Jeifry del Rosario Gautier “Toñito Leña.”
Santo Domingo, RD. El hijo del narcotraficante encarcelado en Colombia,Ramón Antonio del Rosario Puente, “Toño Leña” y señalado como uno de los principales cabecillas de una red de narcotráfico que operaba en República Dominicana, utilizó técnicas de lavado de dinero que le permitió traer al país cientos de miles de dólares.
Todas las coordinaciones de Jeiry del Rosario Gautier, Tonito Leña, segun el periódico Listín Diario en un reportaje publicado en el día de hoy, fueron registradas por autoridades estadounidenses que, de manera particular, le señalan conversaciones con dos hombres que se encontraban en Estados Unidos y con quienes coordinaba la entrega en República Dominicana de sus ganancias en el mundo del tráfico de drogas.
Una de esas conversaciones, señalada por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, y a la que tuvo acceso en exclusiva LISTÍN DIARIO, Jeifry conversó sobre el traspaso de 230,000 dólares estadounidenses en ganancias de cocaína en Miami con uno de los hombres.
“Del Rosario Gautier y un sujeto desconocido están discutiendo una técnica común de lavado de dinero en la que se entrega la moneda estadounidense de las ganancias de la droga a un individuo en los Estados Unidos, quien, a su vez, hace arreglos para que la moneda sea entregada a los traficantes de drogas en un país extranjero”, indica el documento.
Durante el 2017 las autoridades estadounidenses obtuvieron ordenes telefónicas de aproximadamente 25 dispositivos de comunicación, desde donde presuntamente hablaban sobre negocios de tráfico de drogas, la compra y venta de cientos de kilogramos de cocaína destinados a los Estados Unidos. También señala al padre de Jeifry, Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña” y a Darys José Báez Melo como miembros de la misma organización.
Jeifry del Rosario Gautier fue señalado por la Procuraduría General de la República como uno de los presuntos cabecillas de la banda liderada por el prófugo de la justicia César Emilio Peralta, que también estaba integrada por Baltazar Mesa, Sergio Gómez Díaz y José Jesús Tapia Pérez. Estos cinco personajes han sido pedidos en extradición por las autoridades estadounidenses a República Dominicana.
Ayer se conoció que los dos que aceptaron su ida voluntaria a Estados Unidos, Mesa y Tapia Pérez, ya fueron enviados a territorio estadounidense.
El 15 de junio de 2017 un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió y presentó una acusación formal de un solo cargo contra Del Rosario Gautier por asociación delictuosa para distribuir a sabiendas cinco o más kilogramos de cocaína, con la intención de importarlos ilegalmente a los Estados Unidos.
Las pruebas contra Del Rosario Gautier incluyen el testimonio de testigos, colaboradores y agentes del orden público, grabaciones obtenidas y pruebas físicas.
Por otro lado, el documento señala que “Toñito Leña” “fue responsable del transporte de varios cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia y Venezuela hasta la República Dominicana, donde luego era transportada a Puerto Rico, Nueva York y otros lugares”.
Apresado en 2015
Registros periodísticos señalan que en 2015 la jueza de la Instrucción del Distrito Judicial Hato Mayor, Francis Reyes Diloné, impuso un año de prisión preventiva en su contra por el presunto tráfico del alijo de 55 paquetes de cocaína.
Las informaciones de la época explican que los cargamentos fueron ocupados en dos bultos ocultos en la parte trasera de una casa en el barrio Las Cañitas, en el municipio de Sabana de la Mar, y en la garita de un vehículo.
César el Abusador
El pasado 20 de agosto la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República desarticuló “la red de narcotráfico más grande de la historia de República Dominicana”. Con esta acción también fueron allanados decenas de discotecas, restaurantes, negocios propiedad de César Emilio Peralta, líder de la organización criminal y quien está siendo buscado por las autoridades dominicanas y estadounidenses.
Hasta ahora han sido apresadas más de 10 personas vinculadas presuntamente con la red entre los que están Manuel Sánchez Pérez (Papilo), Jhovanny De Romblegs, Baltazar Mesa, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, José Jesús Tapia Pérez, Sergio Gómez Díaz y Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
