Opinión
Garata por los salarios: ¿al zafacón legislativo?
Por Rosario Espinal
La garata que generó la observada Ley de Salarios fue digna de contemplación con perplejidad. Por largo tiempo se ha dicho que en el Estado Dominicano hay ineficiencia, derroche de recursos, malgasto, muchas botellas, y que los salarios varían de institución en institución sin razones válidas que expliquen la discrepancia.
El proyecto de Ley de Salarios provino del Ministerio de Administración Pública, después de análisis y supuestos acuerdos, así que era de asumirse que la pieza sería aprobada a pesar del forcejeo.
Pero no. Los afectados sacaron dientes y uñas en defensa de sus beneficios. Utilizaron diversos argumentos en comunicados y declaraciones, desde la autonomía constitucional hasta pagar bien para no robar.
Los principales opositores a la propuesta Ley de Salarios fueron los mismos que han adquirido una posición privilegiada en la administración pública: Banco Central, Superintendencia de Bancos, Dirección General de Impuestos Internos, entre otros.
Fue tal la garata en las últimas semanas del gobierno de Leonel Fernández, que el Presidente del Tribunal Constitucional criticó la propuesta ley, violando el protocolo de su investidura que le impide hablar libremente al público ante un asunto que puede llegar a su instancia.
Se sabe que en el Estado Dominicano hay paraísos terrenales. Instituciones donde se respira modernidad burocrática, son altos los salarios, hay buenos beneficios, se trabaja con aire acondicionado, y hay papel higiénico en los baños. Esta es la aristocracia de la administración pública, mientras la mayoría de las oficinas carecen de tales condiciones.
Sin duda, un Banco Central fuerte e independiente es fundamental para la estabilidad económica. Pero ojo: ¿son los recursos del Banco Central privados? Ante la crisis financiera de 2003-2004, ¿quién pagó por los platos rotos que en gran medida fue producto de la inadecuada supervisión bancaria? Pagó el pueblo dominicano con inflación, devaluación, pobreza y aumento de impuestos.
Si se argumenta como hicieron algunos que un técnico del Banco Central debe ganar bien porque ha sido capacitado para sus funciones, ¿no debería decirse lo mismo de los maestros, los médicos o los policías?
Las Altas Cortes, ah sí, necesitan independencia para emitir sus sentencias con objetividad, apego a la ley, y en base a las evidencias. ¿Pero quiere decir esto quepueden establecer salarios a su antojo?
¿Y el Congreso? Hace las leyes y se considera inmune a todo lo que no le gusta.
Una cosa es la independencia para realizar las funciones, y otra es contar con un esquema general de salarios racional y justo en la administración pública.
Todas las instituciones del Estado reciben sus recursos del Presupuesto Nacional, por tanto, la supuesta autonomía financiera que contempla la Constitución para algunas entidades es una falacia.
Si la Ley de Salarios no puede incluir ni al Poder Legislativo, ni a la Suprema Corte de Justicia, ni al Tribunal Constitucional, ni a la Junta Central Electoral, ni al Tribunal Superior Electoral, ni a la Cámara de Cuentas, ni al Banco Central, ni a la Superintendencia de Bancos, ni a INDOTEL, ni a la Dirección General de Impuestos Internos, entonces que no se apruebe.
El Estado Dominicano no debe seguir dividido entre aristócratas y plebeyos como está ahora. ¿Para qué aprobar una ley que mantenga la misma división?
En este país, donde tantos quieren vivir con sueldos altos, yipeta, gastos de representación y jugosas pensiones (todo a costa del pueblo), sucede con frecuencia que cualquier intento de organizar la administración pública se vuelve un tollo.
Así sucedió con la propuesta Ley de Salarios que, en la víspera del cambio de gobierno, fue tirada al zafacón legislativo.
Por José Cabral
La incapacidad es tan preocupante y peligrosa como la vocación mafiosa de algunos, pero ambas destruyen o dañan todo el sistema público y privado de la nación.
No se puede precisar por qué razón el dominicano exhibe tanta hambre de dinero, sobre todo cuando no es suyo, cuando pertenece al Estado.
Los robos del dinero de las arcas nacionales son cada más vez más cuantiosos y espectaculares, nunca comparables con lo que ocurre en otros países del hemisferio o el mundo.
El dominicano que ocupa una posición pública considera cien millones como una cantidad insignificante, sin ninguna trascendencia.
Siempre va tras miles de millones de pesos, son robos del patrimonio público realmente impresionante, máxime cuando está segura la impunidad.
Este flagelo, que prácticamente se ha tragado el país y que nadie está exento de él, se ha diseminado por todo el territorio nacional, que abarca desde un regidor hasta los alcaldes, principal autoridad municipal.
La gran mayoría de los hombres y mujeres dominicanos consideran la actividad política partidista y un cargo en el Gobierno como una vía normal y legitima de acumular fortunas.
Pero en la misma dirección y con una gran secuela de daños camina la incapacidad, la ineptitud de la mayoría que va al Gobierno, lo cual se convierte en una retranca para recuperar la ética en la administración de la cosa pública.
El inepto y el corrupto no creen, aunque la entiendan, en la planificación estratégica, porque ella sólo tiene sentido cuando se va al Estado a servir, no a servirse, y ello se contrapone con la filosofía del que sólo busca dinero para sus bolsillos.
De manera, que tanto uno como el otro, es decir, el depredador como el inepto, no pueden dejar resultados positivos para el país y luce que en ambos contextos están los peledeístas, en sus dos versiones (FP y PLD) y en el último los que hoy disfrutan del poder (PRM).
Por esta razón es muy poco lo que se puede esperar en favor de la mejor causa a corto, mediano o largo plazo, porque el que tiene vocación para sustraer el dinero ajeno y el que no tiene la capacidad para dirigir el Estado, no puede promover un futuro que no sea de desaciertos y lleno de distorsiones que no arreglan ninguna sociedad.
A mi juicio, esa es la realidad, por lo que no parece que pueda aparecer por ahora en el horizonte nacional una salida para bien de todos y cada uno de los dominicanos.
Por Rommel Santos Diaz
La autoridad judicial competente en el Estado custodio deberá atender ciertas gestiones cuando la persona detenida comparezca ante ella, en particular si la orden se aplica a la persona, y el respeto a los derechos de la persona. No obstante, ninguna de estas determinaciones fundamenta el rechazo de la entrega.
El artículo 97 del Estatuto de Roma determina que el Estado deberá consultar con la CPI ¨sin dilación¨, si por ejemplo , en la investigación realizada se hubiere determinado claramente que la persona en el Estado de detención no es la indicada en la solicitud.
Los Estados Partes podrán decidir lo que deseen hacer a escala nacional, cuando no se siguió el proceso adecuado, o no se respetaron los derechos de la persona. Pero los Estados Partes no podrán rechazar la solicitud de entrega de una persona, por estas cuestiones, ni tampoco el Estatuto de Roma prevé que puedan postergar la ejecución de la solicitud de entrega en tales circunstancias.
Cuando la persona no pudiera ser localizada del todo, pese a los intentos realizados por el Estado requerido, el Estado deberá también ¨consultar con la Corte Penal Internacional ´´ sin dilación ¨para resolver el asunto.
Existe, sin embargo, un caso en el cual los Estados Partes podrán aplazar la ejecución de una orden de entrega. De conformidad con los artículos 20 y 89, la persona que sujeto de la orden de entrega podrá impugnar la solicitud ante un tribunal nacional, con base al principio de ne bis idem. El articulo 20 dispone sobre este principio: ¨la CPI no perseguirá a nadie que haya sido perseguido por otro tribunal en razón de los delitos de genocidio, crimen de lesa humanidad, o crimen guerra, tal y como están definidos por el Estatuto de Roma.
En el caso de que la persona impugne la solicitud el Estado requerido deberá ¨ consultar inmediatamente con la CPI para que se determine si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la causa¨. La CPI se cerciorará de su competencia en todas las causas que le sean sometidas.
La CPI deberá determinar que la persona de que se trate haya sido enjuiciada por la conducta a que se refiere la acusación. Aun así, el Fiscal podrá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares para que ésta autorice la investigación cuando exista duda sobre la voluntad o inhabilidad del Estado para cooperar genuinamente con el enjuiciamiento. El Estado solicitado o el Fiscal podrán apelar este dictamen ante la Sala de Apelaciones.
En cuanto a las obligaciones los Estado Partes deberán consultar con la CPI sin dilación para resolver cualquier problema que surja relacionado con la ejecución de una solicitud de entrega, inclusive en el caso en que la persona en el Estado requerido no sea con certeza la persona solicitada en la orden de detención. No podrán simplemente rechazar la ejecución de la orden de entrega.
Los Estados Parte deberán permitir que la persona sujeta de la entrega impugne ante un tribunal nacional o cualquier autoridad competente, si la CPI busca a la persona por una conducta que ya ha sido objeto de un juicio por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. No obstante, el tribunal o la autoridad nacional no podrán determinar si la cuestión es o no admisible ante la CPI, solo la CPI puede tomar tal decisión.
Si la persona sujeto de la entrega impugna la orden ante un tribunal o cualquier otra autoridad nacional, con base al principio de ne bis in idem. El Estado solicitado deberá consultar inmediatamente con la CPI para que se determine si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la causa.
Si la decisión sobre la admisibilidad esta pendiente, el Estado requerido podra aplazar la ejecución de la solicitud hasta que la CPI determine su admisibilidad.
En cuanto a la implementación los Estados Partes deberán asegurarse de contar con los procedimientos que permitan una comunicación rápida y eficiente con la CPI, aun si existe un problema en la ejecución de una solicitud de entrega, inclusive sobre la imposibilidad para localizar a la persona requerida.
Los Estados Partes deberán establecer procedimientos e introducir legislación , si todavía no cuentan con ella, que asegure que las personas requeridas por la CPI cuenten con algún medio de impugnación en el derecho nacional, cuando el proceso o los derechos de la persona bajo el derecho nacional no se hayan respetado cuando fue detenida.
Se deberá establecer un procedimiento para aquellas soluciones en que la persona requerida impugne ante un tribunal o autoridad nacional competente con base al ne bis in idem. La implementación de tal procedimiento deberá contar con un registro de todos los juicios previos, y la posibilidad de acceso a tales registros en otros Estados, para que un tribunal nacional pueda revisar si existe fundamento para tal impugnación, antes de referirse a la CPI.
Se deberá establecer un procedimiento para que todas estas impugnaciones sean llevadas ante la CPI y se consulte con la Corte sobre cualquier decisión en este aspecto.
Una vez que sea evidente que la CPI ya decidió sobre su admisibilidad, el Estado deberá organizarse para entregar a la persona lo más pronto posible.
Finalmente, si hay una decisión sobre admisibilidad pendiente, los Estados deben considerar si desean continuar o no con la entrega. Si desean, podrán continuar, caso en el cual una vez que se decida la entrega, la persona deberá ser llevada ante la CPI lo más pronto posible. Si los Estados deciden posponer la entrega, seria recomendable contar con legislación y procedimientos que permitan a las autoridades tener bajo su custodia temporal a la persona, o poder restringir su libertad de alguna otra forma, hasta que la CPI decida sobre su admisibilidad. De otra manera la persona podría escaparse.
Por Isaías Ramos
El espíritu constitucional de nuestra Carta Magna es claro y preciso en su artículo 7: establece un Estado Social y Democrático de Derecho. Los principios fundamentales incluyen el respeto a la democracia, la separación de poderes, la protección de los derechos humanos y el imperio de la ley. Si se implementan las “reformas fiscales” propuestas por este gobierno, con políticas que favorecen solo intereses corporativos sobre los derechos y libertades individuales, estaríamos ante una concentración de poder que hoy exhibe el partido gobernante, utilizada para oprimir a la población a expensas del marco constitucional establecido. Esto podría considerarse una alteración del orden constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho.
Esta «subversión» implica un cambio en las estructuras fundamentales del Estado que socava su naturaleza democrática. Es evidente que este gobierno, en su desmedido atrevimiento, está tomando decisiones y acciones que no respetan estos principios democráticos, buscando establecer un sistema más alineado con un modelo corporativista, donde los representantes de grandes capitales tienen más influencia sobre las decisiones políticas en detrimento del bien común.
Definitivamente, esta propuesta de reforma “fiscal” ya ha castigado al sector educativo con más de 20 mil millones de pesos. No es clara con respecto a los sectores económicos privilegiados que, durante décadas, se han beneficiado de un gasto tributario injustificado. Esto desvirtúa el espíritu del artículo constitucional 244 sobre “Exenciones de impuestos y transferencia de derechos”. Al mismo tiempo, imponer una carga impositiva mayor a la población trabajadora puede interpretarse como un movimiento hacia un modelo corporativista, en detrimento de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Para implementar un Estado Social y Democrático de Derecho, establecido en la Ley 1-12 (Estrategia Nacional de Desarrollo), como la visión del país que debemos instaurar para 2030, las políticas fiscales deberían promover la equidad y la justicia social. Esto implica que las reformas fiscales deben ser progresivas, es decir, que quienes tienen más recursos contribuyan en mayor medida para financiar servicios públicos y proteger los derechos sociales. Si se implementan medidas que benefician desproporcionadamente a grupos específicos—como grandes corporaciones o sectores privilegiados—mientras se aumentan las cargas sobre los trabajadores y la clase media, esto no es más que una desviación de los principios fundamentales del orden constitucional.
Tales acciones pueden verse como subversivas porque alteran el equilibrio necesario entre los diferentes segmentos sociales e institucionales en una democracia funcional. Esta dinámica, centrada en intereses particulares, contradice el espíritu del Estado Social y podría generar movilizaciones sociales o legales contra dicha reforma, considerándola injusta o inconstitucional.
Mantener sectores bajo un manto de privilegio establecido desde 1969, 11 años antes que China (1980) y apenas 3 años después que Taiwán, como es el sector de zonas francas, que 55 años después cuenta con exenciones fiscales que exceden los 63 mil millones, y cuyo único rasgo comprobable es que sus salarios no alcanzan ni el 60% del costo de la canasta básica, indica que la política fiscal podría estar favoreciendo un modelo económico que perpetúa la pobreza en lugar de combatirla.
Además, sectores como el turismo, con exenciones fiscales por encima de los 12,500 millones, generan empleos de baja calidad y «guetos laborales» para extranjeros (Friusa), lo que significa que no contribuyen al desarrollo social integral ni a la construcción de comunidades sostenibles. El sector de generación eléctrica, privilegiado con unos 14 mil millones, aún le factura a las distribuidoras a precios que pueden llegar hasta el 50% por encima del precio real. El mercado de valores, más que aportar con inversiones de nuevos capitales para el fomento de la economía nacional, se dedica a la especulación y, sin embargo, se beneficia de unos 7,000 millones. Por último, el sector minería, con exenciones fiscales aberrantes, se lleva nuestros recursos y nos deja un pasivo ambiental impagable, además de que lo premiamos con más de 6,300 millones de pesos.
Solo al tocar estos cinco sectores y con la recaudación de unos 26,654 millones de pesos de impuesto sobre la renta (ISR), el Estado podría proyectar más de 129 mil millones, todo bajo un orden constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho, justo y moral.
Hasta que el gobierno no utilice la transparencia como arma moral y la fiscalización efectiva de los ingresos internos y externos, la población no aceptará ningún sacrificio que la condene a la perpetua miseria. No es justo que la población tenga que comprar productos básicos de alimentación a un precio un 18% más alto para alimentar la corrupción y mantener la impunidad; es un verdadero insulto al pueblo trabajador.
Pedir sacrificios de quienes han derrochado nuestros recursos es inadmisible; ¡es mejor que empiecen a rendir cuentas antes de exigirnos más! El verdadero sacrificio debe venir de aquellos que han tomado préstamos y se niegan a revelar dónde ha ido a parar cada centavo. Es amoral el chantaje del sacrificio y las manipulaciones utilizadas: los que nos exigen pagar sus deudas son los mismos que han vaciado las arcas sin transparencia ni justicia.
Si se aprueban estos “ajustes fiscales”, la clase media quedará atrapada en una red asfixiante, como un pez que no puede escapar de las garras del pescador.
En el Frente Cívico y Social entendemos que los verdaderos objetivos de una reforma fiscal deben ser garantizar la justicia tributaria, reducir la evasión y elusión fiscal, asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos y fortalecer el desarrollo sostenible, no alimentar la corrupción ni perpetuar la impunidad.
En el FCS creemos que es una aberración improcedente que el gobierno viole el espíritu del orden constitucional y, al mismo tiempo, nos pida que paguemos más impuestos mientras gasta irresponsablemente elaborando presupuestos contrarios al artículo 233 de nuestra constitución, poniendo en riesgo nuestro futuro y el de nuestras familias. ¡Es hora de exigir una verdadera reforma que priorice el bienestar del pueblo dominicano! ¡Despierta RD!