Opinión
Fulgurazos OISOE
Por Andrés L. Mateo
¿Cómo reducir el funcionamiento de un sistema de corrupción que tocaba tres ministerios, a cuatro empleados subalternos que eran la cara visible del negocio?
UNO
El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a seis y cinco años de prisión a los cuatro acusados de extorsionar a contratistas, en el ya célebre caso de OISOE, que tuvo como telón de fondo el suicidio dramático del arquitecto David Rodriguez. Debería regocijarnos que lo hayan condenado, y olvidar la conciencia trágica de una sociedad que nos ha convertido a todos en seres unidimensionales y aislados. Pero, no. Si hay un caso en el cual el interés político está primando sobre la justicia es éste. Si hay un caso en el que la impunidad esté a flor de piel es éste. Primero, porque los condenados eran únicamente el plano operativo de la trama mafiosa que funcionaba en esa institución. Y, segundo, porque los dueños del negocio, los verdaderos culpables, quedaron fuera del expediente simple y llanamente porque la voluntad política los excluyó.
¿Cómo reducir el funcionamiento de un sistema de corrupción que tocaba tres ministerios, a cuatro empleados subalternos que eran la cara visible del negocio? ¿En las investigaciones no fueron mencionados varias veces el Director de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh; y el subdirector técnico José Florencio? ¿Un caso de corrupción sistémica, con resultados económicos apetecibles, practicando la extorsión en los mismos recintos de los ministerios, no tenía que contar con el poder para operar con toda libertad? Ese espectáculo degradante de la justicia es lo que nos humilla, y nos enseña que la justicia oculta una perversión de la práctica política, y es su sierva. Incluso el Procurador General de la República, el inefable Jean Alain Rodriguez, consideró la sentencia como “un logro de la justicia”.
DOS
La legitimidad racional-legal del Procurador Jean Alain Rodriguez puede engendrar temor en los ciudadanos alejados del poder. Él es un procurador de la justicia sesgada, del prostibulario legal que únicamente atiende a los requerimientos del poder. ¿Un logro de la justicia? ¿De cuál justicia? Una acusación que dejó afuera a los verdaderos culpables, y sobre la cual se empina un veredicto vergonzoso que encubre más que descubre el crimen que juzga, se podría considerar “un logro de la justicia”. El retórico, ése hombre que los griegos antiguos llamaban “el perro”, el cínico, acaba siendo él mismo su bufón. Se puede convertir en poderoso, decir cosas que provienen de su artificialidad, pero siempre se quedará desnudo, incluso si lleva puesto el frac de un Procurador. En la carta número diecinueve del libro de Francisco Moscoso Puello “Cartas a Evelina” (Un libro iracundo, rabioso, lleno de diatribas contra sí mismo y contra una cierta idea de la dominicanidad) hay un curioso artículo sobre el frac, en el cual Moscoso Puello dice: “(…) Por lo regular el frac no piensa mucho, no se fatiga, agrega una encantadora ligereza al que lo lleva”. Y no sé por qué cuando leí las declaraciones del Procurador lo imaginé vestido de frac y desnudo.
TRES
Dotada de un vocabulario propio, la justicia dominicana es sierva del poder, siempre lo ha sido. Ahora que la Marcha Verde agita los vocablos “impunidad” y “corrupción”, es bueno detenerse en las desviaciones circunstanciales del aparato judicial para servir a quienes gobiernan. El caso OISOE fue detonante de una indignación social que ahora la sentencia medianamente sofoca. Con un fondo trágico, manejado con discreción y tacto, el caso llegó a la justicia, pero llegó expurgado. Ni Pimentel Kareh ni José Florencio figuraron como acusados. Sin que ni siquiera interviniera un juez, fueron esfumados del proceso, volatilizados; dejando el escenario a unos “culpables” que eran sus trabajadores, sus peones, sus testaferros. Si alguien quería encontrar un modelo arquetípico de la palabra impunidad ilustrado en la realidad, en el caso OISOE lo encontrará. Arbitrario, inmoral, descarado, ese “logro de la justicia” es el hecho de que haya siempre, constantemente, una repetición del poder, y de que los amos del poder impongan sus deseos. La comedia bufa de nuestra existencia ha deformado, prostituido, todas las instituciones para ubicarse en su lugar. Se puede precisar el sentido de esta prostitución en caso como éste. Laura Guerrero Pelletier, la fiscal que se supone debe perseguir la corrupción, construyó un expediente armada de pobres herramientas y aviesa voluntad, en el cual los verdaderos culpables no aparecen. Y hubo juicio. Pero, sobre todo, hubo impunidad. ¿Logro de la justicia? ¡No, basura del sistema!
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!