Santo Domingo, RD.-Una computadora analizada luego de allanamientos de la operación Antipulpo arrojó un archivo que contiene anotaciones con la distribución de presuntos sobornos entregados por acusados en el caso Calamar a algunos funcionarios públicos, así como parte del dinero distribuido entre sus miembros.Más Noticias
Querella contra limpiavidrios que agredió conductora con una piedra
Fue formalizada este sábado la denuncia en contra de un limpio vidrios que atacó con una piedra y rompió el cristal del vehículo de una joven que además fue agredida en la cabeza cuando se desplazaba por la calle Olof Palme esquina Núñez de Cáceres, Distrito Nacional, quien acudió ante las autoridades policiales acompañada por sus padres.
La joven de cuyo nombre se hace reserva, se presentó a la Policía Nacional y el fiscal de la jurisdicción competente, acompañada de su padre Camel Bortokam, a los fines de iniciar la judicialización del caso.
De inmediato, personal policial aumentó los esfuerzos en busca del apodado «Cuatro Dedos», quien está siendo señalado como el presunto autor de la agresión en contra de la joven estudiante de 19 años.
Se recuerda que la Policía había iniciado las investigaciones del caso, luego de conocerlo a través de las redes sociales y medios de comunicación.
Tan pronto, la institución del orden hizo pública sus acciones, el padre de la víctima se comunicó con los investigadores y hoy a primera hora presentaron la acusación y querella en contra del agresor.
Santo Domingo, (EFE).- La Policía Nacional negó que sus agentes hayan lanzado gases lacrimógenos contra la casa nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), «como se ha puesto a circular en redes sociales y medios de comunicación».
Aclaró en un comunicado que los agentes dispersaron a grupos de manifestantes que marchaban por la avenida Independencia sin ningún permiso previo con la intención de tratar de violentar el perímetro que había sido establecido para brindar seguridad en los alrededores del Palacio de Justicia, dijo la Policía en un comunicado.
El PLD, así como la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) condenaron la acción policial.
La institución aseguró que estas personas habían salido de la sede de la referida organización política con destino al Palacio de Justicia, donde era conocida la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público en contra de unos 20 implicados en la denominada operación Calamar.
«Es oportuno señalar que los efectos de los gases lacrimógenos, utilizados para impedir que los citados grupos violentaran por la fuerza zonas restringidas, se extendieron por más de 200 metros en todo el entorno, lo cual afectó no sólo a la sede del PLD, sino también a todas las personas ubicadas en dicho perímetro», puntualizó la Policía.
La Policía Nacional admitió que «ciertamente» un vehículo se vio afectado de manera «involuntaria en las actuaciones» y de inmediato varios agentes intervinieron para sofocar las llamas.
El organismo dijo que incrementó las acciones preventivas en el perímetro y en el interior del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, restringiendo el acceso para garantizar la seguridad de las personas que desempeñan alguna función en esa sede judicial o que son actores del referido proceso.
La institución precisó que el dispositivo de seguridad fue ampliado y reforzado para evitar situaciones similares a días anteriores «donde personas trataron de entrar de manera violenta a la referida sede judicial causando daños» a las puertas de acceso.
«La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó el pasado lunes ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción en contra de los 20 implicados en la operación Calamar», dijo el comunicado.EFE
rsl
SANTIAGO.- Prisión preventiva y declaración compleja del caso solicitó la Fiscalía de Santiago solicitó prisión contra los integrantes de una red criminal que se dedicaba a falsificar resoluciones, contratos de fianzas y otros documentos judiciales para lograr la libertad de imputados penales.
La instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente refiere que los procesados, entre los que cita a empleados del Poder Judicial, tramitaban documentos falsos «para favorecer, sobre todo, a imputados por tráfico de armas de fuego, narcotráfico, lavado de activos, ciberdelitos, entre otros hechos graves».
La medida de coerción fue solicita contra los empleados Jonathan Francisco Vázquez Ventura, Francisco Vázquez Pichardo, Ariel Antonio Bencosme Reyes, Eddy Alberto Franco y Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, quienes enfrentan cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado dominicano.
En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público plantea que el imputado por delitos de estafa a través del cibercrimen Jonathan Francisco Vásquez Ventura, quien guarda prisión preventiva, por la Operación Discovery, así como su padre el imputado Vásquez Pichardo, se asociaron con los demás miembros de esta red criminal.
En esta red participaron activamente Comprés Rodríguez, vendedor de fianzas judiciales en Santiago y en La Vega, el imputado Bencosme Reyes, quien se desempeña como supervisor de Archivo Central del Poder Judicial en Santiago; así como el imputado Franco, mensajero del Poder Judicial.
Esta red se prestaba “para mediante el cobro de altas sumas de dinero y a sabiendas de que se trataba de un proceso ilegal, procurar la libertad del imputado, falsificar documentos, incluyendo una sentencia y un contrato de fianza”.
La investigación, aún en curso, que realizan fiscales del Ministerio Público, develó que parte de los imputados, valiéndose de su relación laboral, violaron los protocolos establecidos por el Poder Judicial, para tramitar solicitudes y depósitos de documentos judiciales falsos, y así lograr libertades irregulares de personas con imputaciones graves.
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Computadora analizada en caso Antipulpo revela pagos irregulares a investigado en Calamar
Santo Domingo, RD.-Una computadora analizada luego de allanamientos de la operación Antipulpo arrojó un archivo que contiene anotaciones con la distribución de presuntos sobornos entregados por acusados en el caso Calamar a algunos funcionarios públicos, así como parte del dinero distribuido entre sus miembros.De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del caso Calamar, el 27 de marzo de 2021 la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) allanó la vivienda de Efraín Santiago Báez Fajardo, asistente del exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña Peña, como parte de Antipulpo, donde encontraron la computadora que contenía un archivo de Excel denominado “Operación Bienes Nacionales: Listado Cesiones_19462”, datos que fueron posteriormente extraídos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Dentro del documento se indica a un “Claudio AV”, que el MP asume se trata del exdirector de Catastro, Claudio Silver Peña Peña, y a quien le habrían dado dos pagado en dos ocasiones: uno de 20 millones y otro por 5,380,000.
El documento de Excel “Relación de inversión en desarrollo de operación” sumaba la repartición de 296,795,531, según las autoridades.
Estas informaciones son corroboradas por los testimonios de los señores Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo Herrera y Efraín Santiago Báez Fajardo, detalla el MP.
En el caso de Crisóstomo Herrara, él mismo entregó voluntariamente al Ministerio Público una serie de documentaciones, entre los que se encontró un cuadro en el cual se señala la cantidad de dinero recibido como soborno por parte de los funcionarios públicos involucrados en el desfalco cometido a través del pago por las expropiaciones.
En total el imputado Claudio Silver Peña Peña habría recibido 60,280,000 de pesos.
Acusaciones
El 15 de septiembre de 2014 Claudio Silver Peña Peña fue designado como director general de Catastro Nacional, mediante decreto del expresidente Danilo Medina.
Estuvo en el cargo hasta el 16 de septiembre de 2020. Lo cierto es que antes de asumir como director, era el subdirector de Catastro, por lo que conocía cómo se manejaba la institución, dice el documento.
De acuerdo con las acusaciones, Claudio Silver Peña Peña realizaba avalúos irregulares que servían como base para fijar los precios en los acuerdos transaccionales de compra de terrenos expropiados, permitiendo con esto la distracción de fondos públicos en beneficio del entramado investigado con el caso Calamar.
“Asimismo, el imputado Claudio Silver Peña, con una intención dolosa, realizaba cálculos desiguales e infundados en algunos avalúos, estableciendo que todas las porciones dentro del perímetro de una inmensa parcela poseen el mismo valor, sin importar que haya terrenos que se encontraban en el borde del mar, otros en la carretera y otros en condiciones inhóspitas”, esto con la finalidad de sacar la mayor cantidad de dinero del Estado para él y los demás miembros de la estructura criminal.
El expediente indica que la participación del imputado Claudio Silver Peña Peña fue una pieza clave fundamental para la ejecución de las actividades delictivas de la organización criminal, bajo las directrices del imputado Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, quien era su jefe inmediato, según el organigrama de la institución.
“Es por esto por lo que, actuando en calidad de funcionario público de primer nivel, en coalición de funcionarios de igual y mayor jerarquía, tenían, como miembro de esta estructura criminal, la misión de utilizar sus funciones para realizar actos de corrupción consistentes en prevaricación, concusión, soborno, estafa y el desfalco en contra del Estado”, señala.
Bienes inmuebles y propiedades
Durante el periodo como director general de Catastro, entre 2014 y 2020, Claudio Silver Peña Peña incrementó su patrimonio y posee un vehículo marca Toyota, modelo Prado VXL 4WD de 2018; vehículo Hyundai Tucson 2014 y un apartamento en el Condominio Residencial Larissa VIII, en Santo Domingo Este.
Además otro apartamento esta vez en la Torre Larissa IX, Santo Domingo Este, donde reside actualmente; y una casa de dos niveles, en el sector Miramar, en el Distrito Nacional.
“Lo que pone en evidencia que el imputado Claudio Silver Peña Peña, tomando en cuenta las circunstancias objetivas del tipo, actuó de manera dolosa en sus maniobras de lavado, al poseer, adquirir, ocultar y encubrir bienes de procedencia ilícita, producto del desfalco y estafa al Estado dominicano. Con el agravante de que estas acciones fueron realizadas durante el ejercicio de sus funciones públicas”, describe el expediente.