Opinión
Hamlet Hermann: ¿Censurado?
Por Hamle Hermann
Como cada siete días, la pasada semana te envié mi artículo periodístico que suele publicar el periódico matutino HOY. Para mi sorpresa el artículo no fue incluido en la edición del lunes 14 de octubre de 2013, tal como correspondía hacerlo.
Quizás no debí sorprenderme porque el tema fundamental de mi producción fue la vinculación entre la política y el enriquecimiento súbito, a propósito de la demanda que el senador oficialista Félix Bautista hiciera por difamación e injuria contra tres destacados intelectuales dominicanos.
Luego de reflexionar, reaccioné ese lunes enviando un correo electrónico a mi viejo amigo y propietario del periódico HOY, José Luis “Pepín” Corripio Estrada. En este renunciaba a seguir colaborando con las páginas editoriales de ese medio como lo venía haciendo desde 27 años, 11 meses y 2 días atrás.
“Pepín” respondió mi mensaje corto rato después con una llamada telefónica en la que relató haber conversado con el Director de HOY, Bienvenido Álvarez Vega. Aquel alegó a su empleador que el contenido de mi artículo podía provocar una demanda judicial contra la empresa. Esa justificación resulta extraña pues en 34 años que tengo escribiendo para algunos medios de comunicación dominicanos y de otros países, nunca el contenido de mi obra ha provocado una demanda judicial contra sus ejecutivos y propietarios. Nada irregular o ilegal he callado, aunque lo he hecho dentro de las reglas del juego de esta sociedad. El Director de HOY se dejó vencer por sus prejuicios ya que no tenía antecedente alguno para condenarme sin haber escuchado mi opinión al respecto.
Debo aclarar que esta no fue la única oportunidad en la que mi obra ha sido censurada totalmente bajo esta Dirección, aunque en aquellos casos siempre encontramos bajaderos para conciliar posiciones. Parece que existen temas y nombres que lo afectan sobremanera y no tengo capacidades de adivino para anticipar cuáles asuntos inciden extremadamente. Mi humilde y limitada producción intelectual no puede estar limitada por los miedos o compromisos ajenos. Aunque quizás tenga que escuchar de nuevo lo que varias veces dijera otro Director: “¿Quieres libertad de expresión? ¡Monta un periódico y entonces podrás decir lo que te dé la gana!”
No lamento que este incidente haya ocurrido. Quizás hacía falta que sucediera para que todos nos conociéramos mejor. Adjunto encontrarás, de nuevo, el artículo que fue censurado totalmente y que, de seguro, leíste la pasada semana. A la luz de estos acontecimientos, podrás analizar si la violenta sanción de que fui objeto tuvo razón de ser o no. Te agradeceré me dejes saber tu opinión en torno a este lamentable caso. Quizás me sirva como una experiencia más en mi cuestionada y cuestionadora producción intelectual.
Mientras, decidí tomarme un descanso periodístico y concentrarme en un libro, el cual tengo muy avanzado, que necesita más tiempo y atención que los que le estaba concediendo. Por eso dejarás de .recibir semanalmente mis devaneos intelectuales. Ojalá te hagan falta.
HH
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ENRIQUECIMIENTO SÚBITO
Por Hamlet Hermann
Luego que el Ministerio Público dominicano engavetara el sometimiento a la justicia del connotado Félix Bautista por corrupción, surge un extraño episodio muy lejos de las playas dominicanas. Sorpresivamente, el acusado de corrupción somete a la justicia en Miami por el delito de difamación e injuria a tres acreditados profesionales dominicanos. Evadir la justicia “en el lugar de los hechos” y buscarla en playas extranjeras pone a pensar en que algo hiede en Dinamarca.
No obstante, lo que más debe llamar la atención de la aventura miamiense no es el incontrovertible birlibirloque de la Sun Land, sino que en algún momento podría salir a relucir el concepto “enriquecimiento súbito”. Cuando el factor tiempo se reduce demasiado para tanta acumulación de riquezas, y los panes y los pescados del senador Bautista se multiplican exponencialmente, las cosas empiezan a sonar sospechosas. Imaginemos a un pelotero a quien se ha visto surgir desde el patio de una escuela y se desarrolla hasta llegar a las grandes ligas de Estados Unidos. Si de repente empieza a evidenciar una corpulencia física anormal en función de cómo antes lucía y empieza a batear jonrones en demasía, siempre llama la atención y da a pensar que está consumiendo esteroides y drogas prohibidas. Ese podría llamarse el jonronero súbito, el que de la nada empieza a producirlo todo.
Igual sucede con el dinero en cantidades abundantes, vale decir, el enriquecimiento súbito. Nadie puede pasar de “rags to riches” en unos cuantos años siguiendo las normas del capitalismo actual. En este sistema económico hay reglas de juego, que no siempre son respetadas por muchos, pero hay normas que tienden a protegerlo como un todo. De ahí que cuando se pasa de andrajos a la opulencia en muy corto plazo, la investigación es obligatoriamente rigurosa.
El caso de Félix Bautista podría empeorarse en Miami en vez de mejorar y de acusador podría devenir en acusado. Si tuviera entre sus haberes, industrias, comercios, plantaciones agrícolas o centros financieros, pudiera considerarse su fortuna como de buena lid. Pero cuando alguien surge súbitamente derrochando bienes a manos llenas sin tener como fundamento otra cosa que no sea un cargo burocrático en el gobierno de un país pobre y atrasado, se piensa de inmediato en lo peor. Más sospechoso resulta cuando el cargo político que ocupa en las estructuras gubernamentales considera incompatible cualquier otra actividad simultánea con el ejercicio público, a menos que sea académica, que es la peor pagada del mundo.
Algunas de las grandes fortunas dominicanas han tenido origen y soporte en los vínculos con los gobiernos. Pero eso no es todo. Por ejemplo, la familia Vicini fue uno de esos capitales que nació con vínculos políticos a finales del siglo 19, cuando gobernaba Ulises Heureaux. Bien posicionados, recibieron tremendo empujón de parte de la invasión militar estadounidense de 1916 que colocó a uno de sus miembros en la Presidencia de la República. Desde entonces tuvieron las mejores condiciones para enriquecerse más. Aun así, tomó más de un siglo posicionarse como una de las grandes fortunas dominicanas con enormes inversiones industriales, comerciales, culturales y turísticas.
Algo parecido de vínculos entre la política y la acumulación de capitales tuvo lugar con la familia Bonetti quienes pasaron de socios minoritarios de Rafael Trujillo en algunas empresas importantes a propietarios mayoritarios de aquellas, gracias a la benevolencia de los gobiernos de Joaquín Balaguer a la hora de devolver bienes incautados por el Estado.
Pero en el caso de Félix Bautista, su posición de fachada y escudo del verdadero poder en el grupo corporativo PLD, supera todos los records de velocidad en el enriquecimiento súbito sin haber establecido industrias, comercios, plantaciones agrícolas o centros financieros.
Deseo que llegue pronto ese juicio porque, los tribunales de la Florida, aunque politizados hacia la extrema derecha, podrían sentirse curiosos de cómo es posible que un político dominicano, en su tiempo libre, pudiera haber acumulado tanta fortuna que le permite financiar campañas electorales en Haití, en Perú y en República Dominicana, sin que esos fondos alguna vez se hayan agotado.
Ojalá empezaran mañana porque me muero de las ganas de ver cómo Félix Bautista busca justicia en Miami mientras la esquiva en Santo Domingo.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.