Nacionales
Imperan diferencias abismales en precios de bienes similares
El comercio formal se está distanciando del informal y la brecha es de precios. La diferencia de hasta un 100% en un bien, hace que aumente el número de interesados en la informalidad para comprar.
En el mercado de Pintura, en el sector Herrera, una piña cuesta 25 pesos. A menos de un kilómetro, en cualquiera de los supermercados que operan en la zona, y en todo Santo Domingo, esa fruta se cotiza entre 50 y 60 pesos, un nivel que refleja la gran disparidad que existe en los precios, esencialmente en los productos de origen agrícola.
El costo de la canasta familiar produce dolor de cabeza a las familias dominicanas, y uno de los síntomas se observa en la marcada diferencia entre los precios en los supermercados y mercados populares.
La brecha es más notable en los productos agrícolas, esencialmente víveres, vegetales y frutas.
Según explica el presidente de la Red de Organizadores Agropecuarios, Robin Alcántara, el encarecimiento de los productos se debe a las cadenas de comercialización o número de intermediarios por las que pasan los productos desde que salen de la tierra hasta que llegan al consumidor; y también al bajo financiamiento y rentabilidad que le ofrece el Banco Agrícola a los productores.
“El banco solo financia el 10% y el otro 90% lo financia el sector informal”, dijo.
Alcántara expresó que hasta que no se elimine ese eslabón en las cadenas de comercialización, los productos no llegarán a buen precio a los consumidores.
Llama al Gobierno, al Instituto de Protección al Consumidor (Pro Consumidor) y al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) a que participen en el proceso de determinación de los precios, para que haya una reducción en los precios y los artículos lleguen más económicos a los consumidores y éstos consuman más productos agrícolas a menor precio.
Explica que el margen de ganancia que debe tener un productor o mayorista no debe pasar de un 5% y estos a veces ganan hasta un 15 y 20% del valor del producto.
Comprobación
Durante un recorrido realizado por un equipo de elCaribe se pudo comprobar que los plátanos en los mercados populares se cotizan entre 5 y 8 pesos, mientras que en los supermercados su precio llega hasta a 15 pesos.
Asimismo, la libra de arroz en los mercados y plazas populares se cotiza desde 15 hasta 25 pesos, dependiendo de la marca, y en los supermercados, durante los días de oferta, la libra cuesta de 18 a 30 pesos. En los días normales los precios fluctúan entre 22 y 35 pesos.
Roberto Familia, presidente de la Asociación de Factorías de Arroz de la Reforma Agraria, aseguró que ellos venden el arroz a los comerciantes entre 1,950 y 2,150 pesos el saco de 125 libras y los vendedores le ganan hasta 600 pesos a un saco vendiéndolo hasta a 2,600 pesos.
En el caso de los huevos y pollos, envueltos en una situación coyuntural por una veda de importación impuesta por el Gobierno haitiano, en el mercado dominicano hay una situación muy particular: están más baratos en los supermercados que en los mercados, en el caso de los huevos.
Estos se cotizan, el cartón de 30 unidades, entre 90 y 125 pesos. Casi todos los supermercados tienen ofertas de huevos. Consumidores entrevistados elCaribe dijeron que prefieren comprar a los mercados populares porque los precios son más asequibles y los productos más frescos”.
“Nosotros los pobre es a los mercados que tenemos que venir, no hay cuarto para ir a los supermercados”, expresó Ana Burgos, una asidua compradora del mercado de Pintura. Ana Bertilia Cabrera, presidente de la Asociación de Amas de Casas, dijo que el Gobierno debe estabilizar los precios.
Dijo que los precios de los productos en los supermercados les están dando en el cuello a los pobres”. Destacó que la diferencia representa un margen de precios que afecta la economía de “nosotros los que compramos “cheliao”.
Alza en impuestos impulsa aumentos
La presidenta de la Asociación de Amas de Casas, Ana Bertilia Cabrera, citó como un factor de encarecimiento en los productos, el impacto de la reforma fiscal que hizo el Gobierno a finales del año pasado y cuya aplicación se completó en enero de este año. “Además, en todos los supermercados nos aplican el 18% del ITBIS cada vez que compramos aunque sea una libra de arroz”, se quejó Cabrera.
Hizo un llamado al Estado para que regule los precios, y afirmó que desde que se aprobó la reforma fiscal hemos estado demandando al presidente Danilo Medina que los productos como el arroz, habichuela, aceite, chocolate, café, pan, los cárnicos, los detergente, azúcar y huevos deben ser excluidos del pago de impuesto , sobre todo tomando en consideración que una tercera parte de los dominicanos no cuenta con ingresos regulares y que viven de lo que el “día a día le dé”.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.