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Empleados de ministerios que serán fusionados en medio de la incertidumbre.
SANTO DOMINGO.- Mucha incertidumbre existe entre los empleados de los ministerios que serán fusionados y eliminados, según el anuncio del presidente Luis Abinader, ya que no saben cual será su destino.
En su acostumbrado encuentro La Semanal con la Prensa, el presidente Abinader indicó que esta propuesta busca eliminar duplicidades en las instituciones públicas para ser más eficientes, coherentes y estar más alineados con las prioridades del gobierno.
En ese sentido, serán fusionados los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd); el ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, que pasarán a ser el Ministerio de Hacienda y Economía.
Mientras que el Ministerio Administrativo de la Presidencia será suprimido y pasará a ser un secretariado administrativo bajo la Presidencia.
Si el Ministerio de Educación, cuya nómina de empleados fijos sobrepasa los 110 mil, tiene un departamento de contabilidad y lo propio en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), cuya nómina asciende a 475 empleados fijos, uno de los dos sobra, por lo que uno tendrá que ser eliminado, entonces qué pasará con estos empleados.
¿A partir de cuándo se ejecutarán estos cambios? El jefe de Estado acotó que la mayoría de las propuestas irán al Congreso Nacional para ser aprobadas pero desde el punto de vista económica “se podrán ir haciendo los ahorros debidos”.
¿Cuánto abarcará esta medida? Aún no se sabe.
«Uno no va a comenzar a sufrir desde ahora, que pase lo que tenga que pasar. Lo único es que habrá gente desempleada que eso no va a tener madre», expresó una empleada del Ministerio de Hacienda que pidió reserva de su identidad.
Otra empleada del Ministerio de Educación, en el área administrativa, consideró que este anuncio de Abinader ha provocado mucha preocupación en la clase trabajadora del sector público, «porque aunque uno no quiera es como automáticamente que uno se angustia…uno no sabe qué va a pasar, si uno se va o se queda».
«Yo no te digo que se eliminen esas instituciones pequeñas, que la gente ni las conoce, pero esas grandes, que tienen cientos de empleados, el Presidente debe pensar en esos trabajadores y en las consecuencias que eso traería», dijo un empleado del Instituto Agrario Dominicano (IAD), el cual será asumido por el Ministerio de Agricultura.
Asimismo, el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria se integrará al Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria.
La Administradora de Subsidios Sociales (Adess) sería sumada al Programa Supérate, para de esa manera mejorar «la coordinación y aumentar la eficiencia en la administración de los recursos de esas instituciones».
También la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial se traspasará al Ministerio de la Vivienda (Mived) y los Comedores Económicos se integrarían con el Plan Presidencial Contra la Pobreza, debido a que ambas instituciones brindan «servicios similares a la población».
En tanto que se fusionaría la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos con el Acuario Nacional para crear el Instituto Oceanográfico, con el objetivo de fortalecer la coordinación y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos marítimos y costeros del Estado.
Las instituciones que se eliminarían
Las instituciones del Estado que serían eliminadas son la Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad; Consejo Nacional de Población y Familia; Comisión Nacional Asesora de Ciencia y Tecnología; la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario; la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria y la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (Fondearte), esta última Ta será asumida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
También serán eliminados el Consejo Desarrollo Dominicano en el Exterior (Condex); la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso; el Consejo Nacional de Población y Familia; y la Comisión Internacional, Asesora de Ciencia y Tecnología.
Santo Domingo, R.D.-El sistema de control y regulación del armamento utilizado por la Policía Nacional se rige por un Reglamento de la institución para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales.
Su aplicación busca garantizar que todo el armamento esté debidamente registrado, controlado y custodiado, minimizando así los riesgos asociados a su uso indebido.
El reglamento cubre diversos aspectos, desde el registro de huellas balísticas, hasta el control de las armas asignadas a cada agente policial y sus respectivas dependencias. En este reglamento la Intendencia de Armas de la Policía Nacional será responsable de la gestión, custodia y mantenimiento de las armas y municiones, asegurando que se cumpla con los protocolos establecidos.
- Activan Operación Pandora contra red criminal de policías
Puntos clave del reglamento
1. Asignación y control de armas:
El reglamento especifica que solo el intendente de armas puede asignar armamento a los miembros de la Policía Nacional. Cada arma será registrada, identificada con un número de serie y monitorizada a través de un sistema de control digital que garantizará la trazabilidad del armamento asignado.
2. Responsabilidad y sanciones:
En caso de pérdida o sustracción de un arma, el miembro de la Policía Nacional deberá informar inmediatamente sobre el incidente. Si la pérdida se debe a negligencia, se impondrán sanciones económicas que incluirán el descuento del valor del arma de los haberes del responsable, según lo dictado por la ley.
3. Auditorías y supervisión:
Como parte de la estrategia de control, el reglamento establece auditorías periódicas tanto a nivel de la Intendencia de Armas como en las dependencias locales. Además, se realizarán pruebas balísticas a las armas de fuego para asegurar su correcta operatividad y registro en la base de datos centralizada del Sistema Nacional de Control de Armas (SISNA).
4. Custodia y almacenamiento seguro:
Las armas deberán ser almacenadas en instalaciones especializadas, bajo control de los encargados de armas, quienes deberán mantener un registro detallado de cada una, incluyendo su estado de conservación, el uso que se les ha dado y la asignación a agentes específicos.
5. Comunicación inmediata ante pérdida o sustracción
Uno de los puntos más relevantes del reglamento es la obligación de notificar, de inmediato, cualquier pérdida o sustracción de armas, tal y como se establece en el Artículo 36.
Los coordinadores de las unidades deben informar sin demora a la Dirección General de la Policía Nacional y al intendente de armas en caso de pérdida de cualquier arma asignada. Este protocolo tiene como objetivo establecer mecanismos rápidos de respuesta y control ante situaciones de riesgo.
6. Control exhaustivo en el traslado y asignación de armas
El reglamento también regula el traslado de armas entre distintas dependencias de la Policía Nacional, asegurando que todos los movimientos sean registrados de manera minuciosa.
De acuerdo con el Artículo 38, los coordinadores de Recursos Humanos deben detallar en los documentos de envío las características de las armas, lo que incluye la marca, modelo y número de serie de cada pieza asignada.
Además, el Artículo 39 establece la obligación de cotejar regularmente estos datos con los registros de la Intendencia de Armas para verificar que las armas asignadas estén efectivamente en manos de los titulares registrados.
7. Responsabilidad y control de calidad en las armas asignadas
La seguridad de las armas no solo depende de su correcta gestión administrativa, sino también de su mantenimiento adecuado.
El reglamento establece estrictas normas para la limpieza, conservación y reparación de las armas. En este sentido, el Artículo 47 prohíbe el uso de materiales corrosivos para la limpieza de armas y subraya la responsabilidad de los agentes encargados de la manutención para evitar daños o negligencia.
8. Sanciones por negligencia o alteraciones
El reglamento también establece consecuencias claras para aquellos que violen las normas. Según el Artículo 66, cualquier alteración en las características de las armas, como el borrado del número de serie, será sancionada severamente.
Asimismo, el reglamento estipula que en caso de desperfectos por negligencia, los responsables enfrentan medidas disciplinarias, garantizando así que todos los miembros de la Policía Nacional se adhieran estrictamente a los procedimientos establecidos.
9. Transparencia en los informes semestrales
El reglamento también refuerza la obligación de los coordinadores de Recursos Humanos de presentar informes semestrales a la Intendencia de Armas, según lo dispuesto en el Artículo 40.
Estos informes deben incluir un inventario completo de las armas y propiedades afines, lo que permite mantener actualizado el registro y detectar cualquier irregularidad con respecto a las armas en poder de los miembros policiales.
Violaciones al reglamento de custodia y almacenamiento de armas
El caso de la Operación Pandora destaco el total incumplimiento del reglamento para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales por parte de los miembros de la Policía Nacional.
Entre las violaciones más graves cometidas por los funcionarios detenidos se encuentran:
– Falsificación y manipulación de registros: Según el artículo 15 del reglamento, el intendente de armas debe llevar un registro riguroso de las asignaciones de armas y municiones.
Los funcionarios involucrados en el robo alteraron estos registros para ocultar la sustracción de municiones y armas.
– Distribución ilegal de municiones: El artículo 55 establece que la distribución de municiones debe realizarse solo a través de los canales oficiales y conforme a los requerimientos de la institución.
Sin embargo, los detenidos distribuían las municiones robadas sin ningún control, vendiéndolas en el mercado negro.
– Falta de control en los depósitos: El artículo 57 estipula que los depósitos deben cumplir con medidas de seguridad estrictas, como la vigilancia constante y la organización adecuada de las armas.
Las autoridades encontraron que los depósitos eran vulnerables y que las municiones no estaban almacenadas bajo las condiciones de seguridad exigidas.
Santo Domingo, R.D.-Con el supuesto propósito de evitar la suplantación de identidad la Dirección General de Migración informó este lunes que está solicitando las cédulas de identidad a todas las personas que se disponen a salir del país.
«El documento que se requiere para viajar es el pasaporte, pero estamos pidiendo la cédula como un mecanismo para validar identificación y evitar suplantación de identificad», reza un breve comunicado compartido con este medio tras una solicitud de información.
El comunicado señala que las personas pueden mostrar el documento de identificación tanto físico como en formato digital. Sin embargo, la entidad declinó responder a partir de qué fecha comenzó a implementarse esta medida, alegando motivos de «seguridad nacional».
«Es una medida de reciente aplicación«, fue la escueta respuesta de la institución.
La Dirección General de Migración (DGM) también declinó informar sobre el motivo que provocó la medida, citando las mismas razones.
«No se ha devuelto ninguna persona por no tener la cédula al momento de hacer migración de salida y entendemos que presentarla no genera retraso a los pasajeros«, dice la entidad en el comunicado sobre la medida que hasta el momento no había sido informada y tomó por sorpresa a muchos viajeros dominicanos.
Además del pasaporte y ahora la cédula, los dominicanos que tienen planificado salir del país deben llenar el formulario digital E-ticket y presentar el código QR que se genera en el aeropuerto. Este también es requerido para entrar.
Este formulario es un requisito tanto para nacionales como extranjeros, el mismo debe ser llenado en un portal autorizado por el gobierno dominicano.
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El TC Tribunal declara constitucional acuerdo de Cielos Abiertos con los Estados Unidos
Santo Domingo, R.D.-A través de una sentencia evacuada este lunes el Tribunal Constitucional declaró constitucional el acuerdo de Cielos Abiertos con los Estados Unidos, el cual promete “abaratar” los precios de los tickets aéreos y ampliar las operaciones de las aerolíneas de ambos países.
El pasado 2 de agosto, el ministro de Turismo, David Collado firmó el acuerdo con el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández, en el Palacio Nacional.
Tras la declaración, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional.
La sentencia solo contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, donde explicó que el contenido del acuerdo “excluye el contenido de la soberanía” lo que significa que en este no se reconoce, implícitamente, que República Dominicana “tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio”.
Durante la firma el pasado agosto, el mandatario dominicano afirmó que el acuerdo es un paso para el fortalecimiento de nuestras conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
«Gracias a este acuerdo los viajeros y transportistas tendrán acceso a amplia gama de opciones de servicios. Las aerolíneas podrán ofrecer no solo tarifas competitivas, sino también servicios que respondan a las diversas necesidades de los ciudadanos y de nuestros visitantes. Se conectarán más puntos con mayores frecuencias y sobre todo con mejores precios», dijo