Opinión
Historia dominicana: Mitos y deformaciones
Por Oscar López Reyes
La proporción del saber histórico de los dominicanos ondula en el anclaje temporal de la escasez y la superficialidad, que raya en el bochorno y el escándalo, en el incesante requerir de una urgente transformación curricular, pedagógico, textual y contextual de su instrucción y aprendizaje. Los que conocen la historia a profundidad pueden ser contados con los dedos: una flor y nata consagrada y altamente familiarizada con las bibliotecas especializadas y el diálogo socrático.
El ramal poblacional mayoritario guarda referencias vagas y orales de sus raíces socio-culturales, la herencia indígena, africana y española; el descubrimiento de la isla de Santo Domingo, la ocupación haitiana, la guerra de independencia, la anexión a España y la gesta restauradora, las invasiones militares norteamericanas y la revolución constitucionalista de 1965.
Por igual, rememoran básicamente los nombres de los padres fundadores de la República: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, y los próceres de la patria, como Gregorio Luperón, Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo) y Francisco Alberto Caamaño Deñó. También, de los gobernantes autocráticos Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilís) y Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Profesores de casi todos los países de América Latina que participamos en el Congreso Panamericano sobre la Enseñanza de la Historia (1, 8, 15 y 22 de agosto de 2024, en Santo Domingo, en la modalidad virtual), verificamos una constante en la enseñanza de América Latina: deformaciones, mitos e inexactitudes en las narraciones cronológicas de los textos oficiales impuestos por las clases dominantes y las potencias hegemónicas.
Paralelamente han impactado en la negatividad la estrechez de recursos didácticos, como libros de texto, y tecnológicos; la deficiencia formativa de docentes, la desmesurada memorización, el exiguo entendimiento, el bajo hábito de lectura, la evaluación numérica, casi nula investigación y la simplificación expositiva en las aulas, en una disciplina signada por la extensividad en el tiempo y la complejidad por la multiplicidad de informaciones sobre los procesos históricos.
Los relatos sobre los acuerdos relevantes y las contradicciones conflictivas; los cambios políticos, económicos y sociales; las creencias, tradiciones y otras facetas de la vida del pasado remoto y reciente empinaron en el citado evento auspiciado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a través de su Comisión de Historia, que preside el dominicano Filiberto Cruz Sánchez. Rutilaron dos exposiciones: la de Petronila Dotel Matos, integrante de la Comisión de Historia, y la de María Filomena González Canalda, maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
La profesora Dotel Matos recalcó que “Los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales nos siguen diciendo que los avances no son los esperados… siguen siendo preocupantes. Según el Plan Estratégico 2023-2024, solo el 9.8% de estudiantes logra un nivel satisfactorio de competencia en ciencias sociales en la evaluación diagnóstica de tercer grado de secundaria”.
Simétricamente, explicó que “Los maestros de Historia son cada día menos, solo una universidad de las más de 50 que existen en el país tiene la Historia como carrera, además no se comprende la importancia de analizarla desde las Ciencias Sociales a pesar de que las universidades están graduando profesores en esa área”.
En esa misma pendiente, la también profesora González Canalda describió nueve mitos que, a su juicio, están presentes en la historia oficial de la enseñanza preuniversitaria en República Dominicana: 1) Los supuestos cinco cacicazgos en que estaba dividida la isla a la llegada de los europeos”, 2) “El financiamiento del primer viaje de Cristóbal Colón…con la ayuda de la reina Isabel La Católica”, 3) “la Batalla de la Vega Real”, 4) “La composición étnica del pueblo dominicano”, que realza a los españoles y disminuye a los taínos y africanos, 5) “el degüello de Moca de 1805”, 6) “las medidas del gobierno de Jean Pierre Boyer”, 7) “la Guerra dominico-haitiana”, 8) “la usurpación de territorios dominicanos por la República de Haití”, y 9) “los logros de Rafael L. Trujillo durante su dictadura”.
Los dos temas merecen ser desmenuzados durante un seminario, con la intervención de opinantes de distintos horizontes, que formulen planteamientos significativos y urgen en estos procesos y sus actores. Tienen las palabras la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Academia Dominicana de Historia, el Instituto Duartiano, la Escuela de Historia de la UASD, el Archivo General de la Nación y la Sociedad Dominicana de Bibliófilos.
En el registro y estudio de los más disímiles aconteceres de los ciclos temporales, la historia se asienta como una de las disciplinas sociales y científicas más ancestrales, y la que está llamada a ser una clarinada para promover los símbolos patrios y la identidad nacional en la creación de la conciencia ciudadana y el pensamiento reflexivo y crítico.
Y para triturar la penetración cultural por intermedio del neocolonialismo, tenemos que comprender cómo fue forjada la nación y cuáles han sido nuestros orígenes étnicos y los personajes heroicos. Nos convoca a aprender de las experiencias y lecciones pretéritas y a redescubrir nuestras fortalezas para contextualizar y apuntalar nuevas perspectivas hacia una colectividad más robusta en valores patrióticos y democráticos. O sea, la conciencia histórica encarna como una senda para la participación y la acción en el presente.
La conciencia histórica, han dicho historiadores y filósofos, ha sido una herramienta para la educación democrática y la forja de ciudadanos libres. Para el alemán Jörn Rüsen (Duisburgo, 19 de octubre de 1938) “crea una relación activa con su pasado mediante una experiencia temporal, que debe ser percibida e interpretada antes de volverse elemento de orientación y motivación en la vida humana”.
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El autor: directivo de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, miembro de número del Instituto Duartiano y miembro colaborador de la Academia Dominicana de la Historia.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!