores del modelo todavía deben responder no es cuánto administran las AFP ni cuánto habría ganado alguien comprando acciones en Wall Street.
Es esta:
¿Qué pensión suficiente, vitalicia y digna garantiza este modelo al trabajador dominicano después de una vida de trabajo?
Si la respuesta vuelve a ser el tamaño del fondo, están respondiendo otra pregunta.
Desde el Frente Cívico y Social proponemos abrir esta discusión sin complejos. No para regresar al pasado, sino para construir algo mejor: cuentas nocionales, reparto actuarialmente responsable, solidaridad, reservas colectivas, inversión profesional y salarios capaces de dignificar el trabajo.
Dignidad mientras se trabaja. Dignidad cuando se deja de trabajar.
Ese es el éxito que un Estado social y democrático de derecho debe aprender a medir: no cuánto acumula el sistema, sino cuánta dignidad garantiza.
Oscar López Reyes
Las palabras del presidente de la República irradian, como los rayos del sol; inspiran en la esperanza, ponen a tocar y bailar la música del periquete, suben y bajan la temperatura del tablero social; elevan a los altares en gratificaciones solemnes y pulverizan, como el aserrín, en sus cartas de juego del ejercicio de su poder coercitivo. Roza, por esa potestad, las rodillas y los pies de la Divinidad.
Cada jefe de Estado del nuevo milenio (2000-2026) ha sellado su impronta comunicacional: Leonel Fernández fue semi-cerrado y cerrado, Danilo Medina cerrado-cerrado y Luis Abinader ha sido abierto y semi-cerrado en sus conversatorios periodísticos, sin confrontativas. Hipólito Mejía (super-abierto) se estampa como el campeón contestando con mucha espontaneidad, sin pelos en la lengua, y no pudo seguir sentado debajo de la cúpula de la mansión cortesana.
El guapo de Gurabo mostró sobrada autoridad, valentía y honestidad en la aplicación de las normas jurídicas y el monopolio de la fuerza en la regencia del Estado, pero estas cualidades, sus continuos reproches a periodistas y las metáforas pintorescas en la emocionalidad le procrearon obstáculos y apuros. Leonel, Danilo y Luis cuidaron su vocabulario, con la clásica prudencia de un aldeano de hace 100 años.
Sin caer en el gancho de pelearse con los periodistas, estos gobernantes de las primeras décadas del siglo XXI en ciertas circunstancias han sido escurridizos -observadores afirman que hasta han sido maltratados oralmente por desaforados- menos Hipólito Mejía, el más extrovertido y el que más ha sometido a periodistas a la justicia.
Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader han valorado constructivamente el cometido de los informadores públicos y reconocido como guardianes de los derechos humanos y la democracia, con picazón y reservas.
HIPÓLITO MEJÍA DOMÍNGUEZ (2000-2004): a diario interactuaba con los que cubrían la fuente palaciega y con locuacidad exteriorizó que «el periodista es el centinela de la información veraz» y que «mientras brille la luz de la independencia periodística, la nación puede sentirse confiada en que la democracia no perecerá».
LEONEL FERNÁNDEZ REYNA (2004-2012): conceptualizar y rivalizar a sus anchas en campañas electorales ha sido su tónica, pero no así desde el poder: conservador, muy medido y hasta evasivo con los redactores, a los que alcanzó a decirles: «estoy en cuarentena verbal».
DANILO MEDINA SÁNCHEZ (2012-2020): perfilado como el más huraño ante los medios informativos, desde el primer hasta el último día de su mandato, recalcó: “prefiero hechos y no palabras” y “yo hablo”, en respuesta a las quejas de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) sobre su distanciamiento o falta de acercamiento con los antiguos gacetilleros.
LUIS ABINADER CORONA (2020-2028): acentuando que “no existe democracia sin información libre y periodistas que ejerzan ese derecho”, inauguró La Semanal con la Prensa y luce que preguntas inapropiadas, asiduamente consideradas fuera de tono y hasta mandadas a formular por opositores, dicen que para fastidiar, conminaron a una pausa y a su reaparición con un formato más mesurado.
Hipólito Mejía (super-abierto), Leonel Fernández (semi-cerrado y cerrado), Danilo Medina (cerrado-cerrado) y Luis Abinader (abierto y semi-cerrado) en sus intercambios noticiosos no correrán -los libre y guarde Dios- la desdicha de tres sujetos estatales que obraron con impulsos desequilibrados, como será narrado en nuestro próximo artículo, titulado “Ser enemigo de un periodista”. Ellos se echaron a tumbas sepulcrales, donde no se escuchan la maldad ni la crueldad de sus discursos, ni sus crujidos.
…………………………………………….
El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
…………………………………….
Opinión
Escalera del protectorado Yanqui y el neofascismo en RD
Published
1 día agoon
septiembre 11, 2026La influencia de EE.UU. en República Dominicana se manifiesta a través de figuras políticas y digitales, promoviendo una agenda neofascista en la región.
- El texto ubica a Marco Rubio, Leah Francis Campos y Víctor Bisonó en la cadena de poder.
- Se menciona a Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina como actores funcionales al esquema.
- La embajadora Leah Francis Campos fue seleccionada por Marco Rubio y designada por Trump
Por Narciso Isa Conde
Aquí, en República Dominicana, en tanto colonia o protectorado de EEUU, la escalera o cadena de enlaces de poder, con fines de comunicación y propaganda mentirosa, se define de arriba hacia abajo y la integran Marco Rubio…Leath Francis Campos (embajadora pro-activa de EE.UU)…Víctor-Ito Bisonó (Canciller)…y un conjunto de influencers fabricados con esos fines (Alofoque y comparsa); pasando por domesticar a Luis Abinader y a Leonel Fernández y su heredero, y dándole el premio de consolación a Danilo Medina.
Es decir, un ideólogo-tutor, Marco Rubio (conectado con el Complejo Militar-Industrial-Financiero-Digital-Minero de EEUU, socio del sionismo israelí y enlazado con su Embajadora y con el gobernador de la colonia victimizada), el Canciller actual de la cuadra de Rubio y un trío de políticos tradicionales, funcionales y muy útiles al imperialismo neofascista en el territorio nacional y en la región.
En el patio dominicano, Trump, Marco Rubio y su embajadora operan a través de los siguientes enclaves para desplegar su impronta neofascista y su estrategia de seguridad neo-monroista, usando además el país como plataforma para el accionar imperialista en el Caribe y más allá.
2) Un canciller no solo lacayo como el anterior, sino además conectado a la Internacional Neofascista y con funciones propias de esa construcción política en el país.
3) Un grupo de prósperos de “influencer” (candidatos a unirse y repetir a repetir el ensayo de ABELARDO de la ESPRIELLA).
En ese contexto las características ideológicas y el proceder de la embajadora Leah Francis Campos, seleccionada por Marco Rubio y designada por Trump, se corresponden con los propósitos políticos del imperialismo estadounidense en este periodo.
Las figuras correspondientes a los gánsteres digitales, siguen pendientes de contratar, o de identificar, en lo concerniente al ejercicio político del tecno-fascismo, funcional a las trampas electorales y a la creación de imágenes engañosas opuestas a la realidad.
La identificación de operadores del gansterismo digital como Cerimedo y Negre, y sus empresas, como instrumentos de intervención y agresión creados por EEUU, evidencia una coordinación orgánica en la que los intereses geopolíticos imperialistas de EE. UU. en el continente convergen con estas nuevas derechas ultraconservadoras.
Ambos, evidentemente seleccionados por el Departamento de Estado, bajo el mando de Marco Rubio, están temporalmente inhabilitados; pero bien pueden ser protegidos para su reutilización, como también reemplazados por tantos otros con características parecidas.
Corresponde emplazar, desde ahora y siempre, a los titulares del poder imperialista neocolonial (del oficialismo y de la llamada oposición dominicana), acerca de cuáles empresas y personas han sido, o serían contratadas, para la asesoría en guerra digital y publicidad.
Aquí, en circunstancias menos radicales, no han faltado asesores de imagen y negociantes digitales (brasileño unos, colombianos otros) con oficinas en el Palacio Nacional, a lo Rodrigo Paz-Cerimedo.
Si eso fue cuando la decadencia y descomposición no eran tan amenazante para el imperialismo, que no será hoy. ¡Vale la alerta!
