Nacionales
Gustavo Sánchez confirma que Gonzalo buscará la candidatura presidencial del PLD de 2028
Santo Domingo, R.D.-El vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, informó que el dirigente Gonzalo Castillo anunciará en los próximos días sus aspiraciones presidenciales.
«Confirmo que el compañero Gonzalo Castillo aceptó presentarse como aspirante a una candidatura presidencial del PLD», dijo Sánchez.
Sánchez aseguró a LISTÍN DIARIO que Castillo aceptó la motivación realizada, por una parte, de la base morada, al motivarlo para intentar encabezar la fórmula electoral del PLD durante los comicios de 2028.
Además, reveló que el exministro del expresidente Danilo Medina le solicitó ser el director operativo de su campaña política, propuesta que aceptó.
«Confirmo que él quiere que yo sea el director operativo de su proyecto”, dijo al conversar con este medio.
Según explicó, Castillo le comunicó esta decisión, luego de que se reunieran esta semana para dialogar sobre asuntos internos del futuro de la organización política morada.
“Yo ayer hablé con él, nos tomamos una foto y me confirmó a mí como su director operativo de campaña”, afirmó el congresista, haciendo referencia a una publicación que realizó el pasado martes, colocando una fotografía en la que
El representante legislativo considera que Castillo es un “sentimiento nacional”, por lo cual elevaría las posibilidades para el PLD de triunfar en un proceso electoral con miras a alcanzar en tres años la Presidencia de la República.
En las elecciones celebradas en 2020, el dirigente del partido entonces oficialista alcanzó más del 37% de los sufragios computados, siendo superado por el actual presidente Luis Abinader, quien fue favorecido por el 53% del electorado.
Proceso interno
Mientras tanto, el PLD se mantiene buscando un mecanismo que le permita consolidar los trabajos políticos en un solo aspirante. Hasta el momento han confirmado sus aspiraciones Francisco Javier García, Charlie Mariotti, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Manfred Matas, Mario Bruno Gonzáles.
“El compañero Francisco Javier es un hombre demócrata, carta cabal y, por lo tanto, serán las estructuras partidarias las que decidirán exactamente quién representará el partido. No creo que sea un problema para Francisco la participación de Gonzalo, luego con un futuro que tiene que ver con una concertación…”, dijo.
Sánchez dice estar convencido de que en la población surge un sentimiento de “gonzalomanía”, percibiendo a Castillo como un “hombre solidario, cercano a la gente, humilde, que realmente representa los mejores intereses del PLD”.
El Comité Político intentó establecer un proceso para identificar a su candidato presidencial durante el primer trimestre de 2026, con el cual repetirían lo ocurrido en 2020, cuando Abel Martínez fue electo años antes del plazo establecido por medio de una “consulta interna”. Pero, el Tribunal Superior Electoral (TSE) acogió una demanda, ordenando la detención el pasado 20 de junio por no ser legal, ni equitativo, por lo que deberán esperar hasta 2027 para realizar la escogencia.
Hasta el momento el exgobernante y presidente del PLD, Danilo Medina, no ha revelado simpatía por una de las aspiraciones.
¿Puede un ciudadano imputado en un proceso judicial ser candidato?
Desde marzo de 2023, Castillo es imputado por supuestamente ser parte de un entramado corrupto que, según el Ministerio Público, le desfalcó al Estado dominicano más de 19,000 millones de pesos. En este momento, debe cumplir con el impedimento de salida del país, así como el pago de una garantía económica, tras haber estado por más de dos años en estado arresto domiciliario.
Restándole importancia a este escenario, Sánchez recordó que esto no sería un impedimento para que Castillo participe en un proceso electoral, ya que no ha sido declarado culpable por ningún delito.
“La ley, ni la constitución le prohíbe a ningún ciudadano que no haya sido condenado en última instancia a presentar una candidatura. Si así fuese, no pudiera asistir ninguna persona a presentar una candidatura porque yo simplemente presento una querella en contra y lo impido de ser candidato, por lo tanto, las imputaciones no son sentencias”, afirmó.
¿Qué dice la Constitución?
El artículo 123 de la Carta Magna establece como requisitos para ser presidente de la República ser dominicano de nacimiento u origen, haber cumplido 30 años de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Asimismo, el ciudadano no deberá estar en el servicio militar o policial activo por lo menos durante los tres años previos a las elecciones presidenciales.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.