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Opinión

Gonzalo Castillo, las primarias y el «Benefactor»

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Por Andrés L. Mateo

En un artículo anterior nos planteábamos la interrogante respecto de la definición de “rentista”. El rentismo se atiene a la característica más resaltante de la inversión capitalista, cuya naturaleza es la reproducción rápida de lo invertido. El rentista apuesta, invirtiendo capitales a determinado proyecto político, midiendo las posibilidades de triunfo del candidato y calculando los márgenes de recuperación apropiada de lo invertido. El rentista no es un filántropo, no hay idealismo posible en su transacción, no constituye un proyecto social; un rentista es un rentista, e invierte y espera ganar. Gonzalo Castillo, por ejemplo, no es un político, es un rentista exitoso.

Y eso es lo peligroso de la derivación que el ejercicio del poder en los gobiernos del PLD ha sembrado. Porque el rentismo produce también la hipercorrupción y la adulación, requiere del control total de las instituciones públicas, y en los grados de mayor miseria espiritual se empina sobre la jerga despótica. Por ejemplo, aquella vez que Gonzalo Castillo definió a Danilo Medina como “Benefactor de la patria”, probablemente no estaba pensando en el análisis de las preocupaciones, prácticas, y pensamientos propios de una gestión de Estado, sino en su satisfactoria condición particular de rentista.  Y si no fuera porque ese lenguaje es el reflejo de un atraso descomunal en la concepción de lo que es el Estado, las expresiones de Gonzalo Castillo provocarían risas. Sin embargo, el hecho de que un rentista se decida a dar el salto al nivel más alto del poder constituido borra peligrosamente la frontera entre hechos y opiniones, e incluso derrota la especulación jactanciosa, porque va más allá de todo cuanto se había teorizado respecto del cambio de naturaleza política del PLD.

Un ejemplo: El poderoso Comité Político del PLD fue ninguneado en la coyuntura de la primera modificación a la Constitución, y los rentistas encabezaron la embestida propagandística del 2015 para neutralizar a los negacionistas de dentro y fuera del partido. Salvo estar presente en la reunión de Juan Dolio, el mojón histórico en que se ha convertido el buró político del PLD, mostró la corrosión de un organismo que ya no determinaba el poder real. Pero ahora, la precandidatura de Gonzalo Castillo demuestra el papel cada vez menor del factor político en las decisiones que la estructura de gobernanza en el PLD toma frente a una base común de hechos. Gonzalo Castillo esperó el último momento para lanzar su precandidatura, luego de que no pudieran imponer la reelección, y configuró una imagen que en la práctica se puede leer como un desprecio hacia la experiencia y el conocimiento de los políticos formales dentro del PLD. Para quienes no lo hayan advertido, Gonzalo Castillo es una anomalía y una apoteosis del rentismo que penetró tímidamente desde los gobiernos de Leonel Fernández, y que en los gobiernos de Danilo Medina hizo de la corrupción una política de Estado. Si en la coyuntura de la primera reelección de Danilo Medina el comité político fue ninguneado, ante el fracaso de eliminar el transitorio de la constitución para propiciar la nueva reelección, el otrora poderoso comité político ha hecho mutis por la parte atrás de la escena.

Gonzalo Castillo es el “Delfín” de Danilo Medina porque si hay algo que caracteriza predominantemente a los gobiernos del presidente Medina, es la intensificación de la práctica clientelista, unida a la cada vez mayor participación empresarial del rentismo en la administración pública. Se trata de un salto cualitativo, de una coyuntura especial que el rentismo empotrado en el poder no podría desperdiciar. En el PLD el rentismo es sobredeterminante, y la gerontocracia del comité político que cree que lo guía no tiene la menor idea de lo que realmente ocurre. Siendo como es un dirigente del siglo XIX, en Danilo Medina todo lo personal es político. Y aunque Gonzalo Castillo sea un rentista que invirtió y gana y gana todos los días, su objetivo es lo que define a un rentista: la reproducción rápida de lo invertido. No es un candidato, es la continuidad del despojo. Esta vez, en escala corporativa máxima. 

 

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Opinión

Trump ordena, Abinader se arrodilla y el Pentágono invade

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Por Narciso Isa Conde

Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.

¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?

La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.

No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.

La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.

¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?

En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.

Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.

Su apelación al combate del «narcotráfico«, calificándolo de «narco-terrorismo», es un «narco-pretexto«, propio de la era de la posverdad y de los gobernantes lacayos, para instrumentar agresiones militares y guerras por razones políticas y de saqueo de recursos naturales.

El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.

Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.

Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.

Tampoco se develan informaciones en poder de la DEA y del Ministerio Público estadounidense, ofrecidas por los extraditados en «delaciones premiadas«.
Está claro: ordenan y mandan… y obligan a los cobardes y pusilánimes a aceptar servilmente la orden. ¡Vergüenza ajena da Abinader y toda la cáfila política del PLD y FP… y comparsas, previamente avisados!

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Opinión

Educación y carácter: deuda que RD no puede posponer

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Por Isaías Ramos

Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.

Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.

Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.

El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.

El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.

Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.

En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.

Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.

Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.

En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.

Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.

Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.

Despierta, RD!

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Opinión

El derecho de las víctimas a la notificación

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Por Rommel Santos Diaz

Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas  e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.

Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar  que esta pueda ejercer su derecho a la participación.

Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento  del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla  50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado  del artículo  15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.

Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).

Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.

Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes  del debido proceso  y el  ejercicio de las víctimas,  tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en  ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud  de participación en cualquier momento si  así conviniere a sus intereses.

rommelsantosdiaz@gmail.com

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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