Opinión
Impacto nacional y continental del desarme de las FARC-EP
Por Narciso Isa Conde
Se firmó el “Acuerdo del Cese al Fuego y de Hostilidades. Bilateral y Definitivo”, en el que la dirección de las FARC-EP aceptaron convertir el no uso de las armas (“dejación de armas”) en desarme total a cumplirse en un plazo de 180 días después de iniciada su desmovilización militar unilateral y en el que expresamente se le concede al Estado y a los Gobiernos colombianos el “monopolio de las armas” a nombre de una legitimidad histórica y actualmente inexistente. Los términos concertados en esa vertiente fueron expresados en estos términos:
“Asegurar el monopolio legitimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio: en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben garantizar el monopolio legitimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, con el fin de garantizar el respeto y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. La legitimidad deviene del cumplimiento de la obligación de asegurar plenamente el disfrute de los derechos fundamentales de todos los colombianos/as, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”. (Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, párrafo 4)
* ANHELO DE PAZ Y PAZ DURADERA.
La paz, como anhelo abrumadoramente mayoritario en Colombia, no podía ser obviada por la insurgencia armada. Pero tampoco el curso pacifico del ejercicio político de la oposición revolucionaria debería ser condicionado al interés de las nefastas fuerzas enemigas que controlan el Estado de reservarse para sí en las actuales condiciones –y solo con la garantía de una serie de promesas y decisiones propias- el poder de las armas; fuerzas hegemónicas que por demás han estructurado un país con unas fuerzas armada hipertrofiadas y curtidas en el crimen y la corruptela, sin soberanía, neoliberal, con siete bases militares y un sistema de intervención y control estadounidense, pactado con el Pentágono y la OTAN y convertido en una especie de Israel de América y en plataforma para la conquista militar de la Amazonía y las agresiones militares y paramilitares a Venezuela, Ecuador, Bolivia. Algo que ni trata en los acuerdos publicados ni se aborda soluciones.
El camino de la paz verdadera requiere a mí entender valorar esos factores y detener las concesiones unilaterales en aspectos tan delicados y tan decisivos.
Por eso -llegado este momento previo al ACUERDO FINAL- debería pensarse en abordar esos temas cruciales y en convertir en hechos palpables una gran parte de lo acordado en otros puntos de la agenda (todavía simplemente en el papel); antes de aceptar un desarme unilateral que afectaría gravemente la correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional, que deja muchas cosas vitales en simples promesas gubernamentales, que deja el poder de decisión a instituciones estatales existentes no confiables o a nuevos mecanismos bajo su control (solo con representaciones minoritarias de la parte contraria).
Esto resulta a mi entender imprescindible para un buen acuerdo en el que lo pactado, por demás, deberá ser fiscalizado o por instancias internacionales que esencialmente responden a interés ajenos a la paz y a los derechos de los pueblos (como la ONU y la UE), o por entidades que como CELAC se ve afectada por los cambios a favor de las derechas y de EEUU que ahora tienen lugar en nuestro continente. Incluso pienso que la fiscalización y el control exigen garantías más confiables que las establecidas.
Me refiero a la necesidad construir –antes de cualquier desmovilización guerrillera- bases sólidas para una paz en un país que amerita ser democratizado previamente, con claros compromisos hacia la justicia social y hacia el rescate de soberanía en medio de un cese al fuego bilateral y de una progresiva desmilitarización bilateral; colocando además a Colombia fuera del tablero guerrerista y de la estrategia militar de EEUU y del imperialismo occidental en Nuestra América; identificando y ejecutando medidas y plazos para la salida de las bases militares estadounidenses de sus territorio, el cese de los convenios con el Pentágono e Israel y la anulación de la presencia directa de tropas y equipos bajo su control.
Los temas fundamentales de las conversaciones de paz -aquellos que implican desmonte del Estado terrorista, transformación de la policía y la fuerzas armadas regulares, democracia, justicia, equidad social y soberanía reales- al tiempo de acordarse con precisión en cuanto a sus impactos sobre todas las partes, deberían convertirse en hechos consistentes; sin optar anticipadamente por desmantelar solos los ejércitos populares creados por FARC, ELN y EPL durante medio siglo de heroísmo. Más bien procede reorientar sus roles en medio del cese al fuego bilateral, de la detención de la confrontación armada y del nuevo periodo de restauración de la democracia y refundación progresiva del Estado vía Constituyente Popular y Soberana.
En ese orden el descarte de la Constituyente sería un serio revés para esos trascendentes propósitos.
* IMPACTO NACIONAL DE LA PAZ INMEDIATA CON MONOPOLIO OFICIAL DE LAS ARMAS.
Si el comandante Chávez argumentó con razón el valor defensivo que tenía para el proceso bolivariano su condición de “proceso pacífico, pero no desarmado”, ese criterio tiene mayor validez para el caso de la democratización de Colombia, en el que la posesión de las armas por los ejércitos populares, aun sin usarse, constituye una de las garantías fundamentales para su cumplimiento y para evitar un grave desequilibrio subregional.
En Venezuela lamentablemente el poder de las armas en manos de una parte de las fuerzas armadas regulares de filiación chavista finalmente no ha sido aprovechado para pasar de las reformas a los cambios revolucionarios de corte socialista, lo que explica en parte el estancamiento y la regresión de ese proceso.
En Colombia el ejército popular de las FARC está renunciando a las armas para iniciar un accidentado y difícil camino de reformas democráticas bajo una dominación históricamente conservadora, corrupta, represiva y tramposa; lo que la pone más difícil todavía.
La integridad y preservación de los factores político-militares revolucionarios, junto a la movilización popular y a la ofensiva político-social de las fuerzas transformadoras, son a mí entender irrenunciables si se trata de garantizar cumplimientos y relaciones equilibradas en el despliegue de los compromisos entre ambas partes.
Y esto asume carácter de exigencia imperiosa en un país donde no se puede descartar que este gobierno maniobrero, sensiblemente debilitado, pueda cambiar para peor o darle paso a otro de pésima calaña; y en un Continente donde el proceso a nivel de gobiernos y de Estados temporalmente evoluciona a favor de las derechas y las retaliaciones del bloque político y social ultra-reaccionario.
Esos factores, incluido el de las armas insurgentes, son absolutamente necesarios para asegurar la no reversibilidad de los acuerdos y contrarrestar el empleo sistemático del
militarizado Estado Colombiano y de los enclaves y las tutelas estadounidenses como factores de contra-revolución y contra-reformas internas y externas.
En otro orden, lo acontecido en otros procesos de paz negociada -tanto en Colombia como en Centro-América -incluido el caso de El Salvador, donde tuvo lugar un acuerdo de mesa bastante avanzado (pero con desarme y desmovilización unilateral del FMLN), que posteriormente sufrió graves distorsiones, deformaciones e incumplimientos- deben servir de lecciones para no caer en la trampa esencial que se sintetiza en desarmarse y desmovilizarse militarmente sin cambios sustanciales en las esencias del régimen, en la fuerzas que lo hegemonizan y en el peso de lo militar y sus aberraciones en todo lo estatal y en los mecanismos interventores.
En las actuales condiciones de Colombia, el desarme y la desmovilización guerrillera de la principal fuerza insurgente podría ser mucho más perjudicial que en esos otros países, tanto por el contexto interno como por el internacional. Y ese paso unilateral desde las FARC-EP, por demás, colocaría en condiciones mucho más complejas al ELN y al ELP; fuerzas que debieron coordinarse y bloquificarse frente al régimen, para tratar de lograr una alternativa unificada con los mejores resultados posibles.
* IMPACTO CONTINENTAL.
Reitero que ese cauto y firme proceder es sumamente importante en medio de la crisis venezolana y de los planes desestabilizadores de ese y otros procesos regionales como el ecuatoriano y el boliviano; precedidos todos de desgarradoras imposiciones ultra-reaccionarias en Honduras y Paraguay, del dramático cuadro mexicano, de los retrocesos en Argentina y Brasil, de los virajes hacia la derecha en Perú y Chile, del reforzamiento de la intervención gringa en Haití y de la dictadura institucional en Dominicana.
Esa tendencia regresiva se tornaría más grave, si el viraje en la conducción de Brasil logra influir para que sus fuerzas armadas relativamente independientes en materia de competencia entre las grandes potencias, puedan ser manipuladas por EEUU y esta súper-potencia pueda por fin delegar funciones de gendarmería en ellas. Algo que está sobre el tapete en el marco de la crisis que estremece a esa potencia emergente.
Además, en cuanto a la actualidad mundial, es preciso valorar con atención y especial cuidado el curso de la crisis capitalista mundial y las consecuencias de la estrategia del caos controlado y del dominio destructivo puesta en práctica por un lumpen imperialismo pentagonizado y decadente.
En el contexto de esa estrategia, las maniobras “diversionistas” de “normalización” de relaciones con Cuba y pro-Paz en Colombia, realmente no suplantan los planes de expansión militar del Pentágono y la OTAN.
Tampoco la apuesta de EEUU a lo paramilitar, a los ejércitos mercenarios, a los procesos de fascistización de una parte de las derechas sociales y políticas a su servicio, a la sedición empresarial, a las imposiciones electorales fraudulentas, a las guerra locales y globales y a la desestabilización económica… para imponer su dominio contra-insurgente y despótico; concentrando esfuerzos y ataques especiales en Nuestra América rebelde, haciendo provecho de la declinación de los denominados gobiernos reformadores o progresistas.
Nunca olvidar que a su vez esa crisis de decadencia, que no cesa de agudizarse y extenderse a escala mundial, está generando grandes descontentos que posibilitan sublevaciones y revoluciones desde abajo; siempre que logren conformarse las nuevas vanguardias que ayuden a convertir a los pueblos en poder alternativo y transformador. Y esto nos plantea retos que van más allá de la lucha a través de la instituciones y la legalidad imperantes.
A su vez las negaciones bruscas de innumerables conquistas democráticas obtenidas en nuestra América mediante las victorias populares que ahora procuran aplastar, provocan indignaciones adicionales que emplazan a las fuerzas revolucionarias a radicalizar posiciones.
En medio del despliegue de esta crisis sistémica, con esos y otros ingredientes que exigen nuevos desafíos, se configuran situaciones y tiempos como éstos en los que no procede desistir para siempre de las insurgencias locales, nacionales y global; dado que los retrocesos o estancamientos reformistas e institucionalistas en el seno de las fuerzas transformadoras solo sirven para abrirle cancha a todas las derechas y a la contrarrevolución monda y lironda; como aconteció de manera relevante en Brasil y Argentina, y podría ocurrir con tintes mucho más dramáticos en Venezuela.
Mientras que en el curso de los procesos de paz negociada, la involución de las vanguardias revolucionarias hacia el reformismo casi siempre tiende a concluir en lamentables frustraciones.
* LUCHAS EMANCIPADORAS Y LUCHAS POR LA PAZ.
Es claro que todas las luchas emancipadoras deben asumir la paz como bandera y meta esencial, pero éstas no están solas en los escenarios de combate. La paz es un derecho, pero conquistarla implica también múltiples y variadas confrontaciones extra-institucionales.
En el presente mundial, regional y nacional esas luchas enfrentan enemigos muy poderosos que están muy lejos de renunciar a la violencia, al uso y amenaza del uso de la fuerza policial y militar a la opresión, a las guerras de agresión y a las más variadas y
crueles formas de dominación; por lo que es preciso mantener una línea de combate que no admite “reconciliaciones”.
Al parecer en la Mesa de los Diálogos de Paz de Colombia todo iba más o menos bien antes de ser firmados y publicitados, con todas sus implicaciones, los documentos de los “acuerdos de cese al fuego, dejación y entregas de armas”, refrendados por el texto presentado por el Secretariado de las FARC-EP, leído por el comandante Timochenko, en el que se afirma:
“También se ha llegado al acuerdo sobre Dejación de Armas, que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando se asevera que tras los acuerdos, las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos.”
“El Estado colombiano tendrá que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá por razón de sus ideas o prácticas políticas, que la perversa costumbre de incluir en los órdenes de batalla de las fuerzas armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición, tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio. Que una vez firmado el acuerdo final desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad.”
“Las fuerzas armadas colombianas, agigantadas en el transcurso de la guerra, diestras en contrainsurgencia y acciones especiales, están llamadas en adelante a jugar un importante papel en aras de la paz, la reconciliación y el desarrollo del país. Fueron nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y sus necesidades, sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional de guarnecer las fronteras.” (pag. 3, párrafo 4)
Me temo que en esos planteamientos hay muy buenos deseos y lindas ilusiones, pero pocos hechos, escasas realidades… si nos atenemos a una historia demasiado reciente y a una actualidad sumamente dura del régimen colombiano, de sus centros de poder local y transnacional; ayer encabezados por el Gobierno de Álvaro Uribe, hoy por el Juan Manuel Santos, los dos tutelados por EEUU y al servicio de sus tácticas ocasionales dentro de su pérfida estrategia de dominación.
Percibo que el giro que implican esos últimos acuerdos le está facilitando a la clase dominante-gobernante colombiana y al imperialismo estadounidense la continuidad de su dominio, combinando viejos y nuevos métodos, que a su vez generan o atizan nuevas contradicciones a su interior y al interior de quienes se le oponen.
Así pienso y no debo autocensurarse. Precisamente por todo lo que han representado para mí los vínculos de solidaridad con las FARC-EP y por respeto y el cariño que le profeso a sus integrantes, he decidido debatir este tema crucial para las luchas continentales, sin renunciar a acompañar a esa fuerza política en las nuevas controversias que se vislumbran, como lo hice con el FMLN de EL SALVADOR.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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