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Medidas de coerción a imputados sirvió de escenario para exonerar de culpa a Danilo Medina.
Por Elba García
Este martes se ha iniciado un nuevo capítulo en la lucha anticorrupción de diversas instancias de la sociedad dominicana con la imposición de medidas de coerción a los diez primeros imputados por formar una asociación de malhechores para depredar el Estado.
En el curso del pronunciamiento de las medidas impuestas el juez que conoció el caso, Alejandro Vargas, convirtió el tribunal en una tribuna para analizar los expedientes presentados por el Ministerio Público, pero también expresar una serie de juicios de valor que de alguna manera se adelanta a dar una opinión sobre un proceso que apenas se inicia.
El juez Vargas aparte de someter al escrutinio de su facultad a los acusados incurrió en el error de excluir de los ilícitos penales al expresidente Danilo Medina, lo cual hizo muy sutilmente, pero que no parece atinado ni prudente en virtud de que hay nexos que serían muy difícil de concebir sin la participación de las altas instancias del Palacio Nacional.
Nadie, absolutamente, pudiera creer que esta trama para robarse miles de millones de pesos del patrimonio nacional era desconocida por Danilo Medina, quien se supone que mantenía una relación muy estrecha con sus hermanos y de seguro había notado el cambio económico que se había operado en ellos y en sus condiciones de vida.
La pregunta que cualquier ingenuo se haría y cómo entonces el presidente Medina no iba a darse cuenta que su hermano más pequeño había pasado de una precariedad económica de no poder pagar una factura del servicio del cable a mudarse en la torre de apartamentos del Malecón Center.
Pero además cómo se entendería que su hermano recibiera a través de sus diferentes compañías de carpeta cheques por miles o cuando menos cientos de millones de pesos de una institución que dirige directamente el mandatario como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Son innumerables las preguntas que surgen a propósito de este entramado societario para depredar al Estado y que el presidente del momento Danilo Medina no encontrara a nadie que le hablara sobre el particular si era que él estaba ciego y sordo.
El juez Vargas ante todo el entramado de corrupción, cuyos primeros diez imputados fueron enviados a la cárcel preventivamente por el magistrado Vargas, no midió con la misma vara a todos los involucrados cuando la ley se supone que es igual para todos y que el sexo no disminuye la gravedad del delito o crimen cometido.
Todas son cosas que no tienen una explicación lógica, sobre todo porque el magistrado aprovecha la audiencia en la que se anunció las medidas de coerción para antes que nada pronunciar un discurso sobre valores, lo cual no estuvo mal, pero se dañó cuando entró en proyectar la idea de que Danilo Medina había sido engañado por sus hermanos, lo cual es todavía una hipótesis que necesita ser demostrada.
La realidad es que la audiencia para anunciar las medidas de coerción en contra de los acusados en lo fundamental cumplió su cometido, pero creó muchas dudas en lo que respecta al propósito del magistrado con el pronunciamiento de un discurso mediante el cual, de alguna manera, se vendió la idea ante los dominicanos que el expresidente Medina estaba al margen de lo ocurrido cuando todavía faltan muchas otras investigaciones que indican que en el pasado gobierno no son muchos los que están libres de culpas.
Lo ocurrido hasta ahora, que no significa que se ha ganado la batalla en contra de la corrupción en la República Dominicana, porque todavía falta un largo camino por recorrer, ha sido un gran avance y cuyos resultados parece que podrían ser muy satisfactorios.
Sin embargo, es muy importante que todo el mundo tenga muy claro que la lucha en contra de la corrupción no es un logro de las actuales autoridades, encabezadas por Luis Abinader, sino de los movimientos sociales como Marcha verde, las redes sociales y la protesta de los jóvenes en la Plaza de la Bandera.
Podría decirse que el actual gobierno, que se ha visto presionado a escoger un Ministerio Público independiente, también tiene que estar en la observación permanente de toda la sociedad para evitar que se cometan los desaciertos que estuvieron a punto de ocurrir con el paquete impositivo y que se produjeron con la designación de una serie de personas de una misma familia en la administración pública y otras tantas cuestiones del mismo que se enmarcan en el mismo contexto de los que son enjuiciados ahora.
De cualquier modo, lo que se impone es reclamar a la justicia que los jueces no usen como escenario los procesos judiciales para limpiar o entollar la imagen de nadie, sino que el resultado y lo planteado sea sobre la base de las pruebas aportadas por el órgano acusador y por las garantías de la tutela judicial, el derecho a la defensa y el debido proceso.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.