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Hay 23 cambios a la boleta electoral y la JCE inició su aplicación.

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) emitió dos resoluciones, la 15-2025 y la 16-2025, poco más de una semana después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) cambiara el criterio para repartición de recursos económicos y colocación en boleta.

Hasta el momento de la sentencia, el criterio utilizado era tomando en cuenta el porcentaje más alto que los partidos hayan obtenido en los niveles disputados en las elecciones congresuales y presidenciales del mes de mayo (siendo estos el presidencial, senatorial y las diputaciones, este último, compuesto por las diputaciones territoriales y las de representantes de la comunidad dominicana en el exterior).

En estas resoluciones, la JCE señaló que el criterio utilizado sería la suma de la totalidad de los votos válidos obtenidos por cada organización política de manera individual en su casilla en todos los niveles que haya participado en el último ciclo electoral, es decir todos los niveles electorales disputados tanto en los comicios de mayo, como en los de febrero (alcaldes, regidores, direcciones municipales y vocales).

Ese nuevo criterio trajo consigo 23 cambios al orden electoral que ya había sido establecido a finales del mes de febrero mediante el criterio anterior.

Otra consecuencia fue la cantidad de los fondos económicos que le tocaba recibir a cada uno de los partidos políticos; la JCE manifestó que los RD$750,000,000.00, el monto restante para el período de julio-diciembre del año 2025 del total de RD$1,500,000,000.00.

Siguiendo los lineamientos del artículo 61 de la ley de Partidos Políticos, el 80% equivalente al monto de RD$600,000,000.00, será distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del 5% de los votos válidos emitidos en los siete niveles de elección disputados en las elecciones ordinarias generales, celebradas en fechas 18 de febrero y 19 de mayo de 2024.

Estos partidos serán los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quienes recibirán en partes iguales unos RD$200,000,000 cada uno.

Un 12% equivalente a la suma de RD$90,000,000.00, que será distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del 1% y menos del 5% de los votos válidos; en esa categoría entran el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Dominicanos por el Cambio (DxC), País Posible (PP) y el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), quienes recibirán RD$18,000,000.

Mientras que el restante 8%, equivalente a RD$60,000,000, serán entregados al Partido De Unidad Nacional (PUN), Justicia Social, Alianza País (AlPaís), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Partido Cívico Renovador (PCR), Generación De Servidores, Partido Democrático Alternativo (MODA), Partido Humanista Dominicano (PHD), Alianza por la Democracia (APD), Primero La Gente, Partido Esperanza Democrática (PED), Opción Democrática, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Liberal Reformista (PLR), Frente Amplio, Partido Revolucionario Independiente (PRI), Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Demócrata Popular (PDP), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Verde Dominicano, Partido Socialista Cristiano (PSC), Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Fuerza Nacional Progresista (FNP) y el Partido Camino Nuevo.

Estos recibirán el pago de partes iguales de un RD$1,818,181.82.

La nueva boleta electoral

1. PRM – 46.47%

2. Fuerza Del Pueblo – 18.69%

3. PLD – 16.69%

4. PRD – 2.27%

5. PRSC – 1.73%

6. DXC – 1.26%

7. País Posible – 1.13%

8. BIS – 1.08%

9. PUN – 0.97%

10. Justicia Social – 0.92%

11. AlPaís – 0.66%

12. PRSD – 0.62%

13. PCR – 0.62%

14. Generación De Servidores – 0.55%

15. MODA – 0.53%

16. PHD – 0.52%

17. APD – 0.50%

18. Primero La Gente – 0.50%

19. PED – 0.50%

20. Opción Democrática – 0.49%

21. PQDC – 0.48%

22. PLR – 0.46%

23. Frente Amplio – 0.30%

24. PRI – 0.28%

25. PAL – 0.28%

26. PPC – 0.26%

27. PDP – 0.24%

28. UDC – 0.21%

29. Partido Verde Dominicano – 0.20%

30. PSC – 0.19%

31. PDI – 0.17%

32. PNVC – 0.11%

33. FNP – 0.09%

34. Partido Camino Nuevo

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Ciudadanos se movilizan en la Plaza de la Bandera en rechazo a la gestion del gobierno, a «Ley Mordaza» y el alto costo de la vida

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Santo Domingo, R.D.-La Plaza de la Bandera fue  el lugar escogido por cientos de ciudadanos para protestar en contra de la mala gestion del gobierno,  el alto de la vida, la ley mordaza y los abusos policiales que se producen  en la República Dominicana.

El alto costo de la vida, la denominada «Ley Mordaza» contenida dentro del nuevo Código Penal, la aplicación de la Reforma Fiscal aprobada por el Gobierno durante la Ley de Medidas pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis o «Plan Anticrisis»; además los abusos policiales y el accionar de la actual administración del Poder Ejecutivo, son los principales reclamos que se realizan en la protesta.

«No a la Ley Mordaza, no más robos, no más préstamos, no más impunidad, ya está bueno; no podemos seguir así. Este país debe de cambiar en un 100%», exclamó Agustín Rivas, quien asistió a la protesta en compañía de su esposa e hija.

«Es para fuera que van», expresó Ramírez indicando que el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader y Partido Revolucionario Moderno (PRM) no retomarán el poder en el 2028.

Los ciudadanos se hicieron acompañar de pancartas, banderas dominicanas, cornetas e incluso calderos para hacerlos sonar, como cacerolazos.

De la misma manera, otros optaron por usar especies de vestimenta, desnotando el abuso policial, el alto precio de los combustibles, entre otros.

Varios influencers y artistas urbanos, como «Melymel» y «El Piro», hicieron acto de presencia por varios minutos en la Plaza de la Bandera.

Particularmente, El Piro dio varias vueltas a la plazoleta, antes de salir del lugar.

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Por acuerdo con el Gobierno se suspende el aumento del pasaje en Santiago

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Santo Domingo, R.D.– Quedó sin efecto este jueves el aumento de pasaje anunciado por la Central Nacuional de Trabajadores del Transporte (CNTT) tras arribar  a un acuerdo con el  Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para establecer una mesa de dialogo para evaluar los costos del sector.

La decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, y el presidente de la CNTT, Juan Marte, quienes acordaron revisar de manera técnica las condiciones operativas del transporte público antes de considerar cualquier ajuste en las tarifas.

Morrison recordó que la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que el Intrant es el único organismo con facultad para autorizar modificaciones en las tarifas del transporte público de pasajeros.

«Hemos acordado instalar una mesa de trabajo para revisar técnicamente la estructura de costos del transporte de pasajeros. Hasta tanto concluyan esos trabajos, no habrá aumento del pasaje. Nuestro compromiso es garantizar que cualquier decisión se sustente en estudios técnicos, el diálogo y el estricto cumplimiento de la ley», expresó el funcionario.

Por su parte, Juan Marte agradeció la apertura al diálogo mostrada por el Intrant y confirmó que la CNTT dejará sin efecto el incremento anunciado, comprometiéndose a no aplicar aumentos mientras se desarrollen las evaluaciones técnicas.

La mesa de trabajo realizará un levantamiento de las rutas donde se reportaron incrementos, analizará los costos operativos del transporte y evaluará los factores que inciden en la prestación del servicio antes de emitir recomendaciones sobre un posible ajuste tarifario.

El director del Intrant destacó que el Gobierno mantiene mecanismos de apoyo para reducir el impacto de los costos del transporte, entre ellos los subsidios a los combustibles y el programa Bono Gas Chofer.

Indicó que durante el último año fueron entregadas más de 2,300 tarjetas del Bono Gas a transportistas de distintos gremios, incluyendo una cantidad significativa de afiliados a la CNTT. Además, informó que recientemente la institución dispuso supervisiones para verificar los casos de choferes que aún no han recibido ese beneficio, con el propósito de garantizar que quienes cumplan los requisitos puedan acceder al subsidio.

Morrison también resaltó que más del 95 % de las organizaciones del transporte público del país no respaldó el incremento anunciado, lo que, a su juicio, refleja la voluntad mayoritaria del sector de privilegiar el diálogo y la concertación.

El Intrant reiteró que cualquier modificación en las tarifas del transporte público será el resultado de estudios técnicos y del cumplimiento de la Ley 63-17, con el objetivo de proteger a los usuarios y garantizar un sistema de transporte eficiente y sostenible.

of-am

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Si se aprueba proyecto de ley los policias tendrán que tener perros y detectores de metales.

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Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en el Senado de la República el proyecto que busca reformar la Ley 590-16 de la Policía Nacional.

Tras siete meses de espera, los senadores reactivaron los trabajos de manera repentina, precisamente seis días después de que un joven de tan solo 18 años de edad fuese ultimado a quemarropa por un agente policial.

Uno de los aspectos principales que contiene la pieza votada por los senadores es el establecimiento de los procedimientos que deberán agotar los patrulleros cuando deban inspeccionar a la ciudadanía.

La iniciativa destaca la potestad que tienen los policías de registrar, en “su misión preventiva”, a las personas, sus accesorios que poseen o los medios de transporte. No obstante, aclara que deben respetar “los derechos y la dignidad humana”.

La intención de la iniciativa es que los agentes tengan la obligación de realizar las inspecciones “siempre” con la cámara corporal de la institución policial debidamente encendida.

Además, garantiza que el ciudadano registrado podrá grabar en todo momento, “cuando así lo desee”, el procedimiento al que es sometido.

Según las indicaciones del documento legislativo, los policías deberán circunscribirse a una exploración externa, superficial y momentánea de la indumentaria y los bienes que la persona porta. Esto tendrá que ser desarrollado por un personal de seguridad del mismo sexo.

Asimismo, la propuesta legislativa precisa que “ningún registro” podría basarse en “estereotipos, prejuicios o perfiles delictivos fundados en la raza, el origen étnico, la apariencia, o la identidad de género del ciudadano”.

La acción policial estará permitida en las vías, espacios públicos, establecimientos comerciales “o de otra naturaleza abiertos al público”.

El documento, depositado por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de diciembre, indica que la intención de los agentes consistirá en la identificación de armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones.

Además, precisar que el ciudadano no tenga en su poder un bien robado o extraviado, así como “verificar que sea el propietario de un bien que posee”.

Asimismo, descartar la posesión de drogas o sustancias prohibidas y prevenir la comisión de un hecho punible o un comportamiento contrario a la convivencia que pueda afectar a las personas del entorno.

Por último, para asegurar la seguridad de los asistentes a una actividad o la identidad de una persona que desea ingresar a un lugar.

La iniciativa indica que estas acciones policiales deberán ser planificadas por el comandante o supervisor cuando se realicen en horario diurno.

Sin embargo, “cuando se realice en horas nocturnas”, deberá ser reportado antes y después de su práctica ante el supervisor o central de radio, dejando la trazabilidad del procedimiento policial.

Los comandantes de departamento, estación de policía y supervisores deberán verificar que los agentes dispongan “todos los elementos del cinturón multipropósito para el servicio”.

Este proyecto de ley será conocido, en segunda discusión, este viernes por el órgano legislativo. En caso de ser aprobado, deberá ser sometido al mismo procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, antes de ser enviado a las manos del presidente Luis Abinader.

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