Opinión
Contrainsurgencia
Por Víctor Víctor
Generalidades (I)
Los años siguientes a la guerra patria de abril del 1965 fueron el marco para aplicar el plan contra-insurgencia que diseñó el imperio para toda América Latina y que fue ejecutado por las fuerzas militares y policiales pagadas y obedientes al Departamento de Estado. En nuestro país la primera parte de este plan consistió en asesinar a los principales líderes y comandantes de las fuerzas constitucionalistas que enfrentaron a los “marines” y el extrañamiento de algunos jefes militares hacia misiones diplomáticas.
Una vez exterminadas o alejadas las figuras principales de la revuelta constitucionalista, se inició la segunda parte contrainsurgente, dedicada a destruir rebeldías y creencias en la juventud organizada en partidos y movimientos políticos, clubes deportivos y culturales de los barrios populares, además de ahogar económicamente a la UASD y reprimir sin ningún escrúpulo a sus estudiantes. Si usted quiere conocer algunos nombres de los jóvenes asesinados por la contrainsurgencia liderada por los esbirros del balaguerato, visiten el memorial del monumento a Los Palmeros, en el kilómetro 14 de Las Américas.
En los ‘70s la contrainsurgencia logró sembrar el desinterés por los valores patrios en jóvenes clubistas, impuso un régimen altamente represivo contra militantes de partidos de izquierda, contra universitarios y líderes sociales de cualquier espacio. Así fue que la calidad de las luchas sociales y políticas se fue perdiendo con el apoyo de un despiadado ataque cultural, a través de la radio, la prensa y sobretodo por televisión.
El gobierno balaguerista, ‘mecenas de la contrainsurgencia imperialista’, construyó instalaciones deportivas modernas a clubes destacados por su combatividad, enseñó los brillos del consumismo a sus dirigentes, cambió la palabra lucha por ‘hay que producir’, premió a los más obedientes y nos ‘ayudó’ a sustituir las incomodidades de la pobreza y la ausencia de sueños posibles con drogas, esto último llega hasta nuestros días.
Hoy, la contrainsurgencia es cuestión de mantenimiento, de vez en cuando la presencia policial aparece para recordar aquella vieja falacia de “velar por el orden” y en otras nos mandan al coronel Pimienta, al parecer un sobreviviente de la Escuela de Las Américas. Claro que en los barrios populares el asunto ya requiere de otros controles como llegar tipo ‘banda de vaqueros’, tirando al aire y “dándole pa’abajo” a quien se pare al frente. Eso si, nadie paga, nadie preso, todo bien y ‘que viva la pepa’.
Hasta ahí el plan de contrainsurgencia cosechaba su extraña ‘paz’. Pero según los últimos reportes “de la situación”, inexplicablemente apareció un ‘mojón’ en el sancocho. Asomaron conatos de una nueva revuelta que inició sin que ‘la autoridad’ se diera cuenta. Por un lado, en el barrio, a consecuencia de tanto levantarse a producir (capitalismo puro y consumismo), con el acelerador hasta el fondo para hacerse ricos y rápido (así prometían por radio y TV), entonces el negocito de los entretenimientos para la conciencia (droga, festivales, carnaval, ‘fiesta y mañana gallos’, etc.) ha crecido y sin control. Aparecen los ineficaces ‘intercambios’ que han hecho posible que los delincuentes se organicen en bandas más efectivas para defenderse de los ataques policiales.
Por otro lado, en la quietud que se vive donde todo está resuelto, algo ha incomodado a unxs jóvenes que se organizan para ejercer la ciudadanía como único compromiso social y político y rechazan los partidos tradicionales. Sus efectivos movimientos han involucrado adultos, medios independientes, artistas, deportistas y han logrado ganar pleitos al ‘status’ como la no instalación de una cementera en Los Haitises, el arreglo de una escuela abandonada en la capital, el 4% para la educación. También crearon el movimiento político “Vota Por Ninguno” a través del cual decenas de miles de jóvenes y adultos se abstuvieron de votar como respuesta a las caprichosas escogencias de candidatos del partidarismo en las elecciones congresuales del 2010.
En estos días lxs muchachxs también se manifestaron, fue contra el llamado paquetazo fiscal, pero sobretodo exigían al gobierno investigar y enviar a la justicia a los funcionarios mañosos de los gobiernos de Leonel Fernández. Vociferaban justicia contra el dolo y la impunidad. Hubo numerosas y significativas protestas en Santo Domingo y otras ciudades. El gobierno y sus “intérpretes sociales” con sus aparatos de investigación e inteligencia han diagnosticado ‘cansancio’ entre lxs contestatarixs para explicar el silencio que ha seguido las protestas.
¿Se habrán cansado lxs muchachxs? Mas bien creo entendieron que los gobiernos, de acuerdo con el gran capital, no escuchan los cuestionamientos políticos de la gente sencilla y menos de jóvenes “riquitos”, así fuesen los más educados. Pienso que los perdieron si alguna vez les interesó contar con ellos. Ahora acumulan experiencias, se reorganizan, nadie sabe de sus fuerzas.
De lo que sí estoy seguro es que sus nuevas y creativas inteligencias se impondrán a cualquier fórmula contrainsurgente. Y vienen los años del real diálogo y solidaridad por los que nada tienen o vendrá el enfrentamiento a llenar con su sangre, y con su miedo en las madres arrebatarán al tiempo algunas vidas.
Y volveremos a mirar hacia atrás cuando caminemos por las calles, una pena, pero esta vez, seremos todos, gracias al adultocentrismo de los gobernantes.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.