Opinión
Injusta, inmoral e inconstitucional: “La ley de modernización fiscal”
Por Isaías Ramos
El espíritu constitucional de nuestra Carta Magna es claro y preciso en su artículo 7: establece un Estado Social y Democrático de Derecho. Los principios fundamentales incluyen el respeto a la democracia, la separación de poderes, la protección de los derechos humanos y el imperio de la ley. Si se implementan las “reformas fiscales” propuestas por este gobierno, con políticas que favorecen solo intereses corporativos sobre los derechos y libertades individuales, estaríamos ante una concentración de poder que hoy exhibe el partido gobernante, utilizada para oprimir a la población a expensas del marco constitucional establecido. Esto podría considerarse una alteración del orden constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho.
Esta «subversión» implica un cambio en las estructuras fundamentales del Estado que socava su naturaleza democrática. Es evidente que este gobierno, en su desmedido atrevimiento, está tomando decisiones y acciones que no respetan estos principios democráticos, buscando establecer un sistema más alineado con un modelo corporativista, donde los representantes de grandes capitales tienen más influencia sobre las decisiones políticas en detrimento del bien común.
Definitivamente, esta propuesta de reforma “fiscal” ya ha castigado al sector educativo con más de 20 mil millones de pesos. No es clara con respecto a los sectores económicos privilegiados que, durante décadas, se han beneficiado de un gasto tributario injustificado. Esto desvirtúa el espíritu del artículo constitucional 244 sobre “Exenciones de impuestos y transferencia de derechos”. Al mismo tiempo, imponer una carga impositiva mayor a la población trabajadora puede interpretarse como un movimiento hacia un modelo corporativista, en detrimento de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Para implementar un Estado Social y Democrático de Derecho, establecido en la Ley 1-12 (Estrategia Nacional de Desarrollo), como la visión del país que debemos instaurar para 2030, las políticas fiscales deberían promover la equidad y la justicia social. Esto implica que las reformas fiscales deben ser progresivas, es decir, que quienes tienen más recursos contribuyan en mayor medida para financiar servicios públicos y proteger los derechos sociales. Si se implementan medidas que benefician desproporcionadamente a grupos específicos—como grandes corporaciones o sectores privilegiados—mientras se aumentan las cargas sobre los trabajadores y la clase media, esto no es más que una desviación de los principios fundamentales del orden constitucional.
Tales acciones pueden verse como subversivas porque alteran el equilibrio necesario entre los diferentes segmentos sociales e institucionales en una democracia funcional. Esta dinámica, centrada en intereses particulares, contradice el espíritu del Estado Social y podría generar movilizaciones sociales o legales contra dicha reforma, considerándola injusta o inconstitucional.
Mantener sectores bajo un manto de privilegio establecido desde 1969, 11 años antes que China (1980) y apenas 3 años después que Taiwán, como es el sector de zonas francas, que 55 años después cuenta con exenciones fiscales que exceden los 63 mil millones, y cuyo único rasgo comprobable es que sus salarios no alcanzan ni el 60% del costo de la canasta básica, indica que la política fiscal podría estar favoreciendo un modelo económico que perpetúa la pobreza en lugar de combatirla.
Además, sectores como el turismo, con exenciones fiscales por encima de los 12,500 millones, generan empleos de baja calidad y «guetos laborales» para extranjeros (Friusa), lo que significa que no contribuyen al desarrollo social integral ni a la construcción de comunidades sostenibles. El sector de generación eléctrica, privilegiado con unos 14 mil millones, aún le factura a las distribuidoras a precios que pueden llegar hasta el 50% por encima del precio real. El mercado de valores, más que aportar con inversiones de nuevos capitales para el fomento de la economía nacional, se dedica a la especulación y, sin embargo, se beneficia de unos 7,000 millones. Por último, el sector minería, con exenciones fiscales aberrantes, se lleva nuestros recursos y nos deja un pasivo ambiental impagable, además de que lo premiamos con más de 6,300 millones de pesos.
Solo al tocar estos cinco sectores y con la recaudación de unos 26,654 millones de pesos de impuesto sobre la renta (ISR), el Estado podría proyectar más de 129 mil millones, todo bajo un orden constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho, justo y moral.
Hasta que el gobierno no utilice la transparencia como arma moral y la fiscalización efectiva de los ingresos internos y externos, la población no aceptará ningún sacrificio que la condene a la perpetua miseria. No es justo que la población tenga que comprar productos básicos de alimentación a un precio un 18% más alto para alimentar la corrupción y mantener la impunidad; es un verdadero insulto al pueblo trabajador.
Pedir sacrificios de quienes han derrochado nuestros recursos es inadmisible; ¡es mejor que empiecen a rendir cuentas antes de exigirnos más! El verdadero sacrificio debe venir de aquellos que han tomado préstamos y se niegan a revelar dónde ha ido a parar cada centavo. Es amoral el chantaje del sacrificio y las manipulaciones utilizadas: los que nos exigen pagar sus deudas son los mismos que han vaciado las arcas sin transparencia ni justicia.
Si se aprueban estos “ajustes fiscales”, la clase media quedará atrapada en una red asfixiante, como un pez que no puede escapar de las garras del pescador.
En el Frente Cívico y Social entendemos que los verdaderos objetivos de una reforma fiscal deben ser garantizar la justicia tributaria, reducir la evasión y elusión fiscal, asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos y fortalecer el desarrollo sostenible, no alimentar la corrupción ni perpetuar la impunidad.
En el FCS creemos que es una aberración improcedente que el gobierno viole el espíritu del orden constitucional y, al mismo tiempo, nos pida que paguemos más impuestos mientras gasta irresponsablemente elaborando presupuestos contrarios al artículo 233 de nuestra constitución, poniendo en riesgo nuestro futuro y el de nuestras familias. ¡Es hora de exigir una verdadera reforma que priorice el bienestar del pueblo dominicano! ¡Despierta RD!
Por Isaías Ramos
Hoy, más que nunca, el pueblo dominicano se encuentra en una encrucijada crítica. Después de casi tres décadas marcadas por el despilfarro y el endeudamiento, nuestra élite política y económica parece estar preparando una segunda oleada de saqueo sin precedentes. Estas castas insensibles a la justicia social han tejido un entramado legal diseñado para expropiar sistemáticamente lo que pertenece al pueblo, dejando tras de sí un legado de injusticia y desigualdad que amenaza con perpetuarse en el tiempo.
Recordemos cómo la «Ley de Capitalización», implementada el 30 de abril de 1997, arrasó con nuestro patrimonio colectivo. Esta ley no solo destruyó a CORDE —que incluía más de 30 empresas estatales— sino que también dejó a miles de trabajadores enfrentando la incertidumbre laboral. Las pérdidas acumuladas por el desmantelamiento del sector eléctrico superan los 25 mil millones de dólares en subsidios; recursos que hoy podrían haber sido invertidos en educación, salud y bienestar social para todos los dominicanos.
A pesar del sufrimiento visible causado por estas decisiones erradas y lesivas, nuevos mecanismos como las alianzas público-privadas intentan disfrazar esta depredación como progreso o modernización. Nuestros aeropuertos han sido entregados bajo condiciones peores que las del primer escándalo registrado en 1999; proyectándose esta situación hasta el año 2060 sin ningún beneficio claro para el pueblo dominicano. Este usufructo ha generado ya más de 4 mil millones para unos pocos privilegiados mientras nosotros seguimos mendigando dignidad y acceso a servicios básicos.
El caso del “peaje sombra” ilustra esta voracidad insaciable: más de 2 mil millones pagados sin consecuencias ni rendición de cuentas para sus autores intelectuales resaltan una alarmante realidad donde los grupos privilegiados buscan despojar nuestras infraestructuras mediante concesiones similares o nuevas figuras legales bajo la ley 46-20 sobre «alianzas público-privadas».
Además, hemos sido testigos del uso opaco e irresponsable de fideicomisos públicos; figuras como RDVIAL han comprometido nuestras carreteras destinando más del 50%de sus ingresos solo al pago exorbitante de intereses, mientras nuestras vías continúan deteriorándose por falta mantenimiento adecuado e inversión real. Nos preocupa seriamente si algún acreedor termina interviniendo nuestras carreteras hasta cubrir sus préstamos; esto podría ser similar a lo ocurrido con Buenaventura Báez frente a Hartmont Brothers and Co., resultando décadas después en intervenciones extranjeras que arruinaron aún más nuestra soberanía.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS) hacemos un llamado urgente al pueblo dominicano: despierten antes que sea demasiado tarde; no queremos ser protagonistas trágicos como aquella fábula sobre la rana hervida, donde cada día nos adaptamos lentamente a la injusticia hasta perderlo todo sin darnos cuenta. La historia nos observa atentamente; no permitamos ser comparsas ante este saqueo sistemático orquestado desde las esferas del poder.
Juntos tenemos la fuerza necesaria para revertir este rumbo destructivo: denunciemos con firmeza e integridad cada acto injusto cometido contra nuestros derechos fundamentales y proponemos alternativas viables centradas en la defensa colectiva del bien común y nuestro futuro compartido.
La hora del despertar ha llegado; hagámoslo no solo por nosotros mismos sino también por aquellos que vendrán después: nuestros hijos e hijas merecen vivir en un país justo, equitativo y digno. Que resuene nuestra voz fuerte ante quienes han hecho su propio juego con nuestros recursos naturales y nuestro trabajo arduo.
Despierta RD!
Por Miguel Guerrero
A la larga todos resultan iguales tan pronto como alcanzan el poder. Al principio muestran diferencias de matices. Nadie, sin embargo, quiere ya parecer distinto o establecer una distancia razonable de lo que hacían los otros. Ni los que llegaron con otras banderas resultaron ser una excepción a la regla.
Escuchando esta reflexión, alguien me preguntó si creía que el sistema político nacional era básica y esencialmente corrupto. Le respondí que hiciéramos un listado de dirigentes políticos que hayan ocupado cargos públicos importantes en los últimos veinte años y comparemos después cómo vivían antes con su estatus actual. La conclusión, con pocas excepciones, produciría un gran espasmo nacional.
Hay un acuerdo, obviamente tácito, de la clase política para protegerse mutuamente y eso es lo que ha permitido que detrás de unos lleguen los otros. Con idénticos resultados. Intentemos algunos ejemplos patéticos. Las ciudades están hechas verdaderos desastres, con grandes acumulaciones de basura. Los servicios públicos elementales no funcionan y el gasto del Gobierno no responde a prioridades nacionales, sino a intereses de grupos o de partidos.
Lo más deplorable de esa crisis moral es el cinismo que caracteriza algunas acciones, cuando se pretende justificar con falsas motivaciones morales lo que se criticaba al adversario o antecesor. Al final, terminan cometiendo el mismo pecado. Una clara evidencia de ese proceder es el otorgamiento de contratos de grado a grado, que se da a casi todos los niveles del sector público, en los gobiernos centrales como en los municipios. Tratando de justificar con ello una violación a las normas y al buen sentido, en el pretexto de solucionar un problema urgente o simplemente atender un reclamo de la población que se ha ido haciendo vieja con el paso del tiempo y la indiferencia de regímenes anteriores.
Por Rommel Santos Díaz
El derecho internacional requiere que todas las personas en cargos de autoridad estén obligados a prevenir que sus subordinados violen las reglas del derecho internacional humanitario. Los artículos 86 y 87 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra regularon este principio.
Así como lo estipula el Tribunal Penal Internacional en el caso Detali c, los comandantes militares de cada Estado Parte del Estatuto de Roma deberán instruir correctamente a sus soldados las reglas del derecho internacional humanitario, y asegurar que estas reglas se observen en la toma de decisiones en operaciones militares, y crear una red de comunicaciones que permita la rápida comunicación a los comandantes de cualquier violación a las leyes de guerra cometidas por sus soldados. Deberán también aplicar las medidas correctivas para cada violación del derecho internacional humanitario.
El artículo 28 del Estatuto de Roma describe la responsabilidad de los jefes y otros superiores , el cual se divide en dos secciones. El párrafo (a) trata la responsabilidad de los jefes militares. El párrafo (b) detalla la responsabilidad de los jefes civiles.
Los jefes militares pueden ser responsables por aquellos crímenes que cometan sus soldados, si los jefes conocían o deberían haber conocido que estos crímenes se estaban cometiendo, y si por negligencia no tomaron las medidas necesarias para prevenir o impedir la comisión de tales delitos.
La responsabilidad de los jefes militares esta constituida por estos tres elementos esenciales:
- La jefatura y control efectivos sobre las personas que cometan estos crímenes;
- El jefe conocía o debería haber conocido que el crimen estaba por cometerse o ya se había cometido;
- El jefe no tomó todas las medidas necesarias y razonables dentro de su poder para prevenir el crimen o sancionar a su autor.
Los superiores no militares podrán ser responsables por los crímenes que cometan sus subordinados cuando tenían el conocimiento o conscientemente eludieron la información que claramente indicaba que los subordinados estaban cometiendo o estaban por cometer un crimen de la CPI; cuando los crímenes estaban relacionados con las actividades bajo el control del superior; y cuando el superior negligentemente no tomó las medidas necesarias para prevenir o impedir los crímenes o para informar a las autoridades civiles competentes para investigar o iniciar el proceso judicial oportuno.
Los elementos de la ofensa son los mismos para los jefes militares con la excepción del elemento relacionado al conocimiento de la comisión del crimen. El artículo 28 (b) del Estatuto de Roma indica que en el caso de un jefe civil, la carga de la prueba para condenarlo es mayor que aquella requerida para condenar a un jefe militar.
Ya sea el conocimiento de la comisión del crimen o la negligencia deberán ser demostrados. En otras palabras, para establecer la intención culpable de un superior no militar, es necesario demostrar la disponibilidad de la información que indicaba la posibilidad de que los subordinados habían cometido o estaban por cometer un crimen, y la posesión de esta información por parte del superior , así como la decisión de este de no actuar al respecto.
Los civiles a quienes se refiere esta disposición son los líderes políticos, hombres de negocios y altos mandatarios. Los jefes militares están sujetos a estándares mas estrictos según el derecho internacional humanitario, debido a la estructura militar y la necesidad de mantener la disciplina militar que hacen esta medida necesaria y conveniente
La presencia de una jerarquía de poder es una condición necesaria para determinar la responsabilidad de un superior. Sin embargo, el poder no deriva solamente de la posición oficial de la persona acusada. El factor determinante es el ejercicio efectivo de autoridad y control sobre las acciones de los subordinados.
El control puede ser otorgado oficialmente o simplemente ejercido de hecho. Además, el poder legal sobre los subordinados no constituye una condición absoluta para establecer la responsabilidad de un jefe, quien puede ser en algunos casos parte de una línea indirecta de poder.
Por ejemplo, los líderes militares podrán ser responsables por actos cometidos por individuos que no estén oficialmente bajo su control dentro de la jerarquía de poder, pero sobre los cuales si hubiesen podido ejercer poder de hecho para prevenir o impedir la comisión del crimen.