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Opinión

Garata por los salarios: ¿al zafacón legislativo?

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Por Rosario Espinal

La garata que generó la observada Ley de Salarios fue digna de contemplación con perplejidad. Por largo tiempo se ha dicho que en el Estado Dominicano hay ineficiencia, derroche de recursos, malgasto, muchas botellas, y que los salarios varían de institución en institución sin razones válidas que expliquen la discrepancia.

El proyecto de Ley de Salarios provino del Ministerio de Administración Pública, después de análisis y supuestos acuerdos, así que era de asumirse que la pieza sería aprobada a pesar del forcejeo.

Pero no. Los afectados sacaron dientes y uñas en defensa de sus beneficios. Utilizaron diversos argumentos en comunicados y declaraciones, desde la autonomía constitucional hasta pagar bien para no robar.

Los principales opositores a la propuesta Ley de Salarios fueron los mismos que han adquirido una posición privilegiada en la administración pública: Banco Central, Superintendencia de Bancos, Dirección General de Impuestos Internos, entre otros.

Fue tal la garata en las últimas semanas del gobierno de Leonel Fernández, que el Presidente del Tribunal Constitucional criticó la propuesta ley, violando el protocolo de su investidura que le impide hablar libremente al público ante un asunto que puede llegar a su instancia.

Se sabe que en el Estado Dominicano hay paraísos terrenales. Instituciones donde se respira modernidad burocrática, son altos los salarios, hay buenos beneficios, se trabaja con aire acondicionado, y hay papel higiénico en los baños. Esta es la aristocracia de la administración pública, mientras la mayoría de las oficinas carecen de tales condiciones.

Sin duda, un Banco Central fuerte e independiente es fundamental para la estabilidad económica. Pero ojo: ¿son los recursos del Banco Central privados? Ante la crisis financiera de 2003-2004, ¿quién pagó por los platos rotos que en gran medida fue producto de la inadecuada supervisión bancaria? Pagó el pueblo dominicano con inflación, devaluación, pobreza y aumento de impuestos.

Si se argumenta como hicieron algunos que un técnico del Banco Central debe ganar bien porque ha sido capacitado para sus funciones, ¿no debería decirse lo mismo de los maestros, los médicos o los policías?

Las Altas Cortes, ah sí, necesitan independencia para emitir sus sentencias con objetividad, apego a la ley, y en base a las evidencias. ¿Pero quiere decir esto quepueden establecer salarios a su antojo?

¿Y el Congreso? Hace las leyes y se considera inmune a todo lo que no le gusta.

Una cosa es la independencia para realizar las funciones, y otra es contar con un esquema general de salarios racional y justo en la administración pública.

Todas las instituciones del Estado reciben sus recursos del Presupuesto Nacional, por tanto, la supuesta autonomía financiera que contempla la Constitución para algunas entidades es una falacia.

Si la Ley de Salarios no puede incluir ni al Poder Legislativo, ni a la Suprema Corte de Justicia, ni al Tribunal Constitucional, ni a la Junta Central Electoral, ni al Tribunal Superior Electoral, ni a la Cámara de Cuentas, ni al Banco Central, ni a la Superintendencia de Bancos, ni a INDOTEL, ni a la Dirección General de Impuestos Internos, entonces que no se apruebe.

El Estado Dominicano no debe seguir dividido entre aristócratas y plebeyos como está ahora. ¿Para qué aprobar una ley que mantenga la misma división?

En este país, donde tantos quieren vivir con sueldos altos, yipeta, gastos de representación y jugosas pensiones (todo a costa del pueblo), sucede con frecuencia que cualquier intento de organizar la administración pública se vuelve un tollo.

Así sucedió con la propuesta Ley de Salarios que, en la víspera del cambio de gobierno, fue tirada al zafacón legislativo.

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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