Opinión
IDAC vs Asociación de Pilotos: corrupción, pugna y manipulaciones
Por Narciso Isa Conde
La corrupción, incluso la narco-corrupción, tiene un amplio y diverso capítulo aeroportuario que ha sido develado en diferentes ediciones del periódico Tiro al Blanco.
En ese capítulo el Instituto de Aeronáutica Civil-IDAC no solo sale bien parado, ni antes ni ahora; mientras siempre las pugnas entre facciones del PLD y la indignación de gente independiente de valor se han encargado de airear muchas de las irregularidades y muchas expresiones de corrupción, así como la manipulación de las Asociaciones de Pilotos y Controladores Aéreos con fines de taponar males que se han ido acumulando.
Días atrás se habló del pago a patrocinadores de la campaña a favor de la actual gestión, de compras millonarias de equipos al mismo suplidor sin licitación y de planes de privatizar en beneficios de particulares de los servicios de navegación aérea; aunque se le reconoce al nuevo incúmbete del IDAC, Alejandro Herrera, alto dirigente del PLD, haber reducido significativamente la nomina abultada de ese organismo.
Entre hechos graves se mencionan la compra de dos centros de control de radares, adjudicado sin licitación durante el pasado periodo de transición gubernamental por un monto de 600 millones de pesos a la misma empresa.
Una dura critica a las administraciones anteriores y a la actual es la relacionada con el bloqueo a la reactivación de Dominicana de Aviación, postrada a lo largo de unos 25 años, durante los cuales se ha recurrido a arrendar a líneas aéreas extranjeras sus valiosas franquicias a cambio de jugosos sobornos a políticos peledeístas enquistados en la Junta de Aeronáutica Civil de IDAC.
Se destaca la complicidad con monopolios como American Airlines, Delta, Jet Blue, Continental y otros; mientras se dejan a un lado los esfuerzos para rehabilitar la línea bandera nacional, lo cual -según entendidos en la materia- sería posible con una inversión inferior a mitad de lo gastado en la compra de los aviones Súper-Tucanos (unos de los grandes negocios del ex-presidente Fernández y de ciertos jefes de la Fuerza Aérea Dominicana).
En las áreas técnicas de IDAC siguen con mucho poder funcionarios cuestionados por los usuarios, mientras se sub-utilizaban los mejores expertos ajenos al clan dominante.
Los privilegios vuelven a asomar como medios de compra de conciencia y así el comedor que se construye en el Edificio Norge Botello en Punta Caucedo, sobrevaluado en 58.4 millones de pesos, será destinado exclusivamente a controladores aéreos en detrimento de empleados de menores ingresos.
Se argumenta, con razón, que la aviación civil dominicana va por mal rumbo cuando la política del IDAC afecta a pilotos, técnicos y empresarios que no tiene el privilegio de ser empleados o de estar “enllavados” con los círculos del poder peledeísta que dominan el IDAC.
Nuevo intento de control de la ANP
La práctica de controlar, para manipular, las asociaciones de pilotos y controladores de aéreos, es consuetudinaria y persigue quitarles independencia, anular su espíritu critico y convertirlas en cómplices de las irregularidades y males manejos.
Un nuevo intento en esa dirección se ha puesto en marcha en ocasión de las próximas elecciones de la Asociación Nacional de Pilotos-ANP, fijadas para el 31 de enero.
El instrumento para esos fines es la plancha peledeísta “Dignidad, Unidad y Progreso” y la figura clave es Tirso Borromé, quien al tiempo de trabajar en uno de los aeropuertos del Este del país, labora en la Terminal del Higuero; en franca violación de la ley 491-o6 art.8, violando el Código de Trabajo que prohíbe dos empleos con el mismo horario y violando la ley 930 sobre descanso de controladores y pilotos; poniendo, por demás, en riesgo pasajeros y pilotos de esas aeropuertos.
Pero además, Tirso Borromé es unos de los violadores de los Estatutos de la Asociación Nacional de Pilotos (ANP) que prohíbe la postulación a su directiva de funcionarios del IDAD; en su caso se trata de un funcionario privilegiado. Acompañándolo en esa misma violación otros dos funcionarios del IDAC: el Inspector Rodolfo Victoria y el Director de Normas de Vuelo Gabriel Medina (este último también pilotea en la Embajada de EU); ambos, como Borromé, actuando como instrumentos de Alejandro Herrera en el propósito de controlar la ANP.
Fatiga aérea
Se estima como muy grave que el IDAC no le ponga la debida atención al tema de la fatiga aérea de los pilotos y controladores, principal causas de accidentes en el mundo; y que en lugar de convertirse en factor vigente sobre las líneas aéreas abusadoras, haga las veces de cómplice de éstas.
Por eso y por todas las reivindicaciones postergadas, no se debe permitir que la ANP sea un instrumento del IDAC y de los peledeístas que controlan esa institución.
La postulación de Tirso Borromé, Gabriel Medina y Rodolfo Victoria es ilegal y anti-estatutaria, y tratar de imponerlos como dirigentes de la ANP atenta contra la democracia y contra la libertad de asociación.
Urge que los pilotos le salgan al frente a esos negativos designios.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!