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Jóvenes viejos incursionan en la actividad política nacional, cuyo entorno es tan antaño como sus tatarabuelos.
Por Elba García
En la República Dominicana ha estado sobre el tapete la importancia de que los políticos ya viejos de edad den paso a sus hijos o a otros jóvenes que en realidad no representan ningún cambio por tratarse de personas igual o más comprometidas con intereses que no podrían traerle nada nuevo al país.
Es mucho lo que se ha hablado sobre el particular, pero la realidad es que los jóvenes de edad que ahora entran al Congreso Nacional o a otras posiciones públicas provienen del mismo entorno de los que, sin ninguna duda, han representado una desgracia nacional.
La cuestión es que ser joven de edad no constituye una garantía de que se vaya a manejar con transparencia el patrimonio público o que se vayan a promover políticas públicas en contra de la corrupción o que realmente se ame la patria, sino que generalmente éste viene con muchas ansias de poder y con un mal legado que representa un lastre muy pesado para la sociedad, cuya procedencia nace de sus padres, personas muy cuestionables por haber tenido una conducta poco transparente, por los que éstos no tienen mucho que ofrecer al país, naturalmente, con contadas excepciones.
De manera, que la poca edad no es una garantía de verdaderos cambios en un país donde el mal manejo de las riquezas nacionales ha sido en función de los intereses de unos partidos políticos que les han servido de base a sus padres/madres o patrocinadores de la incursión en esta actividad de muchachos que su seriedad o buena formación no pasa de la utilización de las redes sociales o de los medios de comunicación en general para vender unas intenciones y una imagen que no se corresponde con la verdad.
Los jóvenes que entran ahora al terreno político-electoral no son más que una reproducción de viejos llenos de mañas y que no tienen la más mínima intención de servirle sanamente a la República Dominicana, cuyo entorno lo único que sirve es para reproducir personajes corruptos y carentes de transparencia.
Los rostros nuevos tienen su origen en políticos que son responsables de que hoy la Republica Dominicana sea una nación no viable, entre los que se pueden mencionar al expresidente Leonel Fernández, entre muchos otros, promotor de una política de corrupción que ha marcado el país para toda su historia y que aún mantiene en su entorno a personajes como Félix Bautista, que tiene una gran deuda económica con el pueblo dominicano.
El expresidente Fernández es el artífice de la figura de su hijo Omar Fernández, de 32 años de edad, quien se apoya mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación convencionales para vender una supuesta formación que nadie alcanza a ver, pero que a partir de sus orígenes no hay la más mínima garantía de que pueda ser un político que proponga y trabaje por los cambios que más necesita el país, los cuales están principalmente en el contexto de lo ético moral.
Omar Fernández de ninguna manera podrá desde la Fuerza del Pueblo y de los intereses que adornan a su padre ser una garantía de cambio, porque hay una famosa expresión que dice que no se le puede pedir peras al olmo.
E incluso este joven ya ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en cuestiones pecaminosas que se mueven en los alrededores de su añejo padre, las cuales también caracterizan como viejo a quien es joven de edad, pero no de pensamiento social y ético moral
Pero en lo que respecta a este tema hay que decir que son muchos más los jóvenes viejos que han entrado en la política nacional a partir del año 2020, pero que todos tienen como base de sustentación a unos padres que en algún momento tendrán que rendirle cuentas al país.
Otro caso que se debe ponderar es el de Orlando Jorge Villegas, 32 años de edad, ahora diputado, hijo de quien fuera asesinado en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente y nieto del expresidente Salvador Jorge Blanco, el cual es también un joven-viejo porque proviene de personas que han dejado mucho que desear en la política nacional.
E incluso la propia muerte de su padre ha dejado una serie de interrogantes que todavía nadie ha podido responder, pese a que hay muchas otras cosas que no dejan la menor duda de que su progenitor fue un dirigente político que utilizaba muchas mañas hasta para despojar a sus propios aliados de candidaturas ya discutidas y aprobadas en una coalición con el PRM que fue uno de los peores engaños del partidarismo nacional.
Victor Fadul Lantigua, 34 años, ahora diputado y aspirante a alcalde por el municipio de Santiago, hijo de uno de los políticos más marrulleros que ha parido el partidarismo dominicano y quien es acusado de haberse enriquecido de una forma asqueante del patrimonio nacional, lo cual también lo define como otro joven/viejo del que es muy poco lo que se puede esperar por representar los mismos intereses de su padre, José Ramón Fadul, exministro de Interior y Policía en el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Carlos Amarante Baret García, de 32 años, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Espaillat, hijo de Carlos Amarante Baret, exministro de Educación, quien ha sido uno de los casos de mayor enriquecimiento ilícito que se conoce en el país y con el agravante de que parte de esos fondos fueron usados para promover a su hijo a una curul en el Congreso Nacional, lo cual indica también que es muy poco lo que se puede esperar de este joven-viejo por los intereses que representa.
Charlene Canaan Cabrera, diputada al Congreso Nacional por la provincia hermanas Mirabal, hija del mudancero Charlis Canaan, quien originalmente era el candidato por el PLD, pero que su muerte por Covid-19 la llevó a ella a aspirar al cargo, quien no era político ni tenía esa formación, pese a que se manejaba en el entorno de su familiar Luis René Canaan, en ese momento senador de la República, y quien fue involucrado en los casos de los Super Tucanos y además fue un protector de la empresa Salcedo Cargos Express que se vio envuelta en una serie de escándalos por transportar drogas y dinero y lo que provocó que en varias ocasiones fuera investigado por el FBI.
Rogelio Alfonso Genao, 34 años, hijo de Ramón Rogelio Genao, secretario general del PRSC, quien representa uno de los casos de transfuguismo político más representativo que tiene el país y además un promotor fiel del clientelismo y de las peores trampas que se tejen en la partidocracia nacional, cuyo vástago se supone que está enredado en la pata de ese caballo.
Hay muchos más casos de personas biológicamente jóvenes, pero viejos de ideas y con compromisos con intereses del bajo mundo y además formados para llevarse entre sus garras el patrimonio público, sobre todo porque viven de la cultura de la apariencia y están atrapados en la codicia y la avaricia y dan hasta su vida para adquirir bienes materiales, cuya vía más fácil es precisamente el partidarismo nacional.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.