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Opinión

Haití: tragedia allá y aquí

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Pensar racionalmente en cómo controlar efectivamente la migración indocumentada y qué hacer con tantos hijos de inmigrantes indocumentados que nacen y se crían aquí y nunca podrán ser dominicanos con derechos.

Se sabe bien que Haití experimenta un proceso de deterioro económico, político y social profundo y continuo. La culpabilidad va a una larga historia de explotación externa e interna que cada día importa menos, porque, aunque los problemas abundan en el mundo, en muchos países se han logrado avances, no retrocesos constantes como en Haití.

Allá no hay una economía ni un gobierno funcional, las condiciones de vida de la inmensa mayoría son espantosas, y, ante la falta de gobierno, las pandillas compiten violentamente por control del territorio.

Es entendible pues que la mayoría de los haitianos quiera emigrar. En la República Dominicana, donde las condiciones de vida son significativamente mejores, mucha gente también quiere emigrar.

Desde siempre, la República Dominicana ha promovido un sistema económico de superexplotación de la fuerza de trabajo.

El éxodo de dominicanos al exterior y a las ciudades dominicanas fue vaciando el campo y la mano de obra dominicana fue reemplazada por inmigrantes haitianos. Antes de 1980 era solo en el azúcar; luego en toda la agricultura. Hoy los inmigrantes haitianos cultivan la mayoría de los alimentos que consumimos y exportamos.

Lo mismo sucede con la construcción, un sector que busca mano de obra dispuesta a trabajar por bajos salarios, en horarios largos y de gran exposición al sol. El boom del sector construcción de los últimos 40 años se ha fundamentado en el uso de mano de obra haitiana.

Por más explotados que sean aquí, las condiciones de vida en Haití son tan deplorables, que prefieren venir. Y por más rechazados que los haitianos sean aquí, muchos empresarios dominicanos se han hecho adictos a esa mano de obra barata y sin derechos.

Así se fue gestando el desastre migratorio aquí.

La fórmula dominicana ha sido emplear los haitianos y siempre negarles derechos de residencia. El discurso de rechazo hacia esos inmigrantes es esencial para mantener ese sistema de explotación. Es una fórmula económica y política perversa, independientemente de cuán mal vivirían los haitianos en su país si estuvieran allá.

La Constitución de 2010 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 establecieron en la legislación dominicana la imposibilidad de que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano a partir de 1929 sean dominicanos (la Ley 169-14 logró la excepción para un pequeño grupo que había recibido acta de nacimiento antes de 2010).

O sea que, en la República Dominicana, mientras la economía siga demandando mano de obra barata haitiana sin derechos, seguirá creciendo la cantidad de descendientes de inmigrantes haitianos indocumentados que han nacido aquí, pero nunca podrán tener derechos legales para vivir aquí.

Ni el muro ni las marchas resuelven eso, ni mucho menos el discurso seudo patriótico que ha servido siempre de soporte ideológico a la superexplotación de la fuerza laboral haitiana en la República Dominicana.

Quienes verdaderamente amen este país deberían pensar racionalmente en cómo controlar efectivamente la migración indocumentada y qué hacer con tantos hijos de inmigrantes indocumentados que nacen y se crían aquí y nunca podrán ser dominicanos con derechos.

Es tragedia de lado y lado

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Opinión

Implementación de leyes y procedimientos con la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

En términos generales los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán contar con leyes y procedimientos que les permitan cumplir con todas las solicitudes de asistencia de la IPC. Estas leyes y procedimientos necesitan ser suficientemente flexibles para permitir el cumplimiento de los Estados Partes de cualquier especificación contenida en la solicitud, tal como el modo de ejecución de una solicitud en particular, o el procedimiento a seguir. Este podría incluir requisitos tales como la confidencialidad, u otras formas de protección de la información, así como la urgencia de la solicitud.

Todos los Estados deberán establecer un método efectivo de comunicación con la Corte para que resuelva cualquier problema que pueda surgir en relación con las solicitudes de asistencia de la Corte. Por ejemplo, alguien que trabajara en la Embajada del Estado en La Haya debería ser designado como contacto con la Secretaría de la Corte, para que así se puedan identificar posibles dificultades de manera incipiente. Como mínimo, se debería designar una persona contacto que mantenga archivos actualizados de todas las comunicaciones con la Corte y sus distintos órganos.

Cuando los Estados Partes del Estatuto de Roma debían cumplir con requisitos particulares para ejecutar las solicitudes de la Corte Penal Internacional, deberán hacérselo saber a la Corte cuanto antes, luego de la ratificación. Si no lo hacen deberán estar preparados para hacerlo cuando la Corte solicite tal información.Los Estados Partes podrían también necesitar leyes que permitan a las personas especificadas por la Corte para presenciar y asistir en el proceso de ejecución, luego de el Estado Parte   Consultado

. Estas personas incluirán a personal de la CPI, tales como el Fiscal y Fiscales Adjuntos. Podrían también incluir al Abogado Defensor, en el caso de una persona investigada por la CPI, cuando sea una orden o solicitud de cooperación de la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el artículo 57 del Estatuto.

En líneas generales, los artículos 94 y 95 del Estatuto de Roma facultan a los Estados para aplazar la ejecución de las solicitudes en ciertas situaciones. El artículo 94 describe la situación en que la solicitud interfiera con una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto.

En el caso anterior el Estado requerido  podrá consultarlo ante la Corte Penal Internacional  y acordar un periodo de tiempo de prórroga  para la ejecución. Este periodo no excederá  de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate la ejecución de la solicitud. El Estado requerido podrá también prestar asistencia con sujeción a ciertas condiciones, en el caso en que decida prestar la asistencia de inmediato.

El artículo 95 describe el caso en que la solicitud de asistencia se aplace por estar pendiente la impugnación de admisibilidad de la causa. La Corte Penal Internacional es competente para decidir todos los asuntos jurisdiccionales que le conciernen.

Sin embargo, el Estado requerido podrá suspender la ejecución de una solicitud por estar pendiente una decisión de la Corte, a no ser que la Corte haya resuelto expresamente que el Fiscal puede recolectar prueba antes de que la Corte decida sobre la admisibilidad del asunto. En otras palabras, podría ser confuso ante tal situación si quien investigara el asunto sería la CPI o una autoridad nacional estatal.

Finalmente, por las razones anteriores los Estados podrán esperar hasta que se determine definitivamente la competencia de la Corte Penal Internacional, antes de que la ejecución de la solicitud sea obligatoria, según la parte 9 del Estatuto, salvo que la Corte disponga lo contrario.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

La montaña parió un ratón

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Por Nelson Encarnación

Dos cosas resaltaron durante el muy pregonado encuentro de la alianza opositora, publicitado días antes con una rimbombancia de tal calibre, que lo menos que se podía esperar como resultado era la compactación de una candidatura unitaria para enfrentar la búsqueda de la reelección del presidente Luis Abinader.

En lo que concierne a esas expectativas, se puede afirmar—con el lugar común— que “la montaña parió un ridículo”, puesto que el anuncio de grandes acontecimientos alrededor de la alianza, a la postre, terminó convertido en agua de borraja.

Es decir que la población que dio seguimiento al anuncio del encuentro, y los opositores que se formaron alguna idea, terminaron intrigados respecto de si la convocatoria fue para leer un documento que bien servía como sustento para un buen comunicado de prensa.

Suponemos que la plantilla de seguidores de los tres principales partidos signatarios de la alianza Rescate-RD ha terminado más confundida que antes del encuentro, puesto que se formó la idea de un gran frente electoral que compactara a la oposición, empero notó que siguieron tan separados como llegaron a la reunión.

Que la oposición presente tres candidaturas separadas con la perspectiva de unificarse en una en la eventual segunda vuelta, deja un escenario más favorable a los intereses electorales del Partido Revolucionario Moderno, habida cuenta de que la oposición unida en decenas de municipios y distritos no pudo vencer al oficialismo en febrero pasado.

De modo que no hubo tal compactación con fines electorales prácticos; esa compactación es solo en términos de imagen y de enviar mensajes, pero los comicios se ganan con sumando votos, no ideas comunes, que fue lo sucedido en el encuentro opositor.

El otro meta-mensaje de ese encuentro lo tenemos en el saludo de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, al cual le faltó la efusividad que caracteriza los reencuentros.

Lo que se pudo observar es que Danilo quiso abrazar a Leonel, mas este extendió un saludo cordial, muy distante de la señal clara que esperaban sus seguidores acerca de un real reencuentro.

El problema es que todavía están frescas las diferencias que causaron la división del Partido de la Liberación Dominicana, consecuencia de la cual fue la fundación de la nueva organización Fuerza del Pueblo.

¿Es tan sencillo echar tierra a agravios tan feroces? Casi imposible.

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Opinión

El masoquismo oculto tras las encuestas

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Por Miguel Guerrero

Los datos más recientes de las encuestas que otorgan más de un 50% de las preferencias electorales a la reelección presidencial, revelan una característica asombrosa del carácter nacional; algo tanto o más importante que el pronóstico sobre las votaciones mismas. Las encuestas advierten acerca de evidentes y notables señales de un hasta ahora oculto masoquismo dominicano.

La observación viene de algunos de sus descubrimientos. El mismo pueblo que en un 60% dice que está muy mal, que entiende que está peor que antes en casi idéntica proporción y cree que la situación podría seguir empeorando, favorece en cambio en más de un 50%, lo suficiente para ganar en primera vuelta, al que por lógica natural pudiera ser señalado como responsable de sus quejas.

Otro dato relevante, digno de un estudio sociológico profundo que probablemente encuentre rasgos aún desconocidos del carácter del ciudadano común, es aquel que se desprende de las respuestas a la pregunta sobre la situación en que se encontraría el país al término del actual periodo. Poco más de un 20% menos de quienes entienden que las cosas marchan mal, estiman que desmejorará y afirman que se encuentran peor, cree, según la encuesta, que la situación está mejor que antes.

Las encuestas rigurosamente hechas suelen ser valiosos instrumentos de trabajo no sólo para los partidos y los candidatos, sino también para los negocios en la actividad privada. Reflejan realidades de un momento como proyecciones sobre preferencias o rechazos de una población hacia un futuro más o menos cercano, que pueden ser transformadas por eventos previsibles o inesperados. Aquí predicen el futuro, algo no del todo inconcebible si se vive en medio de un ambiente de masoquismo colectivo y del excesivo entusiasmo electoral que se respira. Cada día se aprende algo o muere alguien de espanto.

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