Opinión
Gallup-HOY: perdida la batalla
La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana evidencia que el Gobierno del Presidente Danilo Medina tiene perdida la batalla frente a la corrupción y en particular en torno al escándalo Odebrecht y la contratación de las plantas de Punta Catalina con opiniones negativas de hasta más del 90 por ciento de la población.
En perspectivas de candidatura presidencial la situación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sigue incierta por la prohibición de la reelección, por lo que Leonel Fernández se mantiene como alternativa, pero el que aparece mejor situado es Luis Abinader para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Rechazo a la corrupción
Si algo aparece absolutamente claro en la última encuesta Gallup-HOY publicada esta semana es que la ciudadanía dominicana está tomando consciencia sobre la corrupción hasta el punto que el 89% la considera en niveles alarmantes y aparece como segundo problema nacional para el 35%, después de la delincuencia que lidera para el 71%.
Así mismo el 72% desaprobó la gestión gubernamental en torno a la delincuencia y 68 sobre la corrupción administrativa, mientras el 53% cree que ahora hay más corrupción que en el primer período del presidente Medina y otro 26 la estima igual, lo que implica que 79% no advierte que la hayan combatido eficientemente, aunque un 43 opina que han hecho esfuerzos por disminiunirla, contra un 53% en sentido contrario.
El 67% estima negativa la actuación frente a la inmigración, en tanto un 58% desaprueba la Presidencia por la corrupción.
La sociedad está impactada por los grandes escándalos de corrupción que se han presentado en los últimos tiempos, especialmente el de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht, señalado por el 74%, seguido de los expedientes de Félix Bautista, los aviones Tucano y las tragedias de la Oficina de Ingnieros Supervisores de Obras del Estado y la Organización Metropolitana de Servicios de Autobuses.
Hasta hace poco, la preocupación por la corrupción fue asunto secundario, expresada por las élites sociales y clases medias, pero se ha extendido en todos los niveles y hasta entre simpatizantes del partido gobernante. Fue causa y consecuencia de la aparición del Movimiento o Marcha Verde que se ha etendido este año por todo el país.
Odebrecht y plantas Catalina
La investigación de Gallup evidencia que todo el aparato propagandístico del gobierno, especialmente para defender las plantas de carbón de Punta Catalina, no ha podido contener la convicción generalizada de que están salpicadas por la corrupción. El 68% estima que hubo irregularidades, 90% en la licitación y 78 en la adjudicación, y peor aún un elevado 91% consideró que están sobrevaluadas.
En torno a la investigación del escándalo de sobornos y sobrevaluaciones de la Odebrecht el 57% no se muestra satisfecho con la gestión del Ministerio Público mientras un elevadísimo 93% estima que faltan otros en el expediente de acusaciones que generaron medidas de coerción a fines de mayo pasado.
Con tan elevada proporción que cree que las plantas Catalina están sobrevaluadas, el gobierno tendrá mayores dificultades para salir del impasse que mantiene con la constructora Odebrecht, la cual ha reclamado otros 708 millones de dólares para terminarlas, y ya no el año próximocomo se había programado, sino ya para el 2019.
Aunque el reclamo trascendió a fines de agosto, dos meses después permanece en denso silencio, como ha sido la pauta desde el inicio de la mega obra que aprentemente perseguirá al presidente Medina hasta más allá de su mandato. Es significativo que el 78% considera que no se apega a la verdad el informe de la comisión presidencial que investigó la contratación de las plantas.
En cuanto a la elaboración del expediente a los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht, el plazo de 8 meses para formalizar acusaciones vence a fines de enero próximo y hay pocas expectativas de que presenten pruebas suficientes más allá de las generalidades que indicó la jueza Miriam Germán, y mucho menos de que se amplíen las indagatorias a otros presuntos responsables.
Hace dos semanas el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que por falta de dinero, no se había avanzado en las auditorías para determinaar si hubo sobrevaluaciones en las obras contratadas con Odebrecht, lo que causó estupor en la opinión pública.
Cae la valoración de Danilo
La encuesta efectuada en la segunda mitad de Octubre registra una considerable caída de la valoración del presidente Danilo Medina, ahora con 51%, 12 puntos menos que los 63 que registraba en la anterior, de febrero pasado. Cuando se pregunta por sus cinco años de gobiero sube al 55%. En dos encuestas del 2015 su valoración estaba en 82%, y en el 2014 entre 87 y 91%.
Resulta significativo que se mantiene un acendrado pesimismo en la percepción sobre la economía nacional que registran las encuestas. El 79% considera que el país va por mal camino, 5 puntos más que el 74 registrado en febrero, con un 74 %, las tres cuartas partes de la población, opinando que la situación económica es mala o muy mala, 2 puntos menos que en febrero, y el 52% califica de mala o muy mala su eonomía personal.
El 37% de la población estima que el país se mantiene estancado, pero otro 24% dice que se está atrasando, y sólo el 36 por ciento lo aprecia en progreso, no obstante que el gobierno martillea por todos sus medios una optimista visión de progreso, de superación de la pobreza y auge del empleo y un alto crecimento económico en promedio de 6 por ciento, aunque reducido a menos del 5 este año.
Un factor que pudiera estar incidiendo es la percepción, para el 63% de que la ineguridad está en incremento, dado el hecho de que la delincuencia es señalada como el principal problema nacional.
Abinader bien situado
En términos políticos, Luis Abinader es quien aparece mejor situado en las preferencias electorales de cara al 2020, aunque para los comicios faltan años y medio. En el universo de los encuestados es el que mayor porcentaje logra con 29, mientras Danilo Medina alcanza 21, afectado por la porohibición de la reelección presidencial, y Leonel Fernández el 17%.
Abinader nás que duplica en prefrerencias generales a su contrincante para la candidatura presidencial del PRM Hipólito Mejía. Pero cuando se le preguntó a quienes se confesaron smiembros o simpatizantes de ese partido, la diferencia fue abismal, 69 a 14%, mucho mayor que el 70 a 29 con que se definió la primaria que en el 2015 eligió candidato al economista Abinader.
En el PLD se advierte una cierta recuperación del expresiente Leonel Fernández, quien en el univeso de la encuesta queda sólo 5 puntos por debajo de Medina, 22 a 17%, y entre los simpatizntes o miembros del PLD 35 a 25 %, pero con el mandatario sin poder postularse, Fernández aparece muy por encima del resto, y quien le sigue es su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño, con registros de 6% en el universo y también entre los peledeistas. El resto de los mencionados como preferidos no pasa del 2 por ciento en ambos escenarios.
Ito Bisonó asciende en el universo de los encuestados superando en simpatías a Quique Antún apenas con 7 y 6%, pero entre los reformistas social cristianos Antún lo triplica 31 a 10%. –
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!