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Imperan diferencias abismales en precios de bienes similares
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12 años agoon
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LA REDACCIÓN
El comercio formal se está distanciando del informal y la brecha es de precios. La diferencia de hasta un 100% en un bien, hace que aumente el número de interesados en la informalidad para comprar.
En el mercado de Pintura, en el sector Herrera, una piña cuesta 25 pesos. A menos de un kilómetro, en cualquiera de los supermercados que operan en la zona, y en todo Santo Domingo, esa fruta se cotiza entre 50 y 60 pesos, un nivel que refleja la gran disparidad que existe en los precios, esencialmente en los productos de origen agrícola.
El costo de la canasta familiar produce dolor de cabeza a las familias dominicanas, y uno de los síntomas se observa en la marcada diferencia entre los precios en los supermercados y mercados populares.
La brecha es más notable en los productos agrícolas, esencialmente víveres, vegetales y frutas.
Según explica el presidente de la Red de Organizadores Agropecuarios, Robin Alcántara, el encarecimiento de los productos se debe a las cadenas de comercialización o número de intermediarios por las que pasan los productos desde que salen de la tierra hasta que llegan al consumidor; y también al bajo financiamiento y rentabilidad que le ofrece el Banco Agrícola a los productores.
“El banco solo financia el 10% y el otro 90% lo financia el sector informal”, dijo.
Alcántara expresó que hasta que no se elimine ese eslabón en las cadenas de comercialización, los productos no llegarán a buen precio a los consumidores.
Llama al Gobierno, al Instituto de Protección al Consumidor (Pro Consumidor) y al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) a que participen en el proceso de determinación de los precios, para que haya una reducción en los precios y los artículos lleguen más económicos a los consumidores y éstos consuman más productos agrícolas a menor precio.
Explica que el margen de ganancia que debe tener un productor o mayorista no debe pasar de un 5% y estos a veces ganan hasta un 15 y 20% del valor del producto.
Comprobación
Durante un recorrido realizado por un equipo de elCaribe se pudo comprobar que los plátanos en los mercados populares se cotizan entre 5 y 8 pesos, mientras que en los supermercados su precio llega hasta a 15 pesos.
Asimismo, la libra de arroz en los mercados y plazas populares se cotiza desde 15 hasta 25 pesos, dependiendo de la marca, y en los supermercados, durante los días de oferta, la libra cuesta de 18 a 30 pesos. En los días normales los precios fluctúan entre 22 y 35 pesos.
Roberto Familia, presidente de la Asociación de Factorías de Arroz de la Reforma Agraria, aseguró que ellos venden el arroz a los comerciantes entre 1,950 y 2,150 pesos el saco de 125 libras y los vendedores le ganan hasta 600 pesos a un saco vendiéndolo hasta a 2,600 pesos.
En el caso de los huevos y pollos, envueltos en una situación coyuntural por una veda de importación impuesta por el Gobierno haitiano, en el mercado dominicano hay una situación muy particular: están más baratos en los supermercados que en los mercados, en el caso de los huevos.
Estos se cotizan, el cartón de 30 unidades, entre 90 y 125 pesos. Casi todos los supermercados tienen ofertas de huevos. Consumidores entrevistados elCaribe dijeron que prefieren comprar a los mercados populares porque los precios son más asequibles y los productos más frescos”.
“Nosotros los pobre es a los mercados que tenemos que venir, no hay cuarto para ir a los supermercados”, expresó Ana Burgos, una asidua compradora del mercado de Pintura. Ana Bertilia Cabrera, presidente de la Asociación de Amas de Casas, dijo que el Gobierno debe estabilizar los precios.
Dijo que los precios de los productos en los supermercados les están dando en el cuello a los pobres”. Destacó que la diferencia representa un margen de precios que afecta la economía de “nosotros los que compramos “cheliao”.
Alza en impuestos impulsa aumentos
La presidenta de la Asociación de Amas de Casas, Ana Bertilia Cabrera, citó como un factor de encarecimiento en los productos, el impacto de la reforma fiscal que hizo el Gobierno a finales del año pasado y cuya aplicación se completó en enero de este año. “Además, en todos los supermercados nos aplican el 18% del ITBIS cada vez que compramos aunque sea una libra de arroz”, se quejó Cabrera.
Hizo un llamado al Estado para que regule los precios, y afirmó que desde que se aprobó la reforma fiscal hemos estado demandando al presidente Danilo Medina que los productos como el arroz, habichuela, aceite, chocolate, café, pan, los cárnicos, los detergente, azúcar y huevos deben ser excluidos del pago de impuesto , sobre todo tomando en consideración que una tercera parte de los dominicanos no cuenta con ingresos regulares y que viven de lo que el “día a día le dé”.
El Caribe
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
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15 horas agoon
diciembre 5, 2025
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
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15 horas agoon
diciembre 5, 2025
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
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Senado contra la pared con el CPP: aprobar o rechazar
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15 horas agoon
diciembre 5, 2025
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.
