Jeifry del Rosario Gautier “Toñito Leña.”
Santo Domingo, RD. El hijo del narcotraficante encarcelado en Colombia,Ramón Antonio del Rosario Puente, “Toño Leña” y señalado como uno de los principales cabecillas de una red de narcotráfico que operaba en República Dominicana, utilizó técnicas de lavado de dinero que le permitió traer al país cientos de miles de dólares.
Todas las coordinaciones de Jeiry del Rosario Gautier, Tonito Leña, segun el periódico Listín Diario en un reportaje publicado en el día de hoy, fueron registradas por autoridades estadounidenses que, de manera particular, le señalan conversaciones con dos hombres que se encontraban en Estados Unidos y con quienes coordinaba la entrega en República Dominicana de sus ganancias en el mundo del tráfico de drogas.
Una de esas conversaciones, señalada por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, y a la que tuvo acceso en exclusiva LISTÍN DIARIO, Jeifry conversó sobre el traspaso de 230,000 dólares estadounidenses en ganancias de cocaína en Miami con uno de los hombres.
“Del Rosario Gautier y un sujeto desconocido están discutiendo una técnica común de lavado de dinero en la que se entrega la moneda estadounidense de las ganancias de la droga a un individuo en los Estados Unidos, quien, a su vez, hace arreglos para que la moneda sea entregada a los traficantes de drogas en un país extranjero”, indica el documento.
Durante el 2017 las autoridades estadounidenses obtuvieron ordenes telefónicas de aproximadamente 25 dispositivos de comunicación, desde donde presuntamente hablaban sobre negocios de tráfico de drogas, la compra y venta de cientos de kilogramos de cocaína destinados a los Estados Unidos. También señala al padre de Jeifry, Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña” y a Darys José Báez Melo como miembros de la misma organización.
Jeifry del Rosario Gautier fue señalado por la Procuraduría General de la República como uno de los presuntos cabecillas de la banda liderada por el prófugo de la justicia César Emilio Peralta, que también estaba integrada por Baltazar Mesa, Sergio Gómez Díaz y José Jesús Tapia Pérez. Estos cinco personajes han sido pedidos en extradición por las autoridades estadounidenses a República Dominicana.
Ayer se conoció que los dos que aceptaron su ida voluntaria a Estados Unidos, Mesa y Tapia Pérez, ya fueron enviados a territorio estadounidense.
El 15 de junio de 2017 un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió y presentó una acusación formal de un solo cargo contra Del Rosario Gautier por asociación delictuosa para distribuir a sabiendas cinco o más kilogramos de cocaína, con la intención de importarlos ilegalmente a los Estados Unidos.
Las pruebas contra Del Rosario Gautier incluyen el testimonio de testigos, colaboradores y agentes del orden público, grabaciones obtenidas y pruebas físicas.
Por otro lado, el documento señala que “Toñito Leña” “fue responsable del transporte de varios cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia y Venezuela hasta la República Dominicana, donde luego era transportada a Puerto Rico, Nueva York y otros lugares”.
Apresado en 2015
Registros periodísticos señalan que en 2015 la jueza de la Instrucción del Distrito Judicial Hato Mayor, Francis Reyes Diloné, impuso un año de prisión preventiva en su contra por el presunto tráfico del alijo de 55 paquetes de cocaína.
Las informaciones de la época explican que los cargamentos fueron ocupados en dos bultos ocultos en la parte trasera de una casa en el barrio Las Cañitas, en el municipio de Sabana de la Mar, y en la garita de un vehículo.
César el Abusador
El pasado 20 de agosto la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República desarticuló “la red de narcotráfico más grande de la historia de República Dominicana”. Con esta acción también fueron allanados decenas de discotecas, restaurantes, negocios propiedad de César Emilio Peralta, líder de la organización criminal y quien está siendo buscado por las autoridades dominicanas y estadounidenses.
Hasta ahora han sido apresadas más de 10 personas vinculadas presuntamente con la red entre los que están Manuel Sánchez Pérez (Papilo), Jhovanny De Romblegs, Baltazar Mesa, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, José Jesús Tapia Pérez, Sergio Gómez Díaz y Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta.
listindiario.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
