Santo Domingo, RD.- Quinientos veinte un millones de gastos y doscientos ochenta mil pesos llevan gastados de un total de 607 millones 474 mil pesos que recibieron por diversos medios los precandidatos de los partidos de la Liberación Dominicana(PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) para las primarias del seis de octubre próximo.Nacionales
Precandidato del Gobierno registra gasto superior a todos los demás aspirantes
Santo Domingo, RD.- Quinientos veinte un millones de gastos y doscientos ochenta mil pesos llevan gastados de un total de 607 millones 474 mil pesos que recibieron por diversos medios los precandidatos de los partidos de la Liberación Dominicana(PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) para las primarias del seis de octubre próximo.La suma más significativa la invirtieron los candidatos del PLD, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, el primero de los cuales declaró aportes de RD$291 millones 544 mil y gastos de RD$269 millones 683 mil, este último en un mes y medio de precampaña.
Mientras que el expresidente Fernández declaró ingresos por RD$247 millones de los cuales gastó en la precampaña 177 millones 288 mil pesos.
De su lado Rosa Maritza Hernández declaró haber recibido aportes de RD$17 millones 201 mil y gastos por RD$15 millones 403 mil, en tanto que Melanio Paredes solo declaró gastos de RD$861 mil 407.
En total, los precandidatos a la presidencial del PLD invirtieron en la precampaña la suma de 463 millones 237 mil pesos, de un total de 555 millones 745 mil pesos que recibieron, según consta en el informe suministrado por la JCE.
El alto tribunal electoral informó que los ingresos de los precandidatos del PRM para la precampaña fueron de 58 millones 044 mil pesos, de los cuales gastaron51 millones 729 mil pesos.
Las informaciones suministradas por la JCE dan cuenta que el precandidato presidencial del PRM Luis Abinader declaró aportes de RD$35 millones 579 mil pesos y gastos por RD$43 millones 300 mil pesos.
El expresidente Hipólito Mejía declaró que recibió aportes por 5 millones 450 mil pesos y gastó en el proceso de precampaña 4 millones 026 mil pesos.
Wellington Arnaud declaró gastos mensuales de 158 mil 500 pesos, José Rafael Bueno declaró ingresos de RD$700,000 y gastó la misma cantidad, mientras que Ramón Burgos recibó aportes de RD$10 millones y gastó 9 millones 700 mil.
Al momento en que la JCE declaró haber cerrado el proceso para los precandidatos depositar un primer informe de gastos e ingresos relativos al periodo de precampaña, no se habían presentado los precandidatos Manuel Crespo, del PLD, y Ramón Emilio Concepción, del PRM.
El último precandidato en presentar el informe fue Fernández, a cargo del exvicepresidente Rafael Alburquerque y el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.
Mientras que Mejía fue representado por Salvador Ramos, exmiembro de la JCE, y Abinader estuvo representado por su equipo financiero, encabezado por Samuel Pereyra Rojas.
En principio, el PLD inscribió a 11 precandidatos presidenciales, que luego quedaron cinco, luego de que la corriente danilista eligiera a Castillo como su representante.
El PLD y el PRM son los dos únicos partidos que participarán en las primarias del próximo seis de octubre para elegir candidatos en tres niveles de eleccción.
El proceso de la precampaña se inició el 7 de julio pasado y los precandidatos fueron inscritos en la JCE el 22 de agosto.
La JCE tendrá a su cargo el manejo del proceso en ambos partidos, el cual se realizará con el padrón del organismo comicial, en el caso del PLD, y con padrón cerrado, en el PRM.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.