Opinión
Hoy, todo cambio parte del territorio
Por Rosario Espinal
Entramos de lleno en la campaña electoral, la campanada de las encuestas, , un instrumento/guía que, como los ilusionistas, agita los espíritus de incautos y de algunos cautos así lo indican. Aquí, las encuestas políticas centran la atención básicamente en los candidatos presidenciales con mayores posibilidades de alcanzar el poder, dejando fuera del interés de la población las candidaturas a puestos en los gobiernos locales, esencialmente. Y es que en nuestra cultura política no se ha entendido que hoy, el cambio en un país indefectiblemente se inicia en el territorio, en los espacios locales. Algo sólo es posible con dirigentes probos y preparados, armados con proyectos capaces de integrar la comunidad en su gestión.
Desafortunadamente, la cultura del presidencialismo implícita, en el referido tipo de encuesta, fortalece la quimera de que para cambiar el país basta la voluntad del presidente que surja del proceso electoral, una ilusión que aquí comparten todos los partidos. Sin importar su signo. Por eso, unos centran sus tácticas en la búsqueda de una candidatura presidencial que supuestamente los uniría y otros para su supervivencia en la unidad en torno al partido de mayores posibilidades de triunfo, sin que falten los ilusos impenitentes que trillan solos el empinado y tortuoso camino de las elecciones presidenciales. Una cortedad de miras que limita los alcances del eventual gobierno de quienes tienen fuerza para alcanzarlo y a los que no la tienen, de lograr presencias importantes en los gobiernos locales.
Desde hace casi cuatro décadas se ha evidenciado que una administración es más eficaz y eficiente cuando se hace en y desde el territorio; la llamada territorialización de la política. De ahí los énfasis en la descentralización y potenciación de la política en los espacios locales, lo cual ha determinado en algunos países importantes niveles de participación y representación de las comunidades en la solución de sus urgencias. Contribuyendo de ese modo a elevar la calidad de la democracia de esos estados, que se materializa en mayores niveles de desarrollo político, económico y social de muchos estados. Como sociedad, persistimos en darle la espalda a esa realidad o a incurrir en muchos equívocos. No creo que esta circunstancia cambie en este ya iniciado proceso electoral, pero propicia es la ocasión para insistir en el tema.
En el caso de los llamados partidos alternativos, de nuevo se les plantea la opción de presentar candidaturas unitarias en los espacios locales, sin necesariamente renunciar a presentar candidatos propios a la presidencia. Con esa opción, como los buenos bomberos no se pisarían sus mangueras, incrementando sus posibilidades de presencia en los gobiernos locales y eso beneficia a la comunidad, que es lo que debe importar. Pero no solamente deberían apostar por uno de ellos, sino a los mejores de la comunidad, sean éstos independientes o perteneciente a cualquiera de los llamados mayoritarios. Estos, sobre todo el de mayores posibilidades en las presidenciales, podría hacer lo propio y asumir la candidatura de uno de la oposición.
¿Una ilusión? Es posible que lo sea, pero a veces la política se nutre y se materializa con ilusión. Es más, muchas de las grandes transformaciones políticas se han logrado con la audacia de algunos que apuestan a lo que el común de los mortales considera una ilusión. Sólo vencen los audaces. La única manera de cambiar las cosas es cambiando los métodos que a lo largo del tiempo se demuestran ineficaces. Malos poderes locales sólo sirven a limitar la eficacia y eficiencia de los gobiernos centrales por más empeño que pongan sus principales incumbentes, lo registra nuestra historia política. Por otro lado, una escasa o nula presencia de las fuerzas progresistas en los gobiernos locales, contribuye a la ineficiencia e ineficacia de estos gobiernos y a acentuar la marginalidad de esas fuerzas.
No tengo dudas de que en la discusión y hasta en la práctica, los temas territorio y política y sobre cómo establecer un relacionamiento virtuoso entre gobiernos locales/gobierno central se han logrado avances nada desdeñables. Algunas iniciativas se han diseñado y puesto en ejecución en el orden de la legislación relativas al tema. También que, con sus luces y sombras, se han llevado a cabo diversas actividades formativas relativas a la cuestión local, tanto en las instancias de mundo municipal, del gobierno central, como en la academia. No obstante, no creo que se haya hecho lo suficiente (prácticamente nada) en un aspecto que es esencial: lograr la conciencia de que poco o nada se avanzará en estas cuestiones sin un acuerdo político entre los partidos todos.
Esto último difícilmente podrá hacerse en este momento de campaña electoral, se perdió la oportunidad de hacerlo en el marco del llamado a las reformas políticas que en su momento hizo el presente gobierno. Queda como tarea. Pero es propicia la ocasión para hacer alianzas audaces para evitar que sigan presentándose impresentables en las boletas electorales o a gente valiosa, pero sin la más mínima posibilidad de ser elegido mediante el voto en las instancias de los poderes del Estado. Si se asume que es el territorio el lugar clave para hacer política y para que un cambio de rumbo de la sociedad sea sostenible y necesariamente democrático, resulta imperativo camiar la forma de hacer política… y de hacer alianzas
Por Rommel Santos Díaz
Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos que operan como parte de una extensa organización criminal.
Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos crímenes normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.
Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos que estuvieron también indirectamente involucrados.
Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:
- a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable;
- b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
- d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
- e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
- f)Intente cometer ese crimen.
Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
Los Estados partes del Estatuto de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.
De lo contrario, no podrían enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos en el Estatuto de Roma.
Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.