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Se Confirma una vez más Doble Moral de Los Partidos Políticos de la República Dominicana.
Por Elba García
Los partidos políticos son entes desde el punto de vista jurídico del derecho privado, pero de servicio público, es decir, aunque se manejan en función de sus propios intereses impactan decisoriamente al Estado y en consecuencia a la sociedad y a la democracia.
Los partidos políticos en sentido general son los responsables de crear las leyes que norman la vida en sociedad, de la inversión pública de buena o mala calidad y de la poca o mucha transparencia que pueda haber en el Estado, no importa que se trate de un país desarrollado o subdesarrollado.
Ello así porque los partidos políticos son los que controlan el Estado a través de los Congresos Nacionales o parlamentos, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque los jueces y fiscales son el resultado también de la influencia de estas organizaciones en una sociedad de escaso desarrollo de la conciencia social.
En la República Dominicana la malversación de fondos y la corrupción en la administración pública es un problema endémico y ese fenómeno hace que todo, prácticamente todo, e incluso en el sector privado, sea impactado por este flagelo.
En el país la corrupción es un tema muy manuseado durante todo el cuatrenio de gobierno de cualquier partido político que llega al poder, porque se trata de una cultura, pero está demostrado también que las diferentes variables del fenómeno no sólo se dan en el entorno de los funcionarios que manejan grandes presupuestos a través de los ministerios y de otros órganos que controlan fondos públicos, sino además mediante cualquier organización que se arrope con la sombrilla del Estado.
La organización de la sociedad civil Participación Ciudadana ha publicado el manejo que dan los partidos políticos a los fondos públicos que son otorgados como financiamiento para que éstos puedan desarrollar sus actividades de educación, proselitismo, administración y otras responsabilidades que tienen en el marco de la ley que los controla.
De acuerdo a ese informe, los más grandes partidos tienen el mismo comportamiento frente a los recursos públicos, que es como decir los dineros del pueblo dominicano, lo cual deja claro que hay mucho de manipulación, poca transparencia y que lo que uno les exige a los demás no tiene moral para hacerlo.
Participación Çiudadana consigna que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD) y Revolucionario Social Cristiano (PRSC) recibieron del Estado alrededor de mil millones de pesos en el año 2018, los cuales fueron malgastados y derrochados.
El análisis del movimiento no partidista fueron hechos en función de los informes financieros entregados a la Junta Central Electoral por estos partidos, ya que estas organizaciones manejaron el 80 por ciento de los recursos destinados al financiamiento de instituciones reconocidas por el órgano que se encarga de distribuir esos fondos.
En el caso del PRM y también del PRSC el informe del año 2018 no se compara con el del 2017, lo cual es de rigor en todo informe contable para ser auditado. Dice Participación Ciudadana que en el manejo se registran muchos tipos de gastos dispares, y que hay subcuentas y partidas que se repiten en varias cuentas como son por concepto de alquileres, dietas, viáticos y transporte, entre otros.
El informe dice textualmete: “Hay varias cuentas y partidas difusas que se prestan para ocultar gastos no partidarios como ‘trabajos políticos’, ‘servicios prestados’, ‘contribuciones y ayudas’, entre otras. En el caso del PRD las ayudas llegaron a casi 6 millones de pesos y en el PLD a 5 millones”, agrega.
El trabajo de investigación cuestiona el hecho de que los partidos pidan préstamos a personas físicas, teniendo posteriormente que pagar altas sumas de dinero, y cita los casos del PRSC, que pagó unos 13 millones de pesos en intereses, y el PRD más de 14 millones, este ultimó le tomó prestado 80 millones a Nelson Cerda, sobre el cual “no hay evidencia en los informes, a través de las notas aclaratorias de que esos préstamos han sido aprobados por el máximo organismo partidario como estipula la ley”.
Otro de los puntos que llama la atención, según las observaciones, es sobre el informe financiero del PRM, donde se registraron en 2018 gastos de más de 6 millones de pesos correspondientes al 2011 y al 2012 cuando este partido no existía. “Esto debe ser explicado por los contadores y la dirigencia de ese partido”.
También se destaca los altos gastos en alimentación, refrigerios, dietas, viáticos y fiestas. Se señala que el PLD, solo en alimentación para sus empleados (no en actividades políticas), se gastó 10.3 millones de pesos. “Asumiendo que los empleados del PLD trabajan 365 días al año, están gastando unos RD$39,000.00 diarios en comida, lo que luce exagerado aun si el PLD tuviera una plantilla de 100 empleados fijos”. En el caso del PRM se gastaron en fiestas unos 5 millones de pesos, lo cual se considera contradictorio a sus déficits acumulados de 120.4 millones de pesos.
Se destaca los bajísimos gastos en educación política que estos partidos realizan en las actividades de su membresía y ciudadanía en general. “El PRM gastó 2.7 millones de pesos para sólo un 1.09% del gasto total. El PRD gastó 700 mil pesos, apenas un 0.27% del gasto total. El PRSC que fue el que más gastó, ya que es el único que tiene una escuela-instituto de formación política, ejecutó 4.5 millones de pesos para un 1.78%. El PLD, penosamente, sepultando su tradición fundacional, no registra un solo peso en gasto de actividades educativas”, plantea la investigación.
Recuerda que la Ley 33-18, en su artículo 62 obliga a invertir, a partir del año 2019 un 10% de los fondos recibidos para educación, por lo que estos partidos tienen un gran reto para pasar de las “ínfimas” sumas de 2018 a destinar más de 25 millones de pesos, lo cual no se evidencia que esté sucediendo en este 2019.
En función de estos hallazgos, PC exhorta a la JCE y a todos los partidos políticos a cumplir con sus responsabilidades legales y éticas en cuanto a la instalación, funcionamiento, supervisión y evaluación de un sistema contable moderno, confiable y transparente.
El movimiento cívico dice que se debe contribuir a disminuir la corrupción y la falta de integración ciudadana, con el fomento de la institucionalización en la actividad política, pero este informe dice claramente lo que tanto se ha planteado de la cultura de la doble moral que afecta a la sociedad dominicana, principalmente en la clase política.
El informe, que en opinión de este periódico, en lo que respecta al tema ético abarca a todos los que conforman el sistema de partidos, los grandes y los pequeños, porque la falta de transparencia afecta a las organizaciones de la izquierda, del centro y de la derecha.
La corrupción es un fenómeno social que tiene un impacto en los sectores públicos y privados y en el conjunto de la sociedad dominicana, lo que deja sin moral para criticar a los que malgastan los más grandes recursos del Estado, porque en realidad lo que importa no es el monto, sino la conducta de los actores de la vida política nacional.
No se entiende como los partidos de la oposición critican la poca transparencia con que se maneja el patrimonio nacional, pese a que ellos hacen lo mismo con los recursos que les entrega el Estado para que desarrollen sus actividades.
Otra vez hay que repetir que la lucha en la República Dominicana se circunscribe a “quítate tú pa´ ponerme yo” y nada más, sobre todo si se parte del hecho de que el principal partido de la oposición, el Revolucionario Moderno, aparezca con un manejo confuso y que genera muchas dudas, mientras es de los principales críticos del abuso que ha hecho el PLD en el manejo del presupuesto nacional por tratarse del que está en el poder.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.