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Preguntas sin respuestas de jueza frente a acusación contra red del Abusador.
Tras ser recusada y apartada del caso de César Emilio Peralta (El Abusador), la jueza que conocía la audiencia preliminar a los alegados integrantes de una red de narcotráfico, encabezada por la figura anteriormente mencionada, fue sacada del proceso luego de cuestionar la calidad de la acusación presentada por los fiscales en contra de los imputados.
La magistrada Patricia Padilla fue apartada del caso tras el Ministerio Público recusarla y un tribunal de alzada acoger esta petición, luego de que opinará sobre el expediente elaborado por el Ministerio Público del que dijo está “desnudo y sin pruebas”.
“Se destapan con una acusación desnuda, sin pruebas… es evidentemente observable las faltas en las que ha incurrido el Ministerio Público y que inclusive dieron lugar a la suspensión del extitular de la (Procuraduría) Especializada Antilavado”, dijo en una audiencia la jueza, que conocía el caso desde el año pasado.
La Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la recusación del órgano acusador por entender que la imparcialidad de Padilla estaba comprometida ya que en la audiencia se originó una discusión técnico procesal en el que mostró su disgusto con el accionar de los fiscales y emitió juicios de valor respecto a la acusación. Además de que, indicó la Corte, la jueza violentó debido proceso al interrumpir el discurso del Ministerio Público cuando este le estaba recusando.
En su análisis, el tribunal de alzada precisa que los juicios de valor que emitió magistrada Padilla dejan en evidencia su prejuzgamiento del proceso, lo que, explica, compromete la imparcialidad de la juzgadora.
Previo a que fuera recusada y sacada del caso, la jueza Padilla se había inhibido del proceso, cuestión que le fue rechazada por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional como la Corte de Apelación al no encontrar, en ese momento, fundamento para ser apartada.
En la siguiente audiencia fue cuando la fiscal Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, presentó la recusación y la jueza emitió sus comentarios.
En la audiencia preliminar a la magistrada Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, solo le restaba escuchar los alegatos finales de varias defensas para retirarse a deliberar y decidir si los acusados irían o no a juicio.
Audiencia será reiniciada
Este proceso judicial llegó a los tribunales en agosto del 2019, luego de que la red sindicada a “César el Abusador” fue desmantelada tras una larga investigación.
Aunque el caso tiene ya casi tres años en la justicia, no fue hasta el año pasado cuando se pudo comenzar a conocer la audiencia preliminar.
Ahora la situación se complica ya que la audiencia tendrá que reiniciarse. Esto así debido a que la magistrada Franchesca Potentini, que fue apoderada de este caso, debe ponerse en conocimiento del mismo y para esto hay que arrancar desde cerco.
De acuerdo a lo explicado por juristas, la audiencia preliminar tendrá que recomenzar ya que la jueza Potentini no tiene conocimiento de lo que allí se debatió y tampoco puede “ponerse al corriente” solo leyendo las actas de audiencia o la acusación presentada por los fiscales.
La situación se debe a que al ver un cambio de juzgador, que es quien tiene que tomar una decisión respecto a este caso, se perdió el principio de inmediación que establece el Código Procesal Penal.
La magistrada Potentini es quien, ahora, decidirá si el caso pasa o no a un juicio de fondo y que los imputados sean juzgados en una siguiente etapa. La jueza fijó la audiencia para el viernes 15 de julio.
El Ministerio Público ha dicho que tienen una acusación “con mucha fortaleza” y que cuentan con un auto de apertura a juicio “seguro”.
Los imputados en este caso de narco y lavado
El Ministerio Público ha establecido que la alegada red de César Emilio Peralta, quien actualmente se encuentra en una prisión de Puerto Rico, logró colocar, estratificar e integrar al sistema financiero nacional más de RD$3,418,786,413 procedentes del narcotráfico. Los implicados en este caso son Marisol Franco, esposa de César el Abusador; el expelotero Octavio Dotel, José Bernabé Quiterio, Manuel Sánchez , Johanny Paniagua, Yadher Vásquez (Jake Mate) y Edward Patricio Montero Cabral (el Zapatazo). Además, Alan Bueno Alcéquiez (Alan Dólar), Rafael Reyes, Rodolfo Cedeñ, Heriberto de la Cruz (Erick Aqua), Lidio Peña, Jeifry del Rosario, Melchor Alcántara, Genri Dantana Badía, entre otros.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.