Opinión
Gold Quest-SJM: Hacia una tragedia advertida
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6 años agoon
POR: NARCISO ISA CONDE
La advertencia se hizo al inicio de segunda mitad del 2016: la explotación del yacimiento del oro de Romero, ubicado en la Provincia de San Juan de la Maguana, en la parte alta de la Cordillera Central, próximo a la Presa Sabaneta y en la cercanía del Río San Juan, afluente del Yaque del Sur, sería en sí misma una catástrofe ambiental.
Ese paso está concebido como la puerta entrada a una cadena de explotaciones cordilleranas llamadas a provocar una gran tragedia humana bajo la impronta de la transformación del fértil Suroeste agrícola en una región minera, con la consiguiente destrucción y contaminación de las fuentes de agua, la ruina de la agropecuaria y la afectación de la vida humana y animal.
Contenido por la indignación y movilización popular un intento parecido en el lado Norte (justo en Loma Miranda), se optó por tratar de hacerlo vía San Juan, sin desistir del proyecto original y de otros tantos que se le agregan, especialmente el de la UNI-GOLD en Dajabón.
· LA CORDILLERA CENTRAL: PRESA CODICIADA MAYOR.
La meta no es solo Miranda (hueso duro de roer), o solo Romero, o solo Miranda y Romero. La gran meta es la Cordillera Central, principal reservorio y fuente de agua de la isla, preñada a la vez de valiosos yacimientos de oro y otros minerales apetecidos por la voraces transnacionales mineras.
La aprobación por el Ministerio de Energía y Mina del proyecto de explotación a cargo de Gold Quest – ahora solo sujeto al permiso ambiental del mismo gobierno que trata de imponerlo a cualquier precio y a una licencia social que pretenden falsificar- ha sido otro paso funesto en la ruta hacia la ominosa meta denunciada.
· LA VERDAD QUE PROCURAN OCULTAR.
Tal aprobación ha sido argumentada faltando a la verdad, ocultando el carácter destructivo de ese proyecto, aceptando la trampa tendida por la Gold Quest y anunciado el ingreso en siete años de 224 millones de dólares (que tampoco es la gran cosa, menos aun comparados con los grandes daños que provocaría); millones que irían a parar a las alcancías de un gobierno ladrón.
La formula está clarita. Al pueblo dominicano le reservan la escoria envenenada, la escasez del agua, el empobrecimiento y las enfermedades (ver lo acontecido en Pedernales, Bonao, La Vega y Cotuí). La mayor parte del oro saldría camino a Canadá para ser disfrutado por los magnates mineros y el resto de las ganancias para alimentar las mafias políticas locales.
La verdad es que el presidente Danilo Medina, en medio de los graves déficits que aquejan a su Administración, procura adelantos e ingresos extras aprobando esos contratos mineros destructivos.
Y con esos fines está empeñado en ejecutar un programa extractivo subordinado a las corporaciones transnacionales (2018-2020 y más allá), sin reparar en sus terribles estragos a las fuentes de agua y al medio ambiente. Su alusión a la defensa del agua potable en este período es una manera habilidosa manera de encubrir el crimen ecológico en marcha.
En realidad la presencia de la Gold Quest en San Juan de la Maguana, en disposición de extraer el oro del Distrito de Romero es, repito, una presencia ominosa. Ni hablar de los demás planes de explotación minera en otras zonas de las alturas y el nivel medio de la Cordillera Central, principal reservorio de agua de esta pequeña isla.
Esa disposición cuenta con el apoyo de los magnates de la Cámara Minera y la predisposición favorable del Gobierno y el Estado, cuyos asesores coordinados por el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, coinciden por distintas razones en el saqueo del subsuelo y la depredación del suelo y sobresuelo del país; favoreciendo en lo inmediato que se le conceda licencia de explotación a Gold Quest sobre la base del supuesto engañoso de que la tecnología a emplear (explotación por túneles) no ocasionará los graves daños denunciados por quienes sostenemos que en ese nivel de la Cordillera Central la contradicción entre preservar las fuentes de agua y obtener oro, es irreconciliable.
· PRIMERO LOS TUNELES, LUEGO MINERÍA A CIELO ABIERTO.
Si bien los daños iniciales de ese tipo de explotación serían menores que “a cielo abierto”, que sería la modalidad a emplear después de agotado el “oro nativo”, situado por debajo de los óxidos y sulfuros (localizados cerca de la superficie y explotables solo a ras de suelo); yacimientos, por demás, imprescindibles para garantizar la rentabilidad durante los siete años de explotación.
La Gold Quest ha ocultado maliciosamente esas perspectivas, así como el conjunto de impactos negativos que a lo largo de la extracción del mineral se traducirían en serios daños a las fuentes y correntías de agua: fraccionamiento del curso de los ríos, afectando la demanda de agua en detrimento de agropecuaria y la alimentación, arrasando con las labores agrícolas y pecuarias, y con la vida humana y animal); contaminación de aguas subterráneas y superficiales; exposición de la región a los peligrosos riesgos de las “presas de cola”, al impacto negativo de la carretera de acceso y a los nocivos estímulos a otras concesiones mineras destructivas, que ya tienen permisos de exploración en esa zona.
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El Ministro de Energía y Mina terminó plegándose a esos malvados designios del poder constituido, a un gobierno subordinado a la lumpen burguesía transnacional.
Y esa ruta hacia la muerte solo puede ser derrotada siguiendo los ejemplos de Los Haitisis y de Loma Miranda, y multiplicándolos por mucho más. No hay de otra.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.