Opinión
Fuertes desafíos políticos y económicos en 2020, por elecciones y nuevo gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
Las debilidades institucionales determinan, una vez más, que las elecciones generales se constituyan en una nueva prueba para la estabilidad política y económica de la República Dominicana, obligando a los segmentos más influyentes de la sociedad civil a actuar como moderadores para evitar un desmadre del proceso.
Las perspectivas apuntan hacia un cambio del partido que ha gobernado el país en los últimos cuatro periodos y en 20 de 24 años, lo que implicaría importantes reformas políticas y económicas para apuntalar la institucionalidad democrática y garantizar la sostenibilidad financiera y el desarrollo nacional, extendiéndose por todo el nuevo año 2020.
¿Elecciones democráticas?
La República afronta el reto de unas elecciones municipales dentro de sólo 5 semana, y una presidenciales y congresuales tres meses después, como siempre con las interrogantes de si quienes detentan el dominio de casi todo el Estado y gran parte de las entidades sociales, permitirán la competencia democrática, bajo los principios de “libertad, transparencia, equidad y objetividad” que instituyen los artículos 211y 212 de su Constitución.
Eso no debería estar en discusión, pero la irrupción del gobierno con todos los recursos del Estado en las elecciones, incrementada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mantiene incertidumbres sobre la limpieza electoral, y si alcanzó niveles sin precedente en el 2016, cuando las encuestas adelantaban una cómoda victoria de la reelección del presidente Danilo Medina, hay razones para temer peor abuso del Estado, tras la división de su partido y ahora con resultados muy desfavorables en las investigaciones.
Si involucraron a casi todos los altos funcionarios en la elección del candidato presidencial del PLD, para favorecer al delfín del presidente Medina, con casi monopolio de la publicidad, pocos dudan que será peor cuando se trate de mantener el control del Estado. Hace 4 años 39 ministros y altos funcionarios salieron al territorio a dirigir la campaña electoral peledeísta, y designaron 33 mil empleados temporeros. En ministerios como Educación y Obras Públicas multiplicaron hasta 13 veces el gasto en viáticos, ayudas y donaciones, aparte de decenas de miles de dirigentes y militantes empleados fijos del Estado y miles colocados por legisladores, gobernadores, dirigentes municipales y locales.
La inequidad en la propaganda política marcó hasta un 80 por ciento en favor de las candidaturas peledeístas, mientras el gobierno duplicó su gasto publicitario y, con el control total de los órganos electorales, ignoró todo reclamo de los partidos opositores, así como las denuncias periodísticas y de la observación electoral de Participación Ciudadana.
Reto del equilibrio fiscal
Entre los retos que trascienden el mero interés electoral se cuenta el evitar el desbordamiento del gasto gubernamental en la campaña electoral, lo que en el 2012 alcanzó la desmesura de más de 150 mil millones de pesos, como déficit fiscal del gobierno central, que junto al del Banco Central y otras entidades autónomas se llegó a estimar en 200 mil millones de pesos, un 8 por ciento entonces del PBI.
La “inversión política” del 2012 fue varias veces mayor que los 40 mil millones de pesos que el presidente Leonel Fernández anunció, en Nueva York, en noviembre del 2011, que gastaría para garantizar el triunfo de Danilo Medina, cuando las encuestas lo situaban hasta 16 puntos por debajo de Hipólito Mejía, entonces candidato presidencial por el PRD. Logró superarlo 51 a 47 por ciento.
Hace cuatro años, en el 2016, el desbordamiento fue menor, 34 mil millones de pesos de déficit entre enero y abril, cuando las encuestas indicaban hasta el 61 por ciento de preferencias por la reelección de Medina, con que fue reelecto, frente a 35 por ciento de Luis Abinader, por el recién constituido Partido Revolucionario Moderno.
Esta vez los temores por el desbordamiento fiscal en la campaña electoral son mayores por los signos de preocupación derivados del conflictivo escenario internacional, incluyendo una reducción del crecimiento económico, drástica en América Latina, que fue significativa también en el país en el último año, de 7 al 5 por ciento del PIB, con una fuerte caída del turismo, que llegó a perder hasta 60 por ciento de las reservas para la actual temporada y el próximo año, aunque recuperó la mitad en el último trimestre. Este año trae mayores dificultades a sectores productivos por nuevas desgravaciones que impone el TLC con Estados Unidos.
La responsabilidad social
Al no estar en juego la reelección presidencial, los temores por el desbordamiento fiscal deberían ser menores, pero el peledeísmo hace tiempo convirtió en “principio político” que el poder no se cede y hay que utilizarlo en la dimensión que sea posible en aras del partido. En el 2012 no estaba en juego una reelección del presidente y no se había producido la división del año pasado.
Los temores por la calidad democrática del actual proceso electoral han pasado de los partidos políticos a importantes segmentos sociales, incluyendo empresariales, sobre todo porque tras la división del PLD en octubre pasado, el presidente Medina proclamó en un discurso que con lo que quedaba de su partido “yo voy a ganar las elecciones”. De ahí el Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral” emitido al comenzar diciembre y que ha nucleado al Foro Ciudadano y decenas de organizaciones sociales, religiosas, académicas, gremiales y a connotados líderes empresariales, comunicadores e intelectuales.
El esfuerzo ha incluido a dos obispos y los rectores de las dos universidades católicas que operan en Santo Domingo, así como a dirigentes del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, y de instituciones como el Centro Social Juan XXIII y Centro Juan Montalvo, Participación Ciudadana y otras. Ya han visitado la Junta Central Electoral, expresando su preocupación por “las prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.
La presión ciudadana por el ejercicio de la real democracia encuentra mejores perspectivas esta vez por nuevos mandatos legales que procuran la equidad y transparencia, por órganos electorales más independientes, y por las convicciones generalizadas de que la repetición de las iniquidades e inequidades del 2016, esta vez conllevarían mayores riesgos de desestabilidad por el hastío generado por un prolongado dominio político. Hace 4 años los partidos de oposición rechazaron reconocer la legitimidad del proceso electoral.
Alternabilidad democrática
Al comenzar el año las percepciones generalizadas indican la posibilidad de una alternabilidad de partido gobernante, lo que en una democracia, aún de mediana intensidad, no debería causar incertidumbres, cuando históricamente está demostrado aquí y en todo el mundo que la prolongación de los gobernantes corroe la institucionalidad democrática..
Aquí y ahora son pocos los que discuten que la ciudadanía está mostrando evidencias de fatiga y hastío frente al dominio peledeísta, y que su prolongación luce remota tras la división del PLD que originó un tercer polo electoral encabezado por su ex-presidente y líder Leonel Fernández, y se reconoce el auge del principal partido de oposición y su candidato presidencial Luis Abinader.
Con cinismo político o vergüenza ajena, lo que muchos discuten es si el presidente Danilo Medina permitirá su desplazamiento del poder. Sobreestiman el presidencialismo, como lo hicieron durante más de dos años cuando el actual mandatario, con todo el poder del Estado, se empeñó en buscarse una nueva reforma constitucional para prolongarse. Tras ese fracaso parecería más difícil lograrlo a través de un delfín que no acaba de mostrar mayores méritos políticos que representar la confianza y continuidad de Medina.
A veteranos observadores, el proceso de desgaste del gobierno y las circunstancias nacionales e internacionales que le desfavorecen, les recuerdan el proceso de 1978 cuando se decía que no había forma de vencer el dominio político, económico y militar-policial que ejercía el presidente Balaguer. Resultó traumático pero se alcanzó, y con un candidato como Antonio Guzmán que carecía de habilidades discursivas y expresiones programáticas, aunque suplidas por el entonces líder del PRD José Francisco Peña Gómez. Guzmán como Abinader era un empresario, centrista y con grandes habilidades para la negociación política.
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Una pesada herencia financiera
El gobierno que resulte de las elecciones de mayo recibirá una pesada herencia fiscal, y estará obligado a producir de inmediato importantes cambios de políticas para mejorar substancialmente el gasto público, reduciendo el clientelismo, la malversación, la corrupción y el dispendio, a fin de legitimarse para el pacto fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que el presidente Medina ha evadido apoyándose en un galopante endeudamiento que duplicó la deuda consolidada del Estado.
El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, al igual que los centros de investigación económica nacional, han coincidido en la necesidad de poner límites a más de una década de déficits fiscales consecutivos, para garantizar la sostenibilidad fiscal de la nación. Quien llegue a gobernar en agosto y pretenda desconocerlo, se arriesga a que la bomba le explote en las manos.
Según últimos informes del FMI la deuda consolidada del Estado compromete ya el 54.6% del PIB, pero el economista dominicano Apolinar Veloz, con experiencia de fiscalizador del mismo organismo, la lleva hasta el 60%, al sumar compromisos no registrados por el Ministerio de Hacienda, que la mantiene en 46 mil millones de dólares y por debajo del 50% del PIB.
El presupuesto del 2020 conlleva un déficit por $96 mil millones. El pago de intereses implica casi la cuarta parte de los ingresos fiscales. Por amortización de capital e intereses de la deuda externa habrá que pagar este año US$ 2 mil 508 millones, equivalentes a $130 mil 416 millones. y de deuda interna otros $136 mil 566 millones, para totalizar $266 mil 982 millones, el 36% de los ingresos ordinarios estimados en 750 mil 800 millones de pesos.-
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!