El último caso judicial, presentado por el ministerio público tras el arresto de 20 personas mediante la operación Calamar, aporta un nuevo elemento al debate político-electoral, debido a que  entre los delitos atribuidos a los exfuncionarios implicados, figura el financiamiento ilícito de la campaña política, sancionado por la ley 33-18 con una multa del doble del monto aceptado ilegalmente.

En la coyuntura política actual,  esto representa un reto para los partidos, los candidatos y  la  propia JCE.  Presiona a las organizaciones políticas, a sus dirigentes y aspirantes a puestos electivos a  transparentar el manejo  de los recursos económicos que usen en la campaña.

Obliga al órgano  de administración electoral a ser riguroso con  la supervisión de los informes financieros que presenten los partidos,  a dar respuestas oportunas  a las denuncias que reciba sobre irregularidades y violaciones a la ley de partido y electoral, y  a imponer las medidas cautelares que establecen las  legislaciones.

De entrada se percibe que el Pleno de la JCE se adelantó, al adoptar algunas medidas a pocos meses de asumir los actuales miembros.  En noviembre del 2020,  dispuso que la Unidad Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y movimientos políticos, que crea la ley 33-18,   sea de carácter permanente, para que funcione no sólo en años electorales y preelectorales. Y le otorgó rango de dirección.

Según se explicó en un comunicado de prensa,  la finalidad es “que el personal que la integre pueda llevar un control y seguimiento eficiente del régimen de financiamiento que se le otorga a los partidos, y además que pueda estar en condiciones de detectar a tiempo las posibles violaciones a la ley y  poner en conocimiento oportuno al Pleno para que adopte las medidas y sanciones que correspondan.”

Nulidad de operaciones ilícitas

La ley 33-18 le da fuerza a la JCE, al otorgarle facultad  “para regular y en caso necesario anular, cualquier operación ilícita de la cual sea apoderada o tenga conocimiento.”

Le confiere competencia para incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar respecto a un bien,  o para hacer cesar de inmediato el uso indebido de los recursos y medios del Estado.

Podrá actuar a solicitud de parte interesada o por iniciativa propia y gestionar el auxilio de la fuerza pública.

Tope de gastos

La  nueva ley de régimen electoral  también asigna  a la JCE la potestad para elaborar un procedimiento sancionador.

La ley 20-23  retuvo  en la JCE la competencia  para imponer sanciones administrativas, que ya contenía la derogada ley 15-19.

El  exceso  de gasto de campaña en un 5%  del tope fijado,  está sancionado en el artículo 221 de la ley electoral con una multa equivalente al triple del monto excedido.

Según lo prescrito en el artículo 219 de la norma legal, el límite de  gastos  para las  entidades políticas será el equivalente a RD$1.75 por electores hábiles inscritos en el padrón.

Se establece en el artículo 220,  un tope de gastos para los candidatos a cargos electivos. Para el presidencial es de RD$ 122.50 por electores hábiles;  para senadores y diputados de  RD$105,00;  para alcaldes y directores de distritos municipales,  de RD$87.50,  y para regidores y vocales, de RD$43.00.

En el caso de directores de Distritos Municipales con menos de 5,000  electores, el tope es de RD$150.00.

Las contribuciones individuales a los candidatos no podrán ser superiores al  1%  de los límites establecidos, según la ley, que dispone que  los fondos sobrantes de las recaudaciones se destinen a los programas de formación política de sus miembros.

La nueva ley electoral llenó el vacío de la derogada  15-19 en cuanto al monto del  financiamiento público. Establece en el artículo 224 que en el Presupuesto General del Estado se consignará  una suma equivalente al 1/2% de los ingresos nacionales en los años de comicios generales y de un 1/4%  en los no electorales.

Los partidos están obligados a depositar  su presupuesto de ingresos y gastos en un plazo inferior a los 30 días después  de  publicada la resolución de la JCE que establece los topes de gastos de campaña.

La ley de partidos también impone un límite de gastos a los aspirantes a candidatos  en el periodo de  la precampaña.

En el nivel presidencial es  de RD$70.00 por electores hábiles; en el congresual, de RD$60.00,; en el municipal, de RD$50.00 para alcaldes, y RD$25.00 para regidores, y en los distritos municipales de RD$100.00 para directores y RD25,00 para vocales.

Inicio oficial de la campaña interna

El 2 de julio arrancará oficialmente la precampaña política,   período destinado para que los partidos, agrupaciones y movimientos escojan  a los candidatos que postularán en las elecciones del 2024, mediante diversas modalidades que le permite la ley 33-18.

Unos 14 días, dos aplazamientos y dos recesos después, este domingo los principales imputados preparan sus defensas luego de que la noche del viernes la mitad de los señalados en el expediente por las autoridades admitieran ante la jueza Kenya Romero, del Tribunal del primer juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, sus implicaciones y aceptaran colaborar ante el Ministerio Público.

Los imputados Angel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (De Paola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero admitieron ante el tribunal sus implicaciones en el hecho a cambio de una medida de coerción menos “gravosa” que los 18 meses de prisión preventiva previamente solicitada por las autoridades.

A la salida de la sala de audiencias, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que a eso 10 implicados se le variará la solicitud de medida de coerción,  por arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida y devolver el dinero que obtuvieron de manera ilícita.

“Debemos confesar que lo que ha ocurrido hoy (viernes) en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso….estas admisiones son las consecuencias directas de la contundencia de la investigación y de que esas defensas actuaron inteligentemente al darse cuenta que las pruebas del Ministerio Público son irrefutables y por esas razones llegaron a un acuerdo”, indicó Camacho a los miembros de los medios de comunicación.

“Un guión muy bien hecho”

La defensa del excandidato presidencial Gonzalo Castillo, uno de los principales implicados en caso Calamar, manifestó que las admisiones de culpabilidad de 10 de los imputados “no afectan” a su cliente “en lo más mínimo”.

“La audiencia de hoy (ayer) fue un guión muy bien hecho…la defensa sigue igual porque ninguna de esas 10 personas mencionó a Gonzalo Castillo, salvo el señor Angel Lockward, quien dice que una persona, Fernando Crisóstomo, le dijo que Donald Guerrero le dijo que ese dinero era para la campaña de Gonzalo Castillo contradiciendo declaraciones que había dado públicamente antes de ser arrestado, por lo tanto para la defensa de Gonzalo Castillo, nada ha cambiado desde el primer día”, expresó la jurista.

Acosta recalcó además que se mantienen solicitando la “libertad pura y simple” de su cliente, ya que no existen arraigos que manden a una prisión preventiva como medida de coerción.

El abogado del excontralor, Daniel Omar Caamaño Santana, indicó que ellos no están pensando en negociar con el Ministerio Público y que por esa razón se mantendrán luchando por la “inocencia de su cliente, porque para eso son los tribunales”

Faltan por declarar

Tras el Ministerio Público concluir con la lectura del expediente y la mitad de los implicados comparecieran ante ella, la jueza Romero decidió recesar la audienca hasta el domingo a las 9:00 de la mañana.

Ese domingo tendrán su turno para declarar ante el tribunal, Daniel Omar Caamaño Santana, excontralor de la República; Luis Miguel Piccirillo Mccabe, quien fue el director ejecutivo del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña Peña, quien se desempeñó como director de Catastro Nacional; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, asesor del exministro de Hacienda y Princesa Alexandra García Medina, exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda.

También comparecerán ante la jueza Romero, Andrés Guerrero, excontralor del Banco de Reservas; Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación y Marcial Humberto Mejía Guerrero.

Al igual que los exministros y tres principales implicados, Gonzalo Castillo (excandidato presidencial y titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), Donald Guerrero (incumbente del Ministerio de Hacienda) y José Ramón Peralta (ministro Administrativo de la Presidencia).

Las imputaciones contra los detenidos

La imputación preliminar Pepca en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como el artículo 123 del Código Penal que califica la coalición de funcionarios para delinquir, el 166 sobre prevaricación, el 171 sobre apropiación ilícita de fondos públicos, el 172 que castiga el desfalco, el 174 que condena la concusión, el 175 sobre recompensas indebidas por sus servicios y el 177 relativo al soborno y cohecho.

Igualmente, el ministerio público considera que el grupo es culpable de violar otros artículos del Código Penal, entre ellos el 265 y 266 sobre asociación de malhechores, así como el 405  sobre estafa mediante manejos fraudulentos.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

El alijo llegó al país camuflado en un contenedor de bananos por el Puerto Mutimodal Caucedo, en Boca Chica, Santo Domingo.

Estaba distribuido en 2,188 paquetes, con un peso superior a las 2 toneladas, explicó la DNCD en rueda de prensa, en la que señaló que junto al Ministerio Público inició «una exhaustiva investigación» en relación al caso, por el que, hasta el momento, no hay detenidos.

Estadísticamente, este caso «es calificado como uno de los decomisos más grandes en toda la historia del país», de acuerdo con la agencia antidrogas.

Por tratarse de un contenedor de tránsito en el país «la investigación es más compleja» por lo que se darán informaciones conforme avancen las pesquisas, agregó la información.

Las autoridades de República Dominicana «están compartiendo informaciones» con Ecuador y Países Bajos «para profundizar las indagatorias en relación al frustrado envío» de drogas, apuntó.