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Opinión

¿Gobernó Leonel para el bien común?

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 Por Andrés L. Mateo

Leonel Fernández quería dejar una huella esplendorosa de su poder

Quienes han estudiado las ciencias sociales saben que el juego político de las democracias occidentales descansa en el presupuesto teórico de que se debe gobernar para el bien común. El Estado moderno, representativo, con su separación de los poderes, es posible sólo donde la nación ha devenido sociedad civil, donde ese Estado no sea más que una abstracción de esa sociedad. Es lo que pregonó todo el discurso enciclopedista clásico, y lo que Juan Jacobo Rousseau llamó “transustanciación”, refiriéndose a esa unanimidad de aceptación que se plasma en el voto: enajeno mi libertad cuando otorgo representatividad a mis gobernantes, pero participo de la soberanía. Esa es la base de la tradición racionalista del capitalismo europeo, que obliga a los actos de gobierno a ser siempre una búsqueda del bien común.

Por desgracia, en la historia dominicana, son contados los momentos en los cuales se ha gobernado para el bien común.

Ahora mismo, hundidos en el hoyo más profundo de la irresponsabilidad fiscal de un gobernante, valdría la pena preguntarse ¿para quién gobernó Leonel Fernández? Sin dudas, para los poderosos, y para el círculo de nuevos millonarios que lo rodean. ¿Por qué este hombre que alardeó hasta el cansancio de dirigir un gobierno económicamente exitoso, entrega a la nación un cascarón desvencijado, un barco a la deriva, un tesoro público desfalcado? Simplemente porque su afán era construir un poder desmesurado que colmara su vocación de eternidad.

Leonel Fernández ama el poder sobre todas las cosas, su “razón práctica” es reproducirse a sí mismo en el poder, y son muy pocos sus actos de gobierno que privilegian el bien común. Incluso los únicos que pueden ser proclamados, como el asistencialismo de la tarjeta solidaridad y otros similares, eran actos destinados a la construcción del inmovilismo social, y al dominio clientelar.

Es eso lo que explica la irresponsabilidad fiscal que practicó, y el alto nivel de permisibilidad que la corrupción tenía en su gestión de Estado. Lo que ha ocurrido en este país es algo inconcebible. Y no es sólo por el déficit, sino por la mecánica personalista que lo genera. En apenas tres meses de transición la deuda pública creció en 120 mil millones, y el desborde originado causará mucho sufrimiento a la población, y un robo incalculable de la felicidad ciudadana.

Este es el déficit de la megalomanía, se podría llamar así: “Déficit de la megalomanía”, porque se despliega en razón de que Leonel Fernández a última hora quería dejar una huella esplendorosa de su poder, y subió el gasto primario en más de un 44%, sabiendo perfectamente lo que ello significaría, intensificando el despilfarro y la apropiación de fondos públicos, en un gobierno que ocupaba el primer lugar en el mundo en actos de corrupción. He ahí un modelo nítido de irresponsabilidad fiscal, de ausencia absoluta de proyecto social en el ejercicio del poder. Pero en este país hay como una suspensión del juicio moral, y cualquier gobernante se emperra con el poder, y ese devastador desvarío de grandeza terminamos pagándolo todos. Es lo que ha ocurrido, y podría volver a ocurrir.

Durante los últimos ocho años de gobierno de Leonel Fernández yo he sido un cronista empecinado de su gestión, y después de tantos años no puedo más que entristecerme observando impávido todo el daño que ha hecho a este pobre país. Un país dormido en los visajes de la agonía, carente del febril entusiasmo con el que en otros tiempos hacía rodar por el suelo las fábulas impuras, fatalmente atado a la manipulación de políticos inescrupulosos que instrumentalizan su ignorancia y domestican su hambre. Un país aturdido por los rayos del sol, con la pasión en el rostro, que puede arder y desparramarse en la desdichada combustión de su martirio, pero que asusta a sus verdugos cuando se resiente y truena. Como ahora que la inconformidad cunde como un fuerte aldabonazo contra la injusticia, contra el mal gobierno, contra la irresponsabilidad fiscal y la corrupción, que nos depararán miserias y frustraciones sin cuento.

La herencia de Leonel Fernández hemos comenzado a cosecharla ya: incertidumbre, aumento de precios, desempleo, multiplicación de la delincuencia, elevación de impuestos, infuncionalidad de las instituciones, etc. Secuela inevitable cuando el poder se instrumentaliza, y no se gobierna para el bien común.

Artículo originalmente publicado en el periódico HOY.

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Opinión

40 años de activismo conservador para eliminar derechos

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Por Rosario Espinal

40 años de activismo conservador para eliminar derechos

MIAMI (FL, EEUU), 03/05/2022.- Una mujer sostiene una pancarta que dice «Mi útero es propiedad privada, ¡No lo toques!» durante un acto celebrado este martes a las afueras de la llamada Torre de la Libertad en Miami, Florida. Nikki Fried, aspirante a la nominación demócrata para la gobernación de Florida, afirmó este martes que la posible revocación del fallo que blinda el derecho al aborto en EE.UU. es «un punto de inflexión» en la democracia del país e instó a los estadounidenses a «alzar la voz» para defenderla. EFE/Ana Mengotti

Las dos instituciones claves para lograrlo han sido el Partido Republicado y las iglesias evangélicas blancas. El vínculo entre estas dos instituciones se estableció con fuerza a partir del triunfo de Ronald Reagan en 1980.

En un clásico ensayo de aquel entonces sobre la crisis de la democracia en Estados Unidos, el politólogo Samuel Huntington escribió que la democracia estadounidense tenía una sobrecarga de demandas sociales que no podía atender por más que el Estado intentara; por tanto, había que detenerlas para evitar una crisis de gobernabilidad.

En aquel tiempo el Partido Republicano había perdido legitimidad por el escándalo Watergate y necesitaba forjar una nueva base de apoyo electoral. Su tabla de salvación para recuperar votantes fueron las iglesias evangélicas blancas que se propagaban con el llamado tele evangelismo y comenzaban a aglutinar millones de feligreses en mega iglesias.

El proyecto neoconservador que articuló el Partido Republicano tenía tres componentes esenciales:

1) Geopolítico: ganar finalmente la Guerra Fría, que consiguieron con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. 2) Económico: limitar los derechos de los trabajadores y beneficiar el capital (el llamado neoliberalismo), de ahí el ataque al sindicalismo y al Welfare State. 3) Socio-religioso: la “moralización” de la política que impulsaron con el apoyo del movimiento denominado “mayoría moral” de origen evangélico.

Esta “mayoría moral” asumió con ahínco las siguientes luchas: 1) lectura de la Biblia en las escuelas públicas, 2) eliminar el derecho al aborto, 3) combatir los avances de la comunidad LGBT y 4) expandir los derechos religiosos mediante garantías constitucionales.

Para el Partido Republicano ha sido muy rentable electoramente asegurar una base evangélica blanca que, en su ala radical, es anti-negra, anti-mujeres con derechos, anti-LGBT, antinmigrante y antiambientalista. Para el liderazgo evangélico blanco, la alianza con el Partido Republicano ha permitido su consolidación de poder en la constelación religiosa de Estados Unidos.

En el post-1960, la Suprema Corte de Justicia jugó un papel crucial otorgando nuevos derechos ciudadanos para responder a las demandas sociales.

Tomó unos 40 años para que los conservadores alcanzaran una mayoría de jueces en la Suprema Corte de Justicia (todos católicos, no evangélicos) que han comenzado ahora a derogar derechos. Su argumento central es que la Constitución no los estableció originalmente. El primer episodio fue el pasado viernes 24 de junio contra el derecho al aborto.

Esa decisión evidencia que los derechos humanos, cívicos y políticos nunca están totalmente garantizados y que las cortes operan con criterios políticos modificando disposiciones legales

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Opinión

Implicaciones del triunfo electoral de Petro en Colombia

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Por Narciso Isa Conde

Está plenamente justificada la desbordante alegría desatada a escala colombiana, latino-caribeña y mundial, externadas por las fuerzas partidarias de la libertad, la vida y la paz, ante la confirmación del difícil triunfo electoral de Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico de Colombia.

Nadie con un mínimo de sensibilidad humana y amor por la libertad puede no celebrar en grande el desalojo de esa escoria criminal (mezcla de uribismo fascistoide, extrema derecha, narco-política, más oligarquía lacaya e inescrupulosa), del Palacio de Nariño y las estructuras gubernamentales.

Esa victoria –alimentada por una historia y un presente de resistencias y rebeldías heroicas- equivale a la derrota en las urnas de las fuerzas de extrema derecha y neofascista y su desplazamiento del gobierno; lo que marca un viraje político hacia una coyuntura más favorables para acumular fuerzas transformadoras y avanzar hacia victorias más trascendentes.

No se ha ganado la pelea, solo un importante round.

De todas maneras se trata de un hito democrático en la prolongada historia de sufrimientos y penurias para el pueblo colombiano, precedido de las luchas libradas contra las grotescas violaciones a los acuerdos de paz y de la reciente insurrección sin armas provocada por la masacre ejecutada por el nefasto Gobierno de Iván Duque  durante la huelga general del 2019.

En ese heroico capítulo, todavía inconcluso en tanto entonces no fue posible  resquebrajar las estructuras de poder y el Estado narco-terrorista (satélite de EE.UU e intervenido por el Pentágono, el pueblo urbano terminó de perder el miedo. Los “nadie” se convirtieron en sujetos de cambio al politizarse los movimientos sociales, llegando a reclamar multitudinariamente la destitución de Duque.

Sin esa epopeya el Pacto Histórico no hubiera  alcanzado este triunfo electoral de Petro.

Ella convirtió en bagazo despreciado por la mayoría del pueblo a los autores de 60 años de guerra sucia y más de 180 de malos gobiernos.

El regocijo por lo que implica como logro de significativo valor político desplazar del gobierno las bestias que administraban ese Estado, no debe obviar que en las condiciones colombianas el curso electoral del cambio político, limita el alcance del mismo y resta la profundidad necesaria.

También lo limita el predominio de una visión liberal-reformista combinada con socialdemocracia moderada, centrista o centro-izquierdista, del grupo hegemónico del PACTO HISTÓRICO y sobre todo del propio Gustavo Petro. Y esto no lo digo en tono denigrante, sino esforzándome por hablar con apego a la verdad y sin menospreciar el impacto positivo de ese cambio político en la actual sociedad.

Esas realidades, por demás, tienden afectar el potencial reformador del nuevo gobierno en un país en el que predomina el presidencialismo a nivel institucional y en el que el resto de las instituciones (electivas y permanentes) están infectadas de todo lo que representó la execrable facción perdedora en estas elecciones, en tanto fuerza política, social, militar y paramilitar con fuerte apoyo internacional.

Hay que decir las cosas como son y no exagerar: el presidente electo no representa el marxismo, ni posiciones de izquierda revolucionaria, como dicen algunos; dejándose llevar por los calificativos interesados de las derechas y las cadenas imperialistas.

Su izquierdismo, su antiimperialismo, hace tiempo quedaron atrás.

Sus valores se refieren a las libertades, a la lucha contra la corrupción y los crímenes de Estado y al combate de las discriminaciones relevantes.

Petro, como presidente electo, en tono conciliador, anunció su disposición a entenderse con esa ultraderecha y su fuerte componente neofascista, que por ese medio nunca han entrado en razones ni cedido a sus despropósitos; destacándose siempre como persistentes enemigos de la paz.

Incluso desde hace tiempo, desde sus diferentes roles políticos, Petro ha establecido puentes con sectores del poder estadounidense y ciertas elites oligárquicas.

Mientras tanto Biden y el gobierno de EEUU -luego de haberse comprometido durante décadas con el Estado terrorista colombiano- no esconde su interés de “reforzar” las relaciones con el nuevo gobierno; lo que jamás implicaría dejar de intervenir, tutelar y usar a Colombia como plataforma de agresión militar contra otros países soberanos de la región y de cara a una eventual conquista de la Amazonía por la fuerza.

Y Petro no habla de recuperar soberanía, ni toca los peliagudos temas de las bases militares gringas y la brigada de tropas especiales estadounidenses radicadas en territorio colombiano.

Además, luego de anunciar nuevos impuestos a las grandes ganancias capitalistas, tampoco hay señales claras de hasta dónde y en qué grado va enfrentar y/o revertir las contra-reformas neoliberales.

Claro que Petro es diferente en sentido positivo al uribismo y a la extrema derecha criminal: en materia de corrupción y narco-corrupción, en vocación democrática liberal; en política ambiental, en la cuestión de género, el tema racial y otras vertientes.

Y esto en Colombia podría ser importante para abrir contradicciones y determinadas compuertas hacia cambios más profundos.

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Opinión

EE.UU.: sociedad de marcados contrastes y paradojas

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Por Nelson Encarnación

Son muchos los indicios, y sobre en cierta forma las evidencias concretas, que llevan a considerar que Estados Unidos es una sociedad de marcados contrastes, dicotomías y paradojas que no deberían ser, tomando en cuenta su gran desarrollo político e institucional.

El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que echó por tierra conquistas de derechos de las mujeres logrados hace 50 años, es parte de esas marcadas contradicciones.

Pero vayamos un poco más atrás. A fuerza de sangrientas luchas, las minorías raciales—especialmente la población afrodescendiente—logró que se les reconocieran ciertos derechos civiles y se dejara de tratarlas como a sus ancestros esclavos que valían menos que los animales que cuidaban.

Fueron décadas, no solo de represión pura y simple, sino de persecuciones despiadadas, llegando al borde de la cacería, y asesinatos masivos que solían quedar sin sanciones judiciales, pues se consideraba que los negros no eran seres humanos.

Una masacre tras otra. Una de las peores ocurrió en 1921 en Tulsa, Oklahoma, donde decenas de negros fueron asesinados y sus viviendas y sus negocios arrasados por los incendios provocados por los blancos, increíblemente ayudados por las autoridades, tras lo cual los afrodescendientes que quedaron vivos tuvieron que escapar hacia ninguna parte, pues en todos lados encontrarían el mismo salvajismo.

Esa despiadada acción nunca fue juzgada y los responsables quedaron impunes y cometiendo más barbaries cada vez peores.

Luego de épicos episodios en defensa de las libertades civiles, muchos derechos fueron arrancados, pero todavía hoy los negros son una población preterida y a merced de cualquier criminal blanco que se quiera cebar contra ellos, muy a pesar de las prédicas venidas de lo alto del poder.

Y aquí quiero hacer conexión con el título de esta entrega, pues mientras se predica una cosa para hacer creer que Estados Unidos es una democracia perfecta, en la práctica se generan situaciones que apuntan en la dirección contraria.

El derecho de una mujer a interrumpir un embarazo no deseado o producto de la agresión sexual—que hasta puede ser de un desconocido—no se lo debe regatear ningún poder del Estado sin trasgredir esa prerrogativa individual.

Es justamente lo que han hecho los conservadores que dirigen el Poder Judicial de los Estados Unidos, lo cual remite a ese país a la lista de las naciones atrasadas en ciertos aspectos, una cuestión resuelta desde hace décadas por otros países con menor desarrollo democrático—o supuestamente menor— que la nación norteña.

Un país con semejante historia de violaciones de derechos no puede reivindicarse como el paradigma democrático en que se sustente el mundo que ha pretendido tutelar, y que, en cierto modo, ha logrado.

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