Opinión
FULGURAZOS
Por Andrés L. Mateo
Donald Guerrero, un tecnócrata despiadado que funciona como Ministro de Hacienda, cuando anuncia que el país ha tomado quinientos millones de dólares más para financiar Punta Catalina, lo hace como si fuera una conquista del pueblo, un éxito del país, una oportunidad de regocijo nacional. Y luego se pavonea diciendo: “Es un indicador de la confianza de los mercados internacionales”. Indicándonos que deberíamos marchar en las calles envueltos en la bandera nacional regocijados por una “nueva hazaña” de empréstito del gobierno. Un tecnócrata despiadado no puede tener otra lógica que no sea convertir en un trámite mediático, o en un asunto de gestión empresarial, algo que lleva aparejado el destino de millones de dominicanos que ni siquiera han nacido. Cada préstamo es un eslabón que nos inmoviliza en el espectro de la miseria perpetua. En algún momento no tan lejano el peso de la deuda estallará, como ocurrió en Portugal, en Grecia, o en Puerto Rico; y el precario estado de bienestar de los dominicanos se irá al carajo, porque ya hace poco más de diez años que el presupuesto dominicano se equilibra con préstamos. Somos un país de musaraña, una vulnerable burbuja encampanada en la manipulación estadística, y cuando llegue el estallido ni Danilo Medina (quien ha triplicado la deuda en la misma medida que ha aumentado la corrupción), ni Donald Guerrero sufrirán daño alguno, porque sus fortunas los blindará de la conflagración.
DOS
Hace apenas menos de un año el Banco Mundial metió el escalpelo en el tipo de crecimiento que hemos tenido en el país, produciendo un documento que deberían consultar cada cierto tiempo no solo la clase política gobernante, sino los poderes fácticos de la nación. Ese documento se llama “Cuando la prosperidad no es compartida: Los vínculos entre el crecimiento y la equidad en la República Dominicana”, y sus datos son estremecedores. Uno comprueba que es cierto que el PIB creció desde el año 2000 al 2011 casi un 50%; pero la gran mayoría de la población quedó excluida por completo de ése crecimiento. Lo que es importante apuntar es que ése crecimiento tiene como base la ascendente escala de préstamos, aunque su impacto en la movilidad social apenas llegó a un 2% de la población que pudo ascender al cambio económico. Pese al crecimiento basado en los préstamos, de los diez millones de dominicanos, solo un poco más de 170 mil pudo escalar el peldaño más arriba de su estratificación social. Somos un país estancado en el inmovilismo, el 92% de los jóvenes que nacen en la miseria ancestral de los barrios morirán en esa misma condición de manera inexorable. Esta maldita sociedad es una trampa, y quienes nos gobiernan cierran, cada vez más, la salida de la ratonera.
TRES
¿Quién se apropió de toda esa riqueza generada para aumentar en más de un 50% el PIB? Casi un cuatro por ciento de la clase media ha desaparecido, y éste es un dato concurrente en todos los informes de los organismos internacionales. La clase media dominicana se volatiliza, y está obligada a camuflarse, aferrada al péndulo que va de la pobreza a la depauperación. Es por eso que nuestra crisis es mayormente una crisis moral. Aguantamos la oratoria fulminante de un progreso que hemos tenido a partir de comprometer el destino de todos con los préstamos, y sin embargo naufragamos al ahondar la fosa de la desigualdad y la exclusión. Un tecnócrata despiadado como Donald Guerrero no le importa que las condiciones generales de existencia de los pobres dominicanos se agudicen con una economía cada vez más atada al pago de una deuda que no ha sido capaz de beneficiar mínimamente a la población, y cuyo pago es una gravosa carga para el país. Tanto él como Danilo Medina se han blindado, y son invulnerables, y responden solo al presente. Los préstamos comprometen el destino de todos, y son, antes que nada, la revelación inexcusable de que quienes nos dirigen han fracasado rotundamente por el alto grado de inequidad con que nos hemos desenvuelto.
CUATRO
¿Quinientos millones más para Punta Catalina?
La clara intimidación de una mentira, el arte de la corrupción convertido en intimidación colectiva. Punta Catalina será, y es, un monumento al engaño y al desafuero del poder. Sobre el hormiguero humano de la sociedad civil en nuestro país, no flamea ya ningún trapo sagrado. Vivimos el reinado de la corrupción.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.