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Empleados de ministerios que serán fusionados en medio de la incertidumbre.
SANTO DOMINGO.- Mucha incertidumbre existe entre los empleados de los ministerios que serán fusionados y eliminados, según el anuncio del presidente Luis Abinader, ya que no saben cual será su destino.
En su acostumbrado encuentro La Semanal con la Prensa, el presidente Abinader indicó que esta propuesta busca eliminar duplicidades en las instituciones públicas para ser más eficientes, coherentes y estar más alineados con las prioridades del gobierno.
En ese sentido, serán fusionados los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd); el ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, que pasarán a ser el Ministerio de Hacienda y Economía.
Mientras que el Ministerio Administrativo de la Presidencia será suprimido y pasará a ser un secretariado administrativo bajo la Presidencia.
Si el Ministerio de Educación, cuya nómina de empleados fijos sobrepasa los 110 mil, tiene un departamento de contabilidad y lo propio en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), cuya nómina asciende a 475 empleados fijos, uno de los dos sobra, por lo que uno tendrá que ser eliminado, entonces qué pasará con estos empleados.
¿A partir de cuándo se ejecutarán estos cambios? El jefe de Estado acotó que la mayoría de las propuestas irán al Congreso Nacional para ser aprobadas pero desde el punto de vista económica “se podrán ir haciendo los ahorros debidos”.
¿Cuánto abarcará esta medida? Aún no se sabe.
«Uno no va a comenzar a sufrir desde ahora, que pase lo que tenga que pasar. Lo único es que habrá gente desempleada que eso no va a tener madre», expresó una empleada del Ministerio de Hacienda que pidió reserva de su identidad.
Otra empleada del Ministerio de Educación, en el área administrativa, consideró que este anuncio de Abinader ha provocado mucha preocupación en la clase trabajadora del sector público, «porque aunque uno no quiera es como automáticamente que uno se angustia…uno no sabe qué va a pasar, si uno se va o se queda».
«Yo no te digo que se eliminen esas instituciones pequeñas, que la gente ni las conoce, pero esas grandes, que tienen cientos de empleados, el Presidente debe pensar en esos trabajadores y en las consecuencias que eso traería», dijo un empleado del Instituto Agrario Dominicano (IAD), el cual será asumido por el Ministerio de Agricultura.
Asimismo, el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria se integrará al Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria.
La Administradora de Subsidios Sociales (Adess) sería sumada al Programa Supérate, para de esa manera mejorar «la coordinación y aumentar la eficiencia en la administración de los recursos de esas instituciones».
También la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial se traspasará al Ministerio de la Vivienda (Mived) y los Comedores Económicos se integrarían con el Plan Presidencial Contra la Pobreza, debido a que ambas instituciones brindan «servicios similares a la población».
En tanto que se fusionaría la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos con el Acuario Nacional para crear el Instituto Oceanográfico, con el objetivo de fortalecer la coordinación y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos marítimos y costeros del Estado.
Las instituciones que se eliminarían
Las instituciones del Estado que serían eliminadas son la Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad; Consejo Nacional de Población y Familia; Comisión Nacional Asesora de Ciencia y Tecnología; la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario; la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria y la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (Fondearte), esta última Ta será asumida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
También serán eliminados el Consejo Desarrollo Dominicano en el Exterior (Condex); la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso; el Consejo Nacional de Población y Familia; y la Comisión Internacional, Asesora de Ciencia y Tecnología.
Santo Domingo, R.D.-Desde este jueves la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en declaraciones a los medios de comunicación.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-Fue considerado impostergable el ordenamiento del sistema de transito terrestre por haberse convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana, cuyo pedido proviene de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la cual mostró ademas su preocupacion por la falta de regulacion real sobre las motocicletas que circulan en el pais.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.