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Preguntas sin respuestas de jueza frente a acusación contra red del Abusador.

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Tras ser recusada y apartada del caso de César Emilio Peralta (El Abusador), la jueza que conocía la audiencia preliminar a los alegados integrantes de una red de narcotráfico, encabezada por la figura anteriormente mencionada, fue sacada del proceso luego de cuestionar la calidad de la acusación presentada por los fiscales en contra de los imputados.

La magistrada Patricia Padilla fue apartada del caso tras el Ministerio Público recusarla y un tribunal de alzada acoger esta petición, luego de que opinará sobre el expediente elaborado por el Ministerio Público del que dijo está “desnudo y sin pruebas”.

“Se destapan con una acusación desnuda, sin pruebas… es evidentemente observable las faltas en las que ha incurrido el Ministerio Público y que inclusive dieron lugar a la suspensión del extitular de la (Procuraduría) Especializada Antilavado”, dijo en una audiencia la jueza, que conocía el caso desde el año pasado.

La Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la recusación del órgano acusador por entender que la imparcialidad de Padilla estaba comprometida ya que en la audiencia se originó una discusión técnico procesal en el que mostró su disgusto con el accionar de los fiscales y emitió juicios de valor respecto a la acusación. Además de que, indicó la Corte, la jueza violentó debido proceso al interrumpir el discurso del Ministerio Público cuando este le estaba recusando.

En su análisis, el tribunal de alzada precisa que los juicios de valor que emitió magistrada Padilla dejan en evidencia su prejuzgamiento del proceso, lo que, explica, compromete la imparcialidad de la juzgadora.
Previo a que fuera recusada y sacada del caso, la jueza Padilla se había inhibido del proceso, cuestión que le fue rechazada por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional como la Corte de Apelación al no encontrar, en ese momento, fundamento para ser apartada.

En la siguiente audiencia fue cuando la fiscal Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, presentó la recusación y la jueza emitió sus comentarios.

En la audiencia preliminar a la magistrada Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, solo le restaba escuchar los alegatos finales de varias defensas para retirarse a deliberar y decidir si los acusados irían o no a juicio.

Audiencia será reiniciada

Este proceso judicial llegó a los tribunales en agosto del 2019, luego de que la red sindicada a “César el Abusador” fue desmantelada tras una larga investigación.

Aunque el caso tiene ya casi tres años en la justicia, no fue hasta el año pasado cuando se pudo comenzar a conocer la audiencia preliminar.

Ahora la situación se complica ya que la audiencia tendrá que reiniciarse. Esto así debido a que la magistrada Franchesca Potentini, que fue apoderada de este caso, debe ponerse en conocimiento del mismo y para esto hay que arrancar desde cerco.

De acuerdo a lo explicado por juristas, la audiencia preliminar tendrá que recomenzar ya que la jueza Potentini no tiene conocimiento de lo que allí se debatió y tampoco puede “ponerse al corriente” solo leyendo las actas de audiencia o la acusación presentada por los fiscales.

La situación se debe a que al ver un cambio de juzgador, que es quien tiene que tomar una decisión respecto a este caso, se perdió el principio de inmediación que establece el Código Procesal Penal.

La magistrada Potentini es quien, ahora, decidirá si el caso pasa o no a un juicio de fondo y que los imputados sean juzgados en una siguiente etapa. La jueza fijó la audiencia para el viernes 15 de julio.
El Ministerio Público ha dicho que tienen una acusación “con mucha fortaleza” y que cuentan con un auto de apertura a juicio “seguro”.

Los imputados en este caso de narco y lavado

El Ministerio Público ha establecido que la alegada red de César Emilio Peralta, quien actualmente se encuentra en una prisión de Puerto Rico, logró colocar, estratificar e integrar al sistema financiero nacional más de RD$3,418,786,413 procedentes del narcotráfico. Los implicados en este caso son Marisol Franco, esposa de César el Abusador; el expelotero Octavio Dotel, José Bernabé Quiterio, Manuel Sánchez , Johanny Paniagua, Yadher Vásquez (Jake Mate) y Edward Patricio Montero Cabral (el Zapatazo). Además, Alan Bueno Alcéquiez (Alan Dólar), Rafael Reyes, Rodolfo Cedeñ, Heriberto de la Cruz (Erick Aqua), Lidio Peña, Jeifry del Rosario, Melchor Alcántara, Genri Dantana Badía, entre otros.

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Ex-ministro de Educación apartado del puesto por corrupción solicita auditoría.

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Santo Domingo, RD.-Roberto Fulcar, ex ministro de Educación, depositó en la Cámara de Cuentas una solicitud para que se realice una auditoría financiera y de procesos administrativos a los casi dos años de su gestión en la cartera educativa.

“Es un acto de coherencia, de lo que ha sido toda mi vida, de ética y de transparencia. Hoy les digo que cada cosa será colocada en su lugar por el tiempo. Repito, hoy les digo: El tiempo pondrá cada cosa en su lugar”, fueron las palabras de Fulcar al concluir la lectura de la solicitud.

Sin embargo, al ser abordado sobre las razones de su destitución, solo se limitó reiterar: “Hoy les digo que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar”.

El ex titular de Educación estuvo acompañado de una delegación de diputados del oficialismo, quienes salieron en defensa de la labor del jefe de campaña para las elecciones que dieron la victoria a Luis Abinader.

“Muchas veces lo que preocupa no es garantizar o verificar la rectitud, ni la eficiencia ni la gestión, sino manchar la imagen de cualquier dominicano o dominicana, en este caso el del ministro Roberto Fulcar”, comentó el diputado Ignacio Aracena.

Según Aracena, “la verdad va a salir a lo público y nosotros como fiscalizadores del Poder Ejecutivo estamos haciendo nuestra presencia para garantizar que esa fiscalización se lleve con eficiencia y pulcritud, respetando siempre los debidos procesos”.

De acuerdo a Fulcar, la depositada solicitud al presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Janel Andrés Ramírez Sánchez es con el objetivo de aclarar el desempeño de su gestión frente al Ministerio de Educación en los ciclos desde el 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020, así como del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 3 de agosto del 2022.

Fulcar fue recibido por Gabriel Concepción, quien es el encargo de correspondencia de la Cámara de Cuentas.

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Varían prisión a implicado en caso Coral.

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Santo Domingo, RD.-Fue beneficiado con la libertad por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruzimplicado en el caso Coral, tras variar la prisión preventiva que pesaba en su contra.

La magistrada Yanibet Rivas impuso al imputado, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo, el pago de garantía económica de 5 millones de pesos por medio de compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida.

En la audiencia, Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pepca), había pedido rechazar la revisión de la medida de coerción y que en consecuencia se dispusiera su mantenimiento en prisión, alegando que Montero Cruz enfrenta pena de 10 a 20 años de prisión.

De su lado, su abogado Félix Portes saludó la decisión del tribunal, al tiempo de señalar que han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva.

Sostuvo que el Ministerio Público dejó fuera del entramado criminal a su representado al no acusarlo de asociación de malhechores.

Además del general Adán Cá­ceres y la pastora Rossy Guzmán, está acusado su hijo, el cabo policial Tanner Flete Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza.

En contra de Raúl Alejan­dro Girón se ordenó arres­to domiciliario, por razones de seguridad, para cooperar con la investigación.

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Policías activos y exmilitares formaban parte de la red de prostitución Cattle.

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Santo Domingo, RD.-Aunque el Ministerio Público sólo ha vinculado al sargento de la Policía Nacional, Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis), como parte de la red de trata y prostitución, denominada Cattleya, el expediente de medida de coerción contra 15 personas y tres hoteles señala que en esta red existen exmilitares y policías activos.

“Producto de que la red había exmilitares y policías activos; la organización solía mover a las víctimas de un lugar a otro, la rotaban con frecuencia para evitar lo que ellos llamaban ´Quemar la guarida´, pero más bien era cambiar de calabozo”, dice el expediente.

Indican que en la investigación se pudo comprobar que uno de los imputados es miembro de la Policía Nacional, por igual hay un exmilitar de Venezuela.

La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) ha señalado que las victimas en este caso, 78 colombianas y 2 venezolanas, eran engañadas y se les ofrecía diversos tipos de trabajo en el país y una vez aquí eran usadas para  prostituirse.

A las mismas luego de llegar a la República Dominicana se les quitaban el pasaporte y se les obligaba a tener sexo con diferentes hombres, algunas de las cuales llegaron a acostarse con 15 hombres en un día, de acuerdo al expediente.

“Al llegar al país, la organización informaba a las víctimas que la deuda que debían pagar por concepto de gastos del viaje, hospedaje y alimentos consumidos aquí en el país, ascendía entre US$3,000.00 a US$4,000.00 y que para la misma debían sostener relaciones sexuales con los clientes que los miembros de la organización les buscaban y que demandaban este tipo de servicio, siendo este el momento en que las víctimas descubrían que fueron engañadas y que el trabajo que se les había ofrecido era diferente al cual realizarían”, dice el expediente.

El órgano persecutor del crimen solicita que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.

También, contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.

También solicita la clausura temporal de las razones sociales Hotel Caribe, Residencial Coco Real y Hotel Oscar Inn, por su participación en los tipos penales sancionados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la “Asociación de Malhechores”, los artículos 1, 3 y 7, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, los cuales tipifican “La Trata de Personas Agravada, por tratarse de crimen organizado, trasnacional, así como pluralidad de víctima”.

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