Opinión
Izquierda Revolucionaria
Por Naeciso Isa Conde
“Examen único de competencias”: Otro paso hacia la privatización y elitización de los servicios de salud
El proyecto de ley -aprobado despóticamente, sin consultar a la UASD y demás universidades, y sin debatir en la sociedad- que persigue establecer el Examen Único de Competencias para el Ejercicio de la Medicina como condición para el EXEQUATOR o autorización para optar por las plazas de residencias médicas y especializaciones, es a todas luces inaceptable.
La calidad no se mide ni se logra con un examen único
Es injusto medir toda una formación y una aptitud profesional en un solo examen (con tope mínimo de 75 puntos), precisamente cuando la pedagogía de avanzada recomienda otros métodos para evaluar los conocimientos asimilados por los/as educandos/as.
Las aptitudes humanas para afrontar las exigencias de un examen único, además de ser influíbles y alterables por circunstancias pasajeras, no son similares ni siquiera entre los/as alumnos/as bien preparados. Esa es una manera de simplificar un problema complejo, generando discriminaciones, injusticias y elitismo.
Usar sus resultados para autorizar o no el ejercicio privilegiado de una profesión después de cursada -además de arbitrario- conlleva establecer mediante una evaluación incompleta dos categorías permanentes de médicos: una con derechos plenos y otra confinada a servicios indebidamente menospreciado y destinados a una población considerada “inferior”.
El serio problema de la formación idónea de los profesionales de la salud no es cuestión a definir y superar con una simple prueba, sino mediante procesos formativos de calidad en todos los niveles (primarios, secundarios, de grado y postgrado), con currículos y métodos adecuados y calidad profesoral; procesos que tiendan a la vez a superar la educación como negocio, a garantizar socializaciones imprescindibles, a incrementar presupuestos e impulsar transformaciones profundas en todo el sistema público, incluida la propia UASD.
Esa ley, por el contrario, establecería una discriminación profunda y permanente entre los que recibirían el exequátur al “pasar” el examen y los/as que se le niegue por no aprobarlo.
Elitismo y discriminación
Resalta la visión elitista de esa propuesta en tanto el destino asignado a los/as egresados/as que no pasen ese “examen único” es trabajar en los servicios públicos de atención primaria frecuentados fundamentalmente por la población empobrecida; lo que equivale a imponer que los/as “menos preparados/as” vayan a atender a los/as más los pobres, desde un status profesional supuestamente“inferior” y peor pagado.
A su vez los/as clasificados/as en un examen que no estaría bajo el obligado control de la academia, si no administrado por un ministerio clientelista (que ha manejado las becas de la peor manera), tendrán derecho a especializarse y ocupar a las mejores posiciones en el Estado, en el sector privado y en centros públicos privatizados o semi-privatizados bajo la denominación de hospitales auto-gestionados; mientras los/as nacionales de otros países, con solo pasar el examen, pueden ser importados por negociantes criollos y extranjeros del sector salud, sin revalidación académica.
Esa ley, además, suprime la reválida como proceso y despoja a la UASD de su rol histórico en ese aspecto y en el control académico de ese tipo exámenes; traspasándoselos a un ministerio de educación superior que no es más simple ente regulador plagado de privilegios pro-peledeístas y proclive a concesiones indebidas al negocio privado.
Todo esto nos remite a la necesidad de enfrentar el creciente problema de la salud como negocio y el nefasto rol del capital privado dirigido a ofertar salud cara a los que pueden pagarla y pésimos servicios al pueblo empobrecido; nos remite a impugnar la progresiva privatización de los centros estatales de más calidad, a oponernos a que la medicina de calidad se destine fundamentalmente a las elites sociales y a segmentos reducidos de la sociedad; a rechazar el cruel y voluminoso negocio de las parasitarias ARS, las escandalosas discriminaciones en materia de seguridad social y acceso a servicios médicos y medicamentos; a denunciar las estafas, la degradación ética, la corrupción y el clientelismo que arropa las administraciones hospitalarias del sector público y no pocos centros privados y a combatir sin tregua las más variadas formas de engaño en un escenario tan vital.
Este deprimente cuadro general se vincula a este cuestionable proyecto de ley, iniciativa mañosa de diputados/as del sector médico más reaccionario del PLD, a todas luces comprometido con esa visión comercial de la salud y conectado a intereses particulares de universidades privadas y de ciertos negocios médicos; por lo que llámanos a la familia uasdiana, -Faprouasd, Asodemu, Fed, Felabel y demás grupos estudiantiles incluidos- a enfrentar juntos esta nueva amenaza y a comprometernos colectivamente con la lucha por nuevos modelos de salud y educación, en los que predomine el interés social. Se impone, pues, la unidad de los/as que rechazamos la educación y la salud como negocios, de quienes impugnamos las privatizaciones propias de corte neoliberal´
Urge, por tanto, cerrarle el paso a esa ley, demandar el cambio de este abigarrado yfallido sistema nacional de salud por un modelo universal que garantice gratuidad y calidad para todos/as los usuarios/as. Urge exigir el 5% del PBI para salud conjuntamente con esa transformación integral del modelo a fin de evitar su mal uso como acontece con el 4% destinado a la educación. Urge también demandar el 5% del presupuesto para la UASD y crear un gran movimiento a favor de cambios profundos en el sistema educativo nacional, a fin de ofrecer, igual que el campo de la salud, educación gratuita y de calidad al pueblo dominicano.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.